Los recursos que necesita un Estado para financiar sus gastos puede conseguirlos fundamentalmente estableciendo impuestos o emitiendo deuda pública. En la medida que recurre a la primera vía recupera los fondos gastados con la recaudación de impuestos.
La ventaja de la financiación con impuestos es que da oportunidad al Estado para redistribuir los recursos, centrando el gasto en ciertos colectivos y recargando los tributos a otros grupos de población. El inconveniente, sobre todo en una época de recuperación como la actual, es que el incremento de impuestos puede llegar a anular el efecto económico impulsor.
La segunda vía de financiación consiste en la emisión de deuda pública, que supone la venta de títulos de préstamos a particulares, empresas e instituciones financieras del país o del extranjero. El Estado se compromete a pagar los intereses y devolver la deuda en el plazo establecido, o bien, tratará de refinanciar el préstamo emitiendo nuevos títulos.
Como las deudas contraídas tienen que ser devueltas en el futuro, habrá que conseguir superavits presupuestarios más tarde y, en caso de no lograrlos, se generará más deuda para amortizar la deuda anterior.
La deuda pública de España se incrementó en 2020 en 122.439 millones de euros, que representa un 9,9%, alcanzando al final de año un volumen de 1,3 billones. En el gráfico siguiente tenemos la evolución del endeudamiento público español en la última década.
La deuda de las Administraciones Públicas fue aumentando anualmente a partir de 2008, en la crisis financiera y la posterior recuperación, alcanzando al final de 2020 el 117,3% del PIB, la ratio más elevada desde 1902.
El mayor incremento en 2020 se ha producido en la Administración Central del Estado, debido a las ayudas a trabajadores y empresas, con los programas de sostenimiento de empleo (ERTE) y las ayudas a autónomos. Con el reciente añadido de las ayudas directas, la deuda pública podría alcanzar hasta un 122% del PIB este año.
El grado de sostenibilidad de la deuda pública contraída se relaciona con la proporción que representa sobre el PIB del país. Se consideran además factores como el tipo de interés y la moneda en que está emitida. En el caso de que sea moneda de otro país, la evolución del tipo de cambio puede suponer una carga añadida en el futuro.
Por fortuna para un país tan endeudado como España, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE), con la compra masiva de bonos, ha reducido el coste del endeudamiento. La carga de intereses de la deuda ha descendido desde el 3,5% del PIB en 2013 hasta el 2% en 2019 y continúan cayendo, pero no hay que olvidar que el nivel de endeudamiento ha llegado al doble del admitido por las reglas fiscales europeas (60%), suspendidas temporalmente durante la pandemia.
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