Tras una década, España sale del llamado “procedimiento de déficit excesivo”, una normativa del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que regula las finanzas de los países miembros, los cuales deben mantener un déficit presupuestario inferior al 3% del PIB y una deuda pública que no sobrepase el 60% del PIB.
España logró cerrar 2018 con un déficit del 2,5% del PIB, tres décimas mayor del objetivo señalado por las autoridades europeas para el año, pero suficiente para abandonar el procedimiento, que se abrió a muchos países europeos durante la crisis, aunque únicamente quedaba activo para España. Se ha pasado, en el lenguaje de Bruselas, del “brazo correctivo” al “ brazo preventivo”.
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del déficit público de España desde 1995 hasta 2018, según Eurostat:
A partir de 2019, España estará en el “brazo preventivo”. Se vigilará el déficit estructural, el que se origina sin influencia del ciclo económico, y se prestará también atención al nivel de la deuda pública, que se situaba al comienzo del segundo trimestre de 2019 en 1,2 billones de euros, el 97% del PIB
Además de advertir sobre el elevado endeudamiento público, la Comisión Europea señala que la proporción de ciudadanos en “riesgo de pobreza y exclusión social” es superior en España a la media de la Unión Europea, que las tasas de pobreza entre los trabajadores son más elevadas y que se deben tomar medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
No cabe duda de que el nuevo Gobierno español va a tener la complicada tarea de atender a la exigencia europea de reducir tanto el déficit estructural como la deuda pública, al tiempo que afronta las medidas necesarias para mejorar el bienestar social.
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del déficit público de España desde 1995 hasta 2018, según Eurostat:
La Comisión Europea abrió el procedimiento por déficit excesivo en 2009, tras registrarse un 4,4% el año 2008. El nivel máximo se dio en 2012 (10,5%) y, acogiéndose a cuatro prórrogas, se fue reduciendo progresivamente.
A partir de 2019, España estará en el “brazo preventivo”. Se vigilará el déficit estructural, el que se origina sin influencia del ciclo económico, y se prestará también atención al nivel de la deuda pública, que se situaba al comienzo del segundo trimestre de 2019 en 1,2 billones de euros, el 97% del PIB
El gráfico muestra la evolución de la deuda pública española, consecuencia de los desequilibrios anuales acumulados, que crece incesantemente desde el año 2009, comienzos de la crisis financiera, hasta alcanzar el equivalente a 25.200 euros por habitante en abril de 2019.
Además de advertir sobre el elevado endeudamiento público, la Comisión Europea señala que la proporción de ciudadanos en “riesgo de pobreza y exclusión social” es superior en España a la media de la Unión Europea, que las tasas de pobreza entre los trabajadores son más elevadas y que se deben tomar medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
No cabe duda de que el nuevo Gobierno español va a tener la complicada tarea de atender a la exigencia europea de reducir tanto el déficit estructural como la deuda pública, al tiempo que afronta las medidas necesarias para mejorar el bienestar social.
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