El saldo presupuestario público de un país proviene de la diferencia entre los impuestos que recauda y los gastos que realizan sus Administraciones Públicas.
Cuando gastan más de lo que ingresan incurren en déficit público y tienen que pedir prestado para financiarlo. La cantidad acumulada que deben las Administraciones Públicas es la deuda pública del país que, en el caso de España, superó en junio el billón de euros, cerca del 100% del PIB obtenido en un año.
En el siguiente gráfico tenemos la evolución anual del déficit español
El 4% de déficit sobre el PIB del comienzo de la crisis ascendió rápidamente a más del 11% en el año 2009 y, tras los recortes presupuestarios, quedó fijado en un 7,2% al final del 2013.
La reforma impositiva que entrará en vigor al comienzo de 2015 es una rebaja de impuestos directos, fundamentalmente del IRPF. Resulta impensable que una rebaja tributaria se pueda llevar a cabo sin plantear ningún tipo de compensación en un país con un déficit anual de más de 70.000 millones de euros. Si se pretende compensarlo con una subida del IVA o de los impuestos especiales, el efecto recesivo está asegurado.
El déficit fiscal tendrá que descender para el 2017 al 3%, a fin de no sobrepasar el límite exigido por las autoridades europeas. La Comisión ya pidió en junio pasado a España nuevas medidas para acabar con la segmentación (fijo y temporal) en el mercado laboral, así como rebajar las cotizaciones sociales y compensar la reducción de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales.
El Ministerio de Hacienda ha comenzado a discutir con las Comunidades Autónomas las medidas de “racionalización del gasto” para cumplir con el déficit fiscal. Por lo tanto, el panorama a dos años, tras las elecciones municipales (2015) y autonómicas (2016), apunta a nuevos recortes en el Estado de Bienestar, que pueden superar los 40.000 millones de euros.
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