Hace un año, la Comisión Europea presentó la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros (MIFID), para reducir el impacto perjudicial de la especulación sobre los alimentos, pero la ONG “Amigos de la Tierra” y otras organizaciones comprometidas con la soberanía alimentaria ya han denunciado que la Directiva no responde a tal objetivo y han remarcado el impacto de la especulación en la situación de hambre en el mundo.
La soberanía alimentaria se entiende como el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario, con nutrientes producidos de forma sostenible y ecológica, un derecho que se sitúa por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Frente al comercio libre y corporativo actual, se da prioridad en la gestión a las economías tanto de mercados locales como nacionales y se reclaman los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación.
Los cambios del clima, que afectan a la oferta, y las tendencias de consumo modificando la demanda, acaban influyendo en el precio de los productos básicos, como el maíz y la soja. A estos condicionantes hay que añadir la actuación de los inversores que especulan con los contratos agrícolas, operaciones que se han incrementado notablemente en la última década, afectando a toda la cadena alimentaria.
Hace siglo y medio que nació el parqué estadounidense “Chicago Board of Trade”(CBOT), un ente diseñado para gestionar el riesgo que suponía para los agricultores estadounidenses la inestabilidad en los mercados, y ha ido abarcando más áreas de la economía, como divisas, minerales y energía, hasta convertirse en un referente a nivel mundial, con más de 15 millones de contratos diarios y 160 países implicados.
En Chicago se negocian contratos de futuros, vinculados a productos agropecuarios, como el azúcar y la carne, poniendo precio a las mercancías que se recibirán en un plazo determinado. Los técnicos explican que el objetivo es proteger al vendedor de la caída brusca del precio y al comprador de las subidas repentinas, pero la realidad es que en las pujas participan inversores que tratan de anticiparse a los cambios, provocando fluctuaciones que influyen en la oferta y la demanda, en muchos casos por motivos difíciles de averiguar.
El impacto de la especulación en los precios de los alimentos es un tema que se debate desde el 2008, cuando las subidas de precios provocaron protestas y se comenzó a señalar como culpables a los grandes fondos de inversión, que inundaron de liquidez los mercados de materias primas, introduciendo activos financieros estructurados. El banco de inversión Goldman Sachs fue pionero.
En el año 2012 los precios alcanzaron el nivel máximo y a partir de 2015 cayeron en picado, unos movimientos que los técnicos del Banco Mundial atribuyen precisamente al importante volumen de transacciones de la última década. En cambio, los operadores del mercado señalan que el último incremento de precios se debió a los desajustes de las materias primas y a la rapidez del crecimiento de la demanda en un momento de alza del precio del petróleo.
Lo cierto es que cuando los inversores financieros en busca de beneficios inundan de dinero un mercado tan pequeño como el agrícola es fácil que se formen burbujas especulativas, que acaban provocando importantes fluctuaciones en los precios finales de los alimentos.
Los cambios del clima, que afectan a la oferta, y las tendencias de consumo modificando la demanda, acaban influyendo en el precio de los productos básicos, como el maíz y la soja. A estos condicionantes hay que añadir la actuación de los inversores que especulan con los contratos agrícolas, operaciones que se han incrementado notablemente en la última década, afectando a toda la cadena alimentaria.
Hace siglo y medio que nació el parqué estadounidense “Chicago Board of Trade”(CBOT), un ente diseñado para gestionar el riesgo que suponía para los agricultores estadounidenses la inestabilidad en los mercados, y ha ido abarcando más áreas de la economía, como divisas, minerales y energía, hasta convertirse en un referente a nivel mundial, con más de 15 millones de contratos diarios y 160 países implicados.
En Chicago se negocian contratos de futuros, vinculados a productos agropecuarios, como el azúcar y la carne, poniendo precio a las mercancías que se recibirán en un plazo determinado. Los técnicos explican que el objetivo es proteger al vendedor de la caída brusca del precio y al comprador de las subidas repentinas, pero la realidad es que en las pujas participan inversores que tratan de anticiparse a los cambios, provocando fluctuaciones que influyen en la oferta y la demanda, en muchos casos por motivos difíciles de averiguar.
El impacto de la especulación en los precios de los alimentos es un tema que se debate desde el 2008, cuando las subidas de precios provocaron protestas y se comenzó a señalar como culpables a los grandes fondos de inversión, que inundaron de liquidez los mercados de materias primas, introduciendo activos financieros estructurados. El banco de inversión Goldman Sachs fue pionero.
En el año 2012 los precios alcanzaron el nivel máximo y a partir de 2015 cayeron en picado, unos movimientos que los técnicos del Banco Mundial atribuyen precisamente al importante volumen de transacciones de la última década. En cambio, los operadores del mercado señalan que el último incremento de precios se debió a los desajustes de las materias primas y a la rapidez del crecimiento de la demanda en un momento de alza del precio del petróleo.
Lo cierto es que cuando los inversores financieros en busca de beneficios inundan de dinero un mercado tan pequeño como el agrícola es fácil que se formen burbujas especulativas, que acaban provocando importantes fluctuaciones en los precios finales de los alimentos.
He pensado a veces en este asunto, cómo algo que surge con un sentido razonable (gestionar el riesgo que suponía para los agricultores estadounidenses la inestabilidad en los mercados) se convierte en riesgo aún más grave. Ud. sólo describe el problema sin apuntar alguna forma de atajarlo. Pregunto si no sería posible que hubiera una penalización "pública" ligada al número de veces que el contrato cambia de manos, a la fecha de ejercicio, y a la "gravedad" de su impacto en la estabilidad del sistema alimentario; y que no fuera lineal. De forma que fuera siendo más gravosa, por tanto más disuasoria, a medida que se acerca la fecha de strike ¿No sería posible una regulación en ese sentido? Esta penalización tendría una recaudación pública, mientras que el precio seguiría siendo establecido por el mercado e intercambiado en éste.
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