NUEVA PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA

Un documento publicado por el “Banco de Pagos Internacionales”, una organización con 60 bancos centrales de todo el mundo como miembros, apunta que estamos ante un cambio en las tendencias demográficas, que se orienta hacia un incremento rápido de la tasa de dependencia económica, una variable clave para el crecimiento económico a largo plazo de los países.

Esta tasa de dependencia se puede calcular de modo global o con respecto a los dos tramos de población teóricamente dependiente (<16 y >64 años). La tasa global se define como la proporción de dependientes, personas menores de 16 años o mayores de 64, sobre la población en edad de trabajar, que tienen entre 16 y 64 años. Este tipo de cálculo, que se utiliza en las estadísticas internacionales, supone una simplificación, puesto que una parte de las personas en edad laboral no forman parte de la población activa al no estar incorporadas al mercado de trabajo. Se consideran activas únicamente a las que trabajan percibiendo una remuneración o están buscando empleo.

El incremento del número de personas mayores crecerá rápidamente, lo cual hará reducir la población en edad de trabajar y, al necesitar las personas con edad avanzada mayores cuidados, intensivos en mano de obra, como la atención personal en el caso de la demencia, dará lugar a la escasez de fuerza laboral. Desde el punto de vista económico, una elevada tasa de dependencia condiciona los gastos públicos de los países en pensiones y en sanidad.

El siguiente gráfico representa la evolución de la tasa de dependencia económica global, en %, en España:

Con el descenso en número de los menores de edad, debido a la reducción de la natalidad, la dependencia global fue reduciéndose desde 1975, año en el que se situaba en torno al 65%, hasta el período 2005-2008, con cerca del 47%. Como observamos en el gráfico, a partir de 2008, bajo la influencia decisiva del colectivo de mayores de 64 años, la tasa ha ido incrementándose. En 2018 alcanzó un un 55,7%, es decir, que hay una persona dependiente por cada 1,79 ocupados. Se prevé que el ratio continúe ascendiendo hasta un 59,2% dentro de 5 años (1 dependiente por 1,69 trabajando)

La creciente esperanza de vida es sin duda una buena noticia, pero el gasto público asociado al envejecimiento se convierte en la mayor carga presupuestaria de la Administración Pública: pensiones, atención sanitaria y cuidados de las personas dependientes. Según el Banco de España, el gasto conjunto de las tres partidas puede pasar del 19% al 21% del PIB en las próximas tres décadas..

Con la revalorización de las pensiones el 0,25% anual y la entrada en vigor de factor de sostenibilidad en 2019, que vincula las pensiones nuevas que entren en el sistema a la esperanza de vida, el Gobierno ya había echado sobre la espalda de los pensionistas el ajuste del presupuesto en envejecimiento.

Pero la respuesta multitudinaria en las calles de muchas ciudades españolas esta obligando al Estado a modificar las perspectivas y empezar a admitir que para afrontar de verdad el reto de las pensiones será necesario avanzar hacia los modelos europeos y proveer a la Hacienda Pública de mayores ingresos.

LA DEUDA, ARMA DE DOBLE FILO

Uno de los impulsores del progreso económico ha sido la emisión de títulos de deuda o medios de intercambio, y el más importante de todos, el dinero, una riqueza abstracta que se hace realidad con el tiempo.

El artificio de la deuda ha permitido el aprovechamiento de oportunidades para la mejora económica. No se puede afirmar que la deuda sea siempre negativa, pero sí es acertado considerarla como un arma de doble filo. Si se utiliza sin prudencia deja de crear bienestar generalizado y se convierte en un vehículo de dependencia.

Cierta proporción del crecimiento de la deuda pública a partir de la crisis financiera reciente ha sido debida a que una parte de la deuda privada (hogares y empresas), sobre todo la bancaria, fue absorbida por el sector público. A pesar de ello, al final de 2017, en España, la deuda privada era del 137,3% del PIB, en tanto que la pública fue del 98,1%.

En el siguiente gráfico recogemos la evolución de la deuda privada respecto al PIB (en columnas,escala izquierda) y de la deuda pública, también en % del PIB (en línea, escala derecha), esta última según el Protocolo de Déficit Excesivo:


El endeudamiento privado crece de modo acelerado hasta la llegada de la crisis financiera y va reduciéndose, tanto por el esfuerzo de devolución de los préstamos como por la elevación de las exigencias bancarias para acceder a nuevos créditos. El comportamiento de la deuda pública ha sido muy distinto de la privada, puesto que ha pasado del 35% del PIB en 2007 al 98% en 2016.

Podemos considerar como deudores a los tres grandes sectores institucionales: familias, sociedades no financieras y el conjunto de las administraciones públicas. La contrapartida al endeudamiento, el acreedor, es el sistema financiero, compuesto por las entidades bancarias y las instituciones financieras no monetarias.

Estas últimas, en su mayor parte fondos de inversión y fondos de titulación, han tenido una participación activa como canalizadores hacia el exterior. Un volumen de fondos importante que gestiona el sistema financiero español tiene como acreedores a prestamistas del resto del mundo.

El colapso de las burbujas financiera e inmobiliaria provocó en España una drástica caída de los impuestos que estaban basados en la vivienda, que unido al rescate bancario, incrementó la deuda pública hasta cerca del 100% del PIB al final del año pasado.

La política de ajustes diseñada por la Comisión Europea, pensada para reducir el déficit público y la deuda, provocó un aumento del endeudamiento, debido a que los recortes en el gasto público generaron una nueva recesión (2011-2013), con la consiguiente reducción de los ingresos.

Aunque en medio oficiales se espera que para 2020 descienda la deuda pública al 60% del PIB, nivel de endeudamiento que, según las normativas europeas, no debe sobrepasarse, España va a tardar mucho más tiempo en controlar su deuda pública. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta que habrá que esperar hasta 2035.

Si la deuda pública no empieza a descender, España puede encontrarse en una situación muy vulnerable en los próximos años, dado que los tipos de interés pueden ir creciendo y, por tanto, en aumento la carga del servicio de la deuda.

LA ESFERA FINANCIERA

A partir de la década de 1970, en el sistema económico se observa un gran desplazamiento hacia la “financiarización”. Mientras que las actividades productivas avanzan con dificultades en los países desarrollados, las financieras van inflándose.

Importantes empresas industriales, tales como automovilísticas o del petróleo, han tendido a independizarse de los bancos, al contar con recursos para financiar sus propias inversiones.

Al mismo tiempo, algunos bancos orientan su negocio más hacia las transacciones en los mercados financieros y préstamos a los hogares, que a prestar dinero y servicios financieros a actividades productivas.

Puede constatarse que también las familias están viéndose afectadas. Tienen mayor relación con las entidades financieras por el incremento de actividades que les conciernen: préstamos, ahorros, pensiones y seguros.

La esfera financiera se desenvuelve muchas veces casi desconectada de la producción, en tanto que el flujo económico esta referido, en última instancia, a una economía real, que es la única capaz de generar valor para poder materializar los activos financieros. Los derechos sobre ese valor se expresan en forma de títulos que se compran y se venden. Surgen así nuevos beneficios que sólo son aparentes, porque tales anotaciones contables carecen de respaldo real, dando lugar al denominado por algunos “capital ficticio”.

El capital real o capital productivo coincide con los activos fijos que maneja la empresa y su valor depende del coste de reposición de esos bienes físicos. Varía con el volumen de los mismos y con la alteración de su valor unitario.

En un primer momento, las acciones que emite la empresa tienen un valor equivalente al capital real, pero se contagian de capital ficticio al ser influidos por las ganancias empresariales esperadas en el entorno mercantil. El carácter ficticio se evidencia en los altibajos bursátiles, cuando las acciones y las obligaciones cambian de valor notablemente sin que se altere la riqueza efectiva.

Se constata que el capital financiero va incrementándose con mayor velocidad que el capital real, debido al desarrollo alcanzado por las grandes sociedades anónimas, a los altos ingresos de los oligopolios y al aumento de la deuda pública, con lo que prosigue la concentración de la riqueza en la oligarquía financiera.



Un buen indicador de la importancia del capital financiero, cada vez más transnacional, lo tenemos en el gráfico, donde se recoge la evolución de este tipo de capital, gestionado por las grandes empresas, con filiales en países diferentes al originario (casa matriz).

El capital transnacional aumentó en los primeros doce años de este siglo en un 105%, en dólares constantes, en tanto que el PIB mundial se quedó en un incremento del 40%, es decir, que el capital financiero aumentó 2,6 veces el incremento del producto real mundial.

Las empresas transnacionales se van desligando cada vez más de vínculos territoriales y se mueven al ritmo de las expectativas de beneficio en cualquier parte del mundo, ejerciendo notable influencia en el escenario político y económico mundial, en connivencia con los paraísos fiscales.

Como dejó escrito el economista norteamericano Paul M. Sweezy, “La esfera financiera tiene la capacidad potencial de convertirse en un subsistema autónomo integral y posee una enorme capacidad de autoexpansión”.

Surgen constantemente activos financieros, que no constituyen riqueza, y se utilizan para redistribuir el valor entre las clases sociales y los individuos que las forman. La financiarización de la actividad económica provoca una redistribución de las rentas que perjudica al trabajo y beneficia al capital, en particular a la esfera financiera.

EL TAMAÑO DEL ESTADO

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene la misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en España, considera consumo público al gasto de consumo final realizado por las Administraciones Públicas en los bienes y servicios que ofrecen a los hogares o a la comunidad para atender directamente sus necesidades.

Aunque en el momento de la entrega de estos bienes y servicios el hogar o la colectividad no paga por ellos, de manera indirecta sí son los ciudadanos los que están financiándolos vía impuestos u otros pagos.

En consecuencia, el gasto público total incluye los consumos, pero tiene más componentes. Así, por ejemplo, los servicios de educación, sanidad, protección social son considerados consumos, puesto que el Estado actúa como proveedor de servicios a la población, pero los pagos de pensiones y las prestaciones por desempleo no son consumos, sino estrictamente gastos públicos, dado que no tienen contrapartidas. En este caso, el Estado únicamente redistribuye la renta generada en el país.

En España, las Comunidades Autónomas gestionan el 60% del presupuesto de los servicios que se prestan a los ciudadanos y un 20% queda a cargo de los Ayuntamientos, dejando a la Administración central del Estado únicamente el 18%.

Como el objetivo del Gobierno es que en los próximos años los ingresos permanezcan en el entorno del 39% del PIB, también el gasto se situará en esa cifra, puesto que se pretende eliminar el déficit público, con lo cual quedará muy lejos del 48,1% del 2012, un año marcado por el rescate bancario y el alto nivel del desempleo.

La estrategia gubernamental parece que se centra en ir incrementando los gastos, pero siempre menos que el crecimiento del PIB, con lo cual irá disminuyendo el nivel del Estado de bienestar respecto al producto total del país, aunque se es consciente de que el envejecimiento de la población va a requerir mayores recursos para las pensiones en los próximos años.

A continuación tenemos los datos de gasto público en Europa, recogidos de “El País”:

Observamos que Francia y los países nórdicos europeos se sitúan en cabeza de la lista, en tanto que España, con un 42,2% de gasto, tiene un desfase de 5,4 puntos porcentuales con respecto a la media de la Zona euro.

El Programa de Estabilidad (2017-2020) señala que los ingresos públicos deben pasar del 37,9% del PIB en 2016 al 38,7% en 2020, cuando el promedio de la Eurozona es del 46,1%. Por su parte, el gasto tiene que disminuir del 42,2% del PIB en 2016 al 39,2% al final del período, en tanto que el promedio de la Eurozona se encuentra en 47,2%.

Estas previsiones de descensos del gasto público marcan una tendencia clara hacia un Estado de Bienestar mas reducido que en la Unión Europea. Pero un Estado más pequeño requiere un sector privado con mayor participación en educación y en sanidad, por lo que no van a faltar debates sobre la dimensión del Estado de Bienestar, los servicios que debe proveer y su financiación.

LA CRISIS BANCARIA

Con la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers (septiembre de 2008), que provocó prácticamente el cierre de los mercados financieros, afloró en España la denominada “crisis bancaria”, afectando muy negativamente a los bancos y cajas de ahorro, porque habían incurrido en un elevado endeudamiento con los bancos internacionales, al haber incrementado sus negocios en el sector inmobiliario.

Las entidades financieras habían concentrado su actividad de manera poco responsable, concediendo créditos para la compra de terrenos e inmuebles, sin las garantías necesarias, a promotores guiados por un impulso puramente especulativo. Estas actividades imprudentes dieron a la banca el montante de beneficios probablemente más elevado de su historia.

El final de la burbuja inmobiliaria, con el consiguiente descenso de precios, supuso para muchas entidades la caída en insolvencia, lo que provocó la paralización del crédito y la necesidad de ayudas públicas con cargo a los contribuyentes, tras haber incurrido en malas prácticas, como la colocación de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y otros productos de riesgo entre muchos ciudadanos alejados del mundo financiero.

En el documento “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España” aparece el siguiente cuadro resumen de las ayudas netas concedidas por el Fondo de Reconstrucción Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de los Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC):


Como se señala en el cuadro, la estimación de los recursos destinados al apoyo del sistema financiero, en términos de fondos aportados por el FROB y por la propia banca a través del FGDEC, alcanzó la cifra neta de 62.754 millones de euros (5,6 % del PIB) a finales de 2016, correspondiendo 41.150 millones al FROB y 21.604 millones al FGDEC. El coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni los tenedores de preferentes y deuda subordinada.

La razón del elevado coste es que la mayor parte de las deudas públicas se han perdido definitivamente, en tanto que en otros países europeos la recuperación fue mucho mayor. Así, Gran Bretaña otorgó ayudas por 100.000 millones, pero sólo ha perdido definitivamente el 14%.

Falta conocer si SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (el banco malo), va ser capaz de devolver el capital y los avales pendientes. Resta también saber cuánto será el coste final de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) por los avales otorgados por el FROB a los bancos que compraron cajas o bancos quebrados para cubrir posibles pérdidas de créditos de las entidades adquiridas.

No cabe duda que los costes de la crisis bancaria influyeron en los recortes de recursos para gastos sociales en el período recesivo en las áreas de educación, sanidad y protección social.

Los bancos españoles deberían tomar buena nota de lo exigido por la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en ingles MiFID. Este ente, que introdujo un mercado único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros en la Unión Europea, exige que las entidades financieras actúen “con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en interés de sus clientes”.