POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL

La política monetaria y la política fiscal son dos instrumentos de política económica que se utilizan para influir en la evolución de los países. La política monetaria, decidida por el Banco Central, se basa en las tasas de interés y las inyecciones de dinero, y la política fiscal, ejecutada por el Gobierno, se sirve de los impuestos y los gastos públicos. 

En períodos recesivos, cuando disminuye el nivel de actividad y sube el desempleo, el incremento de gasto público es una forma de estimular la economía. La reducción de impuestos, siempre que el saldo presupuestario lo aconseje, supone aumentar la renta disponible de las familias, para favorecer la demanda agregada. 

A la inversa, durante una expansión económica el Gobierno puede subir los impuestos, reduciendo la renta disponible neta de los consumidores, generalmente con el objetivo de evitar el avance del proceso inflacionista. 

En política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado un conjunto de medidas de emergencia, que pueden agruparse en dos tipos: a) ampliar las compras de bonos del Estado y de las empresas para mejorar sus condiciones de financiación, y b) facilitar a los bancos el acceso a la liquidez, tanto en volumen como en coste. 

En el gráfico observamos la evolución de los balances en los dos Bancos Centrales más importantes, que han multiplicado los activos por más de seis en las últimas dos décadas, consecuencia de las inyecciones de dinero a las economías. 

Las compras del BCE se realizan con gran flexibilidad en tipos de activos y vencimientos, cuidando de que los bonos públicos se distribuyan adecuadamente en la Eurozona, a fin de transmitir correctamente la política monetaria única a todos los países, eliminando riesgos de fragmentación financiera. 

Estas medidas han aliviado las tensiones financieras provocadas por la crisis sanitaria, contribuyendo a mejorar el flujo de créditos a las empresas, con coste reducido. 

La política fiscal, que cuenta con mejores instrumentos para tratar las situaciones de crisis, se ha beneficiado del reducido coste de interés por la expansión monetaria impulsada por el BCE. En consecuencia, el aumento de la deuda pública que va a acarrear el incremento del gasto fiscal no va a sufrir recargos importantes por coste financiero. 

La opinión generalizada es que la política fiscal apoye la recuperación, aunque ello suponga un incremento de gasto fiscal y un mayor endeudamiento. No es momento de recurrir a la subida de impuestos, puesto que reducirían el consumo privado y, dadas las dificultades de la exportación por la debilidad del comercio internacional, acabaría en reducción de la demanda agregada, con nueva caída del producto del país. 

Si la Gran Recesión de los años treinta removió el pensamiento económico dominante, esta crisis también esta modificando la ortodoxia vigente en las últimas décadas, ampliando los márgenes de actuación de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, dirigida a facilitar la financiación de los Estados. 

Esperemos que no se caiga en el error de 1937 en Estados Unidos. Los responsables del banco central norteamericano (Fed), estimaron que, tras la crisis de 1929, la economía no necesitaba ya una atención especial, y se eliminaron las políticas de apoyo fiscal y monetario. El resultado fue una importante recaída del PIB en 1938, la llamada “segunda Gran Depresión”. 

Ante la profundidad de la crisis, las autoridades monetarias y fiscales han reconocido que estamos frente a un shock global y que, dejando a un lado el “riesgo moral”(acciones de riesgo sin soportar consecuencias), se tiene que hacer todo lo que sea necesario para superar la crisis. 

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Las autoridades monetarias están siendo contundentes, aplicando en la Eurozona políticas expansivas con la magnitud necesaria para hacer frente al impacto del coronavirus en las economías de los países. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas sobre la garantía de liquidez, la facilidad de préstamos y la extensión de la compra de activos para mantener con holgura las condiciones financieras, asegurando el apoyo a los países en función de sus necesidades. 

Las normas de sostenibilidad fiscal están suspendidas por el momento. Se quiere que las medidas de apoyo duren hasta que se superen los efectos del virus. Pero no dejan de advertir que ya volverá el momento de atender de nuevo a la situación de las finanzas públicas y se retomarán los procesos de ajuste necesarios. 

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del gasto público en España desde 2012 

Como vemos en el gráfico, tras los recortes presupuestarios de la segunda parte de la crisis financiera iniciada en 2008, el gasto no financiero de las Administraciones Públicas fue incrementándose cada año, hasta alcanzar en 2018 el volumen de 2012, cuando se iniciaron los recortes auspiciados por la política de austeridad. 

El gasto público español puede subir desde el 41,9% del PIB en 2019 al 51% en 2020, según cálculos de BBVA Research, en parte por la contracción del propio PIB, y por los compromisos para atender a los graves efectos del coronavirus en los sectores productivos. 

En el siguiente gráfico tenemos la estructura del gasto público español, en porcentaje del PIB 

Los principales destinos del gasto son la función de protección social, que incluye desempleo y pensiones (16,5%), la salud (6%), los servicios público generales (5,5% ) y la educación (4%).

El consumo y la inversión de las Administraciones Públicas tiene un efecto impulsor en la economía y los estabilizadores automáticos, especialmente el seguro de desempleo, ayudan a mantener la renta disponible de las familias en las recesiones, lo que permite sostener el consumo privado. 

La transferencia de 17.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, dirigido a reforzar los gastos de sanidad y educación, junto a las prestaciones hacia colectivos vulnerables y coberturas para mantener el empleo (ERTES) han supuesto un importante incremento de gasto público discrecional. 

La recuperación económica en la segunda parte del año podría haber hecho posible la reducción en el nivel de gasto fiscal, pero los elevados rebrotes de virus están prolongando la necesidad de apoyo en sectores importantes para la economía, como el turismo y la hostelería, con lo que se va a mantener el elevado gasto público en el segundo semestre. 

La economía española tiene dos retos de cierta urgencia en el horizonte: aprobar los presupuestos públicos, en los que habrá de constar el proceso de reducción del déficit público a medio plazo, y construir proyectos con capacidad para encauzar las aportaciones del fondo de recuperación europeo, que apuntan a impulsar un modelo productivo más sostenible y digital. 

LENTA RECUPERACIÓN

Las medidas de emergencia sanitaria para tratar de controlar los brotes de virus están sumergiendo a las economías de algunos países en aguas turbulentas. La caída del consumo, el cierre temporal de fronteras y la casi desaparición del turismo causan incremento de desempleo y aumento de precarización del trabajo. En el corto plazo, se está tratando de encontrar la mejor manera de compaginar la vida cotidiana con la acción del virus, adoptando medidas para minimizar el contagio. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el conjunto de las economías más desarrolladas tuvo un retroceso del PIB del 9,8% en el segundo trimestre de 2020. 

Como podemos observar, el Reino Unido es el país que mayor caída del PIB tuvo en el segundo trimestre de 2020 (20,4%), seguido de España (18,5%), situándose la media de la Unión Europea en el 11,7% 

En una perspectiva más amplia, la situación de pandemia va mostrando que se necesita reforzar el papel del sector público en la economía, superando las ideas de que sólo debe gestionar, con normativas legales, los problemas que surgen en los mercados. 

El Estado puede tener un papel más relevante, actuando como emprendedor que arriesga, favoreciendo movimientos hacia un modelo más sostenible desde los puntos de vita económico, social y medioambiental. Debe ser capaz de impulsar el desarrollo de las energías renovables, la transformación digital, la inteligencia artificial, la salud y el cuidado, entre otros aspectos. 

En su agenda de reformas, la economía española tiene pendientes varios retos estratégicos. Uno de los aspectos a afrontar es el mercado laboral, en el que ha de reducirse la precaridad del empleo, superando la dualidad temporales/indefinidos, y restablecerse la vinculación de los salarios a la productividad, a fin de que mejore el reparto de la renta para los asalariados. Hay que conseguir que en las fases recesivas el ajuste pueda realizarse vía salarios y no despidiendo trabajadores. 

Un segundo frente de acción es la reforma fiscal, que incremente la recaudación, haciendo pagar más a los altos ingresos, mejorando así la redistribución de la renta y el volumen de los recursos disponibles, al tiempo de reducir la desigualdad social. 

Están pendientes también las reformas regulatorias de la transición energética y de la vivienda, que requieren la reforma del mercado de la electricidad y la creación de viviendas públicas en alquiler, para incrementar la inversión, ayudar al acceso de los jóvenes a la vivienda y favorecer el cambio de modelo productivo. 

España va a encontrar más obstáculos que otros países europeos en la senda de recuperación, debido a la mayor incidencia del turismo y del ocio. Tampoco ayudarán las políticas activas de empleo, poco efectivas en España, para recolocar parados. 

La OCDE señala que España corre el peligro de quedase rezagada del resto de las economías avanzadas en la recuperación. Observa síntomas de debilidad en la actividad económica, cuando otros países experimentan cierto fortalecimiento. Por tanto, parece que el proceso de mejora va a ser lento. 

DESARROLLO TEMPRANO DE POTENCIALIDADES

 Uno de los esfuerzos más efectivos para mejorar el nivel de vida en una sociedad es el realizado en desarrollar el potencial humano de la población, incrementando conocimientos y habilidades personales, un proceso que debe comenzar con la adquisición de destrezas desde los primeros años de vida. 

Con esta perspectiva, crece el interés de los economistas en analizar el entorno socioeconómico de las familias y los expertos plantean intervenciones específicas para la primera infancia, tratando de promover el cuidado sensible y estimulante en el hogar y en los centros infantiles. 

La preocupación por el desarrollo del potencial humano ha tenido un recorrido inverso a la trayectoria vital de las personas. A mediados del siglo pasado comenzó a analizarse la situación de los trabajadores adultos, buscando la manera de aumentar la productividad y mejorar la capacidad de generar ingresos. Más tarde, la atención se dirigió a los jóvenes, favoreciendo el acceso a la universidad. 

La preocupación fue derivando años después hacia la enseñanza secundaria y primaria, para afrontar la deserción escolar en los institutos y mejorar la calidad educativa. Ahora, el debate se centra en el desarrollo de una educación preescolar de calidad y en la mejora de las relaciones de padres y cuidadores con los niños desde que son bebés. 

Como vemos en el cuadro, recogido del sistema de indicadores del Ministerio de Educación y Formación Profesional español, la escolarización en educación infantil no se generaliza hasta que los alumnos cumplen 3 años. La media de asistencia a los centros educativos a la edad de 2 años en el curso 2017/18 (últimos datos disponibles) es del 60%, con notables diferencias entre las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, mientras que en País Vasco se sitúa en el 93,1%, Murcia no supera al 32,2%. 

Se ha podido constatar que el desarrollo infantil temprano es una excelente inversión desde el punto de vista social y económico. Los estímulos en la infancia y la ayuda para favorecer su desarrollo potencial benefician tanto a las familias como a la sociedad, porque convierten a los niños en mejores y más productivos adultos, con capacidad para contribuir a la mejora económica y social de los países. 

No faltan críticas al modelo de educación del último siglo, que se ha caracterizado por su uniformidad. Se decidió afrontar el reto de la extensión educativa y la masificación de los centros con la homogeneidad ciudadana, estandarizando las metas y los procedimientos. 

Pero el paradigma productivo en la era de la información se basa precisamente en generar y utilizar conocimientos, más que en ejecutar una rutina establecida por otros. Hace falta resolver situaciones inesperadas y dar respuesta a problemas complejos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías empiezan a solicitarse personas muy competentes, no repetidores eficientes, capaces sólo de seguir instrucciones. 

En este contexto, la homogeneidad puede ser un obstáculo y, en cambio, la diversidad llega a considerarse como un alto valor. Algunos psicólogos señalan que los estándares del llamado “desarrollo normal” no son universales, sino que se puede diferenciar un conjunto muy diverso de posibilidades de realización humana. 

Por tanto, el reto no es tanto el de detectar en que medida el desarrollo de los niños se aproxima al estandar común, como medir la diferencia con el estandar, observando potencialidades, capacidades y recursos específicos en alguna actividad, así como habilidades en el enfrentamiento a situaciones difíciles. 

Para Howard Gardner, profesor de Harvard, el principal propósito de la educación «debería ser desarrollar las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecúen a su particular espectro de inteligencias. La gente que recibe apoyo en este sentido se siente más implicada y más competente, y, por ende, más proclive a servir a la sociedad de forma constructiva» 

Los estudios en este campo llevan a la conclusión de que la educación ha de estar centrada en los niños, comprometida con el desarrollo de sus competencias y alejada de la tradicional pretensión de uniformidad. Un maestro acostumbraba a explicar en la reunión de padres que la misión de la enseñanza infantil era semejante a la búsqueda del tesoro escondido. 

PANDEMIA Y BANCA PÚBLICA

Hasta los años 1990, en España existía un conjunto de bancos públicos, pertenecientes al Estado, que estaban orientados a financiar sectores concretos del país: 

Banco Hipotecario – Destinado a fomentar la construcción. 

Banco Exterior – Ayudaba a financiar operaciones con países extranjeros. 

Banco de Crédito Agrícola – Ayudas para el sector primario 

Banco de Crédito Local – Enfocado en créditos a los Ayuntamientos 

Crédito Social Pesquero – Para financiar a pequeños armadores y pescadores, principalmente. 

Estos bancos, que se unificaron en Argentaria (1991-1999), financiaron proyectos específicos en sectores en los que los bancos privados no operaban o imponían condiciones lesivas para los interesados, y fueron privatizándose, hasta integrarse en el grupo privado actual BBVA. 

Unas declaraciones recientes de la presidenta del Banco Santander dan idea de cierto cambio de perspectiva que se está produciendo en España sobre la banca pública. La máxima ejecutiva del primer banco español y segundo europeo venía a afirmar que confiaba en el apoyo de la banca pública para desplegar la estrategia de su banco. 

En una entrevista publicada en mayo manifestó que trabajaba con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un plan público-privado para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. El comprador pagaría un 5% del valor de la vivienda y el banco le daría una hipoteca por el 95%, con una garantía del ICO del 20%. Se confiaba en construir 150.000 viviendas y crear 500.000 empleos. 

Ha sido la llegada de la pandemia la que ha aflorado las debilidades del sistema financiero público español y, en concreto, el escaso papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuya financiación a empresas en 2019 supuso el 2% del crédito total. 

Las Cajas de Ahorro españolas, que compitieron con la banca privada en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, dejaron un vacío institucional en buena parte del país. Algunos piensan que, quizás, haya llegado el momento de construir una auténtica banca pública útil a toda la sociedad, sin empeñarse en competir en la financiación de rentistas y grandes corporaciones que generan beneficios sólo para determinados grupos. 

Se espera de la banca pública que sea capaz de financiar proyectos sociales arriesgados, emprendimientos de ciencia e investigación o inversiones en nuevas tecnologías, y no resulta creíble que este papel lo pueda cubrir Bankia, en el que a través del FROB el Estado tiene el 61,78% del capital. 

Las medidas contra la pandemia nos muestran que el Gobierno ha diseñado un modelo de inyección de liquidez basado en avales públicos del ICO, pero gestionados por la banca privada, que tiende a utilizar su poder para seleccionar al cliente más rentable, llegando a condicionar los préstamos con seguros y elevando después el tipo de interés. 

Ante la caída de la actividad, además de liquidez, muchas empresas pueden acumular pérdidas que harán peligrar su solvencia. Las entidades que operen en sectores muy afectados van a necesitar algún tipo de instrumento financiero, como los préstamos participativos, a reembolsar a la Administración, pero que computen como patrimonio neto 

Quizás una red de oficinas bancarias públicas hubiese podido acelerar la puesta en marcha de la liquidez necesaria, y las garantías públicas complementarias, sin discriminar a los clientes pequeños y sin recurrir a ventas de otros servicios. 

Un fallo de mercado de la banca privada es la falta de atención a proyectos de investigación básica para desarrollar, por ejemplo, tratamientos de enfermedades. La búsqueda de la maximización del valor para sus accionistas impide dirigir fondos hacia proyectos con riesgo potencial y períodos largos de maduración, inversiones más propias de la banca pública. 

La Asociación Europea de Bancos Públicos agrupa a 30 entidades, con una cuota de mercado del 15% y emplea a 190.000 personas. Entre sus objetivos se encuentran “el apoyo a la economía sostenible y el desarrollo social”, prestando especial atención a “la financiación de la vivienda social, el sistema sanitario, la educación y las infraestructuras públicas”. Sería bueno aprender de las experiencias positivas en los países que han contado con significativas entidades financieras públicas.