El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un conjunto de normas que regula la coordinación de las políticas fiscales de la Unión Europea, con el objetivo de velar por unas finanzas públicas saneadas, y cuenta con un componente preventivo, para asegurar que la política fiscal de los países se lleve a cabo de manera sostenible, y otro correctivo, sobre cómo deben actuar los países que incurren en déficit o deuda excesivos.
La Comisión Europea puede poner en marcha el procedimiento de déficit excesivo contra el país que incumpla una de las dos normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: superar el umbral de déficit del 3% del PIB o endeudarse por encima del 60%.
Estas normas han quedado en suspenso durante la pandemia, pero la perspectiva de recuperación económica lleva a algunos países, como Alemania, a recordar que el abultado déficit fiscal que acumulan países como España habrá de ser corregido en el próximo lustro, lo cual implica que deberá aumentar el volumen sus ingresos públicos o reducir los gastos.
La economía española tiene tipos impositivos altos en relación con los países de la Eurozona, pero la recaudación fiscal es menor en todas las figuras impositivas, seguramente debido al mayor fraude fiscal y el exceso de deducciones, exenciones y desgravaciones.
En el gráfico tenemos los ingresos por impuestos y cuotas de la Seguridad Social de los países en porcentaje sobre el PIB, en el año 2019. La recaudación española fue del 35,4%, por debajo de la media de la Eurozona (41,6%) y menos que Francia (47,4%), Italia (42,6%), Grecia (41,9%) y Portugal (36,8%). Se estima que lograr la media de la Eurozona hubiera supuesto para España en 2019 unos ingresos adicionales del orden de 77.200 millones de euros.
Lo cierto es que han sido el incremento de gastos para afrontar la pandemia del Covid-19, y la caída de la recaudación que ha originado la crisis consecuente, las que han provocado un descuadre importante de las cuentas públicas. Según Eurostat, España cerró 2020 con un déficit público del 11% de PIB y la deuda en un 120%.
Las políticas neoliberales pregonan que la reducción de impuestos, que benefician sobre todo a las rentas altas, incentiva el consumo y aumenta tanto el ahorro como la inversión empresarial, con lo que sube el empleo y se impulsa el crecimiento económico. Pero la realidad es que la inversión de las empresas depende básicamente de las expectativas de beneficios y la financiación disponible.
La bajada de impuestos debería concentrarse más en las rentas bajas, dado que son las que tienen propensión de consumo más alta en la compra de bienes y servicios. Si la caída de ingresos beneficia principalmente a las rentas más elevadas, aumenta el ahorro, y más que invertirse en proyectos empresariales puede acabar en inversión especulativa.
En el documento “Causas y consecuencias de la desigualdad de ingresos: una perspectiva global”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala “Encontramos que aumentar la proporción de ingresos de los pobres y la clase media en realidad aumenta el crecimiento, mientras que una creciente proporción de ingresos del 20 por ciento superior resulta en un menor crecimiento”, lo cual sugiere que las políticas deberían centrarse en hacer que los sistemas fiscales sean más progresivos.
A partir de 2023, la Comisión Europea podría volver a exigir el cumplimiento de la norma fiscal del 3% y el FMI advierte a España que, si no actúa para evitarlo, es de esperar que permanezca en situación de déficit excesivo durante muchos años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario