LA UNIÓN MONETARIA

Con motivo de cumplirse este mes el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, en cuyo acto se fundó la actualmente denominada Unión Europea, la Comisión ha presentado el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, con reflexiones y escenarios para la UE27 en el año 2025.

Aunque Europa es el mayor mercado único del mundo y cuenta con la segunda moneda más utilizada, su poder económico va descendiendo en términos relativos. La UE27 representaba en el 2004 un 26% del PIB mundial, ahora supone el 22% y caerá para el año 2030 por debajo del 20%, debido al rápido crecimiento de las economías emergentes. La proporción de Europa sobre la población mundial ha descendido desde el 11% en 1960 al 6% en la actualidad.

En cuanto al euro, como puede apreciarse en el gráfico, se ha convertido en la segunda moneda más utilizada del mundo, pero su participación en la cesta de monedas de referencia del Fondo Monetario Internacional, los llamados Derechos Especiales de Giro (activos de reserva internacional), ha descendido del 33% al 30% en los dos últimos años. Otro tanto les ha ocurrido al dólar y a la libra esterlina, debido a la introducción del yuan chino en la cesta de referencia monetaria. 

La incidencia del euro preocupa a los países que han adoptado la moneda única. Se reconoce que la reciente crisis ha demostrado que el proceso de unión monetaria no estaba sólidamente asentado y ha requerido de iniciativas como la Unión Bancaria, a la que pertenecen instrumentos como la regulación y supervisión, resolución de crisis y garantía de depósitos, que se confía refuercen la Unión Monetaria.

Casi desde la entrada en vigor del euro, y sobre todo con la caída en la Gran Recesión, pudieron apreciarse problemas de competitividad, con desequilibrios en países periféricos europeos como Grecia, Portugal y España, a causa de diferencias en productividad y costes entre los países, que dificultan la competencia  dentro de la Eurozona.

Economistas del grupo francés Natixis han analizado tres opciones: la devaluación interna, la devaluación fiscal y la salida del euro. La primera, ya aplicada en España en los años 2011 y 2012, supone la reducción de los costes laborales y los dividendos empresariales. Tuvo un coste muy elevado en pérdida de empleo y caída de la actividad económica, por lo que difícilmente va a ser aceptado por los ciudadanos un planteamiento semejante.

La segunda opción viene escuchándose a los políticos, pero no acaba de concretarse, porque la devaluación fiscal supone reducir las cotizaciones sociales para bajar los costes laborales a cambio de aumentar el IVA de los productos y servicios. Es un planteamiento regresivo, que afecta en mayor medida a las rentas bajas, por lo que será rechazado por la opinión pública.

La opción más drástica sería abandonar el euro. No resulta nada fácil (algunos la consideran imposible), debido a la elevada deuda externa de los países. Llevaría a una devaluación que incrementaría su valor real en términos de la nueva moneda que sustituiría al euro en cada país saliente, con alto riesgo de “default” (suspensión de pagos)


En definitiva, un panorama lleno de sombras, que estará presente en los debates sobre los cinco escenarios que plantea el documento elaborado para el proceso de reflexión que se abre con la cumbre de la UE27: seguir igual, sólo el mercado único, mayor colaboración en ámbitos específicos para los que lo deseen, hacer menos de forma más eficiente y hacer más conjuntamente. Veremos qué combinación de las cinco alternativas sale de las negociaciones como proyecto de la UE27 en 2025.

LA ESTABILIDAD DE PRECIOS

Sin apenas transición, la economía española ha pasado del temor a caer en la deflación, con valores negativos en el índice de precios, a engancharse al tren de la inflación, que está avanzando a una tasa interanual del 3%, cuando la media en los países de la Eurozona no supera el 2%.

Tanto la deflación como la inflación son fenómenos que indican una inestabilidad en los precios, por lo que es preciso distinguir los valores económicos reales en un momento dado, medidos a precios constantes, y las alteraciones de las variables monetarias, computadas a precios corrientes, con los cambios de precios incluidos. Por ejemplo, si el PIB subió en un país en 2016 el 4% a precios corrientes y la inflación fue del 1%, la subida real del año, a precios constantes, fue del 3%

El tipo de inestabilidad de precios más frecuente entre nosotros ha sido la inflación. Las subidas de precios suelen acelerar las compras que, a su vez, provocan nuevas subidas, dando lugar a una espiral inflacionista. Como los precios se convierten en señales para los intercambios del mercado, en los casos de inestabilidades muy acusadas, como las hiperinflaciones, pueden llevar a tomar decisiones económicas equivocadas.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución anual de los Indices de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) desde enero de 2016 en España y en la Eurozona (Unión Monetaria de 19 Estados europeos)

Observamos las importantes variaciones del indice en España, en términos interanuales, desde -1% en febrero de 2016 al +3% en el mismo mes de este año, influido este último sobre todo por los gastos de transporte, con subida del 8,5%, a causa del cambiante precio del petróleo en los últimos  12 meses.

El Indice de Inflación Subyacente (sin incluir alimentos no elaborados ni productos energéticos) continúa casi estable en torno al 1%. Aunque este indice no sea el objetivo del Banco Central Europeo, suele indicar la tendencia de fondo del indice de precios general y es una variable que influye en las decisiones monetarias.

Con el incremento del precio de los productos energéticos y el aumento del precio de la electricidad, pierden fuerza los vientos de cola que han impulsado el crecimiento y suavizado los rigores de la crisis. Parece que volvemos a los primeros año del euro, época inflacionista, en la que el IPC español fue claramente superior al de la Eurozona, lo cual supuso una pérdida de competitividad.

En estos momentos, uno de los factores claves para la diferencia de inflación con otros países europeos es la mayor incidencia del precio del petróleo, al contener en España menos impuestos que en otros países y, por tanto, ser más sensible a las variaciones del crudo.

Aunque en las últimas décadas se ha supuesto que los bancos centrales tenían capacidad para controlar los precios a través del volumen monetario y el tipo de interés, las enormes inyecciones de dinero que realizaron durante la Gran Recesión no habían conseguido mover la inflación negativa al entorno del 2%, objetivo del Banco Central Europeo.

La inflación aparece ahora con fuerza por la reducción de la oferta de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que ha provocado la subida del precio del crudo, y el aumento del precio de la electricidad (inflación de costes), unos sucesos que poco tienen que ver con los estímulos monetarios de los bancos centrales, lo cual demuestra que el incremento de la base monetaria (monedas y billetes en circulación más las reservas bancarias) no implica necesariamente el aumento de la oferta monetaria o cantidad de dinero que hay en circulación, que incluye, además de la base monetaria, el dinero creado con los depósitos por los bancos comerciales.

Como afirman muchos economistas, los bancos pueden resistirse a conceder préstamos por diversos motivos y mantener el dinero en reservas en el banco central, que es lo que hicieron en buena medida en los últimos años, y las familias y las empresas situarlo más bien en activos líquidos, en lugar de consumir e invertir, seguramente por precaución y las expectativas poco favorables.

TRANSFERENCIAS ENTRE GENERACIONES

Los temores que suscita hoy día una elevada deuda pública llevan a muchos a afirmar que el gasto público financiado mediante préstamos traslada el peso total o parcial de la carga sobre las generaciones futuras, puesto que es a esos ciudadanos a los que se va a exigir el pago de los impuestos necesarios para devolver la deuda y pagar los intereses.

La deuda aparece como un instrumento apto para distribuir la carga entre distintas generaciones, evitando impuestos excesivos a la generación actual, porque sólo se beneficia en muchas ocasiones de una parte de los efectos de ese gasto en inversión o servicios ofrecidos por la Administración Pública.

Si en lugar de pagar ahora con impuestos se recurre a la deuda, hay una transferencia de carga financiera sobre las generaciones futuras, dividiendo el coste entre varias generaciones, imposible de conseguirlo mediante la financiación con impuestos a la generación actual.

Hacia comienzos de la década de los 60, el enfoque clásico de la transferencia de carga sobre las generaciones futuras fue sustituido por un planteamiento que niega la existencia de tal transferencia y establece la distinción entre deuda interna y deuda externa de un país.

Se dice que el volumen de la deuda interna, la que está en poder de los ciudadanos del país, carece casi de importancia si puede servir para reducir el nivel de desempleo. La deuda interna no es una carga para las siguientes generaciones, dado que cuando se paguen impuestos para atenderla, habrá otros ciudadanos del mismo país, los poseedores de bonos, que cobrarán al mismo tiempo por la devolución del préstamo realizado y los intereses devengados.

Si nuestros hijos o nietos han de soportar impuestos para devolver la deuda interna que se genera en nuestro tiempo, los cobros de intereses y devoluciones se harán también por contemporáneos de nuestros hijos o nietos, aunque es cierto que puede cambiar la distribución de las cargas si los colectivos a los que corresponda pagar o cobrar son muy diferenciados.

La deuda interna no supone ninguna reducción de la riqueza de un país, puesto que la riqueza reside en la capacidad de sus habitantes para el desarrollo de actividades económicas, utilizando la tecnología, la organización y los equipos productivos adecuados.

Desde una perspectiva macroeconómica, un gasto público sólo supone carga en la medida en que reduce los recursos para la producción privada, caso que se da únicamente cuando todos los recursos de la economía están plenamente utilizados. Por tanto, en situaciones de recesión y paro, un gasto público no es una carga, porque se limita a utilizar recursos ociosos, sin provocar ninguna reducción de la producción privada. Tengamos en cuenta que la auténtica carga sucede mientras se está realizando el gasto público, debido a que han de ser sacrificados durante el período otros usos alternativos.

La deuda externa, con otros países o con ciudadanos de otros países, sí es relevante para la transferencia entre generaciones y se asemeja a la deuda privada. Si el deudor consume más de los que produce por medio de la deuda, más tarde (otra generación) tendrá que consumir menos de lo producido para pagar el préstamo.

En el gráfico tenemos la evolución de la deuda externa española en los últimos 20 año:

En términos netos (pasivos financieros menos inversiones en el exterior), la deuda externa fue subiendo hasta el 2010, tuvo un ligero descenso desde el 2014 y se situó en 2016 en el entorno del 88% de PIB

La Balanza de Pagos por Cuenta Corriente más Capital está consiguiendo saldos positivos en los últimos años, lo cual permite que se reduzca la alta dependencia de la financiación externa.

Desde el punto de vista financiero, la deuda externa no parece que es un problema a corto plazo, dado que los tipos de interés son ahora muy bajos, pero si vuelven a los niveles de hace unos años, el coste anual de los intereses será muy elevado y puede suscitar temores en los inversores internacionales a la hora de refinanciar las deudas.

EMPLEO Y PRECARIEDAD

La Comisión Europea acaba de publicar su informe semestral sobre el avance de los Estados miembros hacia las prioridades económicas y sociales. En el caso de España, además de mostrar preocupación por la elevada deuda pública y privada del país, la baja inversión en I+D, la corrupción y las carencias educativas, la Comisión alerta sobre el incremento de la desigualdad y la exclusión social, consecuencia del alto nivel de paro y el abuso de contratos temporales.

La tasa de desempleo se ha reducido en los dos últimos años, pero aún continúa siendo la más alta de la Unión Europea (18,4%) después de Grecia y afecta sobre todo a los jóvenes (40% de paro juvenil) y a los menos cualificados. Quizás el dato más preocupante es que la mitad de los desempleados llevan más de un año sin trabajo, lo cual apremia intensificar las políticas activas de empleo.

El uso extendido de contratos temporales (26,5%) hace que sea baja la calidad del trajo creado y afecta en forma negativa tanto a las condiciones de vida de los trabajadores como a la productividad. Los grupos políticos debaten la conveniencia de unificar las indemnizaciones por despido de los dos tipos de contratos: indefinidos y temporales.

La afiliación a la Seguridad Social creció en enero en 75.000 personas y 580.000 en doce meses.


Como observamos en el gráfico, el empleo se recupera al compás del PIB desde el 2014, alcanzando en febrero de este año 17,7 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Los salarios están perdiendo peso en el PIB y la desigualdad aumenta pese a crearse empleo, algo que no había ocurrido en otras recuperaciones. La participación del trabajo en el PIB ha descendido desde el 50% en 2008 al entorno del 47,3% en 2016, con aumento de las rentas del capital y los impuestos indirectos.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del riesgo de pobreza, que recoge el porcentaje de población que tiene unos ingresos inferiores al 60% de la mediana (valor situado en la mitad del colectivo)


Observamos que en el 2015 hay una reducción en el porcentaje de riesgo, pero el 28,6% resulta elevado si comparamos con la media europea (24,5%). Resulta un nivel preocupante, sobre todo cuando se conoce la situación del colectivo que dispone de empleo: el 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. Es un dato relevante de la precarización que han provocados las reformas del mercado de trabajo.