LA FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA DEL SECTOR PÚBLICO

En una economía de mercado, al sector público se le atribuyen cuatro funciones: a) regular el marco institucional para garantizar el buen desenvolvimiento de la actividad económica; b) producir los bienes y servicios establecidos; c) estabilizar la actividad económica, gestionando las perturbaciones cíclicas e impulsando el crecimiento equilibrado, y d) redistribuir la renta a través de impuestos y gastos públicos

El nivel de la renta generada y su distribución entre las familias condiciona el bienestar económico de la población. La desigualdad en el reparto de la renta hace que algunos hogares se hallen en situación de vulnerabilidad económica, que a veces implica dificultad para afrontar los gastos mínimos necesarios o falta de capacidad para afrontar imprevistos, que suscitan inseguridad.

El riesgo de caer en la pobreza se incrementa cuando los ingresos familiares no superan el 60% del ingreso mediano, según el estandar aprobado en la Unión Europea. Con el empeoramiento que ha habido en el período de crisis, en España más del 21% de la población se encuentra actualmente en riesgo de pobreza. Si nos atenemos al indicador AROPE, que incluye también la situación de exclusión social, la tasa supera el 26%.

En el siguiente cuadro tenemos la evolución de las tasas de riesgo de pobreza en España, en porcentaje, según el Instituto Nacional de Estadística:

Aunque se observa una tendencia ligeramente descendente, las tasas están entre las más altas de la Eurozona.

El nivel de desigualdad en las rentas se deriva fundamentalmente de dos distribuciones. La inicial, llamada distribución primaria, ocurre en el mercado, cuando las empresas retribuyen con salarios a los trabajadores y atribuyen los beneficios a los inversores de capital. La segunda es la redistribución pública, con la que el Estado trata de alterar la desigualdad de la distribución primaria.

Las políticas de redistribución pública de la renta suelen seguir tres grandes líneas: disminuir la concentración de la renta, conseguir la igualdad de oportunidades y permitir la integración social de los excluidos

El aumento del desempleo y la caída de los salarios durante la reciente crisis han situado a España en uno de los países con mayor desigualdad en la distribución primaria de la renta generada.

Al mismo tiempo, el aumento de las prestaciones de desempleo y de pensiones han incrementado el nivel de la redistribución del Estado, pero en la recuperación económica España queda en la cuarta posición de menor capacidad de redistribución pública de la Eurozona, tras Estonia, Letonia y Lituania.

El índice de desigualdad GINI (0 a 100, menor a mayor), antes de las transferencias sociales, asigna a España con 50,7 y tras las prestaciones públicas se queda en 34,5, un efecto redistributivo de 16,2, muy inferior al de países como Portugal (26,6), Alemania (26) y Francia (21,5). Como señala el Observatorio Social de La Caixa, “España es uno de los países en el que las políticas públicas tienen menos capacidad de reducir la pobreza”

El origen de esta incapacidad para atender las necesidades sociales hay que situarla en la escasez de recursos que proporciona el sistema fiscal español. Los ingresos públicos están cerca de ocho puntos porcentuales por debajo del PIB medio de la Eurozona.

Esta insuficiencia de recursos afecta sobre todo a las prestaciones no contributivas, y reduce la eficacia del Estado en la corrección de las desigualdades. Por tanto, si se quieren mejorar las políticas públicas, habrá que aumentar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal y prestar mayor atención a las necesidades de las familias por situaciones de exclusión social y de vivienda.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico tiende a aumentar el impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente. Aunque en las últimas décadas ha habido algunas medidas que han tenido éxito medioambiental, existe una preocupación generalizada por los impactos del crecimiento económico continuado sobre el medio ambiente de la Tierra en su conjunto

Una de las herencias envenenadas que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos es el cambio climático, una consecuencia del calentamiento global, que es el aumento de la temperatura del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, oxido de nitrógeno, metano y otros) a la atmósfera.

El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones precisas para que exista vida, reteniendo el calor del sol. En caso contrario, la temperatura media del planeta sería de 18ºC bajo cero. Pero cuando retiene más calor del necesario, a consecuencia de los gases emitidos por las actividades de los seres humanos, la temperatura media aumenta (calentamiento global)

Las temperaturas en las ciudades españolas han venido subiendo en las últimas décadas. En los 30 años más recientes, la temperatura media de las capitales de provincia ha crecido en 1ºC. En las capitales donde los datos permiten remontarse más atrás, como Barcelona y Madrid, el incremento ha estado por encima de los 2ºC, más del doble de la media mundial,

Según el Observatorio de Sostenibilidad, ha habido un aumento medio de la temperatura urbana de España desde 15,10ºC del lustro 1988-1992 a los 16,06ºC del período 2014-2018. El calentamiento ha sido mayor en la zona mediterránea. Las 10 ciudades donde más ha subido la temperatura están en la parte este y sur del país.

El aumento global de la temperatura pone en peligro la supervivencia de la fauna y la flora de la Tierra, incluido el ser humano. El cambio climático provoca el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que trae como consecuencia el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros.

En el siguiente gráfico podemos observar el acelerado deshielo de los mares del ártico debido al calentamiento global



El cambio climático aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, tales como sequías, deforestación e incendios, así como la aparición de refugiados climáticos (migraciones masivas) y la destrucción de recursos económicos.

Se considera al cambio climático como la mayor amenaza para la salud mundial de este siglo. El riesgo es alto para la salud actual y futura de la población de todo el mundo. Las olas de calor afectan a la capacidad laboral, amenazan la seguridad alimentaria y aumentan la transmisión de enfermedades como el denge, el paludismo y el cólera.

Los economistas vienen a afirmar que es posible continuar con el crecimiento económico a largo plazo mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando fuentes de energía no fósiles, como la eólica, la solar o la nuclear, sin que afecte mucho al crecimiento del PIB real per cápita.

El mayor problema es la falta de incentivos para aplicar los cambios necesarios, porque la contaminación es una externalidad negativa, un coste que unas empresas e individuos imponen a otros sin tener que ofrecerles compensación. Hace falta una intervención pública para imponer una regulación que haga frente al cambio climático. Puede ser un impuesto sobre la cantidad de dióxido de carbono emitido, o bien, un sistema de topes máximos y derechos de emisión, con un límite global y compra de licencia por las empresas que los emitan.

Como el impacto de los gases de efecto invernadero sobre el clima es gradual, las emisiones actuales a la atmósfera no tendrán su efecto total sobre el clima hasta dentro de algunas generaciones, lo cual implica que es necesario llegar a un acuerdo entre nosotros para aceptar vivir ahora peor a cambio de que vivan mejor las siguientes generaciones.

POBREZA PERSISTENTE

Se pueden observar dos posiciones sobre la pobreza. Según algunos analistas, en el mundo existe igualdad de oportunidades y la pobreza obedece a un nivel de partida bajo económico y educativo de parte de la población, que irá desapareciendo con el tiempo.

Otro colectivo estima que el nivel de partida bajo condiciona las oportunidades, por lo que la pobreza no va desaparecer si no intervienen los Estados con políticas eficaces contra ella.

Hay que reconoce que la pobreza se ha reducido en el último siglo y medio, como consecuencia del desarrollo económico, pero están surgiendo algunas inquietudes en los organismos internacionales debido a que el ritmo de disminución es lento. Se teme que, si esta tendencia continúa, no se alcance la meta recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de poner fin a la pobreza extrema para 2030. Resulta engañoso esperar que desaparezca únicamente con el crecimiento económico.

Merece la pena comentar dos experiencias de abordaje de la pobreza persistente a través de políticas sociales: una de ellas en la ciudad de Barcelona, en base a la renta mínima, y la otra en una aldea de Bangladesh.

Con un alcance más limitado que la renta básica universal, un planteamiento siempre debatido, el Ayuntamiento de Barcelona está realizando una prueba piloto con 1.000 familias de los 10 barrios más pobres de la ciudad. Es un ensayo financiado en un 80% con fondos europeos. El objetivo es “pasar del asistencialismo al empoderamiento”, transmitiendo confianza a las personas.

Al recibir la ayuda ciudadana, que alcanza una media de 568 euros al mes (entre 100 y 1.600 euros, en función de la composición de cada unidad familiar y de lo que paguen por vivienda), muchas personas, especialmente mujeres, comienzan a relacionarse con su entorno y se está consiguiendo que mejore la dimensión comunitaria.

Se ha podido observar que desaparece el estrés de las familias por llegar a fin de mes y los empleados de servicios sociales pueden trabajar con ellas sobre materias como la formación laboral, la salud, la educación y la organización familiar. No cabe duda de que asegurar un mínimo de ingresos mejora la capacidad de tomar decisiones y las familias pueden pensar en el futuro con más calma.

Este proyecto de innovación social, que trata de dotar a los hogares de seguridad, libertad y mayor responsabilidad, palancas para superar la pobreza, será evaluado por cuatro institutos de investigación de varios países, que medirán su eficacia.

La segunda experiencia para salir de la pobreza persistente fue presentada por la economista italiana Oriana Bandiera en la Universidad de Barcelona. Planteó que, al analizar la realidad social, se observan dos situaciones de extrema pobreza. En una, se ha concedido a la familia el capital que necesita para llevar a cabo determinada actividad. Con esfuerzo, se consiguen rendimientos de la inversión, con lo que la familia va mejorando sus ingresos.

Pero en una segunda situación, la financiación recibida no ha sido suficiente para adquirir los medios productivos que requería la actividad a emprender, con lo que ha ido agotándose la ayuda recibida y se vuelve a la situación inicial. En este caso, las familias pobres no mejoran su situación. La pobreza es persistente.

La economista presentó los resultados del ensayo realizado en Bangladesh en cooperación con la ONG Brac. Se concedió a unas familias (a las esposas) una vaca, un activo que en Bangladesh tiene el valor equivalente a los ingresos medios anuales de una familia, para comprobar si ese capital servía para sacar a las familias de la pobreza.

Valorando los bienes de las familias en 2007 y 2011 se pudo observar que, independientemente de sus activos iniciales, la vaca sirvió para ir mejorando los ingresos de las familias. En cambio, en las familias que el capital inicial transferido no les permitía realizar la inversión, volvían al punto de partida al cabo de cuatro años.

Se puede constatar que, en presencia de individivisibilidades (una vaca viva no puede dividirse), existe un umbral mínimo en la inversión de capital inicial para que las familias vayan mejorando su situación, el impulso inicial necesario que conocen por experiencia muchas organizaciones de ayuda al desarrollo económico.

TENSIONES PROTECCIONISTAS

El debate sobre librecambio y proteccionismo ha sido permanente en la historia económica. Los librecambistas están convencidos de que eliminar las barreras comerciales mejora el nivel de vida de los países, en tanto que los proteccionistas entienden que los aranceles y las cuotas de importación son necesarias para el desarrollo económico.

Las guerras comerciales, en las que se utilizan como armas las barreras arancelarias, son tan antiguas como el comercio internacional y siguen teniendo importantes consecuencias en las economías de los países.

Desde la crisis financiera de 2008, a pesar de la retórica librecambista, muchos países desarrollados vuelven a utilizar instrumentos proteccionistas. Es el caso de la Administración norteamericana, que ha tomado un sesgo proteccionista bajo la presidencia de Donald Trump, quien declaró “soy un hombre de aranceles”.

El 18 de mayo termina el plazo para que EE.UU. decida si aumenta al 25% los aranceles para la industria del automóvil europea, en base a un informe del Departamento de Comercio norteamericano sobre la amenaza que suponen las importaciones para la seguridad nacional estadounidense.

Algunos analistas temen que, además de un golpe para el sector del automóvil europeo, el aumento de las tasas arancelarias pueda afectar a todo el mundo. Las importaciones de vehículos europeos, que actualmente se gravan un 2,5%, subirían al 25%, aunque podrían quedar en el 10%, el arancel que ahora grava la Unión Europea a los automóviles procedentes de EE.UU.

La Unión Europea es la principal potencia exportadora de vehículos, por delante de EE.UU., país al que vendió el 29,3% de sus exportaciones en 2017. En el mismo año, la Unión Europea tuvo un superavit comercial en el sector de 90.000 millones de euros

Los nuevos aranceles estadounidenses harán volver al país al nivel que estuvieron en 1970, tal como podemos apreciar en el siguiente gráfico:


A finales del siglo XIX, los aranceles representaban en torno al 30% del valor total de las importaciones de EE.UU. Era la época en la que el país intentaba reducir la entrada de bienes extranjeros a fin de no entorpecer el incipiente desarrollo de su sector industrial. La tarifa promedio se situaba en 6,5% en 1970 y cayó al 1,5% en 2016, nivel mínimo alcanzado.

La incertidumbre arancelaria ha afectado a las exportaciones alemanas, que suponen un 50% de su PIB y, por tanto, a la industria alemana, que representa el 30% del PIB. No cabe duda de que incidirá también en las exportaciones de España a Alemania, que suponen el 10,7% de las ventas al exterior. Dado que Alemania representa la tercer parte de la economía de la Eurozona, su ralentización prolongada tendría un efecto generalizado debido a la alta integración comercial y al peso de las cadenas de valor en Europa.

La paradoja que se puede observar es que muchos países desarrollados que ahora son partidarios del librecambio consiguieron su desarrollo precisamente aplicando políticas proteccionistas. Estos países están aplicando ahora la técnica conocida como “patear la escalera”: utilizar la protección cuando querían iniciar su desarrollo y ahora no permitir que la usen otros países que se esfuerzan también por lograr su despegue económico.