Los ingresos y gastos del Estado vienen recogidos en el documento denominado “Presupuestos Generales del Estado”, que es confeccionado por el Gobierno cada año y enviado al Parlamento (Congreso y Senado, en el caso español). Tras debatir las modificaciones propuestas por la oposición parlamentaria, finalmente es aprobado.
Los Presupuestos marcan la Política Económica para el período anual, aunque suelen sufrir modificaciones a lo largo del período a través de decretos leyes, de tal modo que las partidas realmente ejecutadas resultan muy diferentes de las que inicialmente habían sido aprobadas por el Parlamento.
Los Presupuestos marcan la Política Económica para el período anual, aunque suelen sufrir modificaciones a lo largo del período a través de decretos leyes, de tal modo que las partidas realmente ejecutadas resultan muy diferentes de las que inicialmente habían sido aprobadas por el Parlamento.
Las administraciones que abarca el presupuesto del Estado (subsector público) son el Estado en sentido estricto, la Seguridad Social, los Organismos Autónomos (Instituto Nacional de Estadística, Parques Nacionales, Servicio de Empleo, Jefatura de Tráfico, etc.), y agencias estatales (Meteorología, Cooperaciones Internacional para el Desarrollo, Medicamentos y Productos Sanitarios, Boletín Oficial del Estado, etc.)
Para contemplar el sector público español en su conjunto habría que añadir a los Presupuestos Generales del Estado los correspondientes a las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.).
En los capítulos presupuestarios de gastos destacan los correspondientes al personal, las compras de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento diario, las transferencias corrientes (sin contrapartidas) y las inversiones. Los gastos se desglosan también por áreas de actividad: educación, salud, justicia, defensa, etc.
Los ingresos se dividen en impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades), indirectos (Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales), las tasas y los ingresos del patrimonio nacional, los correspondientes a la venta de bienes del Estado, las transferencias recibidas y los ingresos de la Seguridad Social, así como los que correspondan a los demás organismos autónomo y agencias estatales.
Los presupuestos generales no financieros del subsector Estado presentados por el gobierno español para el año 2017 ascienden a 343.102 millones de euros y prevén un crecimiento del PIB para el año del 2,5%, con el paro al final de diciembre en el 16,6%. Una vez consolidados el presupuesto del Estado y los organismos autónomos (Seguridad Social), el montante final es de 318.443 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior.
El déficit público tiene que descender del 4,3% de 2016 al 3,1%, lo que supone un ajuste de 14.250 millones de euros, que el gobierno confía en lograr a base de congelar los gastos públicos y aumentar la recaudación fiscal en el 7,9%, un objetivo difícil de conseguir
Una de las partidas con importante recorte es la inversión en infraestructuras (ferrocarril, carreteras, puertos y otras hidráulicas), que desciende en un 20%. En cambio, Justicia aumenta un 7,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 2,3%, y Educación, el 1,7%.
Como consecuencia de los déficits públicos acumulados, el endeudamiento conjunto de las Administraciones Públicas, según al gobierno, será del 99% del PIB al final de 2017. Aunque la política monetaria del BCE ha permitido reducir notablemente el tipo de interés de los préstamos, la carga por intereses ascenderá al 9,4% de todo el gasto del Estado.
En el siguiente gráfico tenemos la síntesis de las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado español para 2017, en millones de euros, presentados por el Gobierno con retraso. En las cabezas de las columnas se indican las variaciones respecto de 2016
Observamos la importancia del gasto en pensiones, que acapara el 43,7% de los presupuestos. El organismo que las gestiona, la Seguridad Social, va a recibir como apoyo del Estado un préstamo de 10.192 millones. Los intereses de la deuda (32.171 millones) se han reducido por la caída de los tipos de interés y también desciende el gasto de desempleo (18.318 millones), debido a la reducción del paro y a la pérdida del derecho al subsidio por el transcurso del tiempo.
Los Presupuestos generales, que representan en torno al 40% de la actividad económica en España, son importantes porque los gastos e ingresos públicos que incorporan tienen efectos multiplicadores en las rentas.
Las Administraciones Públicas, cuando gastan o recaudan, dirigen la economía respondiendo a una determinada voluntad de actuar de un modo u otro, generando efectos diversos que beneficiarán o perjudicarán a colectivos específicos. No es lo mismo, por ejemplo, establecer un impuesto directo, que grava en función de la renta o la riqueza, que uno indirecto como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a pagar con el mismo porcentaje sobre las compras cualquiera que sea la renta o la riqueza de las personas.
Se prevé un aumento del gasto social del 1,39% respecto de 2016, pero con una inflación del 1,5% durante el año perderá poder adquisitivo, y el crecimiento previsto del PIB nominal del 4% implica que caerá el peso de este tipo de gasto en el PIB.
Esperemos al resultado del debate parlamentario sobre los Presupuestos. Ahora que el avance del PIB es una realidad, la política fiscal podría utilizarse para cohesionar la sociedad española y mejorar la situación de los colectivos mas golpeados por la crisis.
Para contemplar el sector público español en su conjunto habría que añadir a los Presupuestos Generales del Estado los correspondientes a las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.).
En los capítulos presupuestarios de gastos destacan los correspondientes al personal, las compras de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento diario, las transferencias corrientes (sin contrapartidas) y las inversiones. Los gastos se desglosan también por áreas de actividad: educación, salud, justicia, defensa, etc.
Los ingresos se dividen en impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades), indirectos (Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales), las tasas y los ingresos del patrimonio nacional, los correspondientes a la venta de bienes del Estado, las transferencias recibidas y los ingresos de la Seguridad Social, así como los que correspondan a los demás organismos autónomo y agencias estatales.
Los presupuestos generales no financieros del subsector Estado presentados por el gobierno español para el año 2017 ascienden a 343.102 millones de euros y prevén un crecimiento del PIB para el año del 2,5%, con el paro al final de diciembre en el 16,6%. Una vez consolidados el presupuesto del Estado y los organismos autónomos (Seguridad Social), el montante final es de 318.443 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior.
El déficit público tiene que descender del 4,3% de 2016 al 3,1%, lo que supone un ajuste de 14.250 millones de euros, que el gobierno confía en lograr a base de congelar los gastos públicos y aumentar la recaudación fiscal en el 7,9%, un objetivo difícil de conseguir
Una de las partidas con importante recorte es la inversión en infraestructuras (ferrocarril, carreteras, puertos y otras hidráulicas), que desciende en un 20%. En cambio, Justicia aumenta un 7,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 2,3%, y Educación, el 1,7%.
Como consecuencia de los déficits públicos acumulados, el endeudamiento conjunto de las Administraciones Públicas, según al gobierno, será del 99% del PIB al final de 2017. Aunque la política monetaria del BCE ha permitido reducir notablemente el tipo de interés de los préstamos, la carga por intereses ascenderá al 9,4% de todo el gasto del Estado.
En el siguiente gráfico tenemos la síntesis de las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado español para 2017, en millones de euros, presentados por el Gobierno con retraso. En las cabezas de las columnas se indican las variaciones respecto de 2016
Observamos la importancia del gasto en pensiones, que acapara el 43,7% de los presupuestos. El organismo que las gestiona, la Seguridad Social, va a recibir como apoyo del Estado un préstamo de 10.192 millones. Los intereses de la deuda (32.171 millones) se han reducido por la caída de los tipos de interés y también desciende el gasto de desempleo (18.318 millones), debido a la reducción del paro y a la pérdida del derecho al subsidio por el transcurso del tiempo.
Los Presupuestos generales, que representan en torno al 40% de la actividad económica en España, son importantes porque los gastos e ingresos públicos que incorporan tienen efectos multiplicadores en las rentas.
Las Administraciones Públicas, cuando gastan o recaudan, dirigen la economía respondiendo a una determinada voluntad de actuar de un modo u otro, generando efectos diversos que beneficiarán o perjudicarán a colectivos específicos. No es lo mismo, por ejemplo, establecer un impuesto directo, que grava en función de la renta o la riqueza, que uno indirecto como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a pagar con el mismo porcentaje sobre las compras cualquiera que sea la renta o la riqueza de las personas.
Se prevé un aumento del gasto social del 1,39% respecto de 2016, pero con una inflación del 1,5% durante el año perderá poder adquisitivo, y el crecimiento previsto del PIB nominal del 4% implica que caerá el peso de este tipo de gasto en el PIB.
Esperemos al resultado del debate parlamentario sobre los Presupuestos. Ahora que el avance del PIB es una realidad, la política fiscal podría utilizarse para cohesionar la sociedad española y mejorar la situación de los colectivos mas golpeados por la crisis.
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