LA CAÍDA DEL TIPO DE INTERÉS

Tras la superación de la crisis de 2008, la evolución económica viene caracterizándose por un crecimiento económico moderado, muy baja tasa de inflación y tipos de interés próximos a cero.

En relación con los tipos de interés, los bancos centrales (Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana y otros) aplican una política monetaria expansiva cuando buscan aumentar la demanda de bienes y servicios de los países. Una mayor oferta monetaria reduce la tasa de interés, tiende a incrementar la inversión y, a través del multiplicador, crece el consumo, con lo que se llega a aumentar la demanda agregada de la economía.

Cuando una recesión adquiere el perfil de crisis financiera, los bancos centrales llegan a adoptar tres tipos de medidas que inciden en los mercados financieros: actuar como prestamistas de última instancia, dar garantías a los depositantes de fondos y ofrecer financiación a los mercados privados

Como prestamista de última instancia, un banco central presta fondos a entidades financieras cuando éstas no son capaces de conseguir créditos en los mercados privados. Por ejemplo, actúan como salvavidas de bancos con problemas de liquidez ante la retirada masiva de fondos por los depositantes.

Pero si el problema de un banco no es de liquidez sino de solvencia, porque está en situación de quiebra, los bancos centrales llegan a intervenir para garantizar los pasivos bancarios y evitar que los depositantes pierdan su dinero. En estos casos, los bancos centrales se hacen propietarios, al menos temporalmente, de los bancos comerciales que rescatan.

En ocasiones, los bancos centrales van más allá de sus operaciones habituales, como durante la crisis de 2008, comprando incluso bonos a corto plazo emitidos por empresas privadas, tratando de mantener la actividad económica cuando los mercados privados de crédito están agotados.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del Euribor, uno de los tipos de interés más importante en toda Europa:

Observamos una caída muy pronunciada, desde el 22% en 1977 hasta el 2% en 1999. En 2015 quedó al 0% y en 2018 entró en signo negativo.

Es evidente que la política de un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo (BCE), determina los tipos de interés nominales a corto plazo, pero las autoridades monetarias señalan que ellas no establecen el tipo de interés que quieren, sino que es la tasa de interés natural la que indica el tipo objetivo a perseguir por la política monetaria.

El BCE sí define directamente dos tipos de interés, que condicionan el resto de los tipos del mercado: la tasa básica de refinanciación (ahora al 0%) y la facilidad de depósito para los bancos (-0,5%)

La tasa de interés natural se corresponde a grandes rasgos con el tipo de interés real (el nominal menos la inflación) y viene determinado por la demanda y la oferta de empresas, familias y gobiernos de fondos para ahorrar e invertir. Es un tipo compatible con el funcionamiento normal de la economía y la estabilidad financiera.

La evidencia parece apuntar que el tipo de interés real estimado se ha situado en las principales economías avanzadas en niveles históricamente bajos, incluso negativos. Tanto en EE.UU como en Europa al comienzo de la crisis era en torno al 2%, y cayó a mediados de 2019 hasta el 1% en EE.UU y al 0% en la Eurozona.

Además de las políticas monetarias expansivas, en el descenso de los tipos de interés influyen el envejecimiento de la población y el descenso de la productividad, que desincentiva la inversión. El aumento de la esperanza de vida tiende a incrementar el ahorro de los trabajadores para hacer frente a la jubilación, en tanto que la caída de la natalidad y de la población activa reduce el crecimiento potencial de la economía.

Parece que los bancos centrales están asumiendo ahora que la caída pronunciada de los tipos de interés puede tener efectos secundarios al prolongarse en el tiempo. Tras varios años de tipos negativos en la Eurozona y abundante liquidez, los beneficios de la expansión monetaria empiezan a perder fuerza y aumenta el temor de que puedan generarse incentivos perversos a la toma de riesgos excesivos por los agentes económicos en busca de rentabilidad, que podrían afectar a la estabilidad financiera.

EQUIDAD INTERGENERACIONAL

Algunos analistas tienen la impresión de que la evolución económica y social de los últimos años puede haber creado cierto desequilibrio entre generaciones. Después de varias décadas de progreso material y social, muchas de las personas que nacieron en los años 80 y 90 (millenials) viven hoy en condiciones peores que sus padres, con dificultades para afrontar su futuro.

Este colectivo de jóvenes menores de 40 años ha tenido acceso a una formación mejor que la mayoría de sus padres, pero la crisis financiera de 2008 les ha afectado más que a los mayores. La recesión económica se ha ido superando, pero la tasa de jóvenes en paro sigue siendo elevada y muchos de los que trabajan tienen que soportar situaciones de precariedad.

El Banco de España confirma que los jóvenes son los más perjudicados por la Gran Recesión. Ningún otro grupo de edad ha sufrido un desplome mayor en rentas y patrimonios en la última década. El 25% de los jóvenes entre 30 y 40 años vive aún con los padres y el porcentaje llega hasta el 50% en el tramo de 15 a 29 años.

Los colectivos de más edad, que han podido aguantar mejor la crisis, se han visto en la necesidad de ayudar a los jóvenes. Son muchos los jubilados que están colaborado en mantener a sus hijos y nietos con sus pensiones.

Ante los retos a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas es frecuente que se cuestione el Estado de Bienestar. El envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad y las transformaciones económicas de las últimas décadas, entre otros factores, evidencian la necesidad de plantear una revisión del modelo social en vigor.

La adaptación a la nueva realidad debería llevar a aumentar el gasto en políticas familiares, infancia y dependencia. Las políticas de apoyo a las guarderías son inversiones en capital humano, en tanto que los apoyos a las familias y a las situaciones de dependencia permiten a las mujeres afrontar los retos profesionales sin cargas añadidas. Aumentaría así la participación de las mujeres en el mercado laboral, se generarían empleos de más calidad y el Estado tendría más recursos para hacer frente a las políticas sociales, entre ellas a las pensiones.

A falta de que se generen recursos suficientes para llevar a cabo tales políticas, los desequilibrios se tendrán que corregir con incremento de impuestos o menores gastos sociales. Hay que tener en cuenta que, debido al envejecimiento de la población, el colectivo en edad de trabajar se va reduciendo.

En el siguiente cuadro del Instituto Nacional de Estadística español tenemos las tasas de riesgo de pobreza (ingresos inferiores a la mediana del conjunto de rentas disponibles) , en %, en los últimos 5 años:




Observamos la elevada tasa de riesgo de pobreza del colectivo de 16 a 29 años, que se mantiene en torno al 28%, muy por encima del promedio general (21%); una cierta mejora del grupo de 30 a 44 años en los últimos períodos y un incremento de la tasa relativa de pobreza en los mayores de 65 años.

La contabilidad generacional mide la carga impositiva en la vida laboral de las personas y los beneficios sociales que recaen tras jubilarse en cada generación a lo largo de su ciclo de vida. El desequilibrio generacional será consecuencia del reparto de cargas entre la generación actual y las futuras

Las dificultades de los jóvenes, con escasas oportunidades de empleo estable, amenazan la sostenibilidad del sistema social, con riesgo de que se traslade a las siguientes generaciones el coste de la inacción política actual, propiciando situaciones de inequidad intergeneracional.

MERCADO DE EMISIONES DE CARBONO

La cumbre del clima COP25, que acaba de celebrase en Madrid, ha servido al menos para actualizar desde el mundo científico la información disponible sobre la crisis climática que atraviesa el planeta.

Las noticias no son buenas, porque este año alcanzaremos cotas máximas de emisiones de CO2, que es la causa principal del aumento de temperatura. Y la mayor fuente emisora son los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que acumulan el 75% de todo el CO2 emitido.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas que está presente de forma natural en nuestro entorno. Resulta necesario para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis. El problema surge con las emisiones desproporcionadas de la industria, el transporte y el estilo de vida actual, que han convertido a este gas en uno de los principales causantes del efecto invernadero, junto al vapor de agua, el metano, el ozono y otros. Todos ellos contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.

2019 es el segundo o tercer año más cálido desde 1850, cuando se iniciaron los mediciones fiables. Según el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la temperatura media del planeta estará este año 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales.

En el siguiente gráfico tenemos la desviación de la temperatura global (grados centígrados) respecto a la media del período 1961 a 1990 y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (partes de millón)

La figura muestra las tendencias ascendentes tanto de la temperatura global (línea azul) como de la concentración de CO2 en la atmósfera (en rojo)

Uno de los instrumentos que utiliza el análisis económico para mejorar las políticas públicas son los derechos de emisión de CO2, la negociación sobre los mercados de carbono, un asunto con importantes implicaciones económicas para las empresas y los Estados.

Se trata de los permisos que distribuyen los organismos públicos para que se puedan emitir determinadas cantidades de gases. Estas licencias se pueden comprar y vender entre las empresas contaminadores, con lo que se crea un mercado de derechos a emitir CO2.

Las empresas con diferentes costes de reducción de las emisiones pueden hacer entre ellas transacciones de permisos que resultan beneficiosas tanto para compradoras como vendedoras. Las instalaciones que mantengan sus emisiones por debajo de los derechos asignados pueden vender sus excedentes, al precio determinado por la oferta y la demanda de cada momento, a las empresas que estén necesitadas.

Por medio de este mecanismo, las empresas tienden a utilizar tecnologías y fuentes de alimentación más sostenibles medioambientalmente para evitar sanciones por sobrepasar los límites permitidos. Surge así un mercado de compra-venta de permisos para emitir más CO2 del autorizado, a cambio de una retribución económica a la empresa que ha hecho los deberes. Hay que demostrar anualmente que se tienen permisos para los gases resultantes de sus producciones y el incumplimiento es sancionado.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea constituye un hito de la política europea de lucha contra el cambio climático y su herramienta principal para reducir de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero. Constituye el principal mercado de carbono del mundo. Representa más de tres cuartas partes del comercio internacional de carbono.

La cantidad total de gases de efecto invernadero está sujeta a un límite máximo, que se reduce a lo largo del tiempo, de tal forma que las emisiones totales disminuyen. La Comisión Europea reparte una cantidad determinada de toneladas de permisos de emisión de CO2 entre los países miembros y estos los subastan entre las empresa de sectores tales como la aviación y las centrales térmicas, siderurgias, refinerías, cementeras y papeleras.

Al cierre de la cumbre COP25, las diferencias entre los países en la negociación sobre los mercados de carbono han sido tan grandes que, de nuevo, no se ha podido llegar a un pacto en Madrid. Y la presidencia ha admitido que los textos presentados no tenían el "suficiente consenso" para la aprobación, por lo que ha propuesto que se cierre en la próxima cumbre de Glasgow.

Las organizaciones ecologistas advierten de las limitaciones del mecanismo de los permisos de emisión de gases. Apuntan que pensar que el comercio de carbono va a conseguir resolver la crisis climática es una falsa esperanza. Greenpeace reclama acciones más decididas para recortar las emisiones de los gases de efecto invernadero.

TRANSFERENCIAS SOCIALES

Las transferencias comprenden tanto los pagos como los bienes y servicios proporcionados en especie a los hogares por las Administraciones Públicas, financiados por impuestos, cotizaciones sociales y otros ingresos públicos.

Los Estados vienen ocupándose de actividades sociales que se engloban dentro del Estado de Bienestar. Ofrecen servicios de educación y atención sanitaria gratuita, viviendas a bajo coste, pensiones de jubilación, rentas de garantía de ingresos y subsidios por desempleo, así como otros programas sociales.

Al final de la Segunda Guerra Mundial se fueron generando instituciones y estructuras públicas para garantizar el funcionamiento de la economía y prestar una mayor atención a las poblaciones, con servicios públicos, como pensiones, educación y salud, que debían financiarse con impuestos.

Los conflictos sociales de los años 60 impulsaron el incremento de la inflación y, al final de la década de los 70, la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que se extendió por muchos países, cuestionó el Estado de Bienestar, aduciendo que era muy costoso para ser atendido por el sector público.

El argumento de los economistas liberales se apoya en que la provisión pública es indeseable, con lo que tratan de limitar cualquier gasto social al mínimo posible. Pero resulta evidente que son los países más desarrollados los que en mayor medida han ido desarrollando el Estado del Bienestar. Este tipo de gastos no frenan el crecimiento económico y la creación de empleo, porque se incrementa la demanda de bienes y servicios.

Las transferencias sociales forman parte de la redistribución de la renta. A través del proceso redistributivo, el Estado, financiado por los impuestos, modifica en función de criterios equitativos el reparto realizado anteriormente por el mercado,

En el siguiente gráfico tenemos el impacto de las transferencias sociales, en %, para el año 2017, en diversos países europeos:


Observamos que el efecto de las transferencias sociales en reducir la pobreza es inferior en España (23%) al promedio que logran los países de la Eurozona (32%), lo cual pone en evidencia una menor eficiencia del sistema redistributivo.

Destacan los países nórdicos, con tasas altas de reducción de pobreza, en algunos casos con un efecto corrector a la distribución primaria del mercado por encima del 50%, en tanto que los países periféricos (España, Portugal, Italia y Grecia) consiguen recortar la desigualdad muchos menos.

Ante esta situación, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a las autoridades españolas que diseñen mejor el gasto social y lo concentren en las rentas bajas.

La OCDE llama la atención sobre la elevada pobreza infantil, motivada en parte por la falta de ayudas a las familias monoparentales, y por el alto riesgo de fracaso escolar, dado el elevado porcentaje de abandono temprano de las aulas en algunas Comunidades Autónomas de España, quizás por ausencia de un apoyo más individualizado a los estudiantes.

El organismo internacional hace énfasis en que el crecimiento económico debe equilibrar la productividad y la inclusividad. Se trata de utilizar el sistema fiscal y de transferencias sociales de manera eficiente y progresiva.

LA CARGA FISCAL

La subida o bajada de impuestos ha estado en el debate político en España en las últimas elecciones generales. Las propuestas más frecuentes han sido reducir impuestos, pero no han faltado planteamientos de subir la carga o presión fiscal (ingresos públicos totales sobre el PIB) y el gasto público.

La fiscalidad tiene influencia en la configuración de una sociedad justa y una economía sólida. Suele contribuir a corregir desigualdades, apoya la movilidad social y reduce las diferencias de renta que genera el mercado. Puede incidir también en las decisiones en materia de empleo y estimular el espíritu emprendedor y la innovación.

Los Gobiernos influyen en la actividad económica mediante los impuestos, el pago de transferencias (subsidios de desempleo, pagos de protección social…) y la compra de bienes y servicios.

La política fiscal puede lograr el incremento de la demanda con una reducción de impuestos o un incremento de gastos públicos, dado que aumentan el consumo al contribuir al crecimiento de la renta o ingreso disponible de las familias, formado por los ingresos menos los impuesto más las transferencias.

La demanda agregada se nutre también de los gastos e inversiones gubernamentales de bienes y servicios, tales como la construcción de escuelas y autopistas. Las inversiones públicas aumentan directamente el gasto total, pero tienen además un efecto indirecto añadido porque desencadenan una reacción acumulativa en el resto de la economía.

Según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la suma de los impuestos y las contribuciones sociales netas de España en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en 2018 en 35,4%, seis puntos porcentuales inferior a la media de la Eurozona, que alcanzó el 41,7%. Las tres grandes economías del euro superaban el 40%: Francia situó su presión fiscal en el 48,4%, Italia en el 42% y Alemania en el 41,5%.

Podemos observar en el siguiente gráfico la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea, junto con los promedios de la Eurozona y de la Unión en su conjunto.



Aunque los datos aportados por Eurostat señalan que la presión fiscal está en España unos 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, algunos estudios empresariales sostienen que, en términos de competitividad (presión fiscal normativa), teniendo en cuenta tanto la mayor proporción de economía informal como la inferior renta por habitante del país, el “esfuerzo fiscal” español supera de hecho al promedio europeo.

La estructura de ingresos fiscales en España indica que el mayor peso en el año 2018 correspondió a las contribuciones sociales, con el 12,4% del PIB, por debajo de la media del 15,4% de la Eurozona.

En segundo lugar se situaron los impuestos a la producción y a las importaciones, que representaron un 11,9%, también inferior a la media de los países del euro. En este apartado, el IVA supuso el 6,6% del PIB, frente al 6,9% de la media en los países de la moneda única.

Los ingresos del tercer conjunto, compuesto por el impuestos sobre la renta (IRPF) y el patrimonio, alcanzaron el 10,6% del PIB, por debajo de la media (13%) de la Eurozona.

Se puede decir que la presión fiscal tiende a ser el resultado de la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas y de la calidad de las instituciones. El incremento del nivel de la carga fiscal supondrá una mejora para el país cuando la evaluación de los resultados muestre un aumento de la eficiencia tanto de los impuestos como de las políticas publicas. Es necesario gastar mejor para que la sociedad acepte impuestos más elevados.





















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