Un país que emite deuda con la finalidad de financiar sus inversiones y gastos tiene cierto paralelismo con una empresa que se endeuda para llevar a cabo sus proyectos económicos. Si las cosas van bien, paga la deuda gracias a la rentabilidad de las inversiones realizadas y, si las cosas se tuercen, se produce una situación de impago
Al observar la deuda pública española que se contabiliza de forma oficial a través del denominado “procedimiento de déficit excesivo”, comprobamos que ha aumentado en los últimos doce meses en 51.317 millones de euros y se sitúa en 1.047.151 millones, el 98,5% del PIB, es decir, casi el equivalente a un año de producción del país.
Añadiendo las deudas no computadas oficialmente, como el Fondo de rescate bancario (Frob) y el conjunto de avales del Estado, entre otras partidas, la deuda total ascendía al cerrar el año 2014, según el Banco de España, a 1.525.656 millones de euros (144% del PIB)
Pero el problema de endeudamiento es de nivel europeo. Como nos indica el siguiente gráfico, la deuda conjunta de la Zona Euro se incrementó desde un 86,4% en 1911 al 94,3% al final del año pasado.
La vía recomendada por las autoridades europeas para reducir el endeudamiento es la de conseguir superávits presupuestarios primarios, que son saldos positivos entre ingresos y gastos, sin contar los intereses de la deuda. Y, en menor medida, recurrir a privatizaciones.
Pero sin cierto nivel de crecimiento económico, el superávit presupuestario a base de austeridad en los gastos tiene efectos depresivos sobre la actividad económica, lo que hace difícil que se logre el objetivo de desendeudamiento.
En cuanto a las privatizaciones, la contribución al desendeudamiento en Europa puede ser muy limitada, porque se estima que las participaciones públicas en empresas que se pueden vender no superan el 16% del PIB.
En opinión del economista Thomas Piketty, para reducir de modo significativo el nivel de endeudamiento, la principal medida consistiría en establecer un impuesto especial sobre el capital privado. Argumenta en su libro “El capital en el siglo XXI” que la riqueza nacional neta en Europa equivale a seis años de ingreso del país y casi en su totalidad está en manos privadas, es decir, que pertenece a las familias. Como los activos públicos, que equivalen en conjunto a un año de ingresos, suman lo mismo que las deudas públicas, el patrimonio público neto es nulo.
La riqueza privada está repartida, casi a partes iguales, entre activos inmobiliarios y activos financieros, descontando siempre las deudas. Dado que la posición patrimonial de Europa frente al resto del mundo está en su conjunto cerca del equilibrio, es decir, que lo poseído por el resto del mundo se compensa por lo que los europeos tenemos del resto de los países, las empresas europeas y la deuda pública están en manos de las familias europeas.
Por lo tanto, en una visión de conjunto, salvando la complejidad del sistema de intermediación financiera y las participaciones cruzadas entre los países, las familias europeas poseen el equivalente a toda la riqueza neta, si bien muy desigualmente repartida, porque el 10% de los más ricos acumulan el 60% del total.
En un cálculo aproximado, bastaría un impuesto proporcional en torno al 17% sobre todos los patrimonios privados para recaudar el equivalente a un año de ingreso nacional, cancelando así toda la deuda pública. El Estado seguiría teniendo todos los activos públicos, pero se libraría de las deudas y, por tanto, del pago de intereses a los acreedores.
Pero no tendría mucho sentido cobrar un impuesto proporcional. Sería preferible aplicar un impuesto progresivo, que fuera subiendo de nivel con los años, para proteger a los pequeños patrimonios y exigir más a los grandes.
La segunda vía para reducir la deuda sería recurrir a la inflación. Como la deuda pública es un activo nominal, que no varía con los movimientos de precios, basta con incrementar la inflación para reducir su valor real en términos de poder adquisitivo. Por ejemplo, con una inflación anual del 4%, al cabo de 5 años el valor real de la deuda, expresada en porcentaje del PIB, se reduciría en cerca del 9%
Pero la inflación, que viene a ser un sustituto del impuesto progresivo sobre el capital, puede ocasionar efectos secundarios no deseados. Uno de ellos es que, una vez iniciado el incremento de precios, la inflación tiende a acelerarse Puede llegar a arruinar a los pequeños ahorradores y contribuir a la pobreza de los pensionistas. Además, cuando la inflación se hace permanente y anticipada, se vuelve incapaz de conseguir los efectos deseados.
Resulta evidente que, sin un impuesto excepcional sobre el capital y sin cierto nivel de inflación, con un escaso crecimiento del PIB anual, habrán de transcurrir muchos años para salir del nivel de endeudamiento actual, a no ser que se negocie con los acreedores alguna quita.
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