Tras varias rondas de conversaciones entre representantes del Gobierno y de los agentes sociales, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 30 de septiembre de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, un mecanismo que funciona desde marzo para proteger el empleo en la crisis de la pandemia.
La suspensión temporal del contrato de trabajo que conlleva un ERTE puede realizarse por causas económicas (pérdidas), técnicas (cambios en la producción), organizativas (alteraciones en sistemas y métodos), productivas (cambios en la demanda) o derivadas de fuerza mayor temporal, como en la pandemia del coronavirus.
Hay que diferenciar entre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que conlleva la extinción del contrato de trabajo (despido) y el ERTE, la suspensión del contrato mientras dure la situación que la motiva. En este último, los trabajadores perciben una prestación pública del 70% de la base reguladora durante los primeros 6 meses y el 50% en adelante, retribución que en algunos casos complementan las propias empresas.
La flexibilización de los ERTE ha sido una de las medidas estrella del Gobierno a fin de limitar los daños causados por el parón necesario de la actividad para evitar la extensión del coronavirus. La prestación ha llegado a cubrir a unas 3,7 millones de personas y se ha extendido a 500.000 empresas. Tras la desescalada, 1,56 millones de trabajadores se han incorporado ya a sus puestos en las empresas.
El cuadro muestra las 10 actividades que más trabajadores han incluido las empresas en los ERTE. Destacan los servicios de comidas y bebidas, con 698.053 personas, prácticamente el 80% de esta actividad y los de alojamiento, con 217.436, que suponen más del 83% de este servicio.
Entre prestaciones por desempleo y bonificaciones en las contribuciones, los expedientes por ERTE entre marzo y septiembre de este año van a suponer para la Seguridad Social un coste en torno a los 25.000 millones de euros.
Según el estudio de una consultora, el 58% de las empresas españolas encuestadas se han acogido al ERTE en los últimos meses, lo cual ha aliviado las tensiones en el tejido empresarial, y junto a las medidas de liquidez están logrando que casi la totalidad de los contratos laborales se mantengan por el momento en suspensión.
Solo el 2% de las empresas encuestadas ha llegado a aplicar el ERE, el despido del trabajador, pero algunos gestores administrativos calculan que están en riesgo otros 300.000 empleos, porque estiman que pueden solicitar un ERE 52.000 empresas ahora acogidas al ERTE
El gasto fiscal de protección por ERTE, la ayuda a autónomos y la prestación de desempleo suponen en conjunto el 1,6% del PIB español, por encima de Italia (1,4%), pero por detrás de Francia (2,4%) y de Alemania (4,4%)
Sin el apoyo del programa ERTE muchas empresas habrían cerrado y parte de sus trabajadores estarían en paro, con pocas posibilidades de encontrar empleo. La cuestión a analizar es si la situación de esas empresas es realmente transitoria, consecuencia del confinamiento forzoso en el que no era posible generar ingresos.
Puede suceder que las empresas no necesiten ya parte de los trabajadores subvencionados con prestaciones del ERTE, al menos en las tareas que realizaban. Algunos sectores, como sucedió en 2007 con la construcción de viviendas, pueden estar sobredimensionados. Actividades como turismo y servicios van tener muy lenta recuperación, con lo que no generarán en varios años ingresos suficientes para su sostenimiento al nivel previo a la pandemia.
Sostener artificialmente actividades sin demanda suficiente, a base de inyectar dinero público permanente, supondría una distribución ineficiente de los recursos, que entorpecería la propia recuperación económica, en la que es primordial la generación de nuevo empleo.
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