EDAD Y RIESGO DE POBREZA

 

Aunque el enfoque habitual define a la pobreza como la falta de ingresos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la sitúa en el ámbito de las necesidades básicas, incluyendo la salud, la educación, el saneamiento…,como mínimos necesarios para una calidad de vida digna.

El bengalí Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, introdujo la visión de la pobreza como privación de desarrollo individual, definiéndola como la constricción de las capacidades básicas que impiden a los individuos llegar a ser o realizarse en la comunidad en que viven.

El denominado “riesgo de pobreza” es un concepto de pobreza relativa, que viene a reflejar la desigualdad en la distribución de ingresos de una población. Se entiende que está en riesgo de pobreza un colectivo con ingresos inferiores al 60% de la renta disponible mediana de la comunidad.

Añadiendo al riesgo de pobreza la exclusión social surge la tasa AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusión), que se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa. Se construye con la población de insuficientes ingresos o con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo.

La visión estereotipada tiende a confundir la pobreza con las situaciones más extremas de miseria, pero la realidad social es que una parte importante de la población pobre está constituida por personas españolas adultas, con nivel educativo medio o alto y, además, con trabajo.

El riesgo de pobreza afectaba en España en 2020 al 27,4 % de la población menor de 18 años, al 14,6 % de las personas ocupadas, al 36,3 % de la población extranjera proveniente de la UE y al 9,9 % de las personas con educación superior.

En el estudio “Estado de la pobreza”, elaborado por la sección española de la plataforma “Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”, al abordar la distribución de la riqueza, se resalta el significativo aumento de la población pobre mayor de 65 años que se ha producido en los años de recuperación y que afecta, fundamentalmente, a mujeres.

Las personas mayores pasaron progresivamente de ser el 9,1% del total de personas pobres en el año 2014, a ser el 17,1% en el 2020, lo cual implica que en los últimos seis seis años 700.000 personas mayores cayeron al nivel de pobreza.

Es de destacar el incremento de las mujeres mayores en el año 2020, al pasar en un solo año del 7,4% al 10,5%.En términos absolutos ingresaron este último año en la pobreza 416.000 personas mayores, de las cuales 329.000 eran mujeres y 87.000 hombres.

Otro colectivo golpeado por la pobreza es el comprendido entre 45 y 64 años, en el que el porcentaje de los afectados llega al 25%. Esta sobrerrepresentación de la pobreza está relacionada con la segregación laboral que soportan las personas de este grupo de edad, que tienen muchas dificultades para reintegrarse al mercado de trabajo una vez que ha perdido el empleo.

La pobreza está aun más extendida en la edad infantil. En el año 2020, el 31,1% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación AROPE, y sufrían pobreza severa el 14,1%. En el caso de las niñas y niños con al menos un progenitor migrante, el riesgo de pobreza o exclusión social llegaba al 49 %. En este último valor, España ocupa el lugar más alto de la Unión Europea desde el año 2014 (Eurostat)

FISCALIDAD VERDE

 

Se denomina fiscalidad verde a los impuestos medioambientales que recaen sobre materiales que tienen un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente. Se excluye el impuesto del tipo valor añadido, y se incluyen los impuestos sobre la energía, sobre el transporte, sobre la contaminación y sobre los recursos.

Los impuestos medioambientales tratan de corregir las señales de precio falsas en el mercado, incorporando los costes de la contaminación, en un proceso de fijación correcta de precios, aplicando el principio de quien contamina, paga.

La reasignación de los recursos económicos para conseguir un desarrollo sostenible exige la incorporación de los costes sociales y medioambientales a las actividades económicas, internalizando las externalidades, es decir, soportando los costes que se provocan a otros.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución por tipo de impuesto medioambiental en las dos últimas décadas:

Observamos que en 2020 el impuesto sobre la energía supera en España los 16.200 millones de euros, en torno al 77% del total recaudado por impuestos medioambientales, en tanto que los otros dos tipos no superan en conjunto los 3.400 millones.

Los programas europeos de acción en materia medioambiental recomiendan el uso de instrumentos económicos, como la fiscalidad energética y los impuestos sobre transporte y contaminación, para mitigar el cambio climático, promover un uso sostenible de los recursos y facilitar el uso más eficiente de la energía, así como unos sistemas de transportes más limpios.

No es posible proteger el medio ambiente sin costes y la transición ecológica necesita una fiscalidad verde que la incentive, a fin de reorientar la economía y alcanzar los objetivos ambientales.

La fiscalidad verde trata también de que los logros ambientales repercutan sobre la innovación productiva y la competitividad de las empresas. Hace falta gravar las externalidades negativas, tales como el impacto de algunas actividades económicas sobre la salud y el medio ambiente.

Los impuestos medioambientales recaen, entre otras actividades, sobre la emisión de gases de efecto invernadero, los residuos contaminantes del agua o el suelo, la gestión incorrecta de residuos y las consecuencias ambientales del transporte.

Esta fiscalidad incluye impuestos y tasas directas, especialmente sobre hidrocarburos, electricidad y medios de transporte, pero también plantea incentivos, como la desgravación o las ayudas de actividades que contribuyan a la descarbonización de la economía, en particular la rehabilitación de edificios para el ahorro energético.

En 2020, las empresas pagaron el 52,8% del total de los impuestos medioambientales y los hogares el restante 47,2% . Por ramas de actividad, la que soportó más el impuesto fue el transporte y almacenamiento (16,9%), seguida por la industria manufacturera (11,1%)

En conjunto, las tres fuentes de recaudación fiscal del sector, (los tributos sobre la energía, el transporte y la contaminación), sumaron en 2019 el 7,8% del total de los impuestos, cuando el año anterior representaron el 8,1%. La recaudación verde representa en España el 1,8% del PIB, en tanto que la media europea es del 2,4%, con lo que el país tiene por delante aún un largo recorrido.

INVERSIÓN EN CUIDADOS

 

Tras años de reivindicaciones, acabaron aceptándose como trabajadores a quienes se dedicaban al cuidado de niños, personas mayores y enfermos. Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuentan el trabajo de los cuidados como una forma de empleo.

La importancia de los cuidados de personas va aumentando en los países europeos, en los que se está incrementando la esperanza de vida. Según Eurostat, el 13% de la población europea tendrá 80 o más años en 2080, más del doble que hoy.

En España, las proyecciones apuntan a que habrá un 32% de mayores de 65 años en el 2050. Por de pronto, como vemos en el gráfico del Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de la población va incrementándose a un ritmo de 1 año de edad por cada 5 años transcurridos. Ha pasado de 42,6 en 2016 a 43,7 en 2021.

Esta evolución demográfica genera importantes retos sociales y económicos, así como oportunidades para nuevos emprendimientos, al crecer las necesidades de cuidados de larga duración en las próximas décadas, sobre todo los relacionados con la dependencia.

En una reciente conferencia, la profesora Lourdes Beneria, catedrática emérita de la Universidad de Cornell (EE.UU) señalaba: “De golpe, hemos visto como los cuidados están en el centro de la economía en tanto que representan unas actividades sin las cuales la supervivencia se hace muy difícil”

España viene destinando a cuidados de larga duración un 0,9% del PIB, por debajo de la media de los países de la OCDE, en los que este gasto representa el 1,5%. La asignación española a este tipo de gasto no corresponde a un país con longevidad elevada

La OCDE estima que el gasto en cuidados irá subiendo rápidamente en los próximos años, impulsado por el envejecimiento de las poblaciones, y los Gobiernos tendrán que llegar a un equilibrio entre ofrecer una atención social de buena calidad y mantener la sostenibilidad económica.

En el proceso de envejecimiento actual, por cada persona mayor de 65 años hay 2,1 ciudadanos trabajando, pero en 2050 solo habrá 1,7, lo cual lleva a impulsar medidas para que la gente trabaje más años, incentivar la inmigración y tratar de atraer talento de otros países.

Aunque la mayoría de la población español hasta los 74 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno, el proceso de envejecimiento implica más dependencia. Aumentará considerablemente el número absoluto de personas mayores dependientes, con lo que la carga de cuidados va a crecer mucho en los próximos años.

El sistema de dependencia se desarrolla en España mediante un esquema mixto de financiación. Aunque la valoración, la prescripción y el seguimiento de la dependencia son públicos, la provisión de los servicios es privada. En el sector de cuidados, la dependencia está en un 80%-85% en manos privadas. La Administración Pública compra en el mercado mediante conciertos los servicios que ofrece a los ciudadanos.

El Gobierno ha incluido la atención de los cuidados entre las reformas del Plan de Recuperación, con medidas de choque para el refuerzo de las políticas de inclusión. Recurriendo a los fondos europeos, ha dotado a este programa con más de 3.500 millones de euros.

Esperemos que funcione mejor que el sistema de atención a la dependencia que se planteó en 2006, considerándolo como el cuarto pilar del Estado de bienestar, al que le faltó financiación y dejo sin cobertura a miles de personas. Los cuidados acabaron recayendo sobre el entorno familiar (75% sobre mujeres) y, en menor medida, sobre profesionales privados

Algunos defienden que la partida correspondiente a la dependencia debería entenderse como una inversión en lugar de un gasto, porque a través de la demanda de consumo se crea empleo y la renta se distribuye entre la retribución de los trabajadores y los beneficio de las empresas, y una parte vuelve a la Administración Pública a través de los impuestos.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS

 

No resulta una tarea sencilla adentrarse en el alcance y la complejidad de la que se conoce como la “cuarta revolución industrial”, con avanzadas innovaciones que se desarrollan a través de la mezcla de los ámbitos físico, digital y biológico.

A diferencia de las anteriores revoluciones industriales, la que vivimos hoy día está evolucionando a un ritmo exponencial, más que lineal, resultado de las profundas interconexiones favorecidas por la era digital, que llevan a cambios de paradigma en la economía y en la sociedad.

Las revoluciones industriales comenzaron en la segunda mitad del siglo XVIII, con la transición de la energía muscular a la mecánica y evolucionaron hasta la que hoy tenemos entre nosotros, dotada de mayor poder cognitivo, que aumenta la capacidad productiva humana.

La primera revolución industrial, que se situó entre 1760 y 1840, fue desencadenada por la invención del motor de vapor y la construcción del ferrocarril. Significó el comienzo de la producción mecánica. Con la segunda revolución, que sucedió entre finales del siglo XIX y principios del XX, llegó la electricidad, la cadena de montaje y la producción en masa

La tercera, conocida como la revolución digital o del ordenador, se inició en la década de 1960, con el desarrollo de los semiconductores, la informática personal (1979-1980) e Internet (a partir de 1990). Puede considerarse que la cuarta revolución industrial, que comenzó a principios de este siglo, esta basada en la digitalización, utilizando un Internet más ubicuo y móvil, inteligencia artificial y aprendizaje de la máquina.

La disrupción tecnológica se ha acelerado en tiempo de pandemia. Las empresas han emprendido un proceso de transformación, poniendo en marcha el trabajo a distancia. Se ha descubierto que es posible tener a los trabajadores dispersos y que todo siga funcionando.

Las jornadas de trabajo pueden ser en adelante híbridas, con varios días de trabajo en el puesto laboral y otros en el domicilio. Hará falta una política individualizada, puesto que no todos los puestos de trabajo son iguales.

Puede que no todo el mundo sea capaz de trabajar desde casa. Aquellos que, por ejemplo, vivan lejos de su entorno de trabajo pueden alquilar nuevos espacios, como los coworking, que les permitan establecer un tercer lugar desde el que operar.

Un informe sobre la transición digital señala que la inteligencia artificial, la automatización y la robótica crearán en el futuro nuevos puestos de trabajo, pero perderán empleo quienes no estén preparados para aprovechar las nuevas oportunidades.

La lucha contra el cambio climático creará nuevos puestos de trabajo a medida que se vayan adoptando prácticas sostenibles y tecnologías limpias. Otros puestos desaparecerán al ir los países reduciendo sus industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de lo recursos.

Hay una relación cada vez más estrecha entre el empleo y la tecnología, entre los físico y lo digital, donde la automatización va reduciendo la mano de obra en muchos sectores. La digitalización y una gestión del talento más multidisciplinar van a aumentar la productividad, la eficiencia y la creatividad.

Integrando nuevas tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial, los trabajadores capacitados pueden abandonar las tareas repetitivas y dedicarse a otras más creativas y estratégicas, que aportan mayor valor y ventaja competitiva a las empresas.

Las competencias de hoy no se ajustan a los trabajos del futuro y, además, las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. Quizás sea preciso diseñar incentivos para que los trabajadores mejoren sus competencias, sobre todo los colectivos con situación más complicada por la necesidad acuciante de adaptarse a nuevos empleos.