EL PROCESO ECONÓMICO

 

La dependencia de España del turismo internacional y la excesiva temporalidad han hecho que fuese en 2020 uno de los países europeos más afectados por la crisis económica de la pandemia, la mayor sufrida en tiempos de paz.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) atenuaron la destrucción de empleo, pero no pudieron evitar que la renta disponible de las familias cayera un 3,3% a lo largo del pasado año, como podemos observar en el siguiente gráfico:

Estos datos provienen de la contabilidad nacional, que es donde se elaboran a partir del registro de los flujos y fondos originados entre las unidades económicas del país, y entre éstas y el exterior.

El indicador más utilizado es el Producto Interior Bruto (PIB), que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final (sin incluir productos intermedios, para evitar la doble contabilización) durante un período determinado.

El PIB es el resultado de una multiplicación, en la que participan dos grandes factores: uno real, formado por las unidades físicas de bienes y servicios; otro, monetario, integrado por sus precios.

En las comparaciones intertemporales se recurre al PIB en términos reales, que excluye las modificaciones ocasionadas por los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base.

Para hallar el PIB real es suficiente dividir el PIB nominal del año por un índice conocido como “deflactor del PIB”, que refleja las variaciones de precios de los artículos producidos dentro del país, sin tener en cuenta la variación de precios en los artículos importados.

La valoración puede ser a precios de mercado, incluyendo los impuestos indirectos (IVA y otros) y las subvenciones a las empresas (fomento de investigación y creación de puestos de trabajo), y a coste de los factores, sin incluir ambos conceptos. La forma habitual de presentar los datos del PIB es a precios de mercado.

Un segundo indicador macroeconómico es la renta nacional, que está compuesta por todos los ingresos que reciben los factores productivos nacionales (tierra, trabajo y capital) durante un período, descontando los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos.

Para calcular la renta nacional neta a partir del PIB se resta la depreciación, denominada “consumo de capital fijo”, y dado el carácter interno del PIB, se suman las rentas recibidas desde el exterior por los residentes y se restan las obtenidas en el país por extranjeros.

Para conocer la parte de la renta nacional que llega a las familias se tienen que deducir los beneficios no distribuidos de las empresas (reservas). Y para hallar la renta disponible, que será consumida o ahorrada, se restan los impuestos directos a pagar (IRPF y otros) y se suman las transferencias que se reciben de las Administraciones Públicas (pensiones, subsidios de desempleo y otras prestaciones sociales).

Como resultado del proceso económico, la renta disponible neta media por persona en 2020, según el INE, quedó en 12.292 euros. Dado que el PIB por habitante a precios corrientes o de mercado fue de 23.670 euros, la renta que llegó a las familias para consumir o ahorrar representaba el 52% del producto bruto generado en el año

PRESIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD

 

En las últimas décadas se han ido modificando los resultados del pacto de bienestar más igualitario alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial, con políticas dirigidas a revertir la distribución de la renta, en un intento de legitimar un aumento constante de las diferencias de ingresos.

La desigualdad económica se presenta frecuentemente como algo natural, rechazando cualquier propuesta de reforma, hasta conseguir que sea aceptada socialmente, justificando muchas veces con argumentos basados en la meritocracia y el crecimiento económico.

La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus ha añadido cierta presión sobre la desigualdad salarial, a la que ha respondido la Administración Pública española con transferencias a los trabajadores en programas ERTE y a desempleados, que lograron amortiguar la caída de los ingresos de muchos trabajadores.

El gráfico de CaixaBank Research muestra la reducción de desigualdad, según el Indice de Gini (0 a 100, menos a más desigualdad). Puede observarse que de marzo a mayo de 2020, los meses más duros de la pandemia, es cuando las prestaciones sociales reducen más el nivel de desigualdad. Las ayudas sociales consiguieron que descendiera el incremento de desigualdad del 11% al 2,3%, es decir, un 80%

Aunque la desigualdad de ingresos se centra muchas veces en la dispersión en los niveles salariales, lo cierto es que depende también de la intensidad en el empleo, la regularidad con la que se está trabajando. Es el extremo caso español, con una tasa de temporalidad en torno al 25% y una proliferación de contratos laborales con duración reducida.

El aumento de la desigualdad durante la crisis financiera de 2008 se debió en España en un 89% a la caída del empleo y en un 20% a una mayor dispersión de lo salarios entre los trabajadores, unas cifras opuestas al promedio de los países de la OCDE, donde el 18% del aumento de desigualdad del período se explica por cambios en el empleo y el 82% por la mayor dispersión.

La evolución de la desigualdad durante la pandemia volvió a estar condicionada por los vaivenes en el empleo. Entre febrero y abril de 2020, el 90% del incremento de desigualdad salarial (antes de las transferencias públicas) fue debido a la caída del empleo. Resulta evidente, por tanto, que para corregir la desigualdad hace falta revisar las dinámicas del empleo.

Según los estudios, a comienzos de la pandemia, a partir de marzo de 2020, la probabilidad de continuar empleado se redujo de forma notable sobre todo en los trabajadores con menores ingresos salariales. En el 20% de los salarios más bajos, la probabilidad se redujo en un 38%, en tanto que en el 20% superior de la escala salarial, le reducción fue del 15%.

Por edades, los jóvenes han sido el colectivo más afectado por la pandemia en el mercado laboral. La probabilidad de estar empleado también se redujo más para los trabajadores nacidos en el extranjero que para los nacidos en España.

El incremento de la desigualdad respecto al nivel de la prepandemia es todavía considerable. La mejora en la empleabilidad de los trabajadores y el aumento de la intensidad en el empleo continuarán siendo las dos herramientas clave para ir corrigiendo la desigualdad.

RETIRADA DESGLOBALIZADORA

 

Tras la caída de actividad por la pandemia, el proceso globalizador está emitiendo señales preocupantes. Plantas de automóviles paradas por falta de semiconductores y barcos cargados de contenedores haciendo cola en puertos comerciales importantes evidencian una crisis en las cadenas mundiales de suministro de materiales.

La pandemia ha quebrado la exitosa logística de las últimas décadas, poniendo de relieve la arriesgada dependencia que los países occidentales tienen de algunos fabricantes asiáticos, especialmente de China.

Vemos en el gráfico de Bloomberg que se ha duplicado el porcentaje de contenedores en el tráfico marítimo mundial que llegan con retraso a su destino (64%)

Se están interrumpiendo las cadenas globales de suministro, que han permitido fabricar a bajo coste con piezas hechas en diferentes países. Hay dificultades para el tránsito de personas en algunas fronteras y el volumen de turismo ha descendido.

En una encuesta a 300 empresas, el 75% contestan que tuvieron retrasos en el suministro de materiales. El retraso medio en recibir maquinaria y vehículos fue de 90 días; electrodomésticos, 70 días, y aluminio, 60 días. Además, el precio medio de materiales como cobre, hierro y acero subió entre un 50% y un 60%. Escasez y aumento de precios van concatenados.

La lógica de las deslocalizaciones está cediendo paso a la necesidad de garantizar cierta soberanía. Francia anuncia un proceso reindustrializador, con apoyo decidido a la innovación, y muchos países plantean el autoabastecimiento en áreas esenciales como sanidad.

La extensión de la globalización había provocado la interdependencia de las economías, un proceso que se aceleró en la última década del siglo pasado. Este fenómeno, que ha contribuido al crecimiento económico, mejoró el nivel de vida y redujo la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero fomentó también el debilitamiento del tejido industrial en las naciones desarrollados.

La pandemia del Covid-19 ha reducido el comercio internacional, el motor de la globalización, que tardará en alcanzar los niveles previos a la pandemia.

No parece que el coronavirus vaya a quebrar la tendencia globalizadora, sino que se transforme, eliminando eslabones en las cadenas globales de valor y produciendo determinados bienes dentro de las fronteras nacionales o en países cercanos.

Quizás sea más acertado hablar de una ralentización que de vuelta atrás de la globalización. Intentar producir en el propio país todos los bienes y servicios que se necesitan puede provocar el encarecimiento de los productos, que llevaría a bajas retribuciones y un estancamiento económico.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

 

Hacia el siglo segundo a.C., un escritor cartaginés afirmaba que “la naturaleza ya no nos sustenta, la pestilencia y el hambre, las guerras y las crecidas deben considerarse, ciertamente, una solución para las naciones, como poda de la especie humana cuyo número se está volviendo excesivo”.

La cuestión de cuántas personas puede sustentar el mundo, que es objeto de investigación desde hace mucho tiempo, resulta también importante cuando se examinan los problemas del cambio climático.

La población mundial, que aumentó en el año 2020 en 82,3 millones, alcanzó al comienzo de este año 7.837 millones de habitantes, distribuidos del modo siguiente: Asia (59%), África (17%), Europa (10%), Latinoamérica (8%), América del Norte (5%) y Oceanía (1%).

Podemos observar en el gráfico el notable incremento poblacional de China e India, que juntos alcanzan cerca de 2.800 millones de habitantes, más del doble del conjunto de los cinco grandes países siguientes en el ranking (EE.UU, Indonesia, Pakistán, Brasil y Nigeria)

El crecimiento de la población suele analizarse a través de la denominada “transición demográfica”, que es el proceso por el que las características demográficas se transforman a medida que el país se desarrolla.

Los cambios del crecimiento de la población resultan de la interacción de la transición de la mortalidad y de la transición de la fecundidad, procesos ambos que han concluido en gran medida en lo países desarrollados, pero prosiguen en los que están en vías de desarrollo.

El elevado crecimiento de algunos países se debe a que las tasas de mortalidad han descendido más deprisa que las de fecundidad, lo cual significa que la transición demográfica no ha concluido.

Los demógrafos miden la mortalidad calculando la “esperanza de vida al nacer”, los años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento se mantuvieran durante su vida. Estos patrones apenas cambiaron hasta el siglo XVIII y han mejorado mucho en las últimas décadas, sobre todo en el mundo desarrollado. Hoy día, la esperanza de vida al nacer en la población española está en torno a 82 años.

La disminución de la mortalidad se debió a tres factores: la mejora del nivel de vida, sobre todo de la alimentación; las mejoras de las medidas de salud pública, como el suministro de agua potable, alimentos sanos y drenaje de ciénagas infestadas de mosquitos, y los tratamientos médicos en la cura de las enfermedades.

La tasa de fecundidad (número de nacidos dividido entre mujeres en edad fértil), ha descendido aceleradamente en el mundo desarrollado en el último siglo. En España ha pasado de 2,77 en 1975 a 1,18 en 2020. El mantenimiento poblacional requiere una tasa de 2,1.

La “tasa neta de reproducción” (TNR) es la medida que combina los efectos de la fecundidad y la mortalidad en el crecimiento de la población. Se define como el número de hijos que cabe esperar que tenga una niña que nace, suponiendo que mantenga durante su vida la mortalidad y la fecundidad de la población existente en ese momento.

Esta tasa indica la importancia del descenso de la mortalidad en el crecimiento de la población, al hacer posible que las mujeres vivan más años de su vida fértil y, por tanto, puedan aumentar la tasa de fecundidad, incrementándose así la tasa neta de reproducción.

En los países europeos, el descenso de mortalidad desde mediados del siglo XIX hizo aumentar la TNR. Después, tanto la mortalidad como la fecundidad redujeron más la tasa. Finalmente, a mediados del siglo XX, las mejoras de la mortalidad habían perdido su capacidad de influir en la TNR, ya que casi todas las niñas llegaban a los años fértiles, por lo que las nuevas reducciones fueron ocasionadas por la caída da la fertilidad

Los flujos de migración sirven de ajuste a los países específicos. En el caso de España, la población aumentó en 61.609 personas durante 2020 y se situó en 47.394.223 habitantes a 1 de enero de 2021. El saldo migratorio positivo de 216.244 personas compensó con creces el saldo negativo vegetativo de 153.167 personas (incluida una corrección estadística de -1.468)

Expertos en demografía aseguran que el colapso de la fertilidad puede ocasionar, a partir de la década de 2050, una caída sistemática y prolongada de la población en casi todo el planeta, salvo que reaccionen los Gobiernos implantando programas de ayudas sociales y fiscales a la maternidad, y facilitando la conciliación laboral y familiar.

MEGAFONDOS DE INVERSIÓN

 

El control del sistema financiero está pasando de los bancos a una compleja red interconectada de fondos de inversión y gestoras de activos, una revolución en las dinámicas del capitalismo que da enorme poder a los megafondos.

La transformación del sistema financiero fue impulsada por las políticas neoliberales de liberalización, privatización y desregulación de la economía financiera, eliminando los mecanismos de control y creando las mejores condiciones para el crecimiento de los fondos.

Los grandes fondos no dependen de los bancos centrales ni de los Gobiernos y escapan a la legislación internacional bancaria, operando a menudo desde paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos y garantizar el anonimato de sus inversiones. 

Los megafondos de inversión, entre los cuales se encuentran BlackRock, Vanguard y State Street, se dedican a captar capitales de las pensiones privadas, inversores particulares, fondos o bancos de inversión y fondos dependientes de los Estados.

Tras la crisis financiera de 2008, el crecimiento de estos fondos ha sido espectacular. Según los datos de la publicación “El salto”, BlackRock es hoy el fondo de inversión más grande del mundo y tiene 9 billones de dólares en activos, equivalentes a siete veces el PIB español, el 10% del PIB mundial.

En el caso español, los denominados “intereses del IBEX.35” están de hecho fuera de nuestras fronteras. Los nuevos oligarcas del mercado se encuentran en Manhattan (BlackRock), Pensilvania (Vanguard) u Oslo (Norges Bank)

La estructura de la propiedad de las acciones en España ha sufrido una profunda transformación en las últimas décadas. En marzo de 2021, los inversores extranjeros tenían el 57% del valor total del mercado español, frente al 30,6% que poseían cuando se creo el IBEX-35, en 1992.

Al crecimiento de las participaciones en poder de los fondos extranjeros han contribuido las privatizaciones (actualmente el Estado sólo conserva un 2,9% de la Bolsa española); la entrada en el euro, que evitó el riesgo de invertir en una divisa volátil, incentivando la inversión extranjera, y la crisis de las Cajas de Ahorro, que tuvieron que deshacerse de sus carteras industriales, un hueco financiero que llenó el dinero extranjero.

El poder del megafondo BlackRock es tal que su presidente se reúne con jefes de gobierno, banqueros y reguladores. Cada año envía una carta a los consejeros delegados de las mayores empresas del mundo indicando las líneas estratégicas que deberían seguir para recibir dinero del megafondo.

Un aspecto destacado de la evolución de los fondos es la concentración: los tres más grandes disponen del 25% de los derechos de voto de S&P 500, uno de los índices financieros más importantes de EE.UU, basado en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas.

Un ejemplo de la relación de los megafondos con las instituciones europeas es la consultoría contratada hace un año con la Comisión Europea. BlackRock asesora en la incorporación de criterios verdes y sociales en las finanzas. Esta concesión supone para la Comisaria del Pueblo europeo, Emily O´Reilly, un conflicto de intereses que puede afectar negativamente a la ejecución del contrato.

Pero el principal poder de los grandes gestores de activos es la amenaza de una retirada masiva de fondos de inversiones. Suelen recordar frecuentemente que su misión es asegurar el retorno de las inversiones que realizan. Si no lo consiguen, se van. Es el modo de ejercer su poder para lograr que se aplique su ideario político.