Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) establecen la previsión anual de ingresos y gastos de todas las entidades que forman parte del Sector Público Estatal, adscritos a los diversos Ministerios. No se incluyen los presupuesto completos de las Comunidades Autónomas ni de los entes locales (Diputaciones y Ayuntamientos)
En el conjunto de las entidades españolas que forman parte del sector público estatal se encuentran, además de la Administración General, las pertenecientes a la actividad financiera del Estado y de su intervención en la economía, como los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones, entidades gestoras de la Seguridad Social y consorcios.
Los PGE son elaborados por el Gobierno del Estado y se debaten y aprueban por las Cortes Generales (Congreso de Diputados y Senado) en base a las normas jurídicas establecidas y al calendario previamente fijado.
El Gobierno español ha presentado el proyecto de Presupuestos para 2021, un documento voluminoso y complejo, del que trataremos de extraer algunos aspectos significativos.
Con una cifra de gastos reales (no financieros) de 416.496 millones de euros y unos ingresos reales (no financieros) de 320.230 millones, el déficit del Estado se situaría al final de 2021 en el -7,7% del PIB y la deuda pública en el 117,4% del PIB, cuando al final de 2019, antes de comenzar la pandemia, el déficit y la deuda eran de -2,86% y 95,50%, respectivamente.
Como observamos en el cuadro esquemático del Ministerio de Hacienda, el nuevo gasto presupuestario supone un incremento de 17,5% sobre 2020 en las operaciones no financieras, aquellas que afectan a los agentes económicos.
En el reparto del gasto por políticas destaca el pago de pensiones (163.297 M. de euros), que lleva incorporado un incremento, por adaptación al IPC, del 0,9 % en las pensiones contributivas, y el 1,8% en las no contributivas. Esta partida presupuestaria supone un 39,2% del gasto total no financiero.
La segunda partida en importancia son las transferencias a otras administraciones públicas, por 70.288 M., fundamentalmente para atender los gastos de actividades de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, sobre todo educación y sanidad. Representa el 12,8% de gasto total.
Otras partidas relevantes para la gestión política serían el gasto en fomento de empleo, con 7.405 M., 29,5% más que en 2020; la inversión en infraestructuras, con 11.527 M, y la política de Ciencia, Innovación y Desarrollo, con 3.232 M, un 59,4% más que el año anterior.
Los recursos para sanidad aumentarán en 2021 en un 75% y los destinados a educación, en un 70%. El reforzamiento del Ingreso Mínimo Vital beneficiará a más de 2 millones de personas y se aumentará el indicador IPREM, que sirve de referencia para las ayudas públicas, en un 5%, hasta 564,7 euros mensuales.
Como vemos en el cuadro oficial, pese al incremento de la deuda pública en 2021, los gastos financieros van a mantenerse en una cifra similar a la de 2020 (31.740 M.), debido a la caída de la tasa de interés por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo.
Las operaciones financieras, con activos de 39.577,60 M. no se tienen en cuenta en el cálculo del déficit público, aunque sí se incluyen en la deuda. Son préstamos que hace el Estado y se recuperarán en los años siguientes. En cuanto al apartado de Pasivos Financieros (94.410,65 M) incluye los préstamos que corresponde devolver en 2021, pero que seguramente van a refinanciarse de nuevo.
Atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los subsectores que integran los PGE consolidados, corresponde al Estado el 45,5 por ciento del gasto, un 42,1 por ciento a la Seguridad Social, un 10,4 por ciento a los organismos autónomos, y el restante 2 por ciento al resto de entidades del sector público administrativo.
En cuanto a los ingresos, los recursos más importantes son los impuestos y las cotizaciones sociales, que representan en conjunto el 85,4% del importe total no financiero consolidado. El resto de recursos está compuesto, fundamentalmente, por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales.
En los ingresos directos, el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se incrementa en 2 puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales y en las rentas de capital y de ahorro se establece una subida de 3 puntos a partir de los 200.000 euros, una medida recomendada por la OCDE.
En el Impuesto de Sociedades, se reduce la exención por plusvalía o dividendos de filiales del 100% al 95%. La imposición sobre el Patrimonio incrementa el gravamen del último tramo del 2,5 al 3,5%, que es el que supera los 10 millones de euros.
Las bebidas azucaradas y edulcoradas tendrán un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% con el objetivo de combatir la obesidad infantil y enfermedades asociadas, aunque en bares y restaurantes continuará aplicándose el 10%.
La Ministra de Hacienda indicó que se han aprobado nuevos impuestos, como el de Determinados Servicios Digitales y el de Transacciones Financieras, y que está en tramitación el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Todos ellos tendrán reflejo presupuestario más adelante.
La Comisión Europea ha avalado el borrador de Presupuestos del Gobierno español, pero advirtiendo de ciertos riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, dado el alto nivel de endeudamiento. Bruselas teme que la deuda acumulada suba hasta el 120% del PIB.
