martes, 22 de octubre de 2013

REFORMAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

El sector de la energía tiene estrecha relación con la industria de un país, puesto que resulta esencial para su desenvolvimiento. Es, además, un recurso limitado y, en muchas ocasiones, no renovable, que llega en una parte importante a través del comercio internacional.

Las empresas vascas han acogido con preocupación la reforma presentada por el Ministerio de Industria para terminar con el déficit de tarifa en España. Plantea equilibrar la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema energético español, que ha acumulado en la última década un déficit de 28.000 millones de euros.

Hay que constatar que la mayoría de las actividades del sector energético se gestionan en mercados no competitivos, regulados estatalmente, o bien, con intervención directa de empresas públicas

Los sectores energéticos españoles de red (petróleo, gas y electricidad) están liberados, pero continúa la concentración empresarial. Las privatizaciones de la década de 1990 transfirieron las posiciones de dominio de manos públicas a privadas, con escaso beneficio para los consumidores.


En el gráfico se observa el carácter predominante del petróleo en el consumo de fuentes primarias en España en el 2012, con el 42%, seguido del gas natural, un 22%. Las restantes fuentes se sitúan a distancia en el panorama energético. El nivel de autoabastecimiento español alcanzó el 26,2% del consumo total.

El resultado de todo este entramado oligopolístico es una electricidad más cara que en cualquier otro país y la reforma planteada puede añadir sobrecostes que resten competitividad a la industria.

Sectores de alto consumo de electricidad, como la Siderurgia y el Papel, importantes en el sector industrial del País Vasco, apuntan el riesgo de cierres y deslocalizaciones a países con energía más barata.

El problema se centra para algunos en el exceso de oferta (estimado en un 35%) y en cierta ineficiencia: demasiadas fuentes de generación eléctrica, que resultan caras de mantener.

Como ha ocurrido en otros sectores, en años de bonanza todo era soportable, pero la reducción del consumo de energía tiene que llevar a disminuir la actividad de muchas instalaciones. Las bonificaciones al carbón y a las energías renovables también han incrementado el gasto de un sistema que tiene que pagarse entre todos.

Se admite que no pueden continuar los déficits de tarifa, pero hay desavenencias en los criterios impuestos para  repartir la carga entre empresas energéticas, consumidores y Administración Pública.

La última medida del Gobierno fue aprobada el viernes pasado. Es un crédito extraordinario, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para financiar los costes del sistema eléctrico ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

En el preámbulo de la ley se reconoce que el aumento del coste de las primas al régimen especial, en el que figuran las renovables, y un descenso de la demanda, han motivado un nuevo desajuste en el sistema eléctrico. Ante estas dos circunstancias, se habilita el crédito para evitar un "nuevo esfuerzo" a los consumidores de luz


Lo cierto es que, sin un marco regulatorio estable y con estructuras de financiación que se alargan hasta 20 años, resulta difícil pensar que inversores internacionales del sector energético apuesten por España.

 

 

 

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