Según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda español, el déficit del Estado se redujo hasta octubre pasado al 1,56% del PIB, un 35,1% inferior a la del mismo período del año 2016. Con esta trayectoria es previsible que España pueda abandonar en el 2018 el “Procedimiento de Déficit Excesivo” impuesto por las autoridades europeas.
En el gráfico siguiente observamos la evolución del déficit público español en los últimos años:
El razonamiento habitual suele ser que el sistema impositivo de un país debe ser capaz de pagar los bienes y servicios públicos que ofrece, al igual que los ingresos de una familia deben atender a todos sus gastos. Este pensamiento puede sintetizarse con la expresión “el Estado debe administrar como un buen padre de familia”. Sin embargo, se pueden plantear algunas consideraciones para no demonizar cierto nivel de déficit público.
Una razón para acudir a la emisión de deuda pública en lugar de financiarse con impuestos es que a los ciudadanos les viene bien aplazar el pago correspondiente a la construcción de infraestructuras o mejoras de servicios de educación y sanidad, proyectos que irán beneficiando al país a lo largo de los años. Los pagos se ejecutarán, mediante impuestos diferidos, precisamente cuando se esté disfrutando del bienestar que otorguen las realizaciones. No resulta nada extraño, porque las familias aplazan también el pago de la vivienda o del coche a través de créditos a ir devolviéndolos al tiempo que se utilizan los bienes adquiridos.
Un argumento de mayor peso para justificar el déficit público, que necesita recurrir a la deuda, es la tarea de regular la coyuntura económica. Así, en el caso de una caída de la actividad que ponga en peligro el empleo, el Gobierno puede acometer inversiones orientadas a aumentar la demanda para las empresas, sin tratar de recaudar más impuestos al mismo tiempo.
Se sabe, además, que un déficit público, muchas veces por ejecutar mayor gasto en inversiones, tiene un efecto multiplicador en la producción global del país, facilitando así el incremento de impuestos en los años siguientes, que tenderán a compensar los déficit de períodos anteriores.
Los recursos de los sistemas de capitalización en las pensiones y los beneficios empresariales, unidos al ahorro familiar, suponen un importante volumen de ahorro total, es decir, una menor dedicación al consumo, que las inversiones privadas del sector empresarial no son capaces de compensar para estabilizar la demanda.
Este déficit estructural de demanda para las empresas, que repercute en el nivel de empleo, tiene que ser cubierto con el déficit presupuestario del Estado. Al emitir deuda pública hace posible también que los ahorradores encuentren dónde colocar sus excedentes financieros.
Al considerar que es elevado el nivel de intervención estatal en la economía, se da la paradoja de que algunos grupos exigen una reducción de impuestos, lo cual tiende a crear déficits públicos, que se critican, pero después contribuyen ellos mismos a financiar el endeudamiento público mediante préstamos.
Ocurre que, en lugar de contribuir con la aportación tributaria que establece el sistema impositivo, prefieren evitar el pago de impuestos y prestarlo aprovechando los bonos públicos para obtener rendimientos, forzando así a una alternativa que les favorece, pero que no tiene nada de equitativa.
En el gráfico siguiente observamos la evolución del déficit público español en los últimos años:
El razonamiento habitual suele ser que el sistema impositivo de un país debe ser capaz de pagar los bienes y servicios públicos que ofrece, al igual que los ingresos de una familia deben atender a todos sus gastos. Este pensamiento puede sintetizarse con la expresión “el Estado debe administrar como un buen padre de familia”. Sin embargo, se pueden plantear algunas consideraciones para no demonizar cierto nivel de déficit público.
Una razón para acudir a la emisión de deuda pública en lugar de financiarse con impuestos es que a los ciudadanos les viene bien aplazar el pago correspondiente a la construcción de infraestructuras o mejoras de servicios de educación y sanidad, proyectos que irán beneficiando al país a lo largo de los años. Los pagos se ejecutarán, mediante impuestos diferidos, precisamente cuando se esté disfrutando del bienestar que otorguen las realizaciones. No resulta nada extraño, porque las familias aplazan también el pago de la vivienda o del coche a través de créditos a ir devolviéndolos al tiempo que se utilizan los bienes adquiridos.
Un argumento de mayor peso para justificar el déficit público, que necesita recurrir a la deuda, es la tarea de regular la coyuntura económica. Así, en el caso de una caída de la actividad que ponga en peligro el empleo, el Gobierno puede acometer inversiones orientadas a aumentar la demanda para las empresas, sin tratar de recaudar más impuestos al mismo tiempo.
Se sabe, además, que un déficit público, muchas veces por ejecutar mayor gasto en inversiones, tiene un efecto multiplicador en la producción global del país, facilitando así el incremento de impuestos en los años siguientes, que tenderán a compensar los déficit de períodos anteriores.
Los recursos de los sistemas de capitalización en las pensiones y los beneficios empresariales, unidos al ahorro familiar, suponen un importante volumen de ahorro total, es decir, una menor dedicación al consumo, que las inversiones privadas del sector empresarial no son capaces de compensar para estabilizar la demanda.
Este déficit estructural de demanda para las empresas, que repercute en el nivel de empleo, tiene que ser cubierto con el déficit presupuestario del Estado. Al emitir deuda pública hace posible también que los ahorradores encuentren dónde colocar sus excedentes financieros.
Al considerar que es elevado el nivel de intervención estatal en la economía, se da la paradoja de que algunos grupos exigen una reducción de impuestos, lo cual tiende a crear déficits públicos, que se critican, pero después contribuyen ellos mismos a financiar el endeudamiento público mediante préstamos.
Ocurre que, en lugar de contribuir con la aportación tributaria que establece el sistema impositivo, prefieren evitar el pago de impuestos y prestarlo aprovechando los bonos públicos para obtener rendimientos, forzando así a una alternativa que les favorece, pero que no tiene nada de equitativa.
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