Aunque se estima que el desempleo explica un 80% de la
desigualdad en España, también tienen importancia otros factores que agrandan
la inequidad social, tales como el abandono escolar temprano, la falta de igualdad de oportunidades y la
ineficiencia en los mercados de trabajo
En la preocupación por la lentitud en el descenso del alto
nivel de paro está presente la idea de
que el proceso de automatización incide de manera significativa en la
destrucción de empleo. Sin embargo, hay que recordar que ha habido progreso
tecnológico desde el comienzo de la revolución industrial y las tasas de paro
no han sido crecientes en el conjunto de los países.
Es cierto que las nuevas tecnologías hacen inviables algunas
actividades empresariales, pero afloran también oportunidades para desarrollar
otras. Aunque se piensa que los principales afectados son los trabajadores
menos cualificados, lo cierto es que la automatización incide sobre el empleo
de las actividades con tareas más rutinarias. Por ejemplo, pueden verse
afectados trabajadores de cualificación intermedia, como los contables,
sustituidos por programas de ordenador.
La economía española se enfrenta a la necesidad de incorporar
a la recuperación en curso a la parte de la población que ha ido quedándose
excluida, bien por encontrarse en paro, o bien, por tener contratos precarios. Para ello tendrá que disminuir el fracaso
escolar, aumentar la formación técnica y ofrecer una alternativa al colectivo
de desempleados.
Pero mientras surtan efecto las políticas activas de empleo
hará falta que continúe funcionando el sistema de las transferencias sociales
de las Administraciones Públicas, el instrumento corrector de desigualdades,
que toma renta de una parte de la sociedad para dársela a los colectivos en
situación precaria. Existen la prestación de desempleo, la renta de garantía de
ingresos y otros subsidios, pero la cobertura resulta escasa en el conjunto del
Estado español.
En el siguiente gráfico, tomado de BBVA Research, tenemos los
efectos de las transferencias de renta en la reducción de la desigualdad de la
distribución de la renta:
En términos del índice de Gini, que mide el nivel de
desigualdad en el reparto de la renta (entre 0 y 100, a medida que aumenta
crece la desigualdad), vemos que las transferencias e impuestos reducen la
desigualdad de nivel 54 a 35, y con la imputación del gasto público en sanidad
y educación llega a disminuir hasta 29, lo que supone una reducción de la
desigualdad inicial en un 46%.
Es evidente, por tanto, que el Estado de Bienestar tiene potencial
para realizar ajustes en la distribución de la renta. Confiemos en que las
propuestas de rentas mínimas y rentas complementarias publicitadas por los
partidos políticos españoles acaben en leyes y se transformen en políticas
efectivas que mejoren la cobertura social.
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