CAMBIOS EN EL CORTO PLAZO

El ciclo económico abarca la serie de fases por las que habitualmente pasa la economía, con unos períodos de expansión, que acaban en el auge, y otros de recesión, que pueden llegar hasta la depresión, cuando el descenso es importante. En las fases alcistas mejora la economía y se crea empleo, en tanto que decae la situación en los períodos de contracción, que es cuando afloran las crisis económicas.

Con datos de la economía española, el siguiente gráfico indica la evolución de las tasas de variación del Producto Interior Bruto (PIB) en la última década:


En la segunda mitad de 2011, la economía española estaba ya en recesión y, tras tocar fondo en 2012 con una caída del PIB del -2,9%, inició la recuperación, reduciendo el nivel de descenso en el 2013 al -1,7%, hasta conseguir tasas de crecimientos positivas en los siguientes años, superando el 3% anual. La fase recesiva 2009-2013 ha sido la más larga y la de mayor retroceso productivo de la economía española en las últimas décadas.

Podrían destacarse como causantes principales de la caída, además de los problemas financieros, la debilidad del gasto privado y del gasto público, condicionado este último por la consolidación fiscal exigida desde las autoridades europeas, que provocaron un fuerte retroceso de la demanda interna.

La caída de las rentas reales, debida a los recortes presupuestarios, la debilidad del mercado de trabajo y las alzas en los impuestos directos e indirectos, junto al elevado nivel de endeudamiento de los hogares, ejercieron una presión contractiva sobre la capacidad de gasto real de las familias.

La inversión empresarial se encontraba muy debilitada a causa de las restrictivas condiciones de acceso a la financiación y, además, la capacidad instalada estaba infrautilizada. La elevada incertidumbre tampoco animaba al emprendimiento de nuevos proyectos.

Las ganancias en competitividad, basadas en la contracción de los costes laborales unitarios, y la mayor propensión de las empresas españolas a acceder a los mercados internacionales hicieron que la exportación fuera el soporte fundamental para superar la fase recesiva.

Con la mejoría en el sector exterior, las necesidades de financiación del conjunto del país fueron descendiendo, llegando a registrar una capacidad de financiación desde la segunda mitad del 2012, tras décadas de déficit exterior en la balanza de pagos por cuenta corriente.

A la altura de 2018, puede afirmarse que los impulsores del robusto crecimiento del PIB en los últimos tres años han sido la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE), con tipos de interés cercanos a cero, el abaratamiento del precio del petróleo y el incremento de las exportaciones como consecuencia del buen momento del comercio internacional.

Pero los motores del crecimiento podrían perder fuerza y se avecinan cambios en el corto plazo. El BCE ya ha anunciado que irá descendiendo el volumen de compra mensual de bonos a los países, aunque mantendrá hasta mediados de 2019 el tipo de interés en torno a cero, y el precio del petróleo ha subido de 30 dólares al entorno de 80 dólares En cuanto al volumen de comercio mundial, el afán proteccionista de Trump no puede hacer más que empeorar las relaciones internacionales.

Tratando de activar la política fiscal, el Gobierno se esfuerza por lograr para 2019 un incremento en el techo de gasto del 4,4%, la cifra que señala el límite máximo que pueden gastar los ministerios. El déficit público debe descender del 3% este año y situarse en 2019 en el 1,8% en lugar del 1,3% previsto, un compromiso aceptado en la reunión de la ministra de economía con las autoridades europeas. Este 0,5% del PIB concedería una capacidad mayor de gasto e inversión de 6.000 millones de euros.

DESCIENDE EL PRECIO DEL TRABAJO

Aunque el precio del trabajo, como el de cualquier bien o servicio, se dice que está sujeto a las leyes del mercado, lo cierto es que el Estado influye en el coste laboral al intervenir regulando las condiciones de contratación y protegiendo al trabajador ante contingencias individuales, tales como enfermedad, accidente y vejez, así como auxiliándole en las oscilaciones económicas coyunturales con la prestación de desempleo.

La Constitución alemana de Weimar (1919) sentó las bases del Estado de Bienestar, que se extendió por Europa tras la Segunda Guerra Mundial, garantizando a los sindicatos la negociación colectiva, para que el trabajador no se enfrente directamente al empresario. El Estado reconoció también formalmente el derecho al trabajo, asumiendo cierto compromiso de crearlo para todos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) viene publicando cada año el Indice de Precio del Trabajo (IPT), con las variaciones debidas exclusivamente a las presiones del mercado laboral. Se realiza a partir de los datos proporcionados por las Encuestas de Estructura Salarial.

El IPT se calcula como una agregación ponderada de índices simples, cada uno de los cuales es una agrupación representativa de los puestos de trabajo existentes en la economía. El conjunto de estas agrupaciones de características comunes constituye la base para el cálculo del IPT.

El objetivo es medir la variación salarial en el tiempo, sin que dicha medida esté afectada por cambios en la calidad y cantidad de trabajo realizado (por ejemplo, por cambios en la composición de la fuerza de trabajo, en el número de horas trabajadas, en el tipo de contrato, en las características de los asalariados, etc.)

Por tanto, el cálculo del precio del trabajo elimina los cambios de composición del empleo, que han sido elevados en los últimos años por un aumento del peso relativo de los trabajadores con mayor formación y experiencia que, en promedio, perciben salarios más elevados.

Hace unos días se publicó el IPT español correspondiente a 2016. Para sorpresa de muchos, el índice cayó respecto del año anterior un 1,3%, cuando el empleo crecía un 3% anual. Las alteraciones varían mucho entre Comunidades Autónomas, desde un incremento del 0,6% en Extremadura hasta una caída del 2,4% en la Comunidad Autónoma del País Vasco

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del Indice de Precio del Trabajo en España:


Tras la caída salarial de los peores años de la crisis financiera, 2011 a 2013, con la recuperación económica el índice del precio del trabajo había subido, pero de nuevo descendió en 2016, último año con datos.

La actividad económica con mayor aumento en el precio del trabajo en 2016 respecto a 2015 fue la Administración Pública, al serles devuelta a los funcionarios parte de una paga extraordinaria retenida anteriormente. Por el contrario, el mayor descenso se dio en Información y Comunicación (–3,6%).

La variación anual fue más negativa en las mujeres (-2,2%) que en los hombres (-0,7%). En cuanto a los grupos de edad, el mayor descenso se registró en los menores de 25 años (-5,3%) y el menor en los mayores de 55 ños (-0,3%)

La OCDE advierte de un estancamiento salarial inaudito en España pese al empleo creado. Según el último informe, es el segundo país del grupo de 37 Estados (sólo ligeramente por detrás de Grecia) con un mayor nivel de pobreza en el segmento de población en edad de trabajar, debido al descenso en el salario real y a la creación de puestos de trabajo de mucha peor calidad que antes de la recesión.

La situación laboral debería mejorar en los próximos meses, dado que la reciente negociación colectiva entre los sindicatos y las organizaciones patronales ha pactado una subida salarial fija anual del 2% más otro 1% variable en función de la productividad, la situación de las empresas y el absentismo injustificado. Pero la variación del IPC puede convertir este incremento en meramente nominal, sin aumento de capacidad adquisitiva, puesto que la inflación a nivel de junio de 2018 acumula ya una subida interanual del 2,3%.

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA

El Instituto Nacional de Estadística español ha publicado recientemente la “Encuesta de condiciones de vida" (ECV), basada en criterios de la Unión Europea, que permite disponer de datos comparativos para conocer la evolución socioeconómica del país.

Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan su existencia, bajo sus circunstancias individuales y en el contexto económico y social en el que les toca vivir. La situación es precaria cuando se cuenta con escasos recursos económicos, con dificultades para acceder a un empleo, en ocasiones con escaso nivel educativo y, a veces, con el agravante de de una mala salud.

La encuesta revela que, en conjunto, los hogares españoles aumentaron un 3,1% sus ingresos medios anuales en 2016, hasta 27.558 euros. El ingreso medio por persona alcanzó los 11.074 euros.

Con los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. Se considera que un adulto viviendo sólo es una unidad de consumo, dos adultos constituyen 1,5 unidades y un hogar formado por dos adultos y dos niños estaría formado por 2,1 (1+0,5+0,3+0,3=2,1) unidades de consumo.

Recordemos que la mediana no es el ingreso medio, sino el que se encuentra en medio en la lista ordenada de menor a mayor ingreso. El riesgo de pobreza aumenta o disminuye con el cambio de la mediana de los ingresos del colectivo.

El umbral de riesgo de pobreza para hogares de una persona (calculado con datos de 2016) se situó en 2017 en 8.522 euros y en hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años fue de 17.896 euros.

La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad. No se trata de pobreza absoluta, sino que señala cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población.

En 2017 (y teniendo en cuenta los ingresos de 2016) el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza) se situó en el 21,6% de la población residente en España, frente al 22,3% del año anterior.

Por grupo de edad, la tasa de riesgo de pobreza se redujo 1,4 puntos en el grupo de edad de 16 a 64 años y bajó 0,8 puntos para los menores de 16 años. Por el contrario, aumentó 1,8 puntos para los mayores de 65 años.

Un indicador de riesgo de pobreza más amplio, el AROPE, además de los ingresos, toma en consideración las carencias materiales o la baja intensidad de empleo. Por tanto, abarca también a la población en riesgo de exclusión social, como consecuencia de los ingresos por unidad de consumo inferiores al 60% de la mediana o los hogares con ocupación menor del 20% del total de su capacidad de trabajo o con carencia material severa.

El indicador agregado AROPE se situó en 2017 en el 26,6% de la población residente en España, frente al 27,9% registrado el año anterior. Se redujo la tasa en sus tres componentes: la baja intensidad en el empleo descendió del 14,9% al 12,8%, la carencia material severa pasó del 5,8% al 5,1% y la situación en riesgo de pobreza del 22,3% al 21,6%.

En los tramos de población por edades, se observa que, como consecuencia de la política de pensiones, el riesgo de pobreza y exclusión de los mayores de 65 años aumentó en 2017 de 14,4% al 16,4%, al tiempo que descendían las tasas del resto de los grupos.

En conjunto, la encuesta de 2017 muestra una mejoría en las condiciones de vida de la población española, consecuencia de la recuperación económica de los últimos años, pero todavía resulta llamativo que más de la cuarta parte de la población (tasa AROPE 26,6%) viva inmersa en una desigualdad marcada por el riesgo de pobreza y exclusión social, lo cual evidencia la necesidad de que se siga avanzando hacia un crecimiento económico más inclusivo.

PROCESOS MIGRATORIOS

La inmigración está de actualidad en Europa. Los medios de comunicación recogen con frecuencia informaciones sobre las vidas humanas que llegan huyendo de las situaciones de terror que se dan en sus países de origen.

En España, 2017 fue un año con un saldo migratorio positivo de 164.604 personas, consecuencia de una inmigración desde exterior de 532.482 y una emigración al exterior de 367.878 personas.

Las migraciones pueden ser forzosas, provocadas por guerras, desastres naturales o problemas políticos, y voluntarias o espontáneas, que obedecen a la iniciativa personal, muchas veces por motivación económica. Una característica destacada de las actuales migraciones es su carácter global, bien como receptores de personas (inmigrantes) o como emisores (emigrantes).

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que 3.115 inmigrantes fallecieron en las aguas del Mediterráneo durante 2017, un dato que convierte en un cementerio a nuestro entorno marino.

Aparte de los espinosos problemas de integración que afloran por las diferencias culturales entre los emigrantes y los habitantes de los territorios en los que se asientan, un efecto que se achaca a la inmigración es el conocido como “Tragedia de los Bienes Comunes”

Este efecto se suele explicar con la parábola de un grupo de pastores que utilizaban una misma zona de pastos. Un pastor pensó que podía añadir una oveja más a las que pacían en los pastos comunes, ya que el impacto de un solo animal apenas afectaría a la capacidad de recuperación del suelo. Los demás pastores pensaron también, individualmente, que podían incrementar su rebaño con una oveja más sin que los pastos se deteriorasen. Pero el conjunto del deterioro imperceptible causado por cada animal estropeo del todo los pastos, por lo que arruinó la actividad de todos los pastores.

Como en nuestro Estado de Bienestar los inmigrantes van a disfrutar de servicios públicos sin contribución previa, el resto de los contribuyentes lo estarán financiando, como mínimo en el corto plazo, hasta que esa inmigración forme parte activa de la fuerza laboral.

Sin embargo, a largo plazo es de esperar que la mejora en el nivel de vida que disfrutan los inmigrantes frente a su país de origen acaben ganándola a través del trabajo y la aportación a la economía, sin necesidad de depender más que el resto de los ciudadanos de los programas de ayudas públicas.

La inmigración puede tener un efecto positivo en los países europeos, dado que en las próximas décadas se espera que se produzca un cambio importante en la estructura de la población como consecuencia del envejecimiento, que reducirá la oferta de trabajo.

Los inmigrantes que llegan a los países europeos suelen pertenecer a cohortes de edad más bajos que la edad media del país que los acoge. En gran parte es una fuerza laboral potencialmente activa.

Sin incremento de inmigrantes aumentará la tasa global de dependencia, que se define como la proporción de dependientes, personas menores de 16 años o mayores de 64, sobre la población en edad de trabajar (16 y 64). El aumento de la dependencia, que actualmente en España se sitúa en el 55,7% respecto de los ocupados, va a deteriorar el sistema de pensiones establecido, si no se da un incremento de la productividad del trabajo.

España, que presenta una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo y una de las esperanzas de vida más elevadas, será junto con Japón el país más envejecido del mundo en 2050, con más de 76 personas dependientes por 100 en edad de trabajar. Las últimas previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban que en 2031 la tasa de dependencia habrá subido hasta el 62,2%.

Una investigación reciente, tras el estudio de las migraciones en 15 países europeos, incluido España, entre 1985 y 2015, concluye que los inmigrantes y refugiados que se convierten en residentes permanentes acaban provocando un efecto positivo en la economía del país.

Con la inmigración no existe ninguna razón para que, si se genera una demanda de trabajo suficiente por las empresas, no aumenten los ocupados y no crezca el PIB. Con tal finalidad, es importante implementar políticas de integración a través de la educación, la enseñanza de la lengua del país y la formación específica, para que esas personas pasen a incrementar el número de activos lo antes posible. Así, puede llegar a darse una relación “ganador-ganador”, porque los inmigrantes ganan viniendo a Europa y los europeos nos beneficiamos también.

ACTIVOS INTANGIBLES

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas está transformando los procesos productivos de muchos sectores económicos y propiciando la aparición de nuevos sectores en los países avanzados. A este avance se le conoce como “ la nueva economía del conocimiento”.

En la base del progreso se encuentra el conocimiento científico y tecnológico, capaz de generar nuevos productos y servicios, así como introducir mejoras relevantes en los ya existentes a través de renovados procesos productivos.

Hay que mencionar los esfuerzos realizados en la investigación y desarrollo (I+D), en combinación con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), junto a los llamados “internet de las cosas”, (interconexión digital de objetos cotidianos), “computación en la nube”(servicios a través de internet) y el “big data”(datos en gran escala). Esta nueva fase tecnológica se viene denominando Cuarta Revolución Industrial, en la que convergen tecnologías digitales, físicas y biológicas.

Un rasgo distintivo de la economía del conocimiento es que está sometida a una obsolescencia muy rápida, lo cual provoca el incremento del coste y el aumento en el riesgo de las nuevas inversiones. Para poder competir en los mercados, los menores plazos de amortización del inmovilizado exigen renovaciones frecuentes, que conllevan adaptaciones organizativas casi continuas y la necesidad de permanentes formaciones de los trabajadores.

Al extenderse el uso de las TIC, con la aceleración de la robotización y automatización de los procesos productivos, están implantándose las cadenas globales de valor, consecuencia de la fragmentación de los procesos en fases diferenciadas. Todo ello está afectando a la organización interna de las empresas (trabajo en equipo, decisiones más horizontales, multidisciplinariedad), lo que lleva a la necesidad de reinventar los modelos de negocios.

La consecuencia es que, además de capital físico y tecnológico, las empresas precisan acumular un conocimiento que no se valora en los documentos contables, pese a ser importante para la productividad y la competitividad. Es el denominado “capital intangible”, constituido por actividades ligadas a la investigación y desarrollo (I+D), a las mejoras organizativas, a los gastos en publicidad destinados a mejorar la imagen de marca, la formación de los trabajadores, el software y el tratamiento eficiente de las bases de datos. El gasto en los intangibles tiene hoy día la misma consideración que el realizado, por ejemplo, en la compra de maquinaria y equipos.

Hay un grupo de activos intangibles que forman parte del Producto Interior Bruto (PIB), tales como el softwear, las bases de datos y la I+D. Otros activos intangibles, a los que se llama “mas allá del PIB”, no forman parte del cálculo de la producción del país. Este grupo incluye el diseño, la publicidad, el estudio de mercado, el coste de formación de los trabajadores y la estructura organizativa

Con el siguiente gráfico, recogido en el informe “La economía intangible en España” (COTEC-IVIE), podemos hacernos una idea de la distribución de este último grupo, Activos Intangibles Más Allá del PIB (AIMAPIB)



Se puede resaltar que del total de estos cinco tipos de gastos los países que más invierten proporcionalmente en mejorar la estructura organizativa de las empresas son Reino Unido (50,6%) y Holanda (46,8%) y el país que destaca en formación es Alemania (25,7%). En cuanto a España, es el que más invierte en diseño y publicidad (en total, 50,1%) y el que menos dedica a la estructura organizativa (26,7%).

En esta fase del desarrollo económico resulta evidente que no es la tecnología el factor limitativo, sino la organización y la capacidad de las personas que la utilizan. Un papel importante es el de aquellos activos intangibles que, sin ser admitidos aún como inversión y, por tanto, situarse fuera del cálculo del PIB, resultan claves para gestionar las TIC, impulsando el desarrollo económico.