La grave crisis económica que atravesó España en 2008-2013 dejó secuelas en las familias: menores ingresos, alto nivel de desempleo, precariedad en la contratación laboral y debilidad financiera. La Encuesta Financiera de 2014 recogía el empobrecimiento de los hogares, cifrando la caída de la renta disponible en torno al 5,8% en el quinquenio.
Un indicador financiero de las familias es la tasa de ahorro sobre la renta disponible. En el siguiente gráfico se recogen los niveles de diversos países europeos:
La vulnerabilidad financiera de las familia se entiende como la capacidad para hacer frente a la pérdida de su principal fuente de ingresos. Se suele medir en función del tiempo en que una familia podría cubrir sus gastos vitales sin recurrir al crédito ni a vender propiedades. La situación se considera muy vulnerable cuando los recursos propios (ahorros) se agotarían en 3 meses; vulnerable, cuando se podrían soportar las cargas entre 3 y 9 meses, y se entiende como situación financiera segura cuando hay capacidad para resistir sin que entre dinero en el hogar más de 9 meses.
Tras la aparición del coronavirus, las medidas de confinamiento y de cese de actividad empresarial para evitar la expansión de la pandemia en España están teniendo un efecto muy negativo, sobre todo para las familias con escasos ahorros para afrontar la crisis.
Según la información del Banco de España, en base a los resultados de la “Encuesta de competencias financieras”, realizada entre 2016 y 2017, la crisis del coronavirus Covid-19 está golpeando a una sociedad en la que el 33% de las familias se encuentra en situación financiera muy vulnerable, un 24% resulta vulnerable y sólo el 43% alcanza el nivel de seguridad financiera. Por tanto, más de la mitad de las familias españolas no llega a alcanzar cierta seguridad económica.
La dualidad del mercado de trabajo español provoca una destrucción de empleo asimétrica. Entre los trabajadores asalariados, las funcionarios cuentan con la mejor posición, seguida de los trabajadores con contrato indefinido, y los contratados temporales están en situación precaria. Pero la mayor vulnerabilidad se encuentra en los parados, con escasas perspectivas de encontrar empleo.
Ante este panorama, hay que dar la bienvenida al “Ingreso Mínimo Vital”, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo, un programa de último recurso para el colectivo de pobreza extrema, con ayudas que oscilan entre 461,5 euros mensuales para un adulto solo y 1.015 euros para familias con varios componentes.
Los diseñadores del programa señalan expresamente que el objetivo de la ayuda, con un coste estimado anual de 3.000 millones de euros, no es cronificar la pobreza, sino establecer un itinerario de salida de la aciaga situación, para lo cual se exige a los beneficiarios que estén inscritos como demandantes de empleo.
Un indicador financiero de las familias es la tasa de ahorro sobre la renta disponible. En el siguiente gráfico se recogen los niveles de diversos países europeos:
Vemos que España se situaba en 2018 en la cola de capacidad de ahorro de los países, con un 4,9%, que representaba el 40% de la media de la Eurozona. En 2019, la tasa de ahorro español subió al 7,4%, pero aún estaba muy alejada de países como Alemania (18%) y Francia (14%).
La vulnerabilidad financiera de las familia se entiende como la capacidad para hacer frente a la pérdida de su principal fuente de ingresos. Se suele medir en función del tiempo en que una familia podría cubrir sus gastos vitales sin recurrir al crédito ni a vender propiedades. La situación se considera muy vulnerable cuando los recursos propios (ahorros) se agotarían en 3 meses; vulnerable, cuando se podrían soportar las cargas entre 3 y 9 meses, y se entiende como situación financiera segura cuando hay capacidad para resistir sin que entre dinero en el hogar más de 9 meses.
Tras la aparición del coronavirus, las medidas de confinamiento y de cese de actividad empresarial para evitar la expansión de la pandemia en España están teniendo un efecto muy negativo, sobre todo para las familias con escasos ahorros para afrontar la crisis.
Según la información del Banco de España, en base a los resultados de la “Encuesta de competencias financieras”, realizada entre 2016 y 2017, la crisis del coronavirus Covid-19 está golpeando a una sociedad en la que el 33% de las familias se encuentra en situación financiera muy vulnerable, un 24% resulta vulnerable y sólo el 43% alcanza el nivel de seguridad financiera. Por tanto, más de la mitad de las familias españolas no llega a alcanzar cierta seguridad económica.
La dualidad del mercado de trabajo español provoca una destrucción de empleo asimétrica. Entre los trabajadores asalariados, las funcionarios cuentan con la mejor posición, seguida de los trabajadores con contrato indefinido, y los contratados temporales están en situación precaria. Pero la mayor vulnerabilidad se encuentra en los parados, con escasas perspectivas de encontrar empleo.
Ante este panorama, hay que dar la bienvenida al “Ingreso Mínimo Vital”, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo, un programa de último recurso para el colectivo de pobreza extrema, con ayudas que oscilan entre 461,5 euros mensuales para un adulto solo y 1.015 euros para familias con varios componentes.
Los diseñadores del programa señalan expresamente que el objetivo de la ayuda, con un coste estimado anual de 3.000 millones de euros, no es cronificar la pobreza, sino establecer un itinerario de salida de la aciaga situación, para lo cual se exige a los beneficiarios que estén inscritos como demandantes de empleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario