LA CIRCULACIÓN DE DINERO

Se entiende por dinero cualquier activo que sirva para comprar bienes y servicios. El dinero en circulación se compone de efectivo en manos del público y depósitos bancarios a la vista o cuentas corrientes contra las que se pueden realizar pagos. Estos dos activos financieros conforman la oferta monetaria en un sentido estricto, llamada M1. El agregado M2 incluye, además del M1, las cuentas de ahorro y algunos depósitos a plazo que pueden transferirse fácilmente a cuentas corrientes. Otros agregados monetarios recogen también partidas de plazo más amplio.

La velocidad con que circula el dinero es el número de veces que un euro cambia de manos durante el año, o bien, las veces que un euro se transforma en renta. Aunque habría que utilizar el conjunto de transacciones reales hechas en el período, el cálculo se realiza con el Producto Interior Bruto (PIB), puesto que a corto plazo hay una relación constante entre transacciones y PIB real.

El economista norteamericano Irving Fisher enunció a comienzos del siglo XX la “teoría cuantitativa del dinero”, que explica la relación entre la cantidad de dinero y las variables reales de la economía. Planteó la ecuación M*V = P*y, siendo “M” la cantidad de dinero (M1 o M2), “V” la velocidad de circulación del dinero, “P” el índice de precios (IPC o el deflactor del PIB) e “y” el PIB real.

La teoría cuantitativa del dinero establece que el nivel general de precios se relaciona positivamente con la cantidad de dinero, del tal modo que si se incrementa la cantidad de dinero (M), en la misma proporción subirán los precios (P)

Los economistas neoclásicos afirmaban que la velocidad de circulación del dinero es prácticamente constante, en tanto que los de tendencia keynesiana mantienen que cuando cambia la cantidad de dinero se altera también la velocidad de circulación.

Aunque la ecuación cuantitativa se aplica a la economía en su conjunto, también se puede establecer en términos de una familia. Por ejemplo, si la renta o ingreso de un hogar es de 36.000 euros anuales y, como promedio, se tienen para pagar gastos de 3.000 euros líquidos entre efectivo y cuenta corriente bancaria, la velocidad de su dinero será de 12 por año (36.000/3.000). Por tanto, la familia guarda dinero para un mes

No cabe duda de que en la velocidad de circulación influyen los métodos utilizados en las transacciones. En la medida que se hagan menos compras con dinero efectivo, menos habrá que retenerlo y “V” será mayor. Siguiendo con el ejemplo del párrafo anterior, en el que se mantenía dinero efectivo equivalente a 1 mes de renta, si se guarda dinero solo para 15 días, la velocidad de circulación se duplicará (36.000/1.500 = 24)


Observamos en el gráfico que las compras con tarjeta han superado al volumen de retiradas de dinero de los cajeros automáticos.

En el contexto de la crisis financiera, en la que los tipos de interés se han mantenido muy bajos, la velocidad de circulación ha sido descendente, lo cual significa que familias y empresas han tratado de mantener en forma líquida el dinero ahorrado el mayor tiempo posible, al no tener perspectivas de rendimiento como inversión financiera.

Cuando los bancos prestaban menos y las empresas reducían sus planes de inversión, el Banco Central Europeo (BCE) acudió en ayuda de la economía aumentando la liquidez y, por tanto, el volumen de dinero (M).

Aunque se temía que la expansión cuantitativa del BCE provocara incrementos de precios, se ha podido comprobar que no ha dado lugar a ningún aumento significativo de IPC (aunque ha incrementado los precios de los activos financieros).

En tiempos de crisis se suele escuchar entre la gente la expresión “el dinero no circula”, lo cual quiere decir que la velocidad de circulación ha descendido notablemente, sobre todo por la mayor retención de liquidez de bancos, familias y empresas no financieras.

NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA

Las economías de la Eurozona han conseguido en los últimos años cierto crecimiento sostenido, favorecidas, entre otros vientos de cola, por la política monetaria de acceso fácil a la liquidez y de tipos de interés muy bajos, pero el año 2019 trae nuevas directrices.

En un intento de normalizar la política monetaria, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), anunció en la última rueda de prensa la suspensión del programa de compra masiva de deuda pública y privada, pero aceptando el nivel actual de endeudamiento, es decir, reinvirtiendo el importe de los bonos que vayan venciendo, durante un tiempo prudencial, una especie de “respiración asistida” temporal.

La medida excepcional de expansión monetaria mantenida desde 2015 ha inyectado 2,6 billones de euros y ha conseguido que desciendan las primas de riesgo de los países de la Eurozona, contribuyendo a la recuperación de sus economías.

El BCE se prepara para subir los tipos de interés, que se mantienen en un histórico 0% desde marzo de 2016. El incremento se anuncia para después de este verano. Va a coincidir con un momento en que el crecimiento de las economías europeas tiende a ralentizarse y puede llegar a afectar a la prima de riesgo.

En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo, también conocida como diferencial de tipo de interés, es el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados en comparación con la nación de referencia (Alemania en la Eurozona).

También puede afirmarse que la prima de riesgo es la rentabilidad (interés) que exigen los inversores a un país para comprar su deuda soberana en comparación con la que se requiere a la nación de referencia. Refleja así la confianza de los inversores en la solidez de una economía.

Tenemos en el gráfico la evolución de la prima de riesgo española, que fue muy baja hasta el 2008, subió de modo acelerado entre 2010 y 2013, hasta alcanzar los 503 punto básicos (5,03% más de interés que la deuda alemana) y desde 2015, tras la intervención del BCE, ha oscilado en torno a los 125 puntos básicos.

Recordemos que la expansión monetaria excepcional del BCE ha sido una reacción de las autoridades a las consecuencias de la recesión que se inició en 2008, caracterizada por el estrangulamiento del crédito y el excesivo endeudamiento, que llevaron a la disminución de la disponibilidad de crédito y a la elevación de los tipos de interés. En tales circunstancias, empresas y consumidores quedaron con deuda excesiva y activos depreciados, situación que derivó en la reducción del gasto, empujando a la economía hacia un recesión.

En una crisis financiera, los bancos temen retiradas de depósitos de sus clientes o pérdidas de confianza de sus acreedores y deciden guardar sus recursos en lugar de prestarlos. Al mismo tiempo, empresas y consumidores con dificultades financieras pueden decidir no endeudarse a pesar del descenso de los tipos de interés, con lo que la bajada de los tipos no suele servir para mejorar el nivel de actividad económica. En un entorno así decidió el BCE, junto a otros bancos centrales, lanzar la excepcional expansión monetaria.

Si una desaceleración severa y baja inflación no aconsejan aplazarlo, el aumento de los tipos de interés que va a provocar la normalización de la política monetaria supondrá una atención más rigurosa de los mercado financieros a los países altamente endeudados, entre los cuales se encuentra España con cerca del 100% de deuda sobre el PIB, a fin de conocer la sostenibilidad de la trayectoria fiscal cuando tengan que pagar intereses más altos.

INDICADORES DE BIENESTAR

Aunque el Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador de referencia en macroeconomía y la medida del éxito o fracaso económico de los países, se discute con frecuencia la relación entre el nivel de renta por habitante y el bienestar de las poblaciones. Las reflexiones suelen admitir la vigencia del PIB como medida útil, pero apuntan a la necesidad de complementarlo con otros indicadores sociales de bienestar.

Es cierto que, además de medir el crecimiento económico y comparar el nivel de vida material de los países, los datos que aporta la evolución del PIB influyen en las decisiones de empresas y familias. Permiten también planificar las acciones de los Gobiernos y evaluar el cumplimiento de las políticas económicas.

Pero los datos de mejora económica suelen esconder con frecuencia aumento de desigualdad o estancamiento de pobreza, por lo que se plantean alternativas para medir el impacto que el crecimiento económico tiene realmente sobre el bienestar.

La opción más utilizada es el Indice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), como Programa para el Desarrollo Económico, con la finalidad de añadir a la perspectiva económica otros elementos que afectan a las condiciones de vida de las personas.

El Programa, que señala como objetivo del desarrollo humano el impulso de las capacidades de todas las personas, publicó el primer informe en 1990 y sus actividades han ampliado las fronteras del pensamiento social más allá del crecimiento económico, situando a las personas y el bienestar humano en el centro de las políticas públicas.

El indicador utiliza tres variables: la esperanza de vida al nacer, el nivel de educación y el PIB por habitante. La ONU añade también indicadores para recoger otros aspectos, tales como la Desigualdad, el Desarrollo de Género y la Pobreza Multidimensional.

Según el Informe de 2018 (datos de 2017), ordenando a los 189 países analizados, de mayor a menor puntuación (en el intervalo entre 0 y 1), el Indice de Desarrollo Humano sitúa en 2017 en las tres primeras posiciones a Noruega (0,953), Suiza (0,944) y Australia (0,939). Los países africanos continúan en las ultimas posiciones, con Niger (0,354) como cierre del ranking. España tiene un índice de 0,891, lo que supone una mejora respecto a 2016, año en el que era de 0,889, y ocupa el puesto 26.

La última versión del Programa subraya que los desequilibrios en las oportunidades y elecciones de las personas provienen de las desigualdades tanto en los ingresos como en la salud, la educación y el acceso a la tecnología.

En el siguiente gráfico se recoge la incidencia de la desigualdad en el Indice de Desarrollo Humano


Cuando existe desigualdad, el valor del indicador agregado se reduce. Observamos en el gráfico que la perdida porcentual de puntuación por la desigualdad es mayor a medida que desciende el nivel de desarrollo humano.

Las desigualdades hacen que el valor del IDH mundial de 0,728 en el año 2017 se reduzca hasta 0,582, una caída del 20%, que supone pasar de la categoría de desarrollo humano alto a desarrollo humano medio. La desigualdad en los ingresos es la que más contribuye a la desigualdad global, seguida por las diferencias en la educación y en la esperanza de vida.

En el caso de España, el índice desciende a 0,754, con una pérdida del 15,4%, lo cual denuncia una mayor desigualdad que le media (10,7%) en el nivel que ocupa el país (desarrollo humano muy alto).

En la perspectiva específica de desigualdad de género, a nivel mundial, el valor medio del IDH de las mujeres (0,705) es un 5,9% más bajo que el de los hombres (0,749) , brecha entre géneros que se amplía al 13,8% en los países con un desarrollo humano bajo.

Los logros en materia de desarrollo humano se quieren expresar no solo desde el punto de vista de la cantidad, sino también con una perspectiva de calidad. Así, una forma de evaluar la calidad de la salud es observar indicadores de “esperanza de vida sana”, que se cuantifica en un 12,0% inferior a la esperanza de vida en el conjunto de las regiones y grupos de desarrollo humano.

Para evaluar la calidad de la educación pueden utilizarse criterios de medición indirectos, como el número de alumnos por docente, que muestra amplias diferencias entre los grupos de desarrollo humano. En los países con desarrollo humano bajo dicha cifra es tres veces mayor que en los países con desarrollo humano muy alto (41 frente a 14). La preparación de los docentes es también muy diferente entre los niveles de desarrollo humano.

Una de las conclusiones del nuevo Informe es que la mayoría de las personas son más longevas en nuestros días, tienen un nivel mayor de educación y más acceso a bienes y servicios. Sin embargo, el hecho de vivir más no significa que todos puedan disfrutar de la vida durante más años. Asimismo, permanecer más tiempo escolarizado no supone aumentar capacidades y competencias equivalentes. Por lo tanto, en los años venideros “será importante trasladar el foco de atención a la calidad del desarrollo humano”.

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD

Se considera que un crecimiento económico es sostenible a largo plazo cuando aumenta la productividad (productividad del trabajo), que es la cantidad producida como media por los trabajadores o la producción por hora trabajada. Se puede afirmar que el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) real por habitante se debe precisamente al aumento de la productividad, la clave del crecimiento económico.

A corto plazo puede también aumentar la producción por habitante si se incrementa la parte de la población que trabaja, tal como ha sucedido en el período de recuperación de la economía española. Pero se ha podido constatar que a largo plazo la tasa de aumento del empleo está muy próxima al crecimiento de la población.

En los siguientes gráficos se representa la situación de varios países de la Eurozona, con sus rentas medias y productividades en el período de recuperación:


Observamos en el gráfico que, en el quinquenio tras la Gran Recesión, el crecimiento del PIB por habitante no se ha producido fundamentalmente por el incremento de la productividad, sino por la reducción del desempleo, incorporando parados al trabajo. En el caso de España, la productividad sólo creció a una tasa anual de 0,48% (2,4/5) en el quinquenio y la renta media aumentó a un ritmo anual del 2,8% (14,1/5), por el incremento del empleo.

Hay tres factores básicos que determinan la productividad del trabajo: la disponibilidad de capital físico (maquinaria y demás equipamientos), el potencial o capital humano (formación) del trabajador y el progreso tecnológico.

La formación y experiencia del trabajador se considera hoy día más importante que el capital físico para el incremento de la productividad, pero probablemente el determinante clave es el progreso tecnológico, que se puede definir como el avance en los medios tecnológicos y organizativos para la producción de bienes y servicios.

Los tres factores citados tienden a aumentar a lo largo del tiempo. Cuando los trabajadores están equipados con más maquinaria, reciben mejor formación y se benefician de mejoras tecnológicas.

La función de producción agregada, que trata de descomponer los efectos de los tres factores sobre la producción total, presenta rendimientos de capital físico decrecientes, de tal manera que si la cantidad de capital humano (formación) por trabajador y el estado de la tecnología se mantienen constantes, cada incremento sucesivo de capital físico por trabajador genera un menor aumento de la productividad.

La economía puede lograr mayor producción por trabajador con la misma cantidad de capital físico y de capital humano por el efecto del progreso tecnológico (innovación), que recibe el nombre de “productividad total de los factores”. Por ejemplo, las estadísticas norteamericanas señalan que, en los sectores agrarios, el 46% del incremento de productividad entre 1948 y 2008 se debió a la productividad total de los factores.

El aumento de la productividad es un gran reto para la economía española. A largo plazo, el crecimiento no vendrá impulsado por el incremento de capital físico o humano, sino por el avance en la productividad total de los factores, que algunos denominan “crecimiento inteligente”. Este componente no ha tenido crecimiento alguno en España en el último quinquenio, debido, entre otros aspectos, al reducido tamaño de las empresas y al bajo aprovechamiento de las nuevas tecnologías y los sistemas organizativos.

EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Hay cierta preocupación en las instituciones financieras internacionales sobre los excesos especulativos en algunos mercados financieros, en los que se están alcanzando elevados niveles de endeudamiento, que ponen en riesgo de deterioro los estándares crediticios, al conceder préstamos a grupos empresariales endeudados o con calificaciones crediticias débiles.

Algunos expertos estiman que las economías se están haciendo muy vulnerables con el aumento del nivel de deuda no financiera, que el Informe de Estabilidad Financiera Global, del FMI, estima que había alcanzado al término de 2017 un nuevo máximo histórico equivalente al 250,7% del PIB mundial.

Las economías de los países desarrollados han recuperado el crecimiento con el viento de cola de la liquidez abundante y con la ayuda de los muy reducidos tipos de interés, pero no se habrá cerrado el ciclo, ni podremos ver todas sus consecuencias, hasta que esas dos variables financieras vuelvan a sus razonables cifras.

Entre los países que han visto aumentar su endeudamiento se encuentra España. En el siguiente gráfico tenemos una perspectiva global de la evolución en las dos últimas décadas



Observamos el enorme aumento de la deuda entre 1995 y 2012. Los Hogares y Empresas han conseguido reducirlo en los últimos cinco años, en tanto que la Administración Pública no ha logrado disminuir la proporción de la carga, pese al sólido crecimiento económico, con lo que la deuda global no financiera española se sitúa en torno al 230% del PIB

Con la finalidad de prevenir el riesgo sistémico del sector financiero, el Gobierno español ha aprobado la creación de la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi), que tendrá dos Consejos: uno que emita alertas y recomendaciones públicas, y un segundo, que brinde al Banco de España instrumentos capaces para frenar un incremento excesivo de crédito. Se trata de evitar que con una supervisión individual a cada banco, como se ha realizado hasta ahora, se pierda la visión global de los riesgos.

Aunque desde Bruselas se vigile la creación de burbujas, las normas europeas dejan a cada país la posibilidad de instaurar medidas para frenar el crédito, dado que suelen dificultar el crecimiento y resultan claramente impopulares.

El Banco de España podrá establecer límites a las condiciones en que se dan los créditos, estableciendo el número de veces que un préstamo puede sobrepasar los ingresos anuales del hipotecado, así como restringir la cantidad mensual que se paga de hipoteca respecto a la renta disponible, fijar el valor del crédito respecto al de la vivienda, que ahora ha vuelto a los niveles del 80%, así como limitar el plazo de devolución del préstamo.

Además, el Banco de España podrá fijar un tope a la concesión de crédito a un sector, como el inmobiliario, o limitar el crédito al consumo. También podrá exigir a los bancos más capital para contrarrestar el crecimiento del crédito en un sector económico específico.

Con la política monetaria y la supervisión bancaria en manos del Banco Central Europeo y la política fiscal controlada por las autoridades europeas, esta nueva política llamada “macroprudencial” es la única que dispone el Banco de España para gestionar los vaivenes del ciclo económico y evitar la caída en nuevas recesiones profundas.