En una economía de mercado, al sector público se le atribuyen cuatro funciones: a) regular el marco institucional para garantizar el buen desenvolvimiento de la actividad económica; b) producir los bienes y servicios establecidos; c) estabilizar la actividad económica, gestionando las perturbaciones cíclicas e impulsando el crecimiento equilibrado, y d) redistribuir la renta a través de impuestos y gastos públicos
El nivel de la renta generada y su distribución entre las familias condiciona el bienestar económico de la población. La desigualdad en el reparto de la renta hace que algunos hogares se hallen en situación de vulnerabilidad económica, que a veces implica dificultad para afrontar los gastos mínimos necesarios o falta de capacidad para afrontar imprevistos, que suscitan inseguridad.
El riesgo de caer en la pobreza se incrementa cuando los ingresos familiares no superan el 60% del ingreso mediano, según el estandar aprobado en la Unión Europea. Con el empeoramiento que ha habido en el período de crisis, en España más del 21% de la población se encuentra actualmente en riesgo de pobreza. Si nos atenemos al indicador AROPE, que incluye también la situación de exclusión social, la tasa supera el 26%.
En el siguiente cuadro tenemos la evolución de las tasas de riesgo de pobreza en España, en porcentaje, según el Instituto Nacional de Estadística:
El riesgo de caer en la pobreza se incrementa cuando los ingresos familiares no superan el 60% del ingreso mediano, según el estandar aprobado en la Unión Europea. Con el empeoramiento que ha habido en el período de crisis, en España más del 21% de la población se encuentra actualmente en riesgo de pobreza. Si nos atenemos al indicador AROPE, que incluye también la situación de exclusión social, la tasa supera el 26%.
En el siguiente cuadro tenemos la evolución de las tasas de riesgo de pobreza en España, en porcentaje, según el Instituto Nacional de Estadística:
Aunque se observa una tendencia ligeramente descendente, las tasas están entre las más altas de la Eurozona.
El nivel de desigualdad en las rentas se deriva fundamentalmente de dos distribuciones. La inicial, llamada distribución primaria, ocurre en el mercado, cuando las empresas retribuyen con salarios a los trabajadores y atribuyen los beneficios a los inversores de capital. La segunda es la redistribución pública, con la que el Estado trata de alterar la desigualdad de la distribución primaria.
Las políticas de redistribución pública de la renta suelen seguir tres grandes líneas: disminuir la concentración de la renta, conseguir la igualdad de oportunidades y permitir la integración social de los excluidos
El aumento del desempleo y la caída de los salarios durante la reciente crisis han situado a España en uno de los países con mayor desigualdad en la distribución primaria de la renta generada.
Al mismo tiempo, el aumento de las prestaciones de desempleo y de pensiones han incrementado el nivel de la redistribución del Estado, pero en la recuperación económica España queda en la cuarta posición de menor capacidad de redistribución pública de la Eurozona, tras Estonia, Letonia y Lituania.
El índice de desigualdad GINI (0 a 100, menor a mayor), antes de las transferencias sociales, asigna a España con 50,7 y tras las prestaciones públicas se queda en 34,5, un efecto redistributivo de 16,2, muy inferior al de países como Portugal (26,6), Alemania (26) y Francia (21,5). Como señala el Observatorio Social de La Caixa, “España es uno de los países en el que las políticas públicas tienen menos capacidad de reducir la pobreza”
El origen de esta incapacidad para atender las necesidades sociales hay que situarla en la escasez de recursos que proporciona el sistema fiscal español. Los ingresos públicos están cerca de ocho puntos porcentuales por debajo del PIB medio de la Eurozona.
Esta insuficiencia de recursos afecta sobre todo a las prestaciones no contributivas, y reduce la eficacia del Estado en la corrección de las desigualdades. Por tanto, si se quieren mejorar las políticas públicas, habrá que aumentar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal y prestar mayor atención a las necesidades de las familias por situaciones de exclusión social y de vivienda.
El nivel de desigualdad en las rentas se deriva fundamentalmente de dos distribuciones. La inicial, llamada distribución primaria, ocurre en el mercado, cuando las empresas retribuyen con salarios a los trabajadores y atribuyen los beneficios a los inversores de capital. La segunda es la redistribución pública, con la que el Estado trata de alterar la desigualdad de la distribución primaria.
Las políticas de redistribución pública de la renta suelen seguir tres grandes líneas: disminuir la concentración de la renta, conseguir la igualdad de oportunidades y permitir la integración social de los excluidos
El aumento del desempleo y la caída de los salarios durante la reciente crisis han situado a España en uno de los países con mayor desigualdad en la distribución primaria de la renta generada.
Al mismo tiempo, el aumento de las prestaciones de desempleo y de pensiones han incrementado el nivel de la redistribución del Estado, pero en la recuperación económica España queda en la cuarta posición de menor capacidad de redistribución pública de la Eurozona, tras Estonia, Letonia y Lituania.
El índice de desigualdad GINI (0 a 100, menor a mayor), antes de las transferencias sociales, asigna a España con 50,7 y tras las prestaciones públicas se queda en 34,5, un efecto redistributivo de 16,2, muy inferior al de países como Portugal (26,6), Alemania (26) y Francia (21,5). Como señala el Observatorio Social de La Caixa, “España es uno de los países en el que las políticas públicas tienen menos capacidad de reducir la pobreza”
El origen de esta incapacidad para atender las necesidades sociales hay que situarla en la escasez de recursos que proporciona el sistema fiscal español. Los ingresos públicos están cerca de ocho puntos porcentuales por debajo del PIB medio de la Eurozona.
Esta insuficiencia de recursos afecta sobre todo a las prestaciones no contributivas, y reduce la eficacia del Estado en la corrección de las desigualdades. Por tanto, si se quieren mejorar las políticas públicas, habrá que aumentar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal y prestar mayor atención a las necesidades de las familias por situaciones de exclusión social y de vivienda.
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