LA INMIGRACIÓN

La inmigración es seguramente para España uno de los sucesos más importantes de las casi dos décadas de este siglo. Se está empezando a vislumbrar que este fenómeno es capaz de introducir cambios en la estructura económica y social del país.

Aunque los movimientos migratorios obedecen el objetivo de mejorar las condiciones de vida, en muchas ocasiones están impulsados por urgencias vitales, provocadas por conflictos políticos, hambrunas, guerras y demás calamidades, circunstancias en las que lo apremiante es alejarse de una realidad amenazadora.

El siguiente gráfico del Instituto Nacional de Estadística español nos permite conocer la evolución de los movimientos migratorios en los primeros semestres:


Observamos en el gráfico que la recuperación de la economía española en los últimos tres años ha propiciado que aumente el número de inmigrantes, con lo que el saldo migratorio positivo (columna negra en el gráfico) va creciendo.

En el primer semestre de 2018, el saldo positivo con el exterior fue de 121.564 personas, compensando con creces el saldo vegetativo negativo español (nacimientos menos defunciones) de 46.273 personas. El incremento de entradas del exterior respecto de igual período del año anterior supuso el 23% y las salidas al exterior se redujeron en 15,6%.

La población extranjera residente en España a de julio de 2018 era de 4,6 millones de personas, que representaba el 10% de la población total. Marruecos (692.000) y Rumanía (671.000) eran los países con mayor número de personas, representando entre ambos el 30% del total de extranjeros.

En una perspectiva económica, al ser la edad media inferior a la de la población del país, los inmigrantes hacen menos uso del sistema sanitario y, por supuesto, el gasto en pensiones es muy reducido ahora y seguirá siéndolo durante varias décadas.

El aumento de inmigrantes suscita frecuentemente dudas sobre el efecto en el mercado de trabajo y en la situación del Estado de Bienestar, dando por supuesto que van a recurrir todos ellos a las ayudas sociales. Sin embargo, se sabe por experiencia, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que el elevado aumento de población extrajera entre 2002 y 2007, de 1,9 millones a 4,5 en cinco años, no afectó a la tasa de paro y rejuveneció la población española. Aunque la entrada de trabajadores inmigrantes puede provocar al principio un incremento de gasto público, los ingresos van aumentando con las cotizaciones sociales de los contratos laborales de los inmigrantes.

A corto plazo, los trabajadores del país con características parecidas a los inmigrantes pueden encontrarse con un estancamiento de los salarios por el aumento de la oferta, pero cuando los niveles formativos de los nativos sean mayores que de los que poseen los inmigrantes, la situación cambia. Se ha podido comprobar que muchas mujeres españolas con cierto nivel educativo han podido realizar trabajos remunerados gracias a la oferta de servicios domésticos (cuidado de niños y de ancianos) de los inmigrantes.

A largo plazo, se suele citar la experiencia de la inmigración en EE.UU, el país de inmigrantes por excelencia, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Los estudios señalan que los condados donde hubo mayor presencia de inmigrantes disfrutan, casi un siglo después, de mayor renta por habitante que otros territorio de escasa o nula inmigración. Se reconoce que los emigrantes constituyeron un colectivo relevante para el desarrollo de las economías locales.

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez, “la migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino."

CRECIMIENTO EQUITATIVO

El crecimiento económico es el incremento del valor de los bienes y servicios finales producidos en un país o el aumento del valor de la renta generada durante un período determinado. Se utiliza como medida el Producto Interior Bruto (PIB), que recoge la producción obtenida dentro de las fronteras de un país. La renta por habitante suele ser considerada como un indicador aproximado de bienestar material.

El crecimiento, que se apoya en el incremento de la productividad, lleva consigo el aumento del empleo y de la competitividad del país, elevando los ingresos públicos sin recurrir a subidas de tipos impositivos.

Como el crecimiento precisa de inversiones en equipamientos productivos y en activos intangibles, su financiación supone sacrificar niveles de vida actuales, ahorrando, con la esperanza de un mejor futuro. El riesgo asociado al crecimiento es la elevada contaminación que pueden producir los desechos tóxicos emanados por las actividades económicas.

Pero la carencia del crecimiento es que no explica a quién beneficia, a dónde va a parar el dinero de la economía. El PIB sólo indica qué ocurre con la renta media, pero se olvida de la incidencia que tiene en los diversos segmentos de la población.

En el gráfico, obtenido del Banco de España, podemos observar que la economía española ha crecido a ritmos superiores al 3% durante 3 años consecutivos, una expansión que se ha apoyado en el consumo interno, la inversión y las exportaciones. Las perspectivas para los próximos años apuntan a un mantenimiento de la recuperación, pero con tasas de crecimiento inferiores.

En este entorno de recuperación, mientras los salarios de muchos trabajadores están estancados, la renta de algunos colectivos ha crecido muy por encima de la media del país. Una de las razones fundamentales para que se dé esta situación es la pérdida de capacidad de negociación colectiva por parte de los trabajadores.

Se escucha a algunos colectivos quejarse de que la recuperación económica no ha llegado a ellos, lo que indica que hay cierta ruptura en la relación entre crecimiento económico y mejora de bienestar general. En lugar de expandirse el crecimiento económico a toda la población, parece que queda acumulado en los niveles altos de ingresos.

La consecuencia es que este tipo de recuperación no consigue atajar el “riesgo de pobreza”, un indicador relativo que mide la desigualdad. En 2017 se situaba en 21,6% de los hogares españoles y 22,3% en el año anterior, una reducción mucho más pequeña de la que cabría esperar en un país que creció en esos años a tasas superiores al 3%.

Ya advierte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que “el crecimiento no reducirá la pobreza, mejorá la igualdad ni generará empleos y medios de vida seguros a menos que sea inclusivo y sostenible”

Y un crecimiento inclusivo es aquel que genera empleo de calidad, da oportunidades a todo los segmentos de la sociedad, especialmente a las personas más desfavorecidas, y distribuye los beneficios de la prosperidad de manera equitativa.

ECONOMÍA DE LA CONTAMINACIÓN

La Cumbre del Clima, en Polonia, encara esta semana la ronda final de unas negociaciones que deben concretar las reglas de aplicación de los compromisos del Acuerdo de París de 2015, un debate en el que los países desarrollados y en desarrollo tendrán que superar sus diferencias para afrontar juntos el desafío medioambiental.

El cambio climático y la contaminación del aire, que se han convertido en los principales problemas medioambientales del planeta, comparten un mismo escenario básico, el actual modelo energético, en el que la quema de combustibles incrementa la emisión de CO2, provocando el calentamiento global que deriva en el cambio climático.

Tratando de distinguir entre ambos fenómenos medioambientales, se puede especificar que el cambio climático es la variación global del clima de nuestro planeta debido a causas naturales y a la acción de lo seres humanos, que se manifiesta en forma de cambios en los patrones climáticos, aumento del nivel del mar y alteraciones meteorológicas cada vez más extremas, con consecuencias económicas y sociales negativas.

En cuanto a la contaminación, supone la presencia en el aire de sustancias o partículas que implican riesgo, daño o molestia para el ser humano, la flora o la fauna. La principal fuente de contaminación atmosférica son los gases que se derivan principalmente de las emisiones provocadas por los combustibles fósiles (incluidas las emisiones generadas por el transporte), los procesos industriales, la quema de bosques, el empleo de aerosoles y la radiación.


Podemos observar en el gráfico que entre China y EE.UU emiten a la atmósfera casi la mitad de todo el dióxido de carbono generado. Por sectores, los gases de efecto invernadero son producidos básicamente en la generación de electricidad y producción térmica (25%), agricultura y silvicultura (24%) e industria (21%)

Aunque cierto nivel de contaminación resulta inevitable cuando hay actividades, que a todos benefician, los expertos afirman que, a menos de instrumentarse una política medioambiental eficaz, nuestra sociedad generará demasiada (mala) contaminación. Una economía de mercado, sin intervención, produce más contaminación de la que debe.

En las actividades contaminadoras se da una asimetría entre los receptores de los beneficios y quienes pagan los costes. En una economía de mercado sin intervención pública que proteja al medio ambiente se decide utilizar un proceso que contamina sólo teniendo en cuenta los beneficios que produce al contaminador, sin consideración alguna a los que soportan los efectos negativos. Este coste no compensado que se impone al conjunto de la sociedad es denominado externalidad negativa.

La protección del medio ambiente es hoy día una de la más importantes responsabilidades de los Estados en los países desarrollados, que utilizan unos instrumentos de políticas públicas denominados “estándares medioambientales”, normas que especifican las acciones concernientes a consumidores y productores, tales como obligar a los automóviles a llevar catalizadores para reducir las emisiones de gases, tratar las aguas residuales, o limitar a las empresas cierto tipo de emisiones.

El análisis económico considera que hay dos modos más eficientes que los estándares medioambientales para luchar contra la contaminación: los impuesto sobre las emisiones y los permisos de emisión negociables. El primero consiste en cobrar a los contaminadores un impuesto en función de la cantidad de contaminación que se produce, a fin de impulsarlos a tener en cuenta el verdadero coste que sus acciones imponen a la sociedad, es decir, a internalizar la externalidad.

El segundo modo, los permisos de emisión negociables, son licencias para emitir ciertas cantidades de contaminación, que pueden ser compradas y vendidas. Una vez que se distribuyen los permisos entre las empresas en base al nivel histórico de emisiones, se permite que se compren y se vendan entre ellas, de tal modo que la que tenga más facilidad para reducir la contaminación pueda vender algunos de los permisos sobrantes a la que se encuentre en dificultades para reducirla, beneficiándose ambas.

Después de tres años de estabilidad, las emisiones de CO2 mundiales volvieron a incrementarse en 2017, un 1,4%. En China han aumentado un 1,7% y en Europa el 1,5%. EE.UU. disminuyó un 0,5% sus emisiones en 2017, debido al despliegue de las energías renovables y a la sustitución del carbón por el gas de esquisto (fracking).

Los expertos advierten que los compromisos voluntarios adquiridos hasta ahora por lo países pueden llevar a una subida de la temperatura de 3,2ºC a final de siglo respecto de niveles preindustriales, cuando el listón de seguridad está situado en 2ºC. Y añaden que con sólo llegar a un incremento de 1,5ºC, los modelos predicen cambios muy importantes en las características climatológicas regionales, tales como alteraciones significativas del clima y desmedidas precipitaciones en unas regiones y sequías en otras.

Por todo ello, los economistas estudiosos del cambio climático coinciden en que es necesario incrementar sustancialmente los esfuerzos actuales de reducción de las emisiones, acelerando la transición global a tecnologías de energía limpia y mejorando la eficiencia en la producción y el consumo de energía.

DEBATES SOBRE CREACIÓN DE DINERO

La reciente crisis financiera ha dejado al descubierto la inestabilidad de un sistema financiero que otorga a los bancos comerciales o privados la capacidad de crear dinero de la nada, conformando un sistema que funciona con dos tipos de dinero: los billetes y monedas creados por un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo, y los depósitos de los clientes de bancos privados. Ambos sirven igualmente para realizar los pagos

Cuando se deposita dinero en un banco, éste reconoce su deuda con el cliente, prometiéndole que le devolverá su dinero tan pronto lo pida. Como todos los clientes no suelen retirar el dinero al mismo tiempo, la ley permite a los bancos comerciales prestar más dinero del que disponen, exigiéndoles que guarden como reserva en el banco central una fracción del total de los depósitos. En la Eurozona, la normativa establece un mínimo del 1%, pero en la práctica se suele funcionar con un porcentaje mayor.

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo crea dinero el sistema bancario, suponiendo que guarda una reserva del 10% de los depósitos:



La persona X entrega 500 euros al Banco A (1) , que lo anota en el activo como Caja y en el pasivo como Depósito. El siguiente movimiento del Banco A (2) será guardar en Caja 50 euros (10%) y por el resto, 450 euros, conceder un crédito (ese es su negocio) a la persona Y.

Supongamos que la persona Y deposita el dinero del crédito en el Banco B (1), que lo anota en Caja y, al mismo tiempo, como Depósito. Al igual que el Banco A, guarda un 10% (45 euros) y concede crédito por el resto (405 euros) a Z, que lo anota tal como aparece en B (2)

Si sumamos los depósitos de X y de Y, observamos que el importe inicial de 500 euros se ha convertido, con el dinero bancario creado por los créditos, en 950 euros de capacidad de pago. Al avanzar el proceso, la secuencia a la que irá aumentando es 500 + 450 + 405 +… Se forma así una progresión geométrica decreciente con una acumulación de depósitos que alcanzará 5.000 euros.

Este es el sistema de “reserva fraccionaria”, que crea y expande el dinero bancario. El multiplicador monetario simple (10 en el ejemplo) ha convertido una entrada de dinero primario en oferta monetaria 10 veces mayor que el depósito inicial, utilizable en las transacciones comerciales del país.

En el sencillo supuesto se ha considerado que todo el dinero permanece en forma de depósitos a la vista, pero la realidad es que las familias guardan una parte en efectivo en sus casas, que aumenta en épocas de crisis bancarias. También las reservas que guardan los bancos aumentan en tiempos de inestabilidad financiera, temerosos de prestar dinero, como ha ocurrido en el período de la Gran Recesión. Todo ello da lugar a que se reduzca notablemente el multiplicador monetario y que tanto las empresas como las familias se encuentren con restricciones de crédito, como sucedió en el período 2010-2013.

Un sistema alternativo para crear dinero sería el modelo denominado “dinero soberano”, que únicamente utilizaría fondos del banco central, desapareciendo el creado por los bancos privados. El “sistema soberano”es más seguro, puesto que utiliza dinero del banco central, capacitado para emitir todo el dinero legal necesario en la economía, en tanto que el dinero bancario tiene como respaldo únicamente la deuda del banco, que puede caer en quiebra y necesitaría para sobrevivir un rescate aportado por los ciudadanos a través de los impuestos.

La situación actual es que el 90% del dinero en circulación lo crean los bancos privados al conceder créditos. Este predominio del dinero bancario ha suscitado debates en muchos países.

En Suiza, con su habitual sistema de referéndum por iniciativa popular, se rechazó en junio pasado, al alcanzar únicamente el 24% de votos favorables, la propuesta de dejar la creación de dinero únicamente en manos del Banco Central Suizo. No se ha querido denegar a los bancos comerciales la potestad de fabricar dinero a través de apuntes contables.

En Islandia, en 2015, también se intentó otorgar la creación de dinero únicamente a su Banco Central, tras dejar caer a los tres bancos más grandes del país y meter en la cárcel a una veintena de banqueros, pero la propuesta no salió adelante.

Aunque seguramente la decisión de limitar la función de los bancos comerciales a simples intermediarios financieros, sin capacidad para crear dinero, puede mejorar la estabilidad financiera del país, supone dar un vuelco total al sistema financiero vigente desde el siglo XVIII. Parece que es necesario continuar con los debates para profundizar en las consecuencias de abolir el sistema actual y concentrar la creación de dinero en un ente financiero público.