Se denomina fiscalidad verde a los impuestos medioambientales que recaen sobre materiales que tienen un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente. Se excluye el impuesto del tipo valor añadido, y se incluyen los impuestos sobre la energía, sobre el transporte, sobre la contaminación y sobre los recursos.
Los impuestos medioambientales tratan de corregir las señales de precio falsas en el mercado, incorporando los costes de la contaminación, en un proceso de fijación correcta de precios, aplicando el principio de quien contamina, paga.
La reasignación de los recursos económicos para conseguir un desarrollo sostenible exige la incorporación de los costes sociales y medioambientales a las actividades económicas, internalizando las externalidades, es decir, soportando los costes que se provocan a otros.
En el siguiente gráfico tenemos la evolución por tipo de impuesto medioambiental en las dos últimas décadas:
Los programas europeos de acción en materia medioambiental recomiendan el uso de instrumentos económicos, como la fiscalidad energética y los impuestos sobre transporte y contaminación, para mitigar el cambio climático, promover un uso sostenible de los recursos y facilitar el uso más eficiente de la energía, así como unos sistemas de transportes más limpios.
No es posible proteger el medio ambiente sin costes y la transición ecológica necesita una fiscalidad verde que la incentive, a fin de reorientar la economía y alcanzar los objetivos ambientales.
La fiscalidad verde trata también de que los logros ambientales repercutan sobre la innovación productiva y la competitividad de las empresas. Hace falta gravar las externalidades negativas, tales como el impacto de algunas actividades económicas sobre la salud y el medio ambiente.
Los impuestos medioambientales recaen, entre otras actividades, sobre la emisión de gases de efecto invernadero, los residuos contaminantes del agua o el suelo, la gestión incorrecta de residuos y las consecuencias ambientales del transporte.
Esta fiscalidad incluye impuestos y tasas directas, especialmente sobre hidrocarburos, electricidad y medios de transporte, pero también plantea incentivos, como la desgravación o las ayudas de actividades que contribuyan a la descarbonización de la economía, en particular la rehabilitación de edificios para el ahorro energético.
En 2020, las empresas pagaron el 52,8% del total de los impuestos medioambientales y los hogares el restante 47,2% . Por ramas de actividad, la que soportó más el impuesto fue el transporte y almacenamiento (16,9%), seguida por la industria manufacturera (11,1%)
En conjunto, las tres fuentes de recaudación fiscal del sector, (los tributos sobre la energía, el transporte y la contaminación), sumaron en 2019 el 7,8% del total de los impuestos, cuando el año anterior representaron el 8,1%. La recaudación verde representa en España el 1,8% del PIB, en tanto que la media europea es del 2,4%, con lo que el país tiene por delante aún un largo recorrido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario