ECONOMÍA DE ESTADO ESTACIONARIO

 

En los últimos dos siglos, una parte de la humanidad ha superado la situación de pobreza y la esperanza de vida en Europa ha rebasado los 80 años. La vida de las personas se ha transformado, dotándose de mayores capacidades. Y todo ello ha sucedido en un contexto de crecimiento económico.

Pero las mejoras conseguidas se han repartiendo de modo muy desigual entre los países y también dentro de los países. Además, la situación ecológica se ha vuelto insostenible, con un cambio climático visible, deforestación excesiva, degradación de suelos fértiles y contaminación de aguas, poniendo en peligro muchos ecosistemas y la propia vida humana.

Desde el siglo XVIII a la actualidad la población se ha multiplicado por 10, pasando de unos 800 a cerca de 8.000 millones, lo cual ha supuesto extender el nivel de consumo, que ha impactado de modo negativo sobre el medio natural.

En este contexto resulta necesario reconsiderar el objetivo del crecimiento económico y tratar de reorientar la economía para evitar los demoledores pronósticos que anuncian los científicos, debatiendo conceptos como economía de estado estacionario y decrecimiento.

El profesor de la Universidad de Maryland Herman Daly, considerado como el principal defensor mundial de la economía de estado estacionario, la define como “una economía con existencias constantes de personas y cosas (productos) que se mantienen a un nivel deseado de suficiencia con una tasa baja de flujo de mantenimiento, es decir, el flujo de materia y energía más bajo posible desde la primera etapa de Producción a la última etapa de consumo”.

En el siguiente grafico el punto K* representa la situación de estado estacionario, en la que coinciden la inversión y la depreciación.

En una economía estacionaria existe un stock constante de riqueza física (capital productivo) y un tamaño de población constante. No crece en el transcurso del tiempo, con lo que es la única economía sostenible a largo plazo. Satisface las necesidades de las personas sin socavar los servicios de soporte vital del planeta.

La economía de estado estacionario no debe confundirse con el estancamiento económico: mientras que una economía de estado estacionario se establece como el resultado de una acción política deliberada, el estancamiento económico es el fracaso inesperado e inoportuno de una economía en crecimiento.

No cabe duda de que el objetivo del modelo de crecimiento económico resulta inviable y no es compatible con las reestructuraciones económicas que se requieren para superar la crisis de recursos que hay que afrontar, por lo que será necesario avanzar hacia los principios basados en la estabilidad.

Esos principios se pueden resumir en cuatro reglas: 1) mantener la salud de los ecosistemas; 2) extraer los recursos renovables a velocidad no mayor que la que pueden regenerarse; 3) consumir recursos no renovables a velocidad no mayor de la que pueden ser reemplazados por descubrimiento de sustitutos; y 4) depositar los desechos en el medio ambiente a velocidad no mayor a la que pueden asimilarse de manera segura.

EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS

 

Los impuestos son el recurso básico para financiar los gastos que hacen posible la existencia de los servicios públicos, a fin de atender las necesidades de los ciudadanos, tales como sanidad, pensiones, educación y servicios sociales. La fiscalidad es necesaria para reconocer y defender los derechos recogidos en las constituciones de los países. Hay quien afirma que la fiscalidad representa “el coste de los derechos”

Los impuestos afectan en mayor o menor grado a los incentivos económicos, y pueden alterar el comportamiento de los productores, consumidores y trabajadores, reduciendo la eficiencia, por lo que cualquier sistema tributario debería tratar de minimizar tal efecto negativo.

El gráfico siguiente, basado en la oferta y demanda de un producto, puede ayudar a observar la relación entre los impuestos y la eficiencia.

Si no hay impuesto sobre el producto, el precio y la cantidad de equilibrio se encontrarán en la intersección de las líneas de demanda y oferta. La cantidad de compraventa será Q2

El efecto que provoca un impuesto sobre el producto es una brecha entre el precio que paga el demandante (P2) y el que cobra de modo efectivo el oferente (P1), porque la Hacienda Pública se queda con la diferencia (P2-P1) en cada unidad de producto y recauda los ingresos del rectángulo en trazo oscuro. Observamos también que el impuesto produce un segundo efecto: reduce la cantidad de la compraventa hasta Q1, con lo que los ingresos serian (P2xQ1).

Por lo tanto, una subida del impuesto reduce la base impositiva. Cuando los impuestos son más altos, se realizan menos transacciones entre compradores y vendedores. El efecto disuasorio que tiene el impuesto es una ineficiencia, puesto que frustra los deseos de los grupos interesados en el producto.

Los aumentos recaudatorios no son proporcionales a las subidas de los tipos impositivos. Se puede llegar a que una subida impositiva no aumente la recaudación tributaria al ser anulada con creces por el descenso de la base impositiva

El segundo aspecto de un sistema impositivo es la equidad. Establece que las personas deben aportar a la Hacienda Pública según su capacidad contributiva, lo cual implica que los individuos deben estar sujetos a una carga tributaria acorde con su condición económica.

En la equidad impositiva existen dos componentes: la equidad horizontal, según la cual se debe imponer la misma carga contributiva a las personas que tienen una capacidad económica similar, y la equidad vertical, estableciendo que, cuanto mejor sea la condición económica del individuo, mayor sea la tasa de impuesto que debe pagar.

Al sistema fiscal se le pide que ayude a corregir las desigualdades que se producen como consecuencia del funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y factores productivos. Aplicando criterios de progresividad, se distribuyen las cargas tributarias bajo el principio de la capacidad de pago en los servicios públicos que resultan difíciles de individualizarse.

LOS METALES EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 

Las tecnologías con bajo contenido de gases de efecto invernadero, que incluyen las energías renovables, los vehículos eléctricos y el hidrógeno, requieren más metales que las basadas en combustibles fósiles. Cabe pensar, por tanto, en un aumento sustancial en la demanda de metales como cobre, níquel, cobalto y litio en los próximos años.

Por ejemplo, un automóvil eléctrico requiere seis veces los insumos minerales de un automóvil convencional y una planta eólica terrestre precisa de nueve veces más recursos minerales que una planta de gas. Desde 2010, la cantidad promedio de minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado en un 50% a medida que ha subido la participación de las energías renovables en las nuevas inversiones.

La Agencia Internacional de la Energía considera que estos metales serán los más afectados por la transición energética. El cobre y el níquel vienen comercializándose desde hace más de un siglo, utilizándose en tecnologías bajas en carbono. En cambio, el litio y el cobalto entraron en las bolsas de metales en la década de 2010, principalmente por usarse en baterías.

Aunque la demanda de estos metales podría dispararse en las próximos décadas, la oferta irá reaccionando lentamente a las señales de los precios. Como el litio se extrae de manantiales minerales y salmuera, las nuevas instalaciones pueden entrar en servicio en un plazo corto.

En cambio, el cobre, el níquel y el cobalto se extraen en minas, que requieren inversiones intensivas en capital, con lo que podrían requerir hasta 20 años en construirse. En consecuencia, la oferta sería bastante inelástica a corto plazo y más elástica a muy largo plazo.

Como se observa en el gráfico, la oferta de metales (en porcentajes) está bastante concentrada, con lo que los mayores productores (Pr) son también los que poseen las reservas (R) más importantes

La República Democrática de Congo (COD) representa en torno al 70% de la producción mundial de cobalto y el 50% de las reservas. Destacan Australia (AUS) para litio, cobalto y níquel; Chile (CHL) para cobre y litio, con otros países en menor medida.

Si se adoptase el escenario de cero emisiones netas, el incremento de la demanda podría llevar a que el conjunto de los cuatro metales alcanzasen en las próximas dos décadas un valor acumulado de 13 billones de dólares, que supondría igualar al montante estimado de la producción de petróleo. Se convertirían así en macro relevantes para la producción, la inflación y el comercio.

Pero existe elevada incertidumbre en el escenario de la demanda, dado que resultan difíciles de predecir tanto el cambio tecnológico como la velocidad y la dirección de la transición energética, condicionadas siempre a las decisiones políticas.

Esta incertidumbre puede dificultar la inversión minera y favorecer los altos precios de los metales, con lo que se estaría obstaculizando la transición hacía una energía limpia.

DESAJUSTES LABORALES

 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de personas ocupadas en el tercer trimestre de este año en España ha aumentado en 359.300, rebasando los 20 millones, una cifra que no se había alcanzado desde finales de 2008. En términos desestacionalizados (eliminados los efectos estacionales y de calendario), el empleo ha crecido en 854.100 personas (4,45%) en los últimos 12 meses.

Al mismo tiempo, el desempleo ha descendido en el trimestre en 127.100 personas y la cifra acumulada de parados es de 3.416.700. Con datos desestacionalizados, la reducción en los últimos doce meses ha sido de 306.200 personas (-8,23%). La tasa de desempleo se sitúa en 14,57%.

Ha sido la campaña de verano la que ha impulsado el mercado de trabajo. El sector servicios ha generado 377.200 empleos en el trimestre. La industria ha dado ocupación a 63.000 más y el empleo ha descendido en la construcción en 31.300. El sector privado generó la mayor parte del nuevo empleo, con 314.800 puestos, frente a los 44.500 creados en el sector público.

Aunque parece que la actividad creciente continuará en los próximos meses, los retrasos en el transporte y la falta de algunos componentes, unido al incremento del coste de la energía, podrían ralentizar la recuperación económica.

En el mercado laboral está aflorando otro elemento que va a ocasionar dificultades al crecimiento económico: el desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, que aumentó durante 2020. El nivel de vacantes alcanzó cerca de 120.000 en el segundo trimestre de 2021.

Como vemos en el cuadro del INE, la escasez de oferta de trabajo afecta sobre todo al sector Servicios, con 105.605 vacantes, pero tampoco se cubren las necesidades de las empresas en los sectores Industria y Construcción.

Aunque las vacantes son en España muy inferiores a las de otros países europeos, la cifra llama la atención porque nuestro país tiene uno de las mayores tasas de desempleo de las economías desarrolladas.

Resulta habitual que se produzcan ciertos niveles simultáneos de paro y vacantes, debido a que se requiere un período de búsqueda para conseguir un empleo y llegar a cubrir la vacante. A lo largo del ciclo económico se puede observar la relación inversa entre paro y vacantes. Así, en una recesión aumenta el número de personas buscando empleo y existen menos vacantes disponibles.

Pero el desajuste del mercado laboral se debe en buena medida al desfase que existe entre la formación de los demandantes de empleo y los perfiles que necesitan las empresas. Los responsables de algunas empresas advierten de la dificultad para encontrar personal adecuado para algunas ramas del sector terciario (información y comunicación, transporte y hostelería) y la construcción. En los próximos años puede incrementarse el desajuste, porque se requerirán especialistas en logística, análisis de datos y otros perfiles técnicos que están aflorando.

El mejor remedio para ajustar las demandas y ofertas de empleo es mejorar la empleabilidad de los trabajadores, haciendo un esfuerzo para orientar la oferta académica a las necesidades cambiantes de las empresas. También son importantes las políticas activas de empleo, un conjunto de servicios y programas de orientación y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, fomentando el espíritu empresarial y la economía social.

Según se ha avanzado en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la partida de las políticas activas de empleo superará los 7.648 millones de euros, un 3,3% más que este año, y será cada Comunidad Autónoma la que apruebe y desarrolle los cursos de formación para desempleados y las acciones personalizadas de orientación laboral.