La austeridad fiscal, también denominada política fiscal restrictiva, se asocia a cierto rigor en el control del gasto publico, sobre todo cuando los presupuestos registran saldos negativos que se consideran difíciles de corregir.
Las medidas de austeridad fiscal suelen incluir disminución de transferencias públicas y de prestaciones sociales, tales como subsidios de desempleo y pensiones, así como reducción de inversiones públicas. La otra faceta de la política de austeridad fiscal es el incremento de impuestos para mejorar el saldo presupuestario.
El objetivo de las medidas es reducir la necesidad de solicitar más créditos y demostrar a los prestamistas la buena predisposición para devolver las deudas. Se decía que era la mejor manera de dar confianza a los inversores financieros
Cuando una economía cae en recesión, la política fiscal contractiva, subiendo impuestos y recortando gastos, lo que hace es ahondar esa recesión, y el empeoramiento de la economía por la austeridad aumenta la desconfianza de los prestamistas de fondos.
A algunos les cuesta diferenciar entre la gestión de una familia y la administración de un Estado. Si una familia reduce sus gastos, le será más fácil devolver la deuda contraída. Pero este razonamiento no puede aplicarse a las cuentas de un Estado, porque el gasto de una persona es el ingreso de otras. La medida de austeridad que reduce el gasto termina disminuyendo la renta y reduce la capacidad para devolver las deudas.
En muchos casos, los déficit presupuestarios no son consecuencia de gastos excesivos de Gobiernos imprudentes, sino resultados de medidas de carácter temporal para afrontar una crisis. Cuando no existan riesgos de provocar una inflación o desincentivar a la inversión privada, forzar el recorte de gasto público suele resultar contraproducente.
Hace 10 años, el Gobierno español aprobó una serie de medidas para disminuir el gasto público en 15.000 millones de euros en dos años, entre las cuales se encontraban reducir un 5% los salarios públicos, suspender la revalorización de las pensiones y recortar de gasto farmacéutico.
Veamos en el siguiente gráfico (eldiario.es) las consecuencias de la política de austeridad fiscal en España durante la Gran Recesión:
En la larga recesión 2008-2012, el año 2009 fue el de mayor caída del PIB (4%). Comenzó cierta recuperación en 2010, pero las medidas de austeridad fiscal, sobre todo los recortes de gastos, contribuyeron a un segundo descenso de PIB, con el desempleo al 26% el 31 de diciembre de 2012.
En la crisis actual, consecuencia del azote del Covid-19, parece que las instituciones europeas están modificando los criterios aplicados en la Gran Recesión. Han quedado suspendidas las nomas fiscales sobre el saldo presupuestario, dejando a un lado la exigencia de recorte de gasto público, y se está debatiendo un paquete de ayudas, en especial para los países más afectados. La famosa “consolidación fiscal”, que suponía dar primacía a la austeridad, al menos mientras dure la crisis económica, ha quedado arrinconada.
Las medidas de austeridad fiscal suelen incluir disminución de transferencias públicas y de prestaciones sociales, tales como subsidios de desempleo y pensiones, así como reducción de inversiones públicas. La otra faceta de la política de austeridad fiscal es el incremento de impuestos para mejorar el saldo presupuestario.
El objetivo de las medidas es reducir la necesidad de solicitar más créditos y demostrar a los prestamistas la buena predisposición para devolver las deudas. Se decía que era la mejor manera de dar confianza a los inversores financieros
Cuando una economía cae en recesión, la política fiscal contractiva, subiendo impuestos y recortando gastos, lo que hace es ahondar esa recesión, y el empeoramiento de la economía por la austeridad aumenta la desconfianza de los prestamistas de fondos.
A algunos les cuesta diferenciar entre la gestión de una familia y la administración de un Estado. Si una familia reduce sus gastos, le será más fácil devolver la deuda contraída. Pero este razonamiento no puede aplicarse a las cuentas de un Estado, porque el gasto de una persona es el ingreso de otras. La medida de austeridad que reduce el gasto termina disminuyendo la renta y reduce la capacidad para devolver las deudas.
En muchos casos, los déficit presupuestarios no son consecuencia de gastos excesivos de Gobiernos imprudentes, sino resultados de medidas de carácter temporal para afrontar una crisis. Cuando no existan riesgos de provocar una inflación o desincentivar a la inversión privada, forzar el recorte de gasto público suele resultar contraproducente.
Hace 10 años, el Gobierno español aprobó una serie de medidas para disminuir el gasto público en 15.000 millones de euros en dos años, entre las cuales se encontraban reducir un 5% los salarios públicos, suspender la revalorización de las pensiones y recortar de gasto farmacéutico.
Veamos en el siguiente gráfico (eldiario.es) las consecuencias de la política de austeridad fiscal en España durante la Gran Recesión:
En la larga recesión 2008-2012, el año 2009 fue el de mayor caída del PIB (4%). Comenzó cierta recuperación en 2010, pero las medidas de austeridad fiscal, sobre todo los recortes de gastos, contribuyeron a un segundo descenso de PIB, con el desempleo al 26% el 31 de diciembre de 2012.
En la crisis actual, consecuencia del azote del Covid-19, parece que las instituciones europeas están modificando los criterios aplicados en la Gran Recesión. Han quedado suspendidas las nomas fiscales sobre el saldo presupuestario, dejando a un lado la exigencia de recorte de gasto público, y se está debatiendo un paquete de ayudas, en especial para los países más afectados. La famosa “consolidación fiscal”, que suponía dar primacía a la austeridad, al menos mientras dure la crisis económica, ha quedado arrinconada.
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