ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Según los datos utilizados por la organización Germanwarth para elaborar el Indice de Riesgo Climático, en las últimas dos décadas los eventos meteorológicos extremos han costado a España cada año una media de 696 vidas y 900 millones de euros 

El cambio climático, que incluye el calentamiento global y sus efectos, como los glaciares que se derriten, las tormentas de lluvia severas o las sequías más frecuentes, es causado por la actividad desarrollada por los seres humanos. 

El calentamiento es la consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero, como el metano que generan las actividades agrícolas y el dióxido de carbono (CO2) que surge en la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). 

Siguiendo la Identidad de Kaya, las emisiones de CO2, responsables de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero, pueden descomponerse del modo siguiente: 

Las emisiones dependen de cuatro variables: la población (P), el PIB por habitante (PIB/P), la eficiencia o energía utilizada por unidad de PIB (E/PIB) y las emisiones en proporción al consumo de energía (CO2)/E o intensidad de carbonización del mix energético (fuentes fósiles y renovables) 

Desde el punto de vista analítico, esta expresión señala que las emisiones de CO2 son directamente proporcionales a cada uno de los factores, lo cual permite que puedan analizarse separadamente 

Así, se ha podido comprobar que la población es una variable importante que influye en las emisiones de carbono. Con mayor número de personas son necesarios más recursos, que de una u otra manera están vinculados con el consumo de energía y, por tanto, con las emisiones de CO2 

El segundo componente, el PIB por habitante, tiene también un efecto directo sobre las emisiones de carbono. A mayor nivel de renta, las personas dispondrán de más recursos para comprar bienes y servicios, tales como electrodomésticos, vehículo, viajes…, que van a requerir energía y, en consecuencia, producirán emisiones. 

El tercer componente es la eficiencia energética o relación entre el consumo de energía y el PIB. La eficiencia depende de varios factores, entre los que destacan la estructura de los bienes y servicios obtenidos, la intensidad en su provisión y los modelos de transporte. La eficiencia varía mucho entre los países, incluso con similar nivel de PIB por habitante, debido al cambiante mix energético. 

El último componente, la intensidad de carbono o “suciedad” varía en función de los tipos de energía utilizados. Es alta en los fósiles, en tanto que en las energías renovables (hidroeléctrica, eólica y solar) el índice de carbonización es prácticamente nulo y en la energía de biomasa la carbonización es relativamente baja. 

La eficiencia energética depende de las tecnologías que ahorren energía y de las innovaciones que aumenten la productividad en la producción de los bienes y servicios. Cualquier aumento del precio de la energía, ya sea por la alteración de las condiciones del mercado o por un mayor gravamen de impuestos, hace que los sectores productivos cambien su comportamiento y elijan tecnologías que mejoren la eficiencia, aunque usen energía de origen fósil. 

En la la mejora en la eficiencia influye la capacidad para reemplazar la maquinaria y los equipamientos intensivos en energía por otros ahorradores. La velocidad a la que las empresas pueden adaptarse a situaciones de precios más elevados en la energía es la elasticidad de corto plazo de la demanda de energía respecto del precio, bastante menor que la de largo plazo. 

A partir de la Gran Recesión ha ido descendiendo el índice de carbonización, en gran parte por el aumento de la electricidad de origen renovable, que en 2018 representaba en España el 38% en el mix eléctrico, con la siguiente composición: eólica (19%), hidráulica (13%) y solar (6%). 

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han ido reduciendo la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2, pero la distancia de España respecto a la media del conjunto no termina de desaparecer. La diferencia ha pasado de 1 punto porcentual al 0,6% y los expertos la centran en las mejoras inferiores de la eficiencia energética en comparación con otros países. 

AYUDAS EN LA RECUPERACIÓN

 

Las medidas adoptadas por las autoridades para hacer frente a la crisis epidemiológica han implicado el cierre temporal de muchas actividades productivas y períodos más o menos severos de confinamiento de la población. Estos acontecimientos han promovido extraordinarias medidas púbicas que tratan de paliar los efectos adversos de la pandemia sobre la actividad económica y apoyar la fase de recuperación. 

La severidad de las restricciones ha afectado a la estructura productiva española, muy dependiente del sector de servicios y turismo, provocando el cierre del 20% de microempresas. La crisis sanitaria redujo en el año pasado en 360.105 los afiliados a la Seguridad Social y amplió en 724.532 el número de parados. 

El incremento de PIB del cuarto trimestre de 2020 no ha superado el 0,4% y la producción anual, como se puede observar en el gráfico. Se ha cerrado en torno al 11% por debajo del final de 2019, con pérdida significativa de bienestar social por la disminución del consumo en términos per cápita, el aumento de la desigualdad y el incremento de la mortalidad como consecuencia del coronavirus. 

En 2021 debería haber un rebote de la economía, pero continúa la incertidumbre generada por la aparición de la tercera ola de contagios, lo que empañará el proceso de recuperación. El Banco de España estima que el PIB de este año podría crecer entre el 4,2% y el 8,6% 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que grandes potencias como EE.UU y Japón no volverán a los niveles de producción anteriores a la pandemia hasta el segundo semestre de este año. Gran Bretaña y la Eurozona no alcanzarán tal nivel hasta bien entrado 2022. 

Este panorama económico ha hecho que la Unión Europea modifique el criterio mantenido en la Gran Recesión de 2008. En lugar de imponer medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal de los países, se ha embarcado en un endeudamiento común para aportar recursos a los países miembros, especialmente a los más golpeados por la crisis. 

La Comisión Europea inyectará dinero europeo para ayudar a empresas y familias. Para ello, ha aprobado el “Fondo Nueva Generación EU” de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 millones están destinados a España. Transferirá también otras partidas financieras para ayudar al desempleo y otorgar créditos a las pymes. 

El presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, junto con el “Fondo Nueva Generación EU”, un instrumento para impulsar la recuperación, constituye el mayor paquete de estímulos nunca financiado por la institución europea 

Se propone realizar las inversiones necesarias para ayudar a reconstruir la Europa posterior a la Covid-19, que ha de ser más ecológica, digital y resiliente. Este nuevo presupuesto aumentará también los mecanismos de flexibilidad para garantizar su capacidad de hacer frente a las incertidumbres del futuro. 

La financiación del presupuesto a largo plazo europeo, además de utilizar los recursos habituales, como los derechos de frontera, contribuciones de los Estados miembros en base al IVA y a la Renta Nacional Bruta de cada país, recurrirá al endeudamiento, tomando préstamos en los mercados financieros, a costes más reducidos que muchos Estados miembros. 

En busca de nuevas fuentes de ingresos para ayudar a reembolsar los préstamos, la UE anuncia que planteará, entre otras iniciativas, un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, un impuesto digital y un gravamen sobre las transacciones financieras. 

ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

La productividad laboral o simplemente productividad es la cantidad de Producto Interior Bruto (PIB) generado por hora de trabajo y se calcula dividiendo el PIB real entre las horas de trabajo agregadas. Si el trabajo es más productivo, las empresas estarán dispuestas a pagar más y se elevará la demanda de trabajadores, que de no alterarse su oferta, dará lugar al aumento tanto de los salarios como del empleo. 

En consecuencia, el incremento de la productividad laboral impulsa el crecimiento del PIB potencial de un país por dos motivos: el trabajo es más productivo y el nivel de empleo aumenta. 

A corto plazo, una economía puede lograr crecimientos de producción por habitante incrementando el porcentaje de la población que trabaja, pero a largo plazo el aumento de empleo no suele ser diferente del agrandamiento de la población, lo cual convierte a la productividad en el factor clave del desarrollo económico. 

La productividad en España, calculada en el gráfico como cociente entre el PIB real y el número de trabajadores equivalentes a tiempo completo, avanzó entre 2010 a 2013 a tasas del 2% y 3% anuales, descendió en 2014 y 2015 hasta el 0,3% y quedó prácticamente estancada a partir del 2016. 

España es una de las pocas economías desarrolladas en las que la productividad laboral crece más durante las recesiones que cuando está en expansión, debido a la disfuncionalidad del mercado de trabajo, la cual hace que la productividad crezca fundamentalmente por los despidos de trabajadores 

Otra característica diferenciadora de la economía española es el tamaño de las empresas. El país cuenta con cierto número compañías grandes y medianas, pero las pequeñas y las microempresas suman mayor proporción en el tejido empresarial español que en otros países europeos. Tampoco ayuda a mejorar la productividad los déficit de formación de los empleados, como consecuencia de la poca efectividad de las políticas activas de empleo. 

Al crecimiento de la productividad contribuyen tanto el capital físico (instalaciones y equipamientos) como el capital humano (conocimientos y habilidades) por trabajador, al tiempo que se implantan avances tecnológicos. 

Junto a la productividad laboral, otra medida de interés es la “Productividad Total de los Factores” (PTF), que es la producción que puede lograrse con una cantidad determinada de recursos. Si una economía consigue producir más con la misma cantidad de capital físico, capital humano y horas de trabajo, decimos que aumenta la PTF. Este incremento productivo, que suele atribuirse en su mayor parte al progreso tecnológico, resulta fundamental para el crecimiento económico de un país. 

La contabilidad del crecimiento muestra que desde mediados del siglo XIX la inversión de capital por trabajador contribuyó con el 50% a la productividad laboral; los aumentos en la eficiencia (PTF) aportaron el equivalente al 33% y el 17% es atribuible a la calidad del trabajo. 

A largo plazo, la tasa anual de crecimiento de la PTF suele situarse entre un 0,5% y el 0,6%, con crecimientos elevados en épocas de innovaciones tecnológicas, cambios estructurales y reasignaciones de trabajadores a sectores más avanzados. El incremento de la eficiencia productiva es el principal determinante de la mejora en el nivel de vida material de una sociedad. 

EL AHORRO DEL MIEDO

 

Una hipótesis básica sobre el comportamiento del ahorro familiar es la denominada del “Ciclo Vital”, según la cual las personas intentan mantener un flujo constante de consumo a lo largo de la vida, ahorrando durante su vida activa y desahorrando durante la vejez. 

Otra hipótesis muy conocida es la que se apoya en la “Renta Permanente”, distinguiendo entre la parte de renta que es mantenible en el tiempo y la que es transitoria. Cuando las familias consideran que determinado incremento de ingresos es transitorio, será ahorrado casi en su totalidad. 

Según estos modelos, el nivel de Producto Interior Bruto (PIB) por habitante y la evolución demográfica tienen gran influencia en la fijación de la tasa de ahorro y su evolución a largo plazo. También inciden en el nivel de ahorro factores estructurales tales como el nivel de riqueza, el envejecimiento de la población, el sistema fiscal y la distribución de la renta. 

Otro conjunto de variables actúa a corto plazo provocando fluctuaciones cíclicas en la tasa de ahorro por encima o por debajo de la tendencia a largo plazo 

Como observamos en el gráfico, al comienzo de la crisis financiera, en el primer trimestre de 2009, el ahorro familiar en España se situaba en torno al 10% de la renta disponible bruta trimestral. Descendió al 4,3% en el primer trimestre de 2014 y alcanzó el nivel más alto (24,4%) en el segundo trimestre de 2020, en la fase de confinamiento domiciliario para controlar la pandemia. 

Evidentemente, el último incremento de ahorro es en cierta medida forzoso, debido a las restricciones que imponía el confinamiento, como podemos comprobarlo al constatar que cayó a un nivel más normal en el tercer trimestre (15%). 

Este comportamiento explica, junto con la caída del tipo de interés, que las familias hayan acumulado un volumen elevado de efectivo y depósitos bancarios, una liquidez que vendrá bien para la financiación de la recuperación económica, junto con los fondos europeos y el apoyo financiero del Banco Central Europeo (BCE). 

En la situación financiera de las familias destacan las que disponen de ingresos superiores a la media, con trabajo estable, que ante la incertidumbre generalizada consumen menos, incrementando mucho la tasa de ahorro. Muy distinta es la posición de las familias con bajos niveles de ingresos o en situación de precariedad laboral y riesgo de paro de larga duración, en las que resulta impensable generar ahorro. 

El carácter poco previsible de la evolución sanitaria y las vicisitudes en la distribución de las vacunas aumentan la incertidumbre y el ahorro derivado del temor al desempleo, pero este incremento supone el recorte en el consumo, y el PIB de la economía española depende de la demanda interna en cerca del 60%. Hace falta que se mantenga el incremento de consumo iniciado en el pasado trimestre para consolidar la recuperación económica.