DESIGUALDAD Y PANDEMIAS

En su obra “El gran nivelador”, el historiador austríaco Walter Scheidel, profesor en la Universidad de Stanford (California), relata la evolución de la desigualdad en los países a través de guerras, revoluciones sangrientas, desmoronamientos de Estados y pandemias, acontecimientos que, desde las sociedades primitivas, habían mostrado cierta capacidad niveladora de los ingresos y las riquezas. 

Las guerras propiciaron negociaciones en favor de los población, a costa de la riqueza de las élites económicas; las revoluciones arremetieron contra los terratenientes y las burguesías, y el derrumbe de algunos Estados arrasó con los poderosos enriquecidos. 

Mientras en estos tres tipos de acontecimientos los conflictos se producen entre los propios seres humanos, las plagas y pandemias implican a otras especies, que no actúan de modo violento, aunque algunos ataques bacterianos y víricos a las sociedades humanas fueron mucho más letales que casi todos los desastres causados por guerras y revoluciones. 

Una pandemia supone la extensión de una enfermedad a nivel mundial. Hasta la llegada del coronavirus Covid-19, la más conocida entre nosotros era el virus gripal, que tiene su origen en infecciones en animales, y se suele propagar por todo el mundo. 

Thomas Robert Malthus, economista de la Ilustración, describió su famosa teoría demográfica en su obra “Ensayo sobre el principio de la población”. Afirma que, a largo plazo, la población tiende a crecer más rápidamente que los recursos disponibles, lo cual desencadena obstáculos a un mayor crecimiento que, de no atajarse de modo preventivo reduciendo la fertilidad, el aumento de población suele corregirse traumáticamente con guerras y demás acontecimientos violentos. 

La pandemia más estudiada de la historia, denominada “peste negra”, surgió hacia 1320. Con reapariciones periódicas, sus terribles efectos se prolongaron al menos hasta el siglo XVII en Europa. Su nacimiento se sitúa en el desierto de Gobi, en la zona fronteriza entre China y Mongolia. 

El origen se sitúa en una cepa bacteriana que residía en las pulgas de las ratas. La variedad más común es la forma de peste bubónica, conocida por la aparición de tumores o ampollas en los ganglios linfáticos de la ingle, las axilas o el cuello, con una letalidad del 50%-60%. Una segunda versión es la peste neumónica, que se transmite directamente entre personas a través de gotas emanadas de pulmones infectados, con índices de mortalidad en torno al 100%. 

Las rutas de las caravanas en Asia central y los barcos mercantiles italianos sirvieron como canales de diseminación a la peste. A mediados del siglo XIV la epidemia se introdujo en el Mediterráneo. La población europea pasó de 94 millones en 1300 a 68 millones en 1400, un descenso del 47%. 

La peste negra llegó a Europa en una época en que la población había crecido mucho en el transcurso de los tres siglos anteriores, con el impulso de innovadores métodos agrícolas, mejores cosechas y mayor estabilidad política, que permitieron la expansión de los asentamientos y la producción. 

La presión demográfica del aumento poblacional redujo el valor del trabajo y, a causa de ello, los ingresos reales. A principios del siglo XIV se produjo un mayor deterioro cuando las inestables condiciones climatológicas provocaron que las cosechas fueran inferiores y éstas desencadenaron a su vez hambrunas catastróficas. 

La relación entre cambio demográfico e ingresos reales resulta evidente en las crónicas medievales. Los salarios reales alcanzaron máximos cuando la población llegó a su nivel más bajo. La mejora en el nivel de vida de la población trabajadora llegaba tras la muerte prematura de decenas de millones de personas a lo largo de varias generaciones. 

En el gráfico siguiente tenemos la evolución de los ingresos reales, calculados en cereales, en las zonas rurales de Inglaterra entre los siglos XIII y XIX. 

Vemos que los salarios alcanzan el máximo en plena crisis de la peste negra, a finales de la Edad Media, mediados del siglo XIV. La reducción de la desigualdad fue el efecto nivelador en ingreso y riqueza de la gran pandemia del siglo XIV. 

Los miembros de la alta burguesía sufrieron una movilidad descendente, mientras que los grandes señores consiguieron mantener su posición con menos ingresos. La peste contribuyó a una drástica reducción de la nobleza. En el transcurso de dos generaciones, tres cuartas partes de las familias nobles se quedaron sin herederos, lo cual hizo que desaparecieran viejas familias, aunque surgieran otras nuevas. 

En otra pandemia, la gripe “española” de 1918, se infectaron 500 millones de personas, un tercio de la población mundial, y el número de muertos se estimó en 50 millones. Esta pandemia, que se ensañó con los más jóvenes, tuvo menores efectos niveladores que la “peste negra”. 

No parece que la pandemia del coronavirus Covid-19 vaya a tener efectos redistributivos. Esta vez no va a descender la población activa, porque el Covid-19 ha escogido a las personas mayores como víctimas preferentes. A diferencia de las pandemias anteriores, esta vez tenderá a agravarse la desigualdad, que había repuntado en la crisis financiera reciente. Aunque las Bolsas apuntan severas pérdidas, lograrán recuperarse antes que el empleo y los salarios reales. 

PARADIGMAS ECONÓMICOS

La crisis del coronavirus vuelve a plantear el debate sobre la intervención estatal en la economía. Los Gobiernos se están esforzando ahora por controlar la pandemia del Covid-19, desplegando cuantiosos apoyos para familias y empresas, a fin de aliviar las consecuencias de la pérdida de actividad económica. No es de extrañar, por tanto, que se reconsidere el papel de los Gobiernos y la dimensión del Estado de Bienestar en los próximos años. 

Resulta evidente que los países europeos han gestionado la crisis sanitaria de modo más eficaz e inclusivo que otras grandes naciones americanas, gracias a contar con sistemas de salud pública altamente extendidos a la población, lo cual ha puesto de relieve la importancia de dotar con recursos adecuados a las actividades que componen el Estado de bienestar. 

Si una misión básica del Estado es proteger la vida de la gente, no parece que el paradigma económico neoliberal haya tenido éxito en los años recientes, sobre todo al imponer la austeridad en plena crisis financiera. Según ha acabado reconociendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), los recortes de gastos en 2010-2012 tuvieron efectos multiplicadores negativos mucho mayores de los anunciados, perjudicando la capacidad de crecimiento económico. 

Como se enseña en los tratados de economía, Adam Smith fue quien planteó la “mano invisible” como conductor del quehacer económico, un concepto que guía a los liberales. Significa asumir que los mercados cuentan con capacidad para gobernar la economía, sin necesidad de intervención pública. Pero esta crisis sanitaria ha puesto de relieve que una parte esencial de la economía no puede estar guiada sólo por los criterios del mercado. 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el paradigma económico vigente fue el keynesianismo, la intervención del Estado para tratar de estabilizar la demanda, pero con la crisis de los años 1970 la preocupación de los economistas pasó a la gestión de la oferta, con el lema de luchar contra la inflación, lo cual llevó a propuestas de desregular la economía y disminuir la intervención del Estado, prevaleciendo el pensamiento conservador-liberal y las política monetaristas. 

Ronald Reagan en EE.UU y Margaret Thatcher en Reino Unido establecieron el paradigma neoliberal como corriente económica dominante, con Milton Friedman y Friedrich von Hayek como economistas más destacados. 

Los nuevos liberales se limitaron a recuperar el modelo de la economía clásica, con una envoltura que en, opinión de algunos economistas, se basa más en creencias que en firmes postulados. Su recetario se fundamenta en el control del gasto público y la disminución de impuestos, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio internacional y del movimiento de capitales, desregulación de la actividad económica y salvaguarda del derecho de propiedad. 

El paradigma neoliberal defiende un mercado libre con las menos interferencias posibles del Estado, excepto para un estricto control monetario y el cumplimiento de los contratos, con el fin de mantener la seguridad jurídica. El modelo defiende al capital frente al trabajo, lo que condiciona la distribución de la renta generada. 

No cabe duda de que la iniciativa privada ha logrado avances tecnológicos importantes y ha dado gran impulso a la actividad productiva, pero ha sido posible por la previa intervención del Estado, asumiendo con dinero público la investigación básica, que las empresas privadas no pueden rentabilizar. 

Limitar la intervención pública, evitando la inversión estatal en infraestructuras, sanidad, educación y servicios públicos supondría obstaculizar el avance económico. El desarrollo del sector privado suele requerir el concurso de un Estado económicamente fuerte. 

La intervención estatal resulta necesaria para avanzar en objetivos como frenar el cambio climático, estabilizar las relaciones financieras, corregir la desigualdad y atender las necesidades mínimas de la población. Estas políticas son las que pueden evitar crisis sociales de graves consecuencias. 

El coronavirus ha cambiado el paradigma neoliberal, orientando la economía hacia un capitalismo patrocinado por el Estado. Tras los aspectos humanos y sanitarios, esta crisis está poniendo en evidencia la necesidad de un cambio de las políticas económicas, hacia un nuevo paradigma o modelo, para afrontar la nueva realidad, en la que los Gobiernos van a tener que intervenir con firmeza en la economía real y en los mercados financieros. 

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HELICÓPTERO MONETARIO

Tras la crisis financiera de 2008, los bancos centrales inyectaron abundante financiación para impulsar las economías. Compraron masivamente deuda pública y privada y rebajaron las tasas de interés hasta niveles desconocidos, que han llegado incluso a tipos negativos. Pero se tiene la impresión de que el efecto inmediato de esta política monetaria en el consumidor no es muy significativo.

Por ese motivo, algunos economistas están recurriendo al pensamiento del Premio Nobel de Economía Milton Friedman, que lanzó en los años 1960 la expresión “Dinero helicóptero”.El economista norteamericano proponía evitar el canal de transmisión de liquidez de los bancos centrales, creadores de la base monetaria (dinero en efectivo y reservas en los bancos), y de los bancos comerciales, que crean también dinero al conceder préstamos.

Su alternativa era recurrir a las transferencias monetarias universales, la entrega de dinero directamente desde los bancos centrales a las cuentas de los ciudadanos, como si se lanzase desde un helicóptero, con el fin de lograr un mayor efecto sobre la demanda. 



Recientemente, el presidente Trump, a modo del clásico “dinero helicóptero”, ha optado por obsequiar con cheques personales de 1.200 dólares a cada ciudadano adulto y 500 dólares más por hijo, como ayuda directa a las familias, un paquete de estímulos económicos del Congreso de EE.UU para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

La versión muy debatida del “dinero helicóptero” es la defendida por los partidarios de la “Teoría monetaria moderna”: monetización de déficits públicos. En lugar de que los bancos centrales dediquen dinero a la compra de activos financieros para apoyar a los gobiernos, financiar directamente los déficits públicos.

Seria una alternativa a la emisión de bonos en estos momentos de expansión fiscal, para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, con un efecto más inmediato en la demanda. Serviría también para afrontar la crítica de que la expansión monetaria aumenta la desigualdad al apoyar a los ricos, porque incrementa el valor de sus activos financieros.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha afirmado que el “dinero helicóptero” no forma parte en este momento de las opciones a explorar por el Consejo de Gobierno de la institución. El Tratado europeo prohibe que el BCE y los bancos centrales nacionales adquieran directamente deuda emitida por instituciones europeas, así como títulos de gobiernos nacionales, regionales o locales.

El financiamiento del déficit fiscal por el banco central puede tener ciertos beneficios a corto plazo, dado que un mayor gasto del Gobierno tiene un efecto multiplicador sobre la economía, pero la excesiva creación de dinero para atender al déficit fiscal puede llevar a un escenario donde la demanda agregada supere con creces a la oferta agregada y, por consiguiente, se llegue a situaciones de altas tasas de inflación.

A largo plazo, se estima que el financiamiento del banco central al Gobierno llegaría a poner en duda la credibilidad del banco como institución autónoma con capacidad para gestionar las expectativas de inflación, situándolas en niveles bajos y estables, así como su potencial para adoptar políticas monetarias frente a las recesiones económicas.

En cualquier caso, con este tipo de financiación la política monetaria se supeditaría a la política fiscal, rompiéndose la independencia que ha existido entre ambas desde el siglo pasado, y comprometiendo la eficacia de la gestión monetaria. Ben Bernanke, expresidente del banco central norteamericano (Fed), afirmó que el “helicóptero del dinero puede ser útil cuando la política monetaria convencional se ha mostrado inefectiva y el nivel de deuda pública es elevado”

COBERTURA TEMPORAL DEL EMPLEO

Tras varias rondas de conversaciones entre representantes del Gobierno y de los agentes sociales, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 30 de septiembre de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, un mecanismo que funciona desde marzo para proteger el empleo en la crisis de la pandemia.

La suspensión temporal del contrato de trabajo que conlleva un ERTE puede realizarse por causas económicas (pérdidas), técnicas (cambios en la producción), organizativas (alteraciones en sistemas y métodos), productivas (cambios en la demanda) o derivadas de fuerza mayor temporal, como en la pandemia del coronavirus.

Hay que diferenciar entre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que conlleva la extinción del contrato de trabajo (despido) y el ERTE, la suspensión del contrato mientras dure la situación que la motiva. En este último, los trabajadores perciben una prestación pública del 70% de la base reguladora durante los primeros 6 meses y el 50% en adelante, retribución que en algunos casos complementan las propias empresas.

La flexibilización de los ERTE ha sido una de las medidas estrella del Gobierno a fin de limitar los daños causados por el parón necesario de la actividad para evitar la extensión del coronavirus. La prestación ha llegado a cubrir a unas 3,7 millones de personas y se ha extendido a 500.000 empresas. Tras la desescalada, 1,56 millones de trabajadores se han incorporado ya a sus puestos en las empresas.


El cuadro muestra las 10 actividades que más trabajadores han incluido las empresas en los ERTE. Destacan los servicios de comidas y bebidas, con 698.053 personas, prácticamente el 80% de esta actividad y los de alojamiento, con 217.436, que suponen más del 83% de este servicio.

Entre prestaciones por desempleo y bonificaciones en las contribuciones, los expedientes por ERTE entre marzo y septiembre de este año van a suponer para la Seguridad Social un coste en torno a los 25.000 millones de euros.

Según el estudio de una consultora, el 58% de las empresas españolas encuestadas se han acogido al ERTE en los últimos meses, lo cual ha aliviado las tensiones en el tejido empresarial, y junto a las medidas de liquidez están logrando que casi la totalidad de los contratos laborales se mantengan por el momento en suspensión.

Solo el 2% de las empresas encuestadas ha llegado a aplicar el ERE, el despido del trabajador, pero algunos gestores administrativos calculan que están en riesgo otros 300.000 empleos, porque estiman que pueden solicitar un ERE 52.000 empresas ahora acogidas al ERTE

El gasto fiscal de protección por ERTE, la ayuda a autónomos  y la prestación de desempleo suponen en conjunto el 1,6% del PIB español, por encima de Italia (1,4%), pero por detrás de Francia (2,4%) y de Alemania (4,4%)

Sin el apoyo del programa ERTE muchas empresas habrían cerrado y parte de sus trabajadores estarían en paro, con pocas posibilidades de encontrar empleo. La cuestión a analizar es si la situación de esas empresas es realmente transitoria, consecuencia del confinamiento forzoso en el que no era posible generar ingresos.

Puede suceder que las empresas no necesiten ya parte de los trabajadores subvencionados con prestaciones del ERTE, al menos en las tareas que realizaban. Algunos sectores, como sucedió en 2007 con la construcción de viviendas, pueden estar sobredimensionados. Actividades como turismo y servicios van tener muy lenta recuperación, con lo que no generarán en varios años ingresos suficientes para su sostenimiento al nivel previo a la pandemia.

Sostener artificialmente actividades sin demanda suficiente, a base de inyectar dinero público permanente, supondría una distribución ineficiente de los recursos, que entorpecería la propia recuperación económica, en la que es primordial la generación de nuevo empleo.