Las empresas vascas han
acogido con preocupación la reforma presentada por el Ministerio de Industria
para terminar con el déficit de tarifa en España. Plantea equilibrar la
diferencia entre los costes y los ingresos del sistema energético español, que
ha acumulado en la última década un déficit de 28.000 millones de euros.
Hay que constatar que
la mayoría de las actividades del sector energético se gestionan en mercados no
competitivos, regulados estatalmente, o bien, con intervención directa de
empresas públicas
Los sectores
energéticos españoles de red (petróleo, gas y electricidad) están liberados,
pero continúa la concentración empresarial. Las privatizaciones de la década de
1990 transfirieron las posiciones de dominio de manos públicas a privadas, con
escaso beneficio para los consumidores.
El resultado de todo
este entramado oligopolístico es una electricidad más cara que en cualquier
otro país y la reforma planteada puede añadir sobrecostes que resten
competitividad a la industria.
Sectores de alto
consumo de electricidad, como la Siderurgia y el Papel, importantes en el
sector industrial del País Vasco, apuntan el riesgo de cierres y deslocalizaciones
a países con energía más barata.
El problema se centra
para algunos en el exceso de oferta (estimado en un 35%) y en cierta
ineficiencia: demasiadas fuentes de generación eléctrica, que resultan caras de
mantener.
Como ha ocurrido en
otros sectores, en años de bonanza todo era soportable, pero la reducción del
consumo de energía tiene que llevar a disminuir la actividad de muchas
instalaciones. Las bonificaciones al carbón y a las energías renovables también
han incrementado el gasto de un sistema que tiene que pagarse entre todos.
Se
admite que no pueden continuar los déficits de tarifa, pero hay desavenencias
en los criterios impuestos para repartir
la carga entre empresas energéticas, consumidores y Administración Pública.
La última medida del Gobierno fue aprobada el viernes pasado. Es un crédito extraordinario, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para financiar los costes del sistema eléctrico ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.
En el preámbulo de la ley se reconoce que el aumento del coste de las primas al régimen especial, en el que figuran las renovables, y un descenso de la demanda, han motivado un nuevo desajuste en el sistema eléctrico. Ante estas dos circunstancias, se habilita el crédito para evitar un "nuevo esfuerzo" a los consumidores de luz
Lo cierto es que, sin
un marco regulatorio estable y con estructuras de financiación que se alargan
hasta 20 años, resulta difícil pensar que inversores internacionales del sector
energético apuesten por España.
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