La secuela de recesión económica que están dejando las medidas de confinamiento y de cierre de establecimientos para combatir la pandemia replantea la necesidad de garantizar cierto nivel de ingreso a todas las familias. Entre las diversas estrategias de apoyo social que se han venido debatiendo en las últimas décadas destacan la renta mínima de inserción y la renta básica universal.
La renta mínima de inserción, que recibe también otros nombres, es una prestación asistencial o no contributiva que existe ya en España, cedida a las Comunidades Autónomas, para personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana.
Esta prestación exige ciertos requisitos al beneficiario, tales como estar empadronado en el municipio de la Comunidad de la que solicita la transferencia, carecer de recursos suficientes, tener denegadas otras ayudas de carácter social y aceptar las medidas de inserción laboral y de formación establecidas.
Por citar algunos ejemplos, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la prestación se denomina “Renta de Garantía de Ingresos”, con una cuantía mensual, para un individuo, de 644 euros durante 24 meses, en Madrid la cuantía es de 400 euros mensuales, sin limite temporal.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español, con una tasa de riesgo de pobreza del 19,7%, el porcentaje de personas que accedieron a la Renta Mínima de Inserción en España en 2017 fue del 8% de ese colectivo, con diferencias notables entre Comunidades Autónomas. Así, mientras en el País Vasco, con el 8,6% de riesgo de pobreza, percibía la prestación el 76,3% de ese colectivo, en Madrid, con una tasa de riesgo de pobreza del 16,6%, accedió a la prestación el 11%, y en Andalucía, con una tasa de pobreza del 27,5%, recibió la prestación sólo el 4,5%
El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alson, manifestaba tras la visita a España en febrero: “el sistema de la Renta Mínima de Inserción sugiere que, o bien esta estructurado intencionalmente para excluir a las personas, o está extremadamente mal diseñado”.
La segunda modalidad de prestación, denominada “Renta Básica Universal”, se define como aquella que paga el Estado como derecho de ciudadanía a todos los residentes de la sociedad, independientemente de su situación económica o laboral. Viene a ser una herramienta de protección social en forma de subsidio de igual cuantía, incondicional y garantizado para todos los ciudadanos.
Es una renta a la que se pueden acumular otros ingresos y permite eludir la situación de pobreza y las consecuencias del paro, evitando la estigmatización social de un subsidio condicionado como la renta mínima de inserción.
Esta modalidad de apoyo a la ciudadanía no ha llegado a implantarse prácticamente en ningún país, a excepción de Finlandia, donde ha estado funcionando, pero el Gobierno decidió no renovarlo a los dos años de funcionamiento. Un caso especial es Alaska, donde se mantiene desde 1982, en base a los beneficios que genera un Fondo de inversión petrolífero. La cuantía de la prestación es de 2.000 dólares al año, con el único requisito para los beneficiarios de residir en el país durante doce meses.
La renta básica ha pasado de ser una propuesta marginal a considerarse una opción por las corrientes principales de la economía. Es considerada como un programa de coste elevado, con lo que suele suscitar dudas sobre la capacidad para poder financiarlo y provoca también ciertas controversias sobre su impacto en materia de incentivos, al no exigir que el beneficiario acepte un empleo.
La implantación de un renta de cobertura amplia ha sumado más adeptos en las últimas semanas que antes en años, dando un salto exponencial en el debate público. Está en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social consecuencia de la pandemia. Sería también útil para reactivar la demanda cuando se levanten las cuarentenas.
Se ha podido constatar que los programas actuales de rentas mínimas son en su mayoría insuficientes para reducir sustancialmente la alta tasa de pobreza en España, y no ayudan las disparidades tanto en regulaciones como en niveles de generosidad de las prestaciones sociales de las Comunidades Autónomas Por ello, vendría bien avanzar hacia un sistema del tipo de la renta básica universal, con un sistema fiscal progresivo que permita financiarlo, capaz de reforzar el bienestar social, garantizando realmente un ingreso vital a todos los ciudadanos en cualquier circunstancia.
La renta mínima de inserción, que recibe también otros nombres, es una prestación asistencial o no contributiva que existe ya en España, cedida a las Comunidades Autónomas, para personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana.
Esta prestación exige ciertos requisitos al beneficiario, tales como estar empadronado en el municipio de la Comunidad de la que solicita la transferencia, carecer de recursos suficientes, tener denegadas otras ayudas de carácter social y aceptar las medidas de inserción laboral y de formación establecidas.
Por citar algunos ejemplos, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la prestación se denomina “Renta de Garantía de Ingresos”, con una cuantía mensual, para un individuo, de 644 euros durante 24 meses, en Madrid la cuantía es de 400 euros mensuales, sin limite temporal.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español, con una tasa de riesgo de pobreza del 19,7%, el porcentaje de personas que accedieron a la Renta Mínima de Inserción en España en 2017 fue del 8% de ese colectivo, con diferencias notables entre Comunidades Autónomas. Así, mientras en el País Vasco, con el 8,6% de riesgo de pobreza, percibía la prestación el 76,3% de ese colectivo, en Madrid, con una tasa de riesgo de pobreza del 16,6%, accedió a la prestación el 11%, y en Andalucía, con una tasa de pobreza del 27,5%, recibió la prestación sólo el 4,5%
El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alson, manifestaba tras la visita a España en febrero: “el sistema de la Renta Mínima de Inserción sugiere que, o bien esta estructurado intencionalmente para excluir a las personas, o está extremadamente mal diseñado”.
La segunda modalidad de prestación, denominada “Renta Básica Universal”, se define como aquella que paga el Estado como derecho de ciudadanía a todos los residentes de la sociedad, independientemente de su situación económica o laboral. Viene a ser una herramienta de protección social en forma de subsidio de igual cuantía, incondicional y garantizado para todos los ciudadanos.
Es una renta a la que se pueden acumular otros ingresos y permite eludir la situación de pobreza y las consecuencias del paro, evitando la estigmatización social de un subsidio condicionado como la renta mínima de inserción.
Esta modalidad de apoyo a la ciudadanía no ha llegado a implantarse prácticamente en ningún país, a excepción de Finlandia, donde ha estado funcionando, pero el Gobierno decidió no renovarlo a los dos años de funcionamiento. Un caso especial es Alaska, donde se mantiene desde 1982, en base a los beneficios que genera un Fondo de inversión petrolífero. La cuantía de la prestación es de 2.000 dólares al año, con el único requisito para los beneficiarios de residir en el país durante doce meses.
La renta básica ha pasado de ser una propuesta marginal a considerarse una opción por las corrientes principales de la economía. Es considerada como un programa de coste elevado, con lo que suele suscitar dudas sobre la capacidad para poder financiarlo y provoca también ciertas controversias sobre su impacto en materia de incentivos, al no exigir que el beneficiario acepte un empleo.
La implantación de un renta de cobertura amplia ha sumado más adeptos en las últimas semanas que antes en años, dando un salto exponencial en el debate público. Está en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social consecuencia de la pandemia. Sería también útil para reactivar la demanda cuando se levanten las cuarentenas.
Se ha podido constatar que los programas actuales de rentas mínimas son en su mayoría insuficientes para reducir sustancialmente la alta tasa de pobreza en España, y no ayudan las disparidades tanto en regulaciones como en niveles de generosidad de las prestaciones sociales de las Comunidades Autónomas Por ello, vendría bien avanzar hacia un sistema del tipo de la renta básica universal, con un sistema fiscal progresivo que permita financiarlo, capaz de reforzar el bienestar social, garantizando realmente un ingreso vital a todos los ciudadanos en cualquier circunstancia.
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