AFRONTANDO LA RECUPERACIÓN

Una vez superado el estado de alarma, la economía española vuelve poco a poco entrando en actividad. El camino a recorrer va a ser largo y estará lleno de riesgos, con la amenaza que supone la presencia de rebrotes de coronavirus.

Aunque algunos llegaron a predecir una superación bastante rápida de los efectos económicos de la pandemia, dibujando una especie de V, con el paso del tiempo parece que el destrozo causado va a ser mayor del esperado y llevará tiempo y esfuerzos salir de la crisis, lo cual supone que la recuperación puede trazar una V bastante asimétrica.

Observamos la caída de la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2020, hasta una tasa interanual del -4,3%, en tanto que las exportaciones netas consiguen mantenerse con una aportación positiva, en torno al 0,2%.

El alcance de la recesión va a depender básicamente de la eficacia de las medidas sanitarias en el control de los brotes de coronavirus. En la fortaleza de la recuperación influirán, junto al acierto de los apoyos económicos que se están aplicando, las decisiones de las instituciones europeas sobre las características del Fondo de Recuperación a constituir, tanto sobre su cuantía final como en el peso que acabarán teniendo los préstamos y las transferencias y, lógicamente, el método de asignación de los recursos a los países.

Según noticias de la prensa especializada, el plan propuesto por la Comisión Europea podría estar dotado con 500.000 millones de euros en ayudas directas y 250.000 millones en préstamos, con atención especial hacia los países que más han sufrido las consecuencias del Covid-19. El documento tendrá que ser debatido en el Consejo Europeo y en la Eurocámara entre los representantes de los países en los próximos meses.

La gestión de fondos a nivel europeo debería servir para orientar las ayudas al cumplimiento de las prioridades estratégicas de las Unión Europea en materia de clima y energía, además de impulsar reformas nacionales y propiciar la reestructuración de algunos sectores.

Una de las enseñanzas que deja la crisis sanitaria es la importancia estratégica de los servicios básicos de salud y los sistemas de protección social, por lo que, al afrontar la recuperación, se piensa en corregir el desmantelamiento que los recortes de la década de 2010 provocaron en los servicios públicos.

Organismo internacionales, como la OCDE y la Comisión Europea, que establecieron normativas estrictas de estabilidad fiscal y financiera, animan ahora a los Estados a aumentar el gasto público tanto como sea necesario para proteger a ciudadanos y empresas.

Como consecuencia de los ceses temporales de actividad, han sido también notorias las interrupciones en los suministros materiales de ciertas cadenas globales, como los problemas de indefensión ante el virus que ha sufrido el personal sanitario por las dificultades de aprovisionamiento de equipos de protección adecuados, lo cual lleva a la necesidad de replantear el grado de globalización conveniente para la economía de cada país.

Los esfuerzos se concentran ahora en apuntalar el tercer trimestre, cuya evolución va a resultar decisiva para ir compensando, aunque sea parcialmente, las caídas de PIB del primer semestre, y sentar las bases para impulsar el crecimiento económico, en una economía española con sectores afectados tan relevantes como el turismo y la automoción, que suponen en conjunto en torno al 23% del empleo.

ESFUERZO FISCAL EN LA PANDEMIA

Las medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad por la pandemia han dado sus frutos, a juzgar por la evolución favorable de los contagios y fallecimientos, al tiempo que ha mejorado notablemente la presión sobre la capacidad de atención hospitalaria. Pero no se puede olvidar que el coronavirus Covid-19 azota a un país que no había cicratizado por completo las heridas de la recesión anterior, consecuencia de la crisis financiera.

Como aplicar una política de recorte de gastos y subidas de impuestos para reducir el déficit público, al estilo de la aplicada en la crisis anterior, abocaría al país a una profunda depresión económica, el Gobierno ha lanzado un amplio programa de expansión fiscal, confiando en que se aprueben definitivamente los programas de ayuda europeos aún en debate.

El plan de apoyo de la Unión Europea vendría a asegurar que la crisis sanitaria no incremente las diferencias económicas que existen ya entre los países del euro. El objetivo sería favorecer el crecimiento de las economías y reducir el desfase entre el nivel de capacidad potencial y la producción real.

La crisis sanitaria puede convertirse en una profunda recesión económica si la repuesta no es capaz de ir compensando la caída de actividad de estos meses, que puede agravarse si se produce otro brote del virus. En cualquier caso, la política fiscal española tendrá que ser contundente para ayudar al sistema productivo y evitar el desempleo que los programas ERTE pueden aflorar.

Los analistas económicos coinciden en que el déficit público español de este año va a ser muy elevado (10% al 15% del PIB), tanto por el incremento de transferencias para afrontar el parón económico como por la caída de la recaudación consecuencia de la reducción forzada de la actividad. En previsión de los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas de los países, la propia Comisión Europea ha puesto en entredicho la normativa del plan de estabilidad, que situaba como límite de déficit el 3% del PIB, imposible de lograr este año, al menos en los países periféricos europeos, entre ellos España.

El Banco Central Europeo manifiesta su voluntad de facilitar el crédito que necesiten los países periféricos europeos. Esperemos que este mensaje continúe tranquilizando a los mercados financieros y sostenga a bajo nivel las primas de riesgo, evitando así pesadas cargas de intereses, difíciles de soportar para los países muy endeudados.

En el siguiente gráfico (El País) tenemos los cambios de tenedor de la deuda pública española, que ha superado ya el 100% del PIB


Observamos que en el último quinquenio la participación de los residentes españoles en la compra de deuda ha descendido en un 50%, en tanto que aumentaba la de los extranjeros en un 23,7% . El dato más relevante es que la proporción de las compras del BCE se han multiplicado por 5,3 lo que confirma la política de expansión monetaria y el apoyo decidido de la institución.

DEUDA PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La perspectiva de que se incremente sustancialmente el gasto público ha generado cierta preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda, que se ha notado en el aumento de la prima de riesgo de varios países periféricos europeos, aunque las tasas de interés se han sostenido sin significativos repuntes debido a las compras de bonos del Banco Central Europeo (BCE).

En la relación entre la deuda y el PIB, el crecimiento de este último viene a reducir la proporción que representa la deuda sobre la producción generada, una señal de la disminución de la carga a soportar por un país, en tanto que un mayor tipo de interés a pagar por el endeudamiento eleva el montante del servicio total de la deuda (devolución del capital más los intereses).

En esta combinación entre nivel de crecimiento y tasas de interés, la política monetaria del BCE ha conseguido situar el coste del dinero a un nivel muy bajo, que favorece a los países más endeudados, pero la crisis económica que ha provocado la pandemia está hundiendo el crecimiento del PIB en tasas negativas, lo cual hace que se incremente la carga sobre la producción generada en los países endeudados.

Por tanto, será importante que, una vez superada la crisis sanitaria, la recuperación económica avance rápidamente, hasta llegar en el menor tiempo posible a una situación en la que la tasa de crecimiento del PIB supere al tipo de interés de los préstamos.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del porcentaje de deuda pública sobre el PIB en diversos países, así como el incremento esperado este año.


Observamos que la estimación del nivel de deuda pública para España en 2020 (escala izquierda) llega al entorno del 110%. En cuanto a la variación anual prevista, la deuda española es la que más destaca (escala derecha), con un incremento alrededor del 18%.

En este caso, el incremento de la relación entre deuda y PIB obedece al efecto añadido de los dos factores: aumento del endeudamiento por mayor gasto público y caída del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020.

La última vez que la deuda pública española superó la barrera del 110% de PIB fue en 1902, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. El país era mucho más pobre, más desigual y muy endeudado. Se salía de una guerra, con pérdida de las colonias, y destrucción de capital físico y humano. Ahora estamos en otro tipo de contienda, enfrentados a un virus muy contagioso, saliendo de un parón económico súbito sin precedentes, para controlar la pandemia

Si en la reciente crisis financiera (2008-2013) el objetivo económico era estimular la demanda, siguiendo la política contracíclica keynesiana, ahora se trata de mejorar los recursos sanitarios y ofrecer apoyo a las personas y a las empresas, a fin de preservar la capacidad productiva de la economía

No cabe duda de que la recuperación económica va a necesitar nuevos estímulos, y también apoyos europeos, que las economías avanzadas podrán afrontar con tipos de interés extremadamente bajos por la política monetaria expansiva del BCE.

VULNERABILIDAD FINANCIERA DE LAS FAMILIAS

La grave crisis económica que atravesó España en 2008-2013 dejó secuelas en las familias: menores ingresos, alto nivel de desempleo, precariedad en la contratación laboral y debilidad financiera. La Encuesta Financiera de 2014 recogía el empobrecimiento de los hogares, cifrando la caída de la renta disponible en torno al 5,8% en el quinquenio.

Un indicador financiero de las familias es la tasa de ahorro sobre la renta disponible. En el siguiente gráfico se recogen los niveles de diversos países europeos: 

Vemos que España se situaba en 2018 en la cola de capacidad de ahorro de los países, con un 4,9%, que representaba el 40% de la media de la Eurozona. En 2019, la tasa de ahorro español subió al 7,4%, pero aún estaba muy alejada de países como Alemania (18%) y Francia (14%).

La vulnerabilidad financiera de las familia se entiende como la capacidad para hacer frente a la pérdida de su principal fuente de ingresos. Se suele medir en función del tiempo en que una familia podría cubrir sus gastos vitales sin recurrir al crédito ni a vender propiedades. La situación se considera muy vulnerable cuando los recursos propios (ahorros) se agotarían en 3 meses; vulnerable, cuando se podrían soportar las cargas entre 3 y 9 meses, y se entiende como situación financiera segura cuando hay capacidad para resistir sin que entre dinero en el hogar más de 9 meses.

Tras la aparición del coronavirus, las medidas de confinamiento y de cese de actividad empresarial para evitar la expansión de la pandemia en España están teniendo un efecto muy negativo, sobre todo para las familias con escasos ahorros para afrontar la crisis.

Según la información del Banco de España, en base a los resultados de la “Encuesta de competencias financieras”, realizada entre 2016 y 2017, la crisis del coronavirus Covid-19 está golpeando a una sociedad en la que el 33% de las familias se encuentra en situación financiera muy vulnerable, un 24% resulta vulnerable y sólo el 43% alcanza el nivel de seguridad financiera. Por tanto, más de la mitad de las familias españolas no llega a alcanzar cierta seguridad económica.

La dualidad del mercado de trabajo español provoca una destrucción de empleo asimétrica. Entre los trabajadores asalariados, las funcionarios cuentan con la mejor posición, seguida de los trabajadores con contrato indefinido, y los contratados temporales están en situación precaria. Pero la mayor vulnerabilidad se encuentra en los parados, con escasas perspectivas de encontrar empleo.

Ante este panorama, hay que dar la bienvenida al “Ingreso Mínimo Vital”, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo, un programa de último recurso para el colectivo de pobreza extrema, con ayudas que oscilan entre 461,5 euros mensuales para un adulto solo y 1.015 euros para familias con varios componentes.

Los diseñadores del programa señalan expresamente que el objetivo de la ayuda, con un coste estimado anual de 3.000 millones de euros, no es cronificar la pobreza, sino establecer un itinerario de salida de la aciaga situación, para lo cual se exige a los beneficiarios que estén inscritos como demandantes de empleo.

LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD FISCAL

La austeridad fiscal, también denominada política fiscal restrictiva, se asocia a cierto rigor en el control del gasto publico, sobre todo cuando los presupuestos registran saldos negativos que se consideran difíciles de corregir.

Las medidas de austeridad fiscal suelen incluir disminución de transferencias públicas y de prestaciones sociales, tales como subsidios de desempleo y pensiones, así como reducción de inversiones públicas. La otra faceta de la política de austeridad fiscal es el incremento de impuestos para mejorar el saldo presupuestario.

El objetivo de las medidas es reducir la necesidad de solicitar más créditos y demostrar a los prestamistas la buena predisposición para devolver las deudas. Se decía que era la mejor manera de dar confianza a los inversores financieros

Cuando una economía cae en recesión, la política fiscal contractiva, subiendo impuestos y recortando gastos, lo que hace es ahondar esa recesión, y el empeoramiento de la economía por la austeridad aumenta la desconfianza de los prestamistas de fondos.

A algunos les cuesta diferenciar entre la gestión de una familia y la administración de un Estado. Si una familia reduce sus gastos, le será más fácil devolver la deuda contraída. Pero este razonamiento no puede aplicarse a las cuentas de un Estado, porque el gasto de una persona es el ingreso de otras. La medida de austeridad que reduce el gasto termina disminuyendo la renta y reduce la capacidad para devolver las deudas.

En muchos casos, los déficit presupuestarios no son consecuencia de gastos excesivos de Gobiernos imprudentes, sino resultados de medidas de carácter temporal para afrontar una crisis. Cuando no existan riesgos de provocar una inflación o desincentivar a la inversión privada, forzar el recorte de gasto público suele resultar contraproducente.

Hace 10 años, el Gobierno español aprobó una serie de medidas para disminuir el gasto público en 15.000 millones de euros en dos años, entre las cuales se encontraban reducir un 5% los salarios públicos, suspender la revalorización de las pensiones y recortar de gasto farmacéutico.

Veamos en el siguiente gráfico (eldiario.es) las consecuencias de la política de austeridad fiscal en España durante la Gran Recesión: 



En la larga recesión 2008-2012, el año 2009 fue el de mayor caída del PIB (4%). Comenzó cierta recuperación en 2010, pero las medidas de austeridad fiscal, sobre todo los recortes de gastos, contribuyeron a un segundo descenso de PIB, con el desempleo al 26% el 31 de diciembre de 2012.

En la crisis actual, consecuencia del azote del Covid-19, parece que las instituciones europeas están modificando los criterios aplicados en la Gran Recesión. Han quedado suspendidas las nomas fiscales sobre el saldo presupuestario, dejando a un lado la exigencia de recorte de gasto público, y se está debatiendo un paquete de ayudas, en especial para los países más afectados. La famosa “consolidación fiscal”, que suponía dar primacía a la austeridad, al menos mientras dure la crisis económica, ha quedado arrinconada.