martes, 24 de diciembre de 2013

TRAYECTORIA PREOCUPANTE DE LA DEUDA


Así califica Rouriel Rubini, profesor de la Universidad de New York, a la evolución de la deuda pública española,  consecuencia de la acumulación de los déficits anuales que comentábamos en la entrada anterior. Advierte, además, que si se recorta más el gasto público para forzar la reducción del déficit presupuestario, terminará fomentándose un proceso recesivo.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de la deuda en los últimos años, en porcentaje del PIB:
Aunque la deuda española es inferior a la del conjunto de la Eurozona, el crecimiento resulta mucho más rápido en la primera, de tal modo que los cerca de 24 puntos porcentuales de diferencia del 2010 han quedado reducidos a 4 a la altura del 2012.

Según los datos más recientes del Banco de España, en el tercer trimestre de este año, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 93,4% del PIB, al subir hasta 954.863 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,73% respecto al mismo trimestre de 2012.

Después de Japón y Reino Unido, España es la economía con mayor deuda pública y privada en el mundo desarrollado, una deuda excesiva que preocupa en la Comisión Europea. A final de año, la deuda pública podría estar cerca del 100% del PIB (límite autorizado 60%) y la privada por encima del 200% (límite, 160%)

El Pacto de Estabilidad contempla la posibilidad de llegar a un procedimiento sancionador al país que supere una deuda del 60% del PIB, si no reduce el exceso a un ritmo medio del 5% cada año.

Bajo la presión de los mercados financieros, España incorporó en el año 2011 a la Constitución la llamada “regla de oro fiscal”, estableciendo los límites del déficit y de la deuda, y dando prioridad al pago de los interés y a la devolución de los préstamos.

Aunque los países acreedores no admitan su parte de responsabilidad en el sobreendeudamiento  y quieran cobrar todo lo prestado de modo irresponsable, dadas las dificultades de reducir tanto la deuda pública como la privada, algunos economistas no descartan que se tenga que llegar a una reestructuración, quita o aplazamiento.

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