LA ECONOMÍA ANTE LA PANDEMIA

Cuando una crisis sanitaria se propaga en varios continentes, como esta sucediendo con el coronavirus (covid-19), se exige una respuesta global y, sobre todo, cooperativa, porque el ataque de un virus tan contagioso y letal amenaza con derivar en una profunda crisis económica.

La rápida extensión del efecto económico del virus se debe sobre todo a las cadenas mundiales de producción que se han desarrollado en las últimas décadas, al distribuirse la fabricación de los componentes de muchos productos entre empresas de diversos países. Es por ello que las perturbaciones económicas en una parte del mundo afectan en otros lugares muy distantes. Se estima que casi todas las grandes empresas van a sufrir interrupciones de la cadena de suministro como secuela de la infección vírica.

Las medidas del “Estado de alarma” que se han decretado en España ocasionarán en primera instancia una reducción importante de la oferta de bienes y servicios, al decretarse el cierre de los establecimientos comerciales y fabriles que no ofrezcan productos básicos.

La caída de la actividad económica consiguiente reduce los ingresos de familias y empresas, provocando un descenso de la demanda tanto de consumo como de inversión, al tiempo que aumenta la incertidumbre y lleva a tratar de mantener dinero líquido para evitar una crisis de liquidez

La respuesta del Gobierno como política fiscal se está concretando en transferencias estatales para ayuda al desempleo y el apoyo a los colectivos más vulnerables. El presupuesto con esta finalidad es de 20.000 millones, que incluye medidas para respaldar al sistema sanitario. Muchas empresas necesitan ayudas inmediatas de dinero líquido.

En política monetaria, las medidas incorporan avales estatales hasta 100.000 millones para créditos bancarios, así como la moratoria en el pago de las hipotecas, para evitar desahucios. Al Banco Central Europeo (BCE) le corresponde respaldar estas medidas, a fin de favorecer el flujo de crédito hacia la economía real.

En los siguientes gráficos de El País podemos observar las dimensiones de las medidas de apoyo a la liquidez y de gasto público adoptadas por los Gobiernos de diversos países:

El problema en estos momentos es que, durante cierto tiempo, muchas empresas y consumidores no van a poder producir ni apenas consumir porque estamos en una crisis sanitaria que obliga a paralizar la actividad económica. Por tanto, lo importante es salvaguardar la capacidad productiva, tratando de mantener a las empresas en “respiración asistida”, porque si desaparecen en el período de inactividad, la crisis sanitaria se habrá convertido en en una recesión económica profunda.

Recordemos que los países de la Unión Europea no tienen autonomía sobre sus propios presupuestos. Ha sido la normativa europea, al prohibir en los Tratados que los Estados reciban dinero directamente del BCE, la que obliga a recurrir a los mercados financieros, pagando intereses más elevados, provocado el incremento de la deuda de muchos países, como es el caso de España (98% sobre el PIB). Ello dificulta la ampliación del gasto en momentos de verdadera necesidad, como ahora por la pandemia. Podemos observar en el gráfico que las medidas de apoyo adoptadas por España son de menor calado que las de otros países, con niveles de endeudamiento inferiores.

Son pocos los países europeos que van a poder soportar por sí solos las medidas de gasto fiscal que conllevan afrontar el destrozo económico que va a acabar haciendo la pandemia. Aunque se suspendan por el momento las normas de estabilidad presupuestaria y se permita mayor gasto público para afrontar la coronovirus, los Gobiernos tendrán que endeudarse más y se originarán pesadas cargas.

Es cierto que ahora los intereses son muy bajos y la medida del BCE de llegar a utilizar hasta 750.000 millones de dólares en la compra de activos públicos y privados puede sostener los tipos en niveles reducidos, evitando el incremento de la prima de riesgo. Como siempre, el BCE dará primero el dinero a los bancos privados al 0% y luego serán ellos los que vayan a financiar, a tipo de interés de mercado, a los Gobiernos y las empresas.

La economía española es muy sensible a una pandemia, puesto que el turismo y el transporte de viajeros suponen el 15% del PIB del país. Este sector de servicios, que es particularmente vulnerable a las prohibiciones de viajes y al cierre de fronteras, ocupa al 13% de la fuerza laboral de España, una cifra que aumenta si se tienen en cuenta las actividades indirectas.

Muchos economistas vienen señalando que el impacto de la crisis sanitaria puede ser muy importante, sobre todo por su duración incierta, y solicitan que se adopten medidas coordinadoras en la Unión Europea. Se pide la creación de una deuda europea (eurobonos) y de políticas fiscales comunes, que compartan los riesgos presupuestarios entre todos los países. En cualquier caso, las drásticas medidas que se han tenido que tomar para detener la expansión de los contagios van a ocasionar la caída en la recesión económica, incrementando el desempleo, el déficit público y la deuda del país.

EVASION FISCAL

El sector público es un componente fundamental de toda economía de mercado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los países mas desarrollados del mundo, considera que “los gobiernos son responsables de promover el crecimiento económico y el desarrollo social, proporcionando bienes y servicios, regulando la conducta de las empresas y los individuos y redistribuyendo los ingresos”

Las actividades públicas se gestionan a través de los Presupuestos Generales del Estado, los documentos que recogen los gastos e ingresos de cada año, y son aprobados por el poder legislativo (Congreso y Senado, en España) a partir de los proyectos que presentan los Gobiernos.

Las diferentes partidas de gastos se presentan distribuidos en las diferentes áreas en las que actúa la Administración del Estado, tales como educación, sanidad, justicia, etc. Por su parte los ingresos provienen básicamente de los impuestos directos (sobre las rentas de las personas físicas y de las sociedades) y de los impuestos indirectos, tanto del Estado estrictamente (sobre el valor añadido) como de otros ámbitos del sector público (ingresos de la Seguridad Social y otros)

Los ingresos y gastos públicos indican el tamaño del Estado, que es menor en España que la media de los países de la Unión Europea, una diferencia que se amplia al realizar la comparación con el promedio de los miembros de la Eurozona. En el año 2018, los gastos del sector público español representaban el 41,3% del PIB, en tanto que la media de los 28 países de la Unión Europea fue del 45,6% y, en el caso de la Zona del euro, del 46,8%.

En cuanto a lo ingresos públicos, con datos de Eurostat, la oficina de estadística europea, la media en la Eurozona fue del 46,3% del PIB, y del 45% en la Unión Europea, mientras que en España se quedó en el 38,9%,

El gasto público español, inferior al de los países europeos, viene a condicionar el desarrollo del Estado de Bienestar que demanda la sociedad. La limitación de los recursos públicos es consecuencia del bajo nivel recaudatorio de la Administración en España, 7,4 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la Eurozona en 2018.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la recaudación en España y en el conjunto de los países europeos, en el período 2007-2017, en porcentaje de PIB

Vemos que la brecha de recaudación, muy amplia en 2009, se va estrechando, pero aun puede representar el 6% del PIB, en torno a 75.000 millones de euros.

Los principales impuestos españoles está afectados por la economía sumergida, dado que muchas transacciones de bienes y servicios, así como ciertas rentas de trabajo y de capital, escapan al control de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

La economía sumergida está formada por el conjunto de transacciones monetaria no declaradas ante las autoridades fiscales o monetarias competentes. La consecuencia es la evasión fiscal, que reduce la recaudación tributaria en el país. Conviene distinguir entre economía ilegal, constituida por las transacciones cuyo comercio está prohibido (por ejemplo, trafico de drogas), y economía informal, que incluye las operaciones legales que no se declaran para pagar impuestos.

Cuantificar la economía sumergida no es tarea sencilla, debido a las dificultades para definir su perímetro con exactitud y a que las actividades recogidas persiguen escapar al control público, con lo que se hace preciso recurrir a métodos indirectos, utilizando variables a escala macroeconómica, relacionándolas con el tamaño de la actividad económica oculta.

El equipo de la Agencia Tributaria española, en el plan estratégico para el próximo cuatrienio, no se muestra de acuerdo con los estudios que sitúan entre el 20% y el 25% del PIB el tamaño de la economía ilegal en nuestro país, recordando que, con los análisis del FMI, la estimación se rebajó hasta el 11,2% del PIB

La Agencia considera que solo el 60% de la economía sumergida es susceptible de someterse a tributación, una vez descontadas las actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, los mínimos exentos y los incentivos fiscales, con lo que el neto para aplicar impuestos quedaría en torno al 6,7% del PIB (60% sobre 11,2%)

Por lo tanto, se acepta como cálculo razonable de la actividad económica oculta susceptible de pagar impuestos la cifra de 80.000 millones de euros (6,7% sobre 1,2 billones). Aplicando a esta base imponible el tipo medio impositivo en España del 35,2%, el potencial de ingresos que la administración tributaria podría incrementar ascendería a 28.160 millones de euros.

IMPACTO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO

Al analizar la oferta y la demanda de un bien o servicio, se suele afirmar que el aumento de la oferta en sentido estricto, que supone un incremento de la cantidad ofrecida a cada precio, se debe, entre otros factores, al estímulo que suscita en las empresas el cambio tecnológico.

En términos económicos, se entiende por tecnología cualquier método que se puede utilizar para convertir los inputs en bienes y servicios útiles. Las mejoras tecnológicas hacen posible que los productores gasten menos en inputs aunque produzcan la misma cantidad. Así, por ejemplo, las investigaciones en energía solar están consiguiendo que el rendimiento de los componentes de un sistema fotovoltaico sea más eficiente y ayude a reducir los costes de producción.

Cualquier avance tecnológico, al disminuir los costes del proceso productivo, otorga ventaja económica a las primeras empresas que aplican la innovación, aunque a largo plazo la extensión de la tecnología a mayor número de productores puede anular la ventaja competitiva

Uno de los pilares del avance tecnológico es la inteligencia artificial (IA). Concebida en los años 1950 en la Universidad de Dartmouth, la investigación de las distintas técnicas de IA se ha desarrollado sobre todo desde comienzos de este siglo, aunque ya en 1997 había marcado un hito al derrotar un ordenador al campeón de ajedrez Gary Gasparov

A la IA, un sistema de software que trata de reflejar la inteligencia humana, se le atribuyen tres cualidades básicas: la capacidad de responder en tiempo real a través del uso de sensores; la aptitud para el análisis de datos y toma de decisiones, y la competencia para aprender a medida que adquiere más información, adaptando las respuestas con lo aprendido.

El siguiente cuadro de CaixaBank Research resume las vías de impacto de las nuevas tecnologías:


Avances tecnológicos como los robots y la inteligencia artificial mejoran la productividad, aumentando la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios obtenidos, pero pueden dejar sin empleo a muchos trabajadores, aunque se logre ampliar el empleo de ciertos sectores tecnológicos.

Algunos expertos manifiestan que el desarrollo tecnológico no ha provocado destrucción neta de empleo a lo largo de la historia. Hay ocupaciones que se han transformado o desaparecido, liberando trabajo de unas actividades para realizar otras con las que atender bienes y servicios, pero insisten en que el desarrollo técnico no ha destruido empleo a nivel agregado.

Aunque el papel de las nuevas tecnologías en las economías es cada vez más importante, no en todos los países ni en todos los sectores tienen la misma relevancia ni están avanzando con el mismo dinamismo. El nivel de impacto en cada país depende tanto de las tasas de crecimiento económico como del grado de inclusión de este crecimiento.

Ante la necesidad de adaptación y de cambio, los países miembros de la Unión Europea debatieron en 2006 la flexiseguridad, una estrategia integradora destinada a mejorar al mismo tiempo la flexibilidad del mercado laboral, la organización del trabajo y las relaciones laborales, por una parte, y la seguridad del empleo y de los ingresos, por otra.

La flexiseguridad pretende garantizar que los ciudadanos de la UE puedan disfrutar de un elevado nivel de seguridad en el mundo del empleo y no exclusivamente en un puesto de trabajo. Conlleva un fuerte énfasis en la eficacia de políticas activas de empleo (de formación continua y búsqueda de empleo) realizadas tanto por parte de organismos del sistema público como de agencias privadas de empleo.

En España, tras la reforma laboral de 2012, con la caída drástica de las indemnizaciones por despido, las empresas contrataron más fácilmente, sobre todo con contratos temporales y de jornada parcial, con lo que el desempleo se ha ido reduciendo en los años recientes, pero ha sido a cambio de una gran precariedad.

Si con el cambio tecnológico las empresas van a requerir menos trabajadores, como la cobertura sanitaria y las pensiones están ligadas al empleo, tendrán que existir en el futuro prestaciones no ligadas a la ocupación laboral para las personas que estén desempleadas o subempleadas durante prolongados períodos de tiempo.

DESEMPLEO ESTRUCTURAL

Tras el primer acuerdo de subir el salario mínimo a 950 euros mensuales en 14 pagas, el Gobierno español de coalición de izquierdas va a convocar de nuevo a patronal y sindicatos para establecer los procedimientos y el calendario para negociar la reversión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral adoptada por el Partido Popular (PP) en 2012.

La portavoz del Gobierno señala que no se trata de volver a la disposición del mercado laboral previo a la crisis financiera reciente, sino de recuperar los derechos laborales perdidos e ir adaptando el Estatuto de los Trabajadores a las necesidades actuales del mercado de trabajo.

Entre las actuaciones urgentes se contempla devolver la prioridad al convenio sectorial sobre el convenio de empresa y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que implica consolidar su vigencia indefinida en tanto que no se pacten nuevos.

El mercado laboral español, marcado por la dualidad de contratos temporales y fijos, que ahora se va tratar de corregir, fue uno de los más vulnerables durante la crisis económica y mantiene aún la segunda mayor tasa de paro (13,8%) de la Unión Europea, detrás de Grecia.

Los expertos y los organismos internacionales (Comisión Europea y OCDE) estiman para España un paro estructural en torno al 13%-15%, aunque las diferencias entre Comunidades Autónomas son elevadas. La tasa estructural es aquella en la que el mercado de trabajo experimenta una cierta estabilidad en cuanto a que los salarios nominales no alteran el nivel de inflación.

Este tipo de desempleo obedece a los desajustes que se producen entre trabajadores y empresas, al necesitar los operarios cierto tiempo para ajustarse a los cambios tecnológicos. El resultado puede ser un desfase entre lo que los empleadores están buscando y lo que los trabajadores ofrecen. La tasa de paro estructural no es directamente observable y se estima en base a la relación que se da a lo largo del ciclo económico entre desempleo e inflación.


Como se observa en el gráfico, en períodos recesivos, como en los años 2009 a 2014, la tasa de desempleo aumenta más rápida que la tasa de paro estructural, lo cual indica que la subida del desempleo obedece sobre todo a la influencia negativa del ciclo económico. Una parte de ese aumento podría ser estructural si se produce un incremento del paro de larga duración, puesto que suele ocasionar cierta depreciación del capital o potencial humano.

La reducción del paro estructural en España pasa por mejorar el nivel formativo de la población juvenil. La tasa de abandono temprano de los estudios en algunas Comunidades Autónomas del país es muy elevada. El porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado el segundo nivel de educación secundaria y que no sigue ningún tipo de formación es del 17,9% (en hombres 21,7% y en mujeres 14%), cuando la media europea se sitúa en 11,9%. La diferencias entre Comunidades son amplias, entre un 24,4% en Baleares y el 6,9% en el País Vasco.

El año 2019 se cerró con la ocupación en niveles máximos históricos, y con una cifra de paro que, si bien es todavía elevada, parece situarse cerca de su tasa estructural. Pero el problema es que esta tasa es la más elevada de los países europeos, por lo que la nueva reforma laboral y las políticas activas de empleo del nuevo Gobierno tendrán que demostrar su eficacia reduciendo el colectivo de parados estructurales.

EFECTOS ECONÓMICOS DEL "BREXIT"

Tras 47 años de permanencia británica en la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo ratificó el 29 de Enero pasado el acuerdo con Reino Unido para el “Brexit”. La presidenta de la Comisión ha prometido que la UE “no escatimará en esfuerzos para lograr una relación muy estrecha”, pero la realidad es que, desde el 1 de febrero de 2020, Reino Unido ha pasado a ser considerado como un tercer país.

Se ha iniciado ya el período de transición hasta final de año para alcanzar un acuerdo sobre la nueva relación. Durante este tiempo, Reino Unido seguirá formando parte del mercado único y de la unión aduanera. El resto de 2020 será, por tanto, el período de negociación sobre el nuevo marco de relaciones.

No se puede descartar todavía una salida desordenada a final del 2020, si las dos partes no alcanzan un acuerdo a lo largo del año y no se ha extendido antes la fase de transición, una ampliación de tiempo que descarta el Primer Ministro británico.

El Banco de España ha estudiado el impacto del Brexit sobre la economía española en base a tres posibles escenarios:

1) Un primer escenario de transición ordenada hacia un nuevo modelo de intercambios comerciales, con una relación muy cercana entre la Unión Europea y el Reino Unido

2) Un segundo escenario también de salida ordenada, pero en el que no se alcanza un acuerdo comercial específico, de modo que las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido pasan a gobernarse por las reglas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el consiguiente establecimiento de barreras arancelarias y no arancelarias.

3) Un último escenario en el que, además de no alcanzarse un acuerdo, la salida se produce de forma desordenada, dando lugar a disrupciones extraordinarias de las cadenas productivas e inestabilidad financiera

El "Brexit" proviene de tres elementos claves de desacuerdo británico con la Unión Europea: la libre circulación de personas, que los británicos quieren eliminarla para controlar sus fronteras; el rechazo de la contribución al presupuesto comunitario, y la finalización del sometimiento a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.

La UE y el Reino Unido podrían alcanzar un acuerdo rápido de libre comercio en bienes, similar al que tiene la UE con Canadá, con la fijación de aranceles nulos y cero cuotas para el acceso británico al mercado de bienes de los 27 países, a cambio de que Reino Unido acepte las regulaciones de la UE en materia de bienes, dado que dicha aceptación no haría necesario aprobar el acuerdo en los Parlamentos nacionales europeos, al encajar en la legislación comunitaria vigente.

En cambio, once meses de negociación resulta escaso tiempo para alcanzar un acuerdo que incluya ámbitos como servicios, propiedad intelectual, mo­­vilidad de personas, energía, defensa interna y política exterior. En servicios, por ejemplo, el importante sector financiero de la City británica perderá el pasaporte europeo que le permite ofrecer sus servicios sin restricciones en toda la UE

El siguiente cuadro recoge los efectos estimados sobre el PIB español al cabo de 5 años

Vemos en el gráfico que el efecto acumulado para España a los 5 años puede oscilar entre 0,02% y 0,8% del PIB. En cambio, según el estudio realizado en 2018 por el Banco de Inglaterra, el PIB británico en los tres escenarios considerados podría contraerse, respectivamente, un 0,75 %, 4,75 % y 5,5 % .

Resulta evidente que la rotura de relaciones sin acuerdo entre dos zonas integradas no puede beneficiar a nadie, pero perjudica sobre todo al territorio más pequeño, en este caso el Reino Unido, siete veces más pequeño que a la UE.

El Banco de España advierte que los resultados de estos cálculos han de tomarse necesariamente con cautela, dado que los escenarios para realizar las simulaciones provienen de las estimaciones del Banco de Inglaterra. Además, en cualquier ejercicio de esta naturaleza, el grado de incertidumbre de los elementos considerados es elevado, como por ejemplo la reacción en el tipo de cambio de la libra

Lo resultados de la estimación realizada sugieren que los costes del "Brexit" para la economía española pueden variar dependiendo del escenario que finalmente se materialice, pero probablemente no serán desmesurados. En cualquier caso, la incertidumbre seguirá condicionando la actuación de las empresas y los consumidores.