La actuación del Estado en la economía se orienta a la configuración y el mantenimiento de un marco institucional para las transacciones de los agentes económicos, a la asignación de recursos a través de procesos políticos y, en concurrencia con el sector privado, a intervenir en el campo empresarial por medio de empresas públicas.
La Hacienda Pública, a través de los ingresos y gastos públicos, interviene en la actividad económica para atender las demandas sociales, corrigiendo los resultados que se derivan de la actuación de los mercados, a fin de modificar la distribución de la renta o reducir las fluctuaciones de los ciclos económicos.
A tal orientación se denomina “Estado de bienestar”, una actuación solidaria de la sociedad que trata de garantizar un nivel de vida a los ciudadanos, poniendo una red protectora que aminore las desigualdades. La dedicación presupuestaria a tal finalidad supuso en España en 2011 el 65,3% de los gastos totales de las Administraciones Públicas.
La Hacienda Pública, a través de los ingresos y gastos públicos, interviene en la actividad económica para atender las demandas sociales, corrigiendo los resultados que se derivan de la actuación de los mercados, a fin de modificar la distribución de la renta o reducir las fluctuaciones de los ciclos económicos.
A tal orientación se denomina “Estado de bienestar”, una actuación solidaria de la sociedad que trata de garantizar un nivel de vida a los ciudadanos, poniendo una red protectora que aminore las desigualdades. La dedicación presupuestaria a tal finalidad supuso en España en 2011 el 65,3% de los gastos totales de las Administraciones Públicas.
El gasto dedicado a protección social está formado por transferencias públicas, tanto monetarias como en especie. Las transferencias que se ofrecen fundamentalmente en especie son los servicios sanitarios (6,3% del PIB en 2011) y educativos (4,7%), además del gasto público en vivienda y en actividades culturales.
En el siguiente gráfico se recogen las dedicaciones a educación de los países de la Unión Europea en porcentaje sobre el PIB:
Los datos corresponden al año 2009, antes de iniciar los recortes presupuestarios en los países europeos periféricos. En aquel año, España dedicaba el 5,1% del PIB a educación y ocupaba el sexto lugar por la cola. Para el 2011, la dedicación había caído al 4,7%.
En cuanto a las transferencias monetarias, las más importantes son las que corresponden a las pensiones (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente), con un 10,7% del PIB en 2011, y a la protección al desempleo (2,8%). También se transfieren fondos para la incapacidad laboral transitoria y los programas de lucha contra la pobreza.
El sector púbico español cuenta con tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. Cada nivel tiene sus propias Administraciones y Empresas Públicas. En el año 1985, el sector público central (Administración Central y Seguridad Social) suponía un 79% del gasto total, quedando para las Administraciones Territoriales un 21%, en tanto que en el 2012 (corregido de la ayuda financiera) la distribución fue del 55% frente al 45%, respectivamente.
La Administración Central atiende a los servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad y servicios generales) y a la inversión en infraestructuras. La Seguridad Social está centrada en cubrir las necesidades de la vejez, el desempleo, la incapacidad y la exclusión social. Las Comunidades Autónomas son las competentes en la prestación de servicios tales como educación, sanidad, atención a la dependencia y a la discapacidad.
En cuanto a las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos) dedican sus presupuestos a los transportes urbanos, gestión de residuos, abastecimiento y depuración de agua, urbanización y actividades culturales y deportivas.
Si nos fijamos en el ámbito europeo del estado del bienestar, observamos que, según Eurostat, que acaba de publicar los datos de 2011, el gasto medio de la Unión Europea en protección social fue del 29,1% del PIB, en tanto que en España no pasó del 26,1%.
En el siguiente gráfico se recogen las dedicaciones a educación de los países de la Unión Europea en porcentaje sobre el PIB:
Los datos corresponden al año 2009, antes de iniciar los recortes presupuestarios en los países europeos periféricos. En aquel año, España dedicaba el 5,1% del PIB a educación y ocupaba el sexto lugar por la cola. Para el 2011, la dedicación había caído al 4,7%.
En cuanto a las transferencias monetarias, las más importantes son las que corresponden a las pensiones (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente), con un 10,7% del PIB en 2011, y a la protección al desempleo (2,8%). También se transfieren fondos para la incapacidad laboral transitoria y los programas de lucha contra la pobreza.
El sector púbico español cuenta con tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. Cada nivel tiene sus propias Administraciones y Empresas Públicas. En el año 1985, el sector público central (Administración Central y Seguridad Social) suponía un 79% del gasto total, quedando para las Administraciones Territoriales un 21%, en tanto que en el 2012 (corregido de la ayuda financiera) la distribución fue del 55% frente al 45%, respectivamente.
La Administración Central atiende a los servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad y servicios generales) y a la inversión en infraestructuras. La Seguridad Social está centrada en cubrir las necesidades de la vejez, el desempleo, la incapacidad y la exclusión social. Las Comunidades Autónomas son las competentes en la prestación de servicios tales como educación, sanidad, atención a la dependencia y a la discapacidad.
En cuanto a las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos) dedican sus presupuestos a los transportes urbanos, gestión de residuos, abastecimiento y depuración de agua, urbanización y actividades culturales y deportivas.
Si nos fijamos en el ámbito europeo del estado del bienestar, observamos que, según Eurostat, que acaba de publicar los datos de 2011, el gasto medio de la Unión Europea en protección social fue del 29,1% del PIB, en tanto que en España no pasó del 26,1%.
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