RESPUESTAS A LA CRISIS

A partir del comienzo de la crisis en 2007, la Reserva Federal de EE.UU inició una política monetaria de bajos tipos de interés y un proceso de “monetización”, incrementando la oferta de dinero.

En nuestro caso, el banco central es el Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de los países de la Eurozona. Tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios, definido como un incremento interanual del Indice de Precios de Consumo (IPC) armonizado por debajo del 2% anual, siempre próximo a este valor.

En el siguiente gráfico podemos observar el crecimiento del balance del Eurosistema, consecuencia de las medidas de expansión monetaria que está adoptando

Un primer tipo de instrumento de política monetaria utilizado por los bancos centrales es el conocido como “operaciones de mercado abierto”. Consiste en la compra o venta de títulos públicos y privados en los mercados, con un efecto inmediato en la cantidad de dinero en circulación, aumentando con las compras (inyección de liquidez) y reduciendo en las ventas (retirando dinero en circulación).

Las llamadas “facilidades permanentes” constituyen también medidas para condicionar los flujos financieros. Mediante estas operaciones se conceden o retiran liquidez a un día de las entidades financieras. El BCE lo otorga a los bancos a cambio de algún activo como garantía, aumentando así la liquidez. Por el contrario, si los bancos depositan dinero en el BCE, se reduce la liquidez.

Un tercer instrumento son las reservas mínimas que las entidades de crédito están obligadas a mantener inmovilizadas en caja o en cuentas de los bancos centrales. En la medida en que aumenta el nivel de exigencia de reservas, se reduce la capacidad de los bancos para conceder créditos a empresas y familias. Actualmente, el coeficiente de reservas fijado por el BCE es el 1% de los depósitos a la vista.

A partir de 2012 se han utilizado otras herramientas, consideradas excepcionales, como la compra por el BCE en el mercado secundario de bonos gubernamentales y empresariales, un programa denominado “flexibilización cuantitativa”. El mecanismo es sencillo. El BCE crea dinero de la nada electrónicamente, lo acredita a las cuentas de los titulares, al tiempo que incluye en su activo los bonos, con lo que aumenta el balance consolidado del banco central. Se espera que, en la sesión del próximo jueves, el BCE mantenga los tipos oficiales al 0% y continúe con la compra de 60.000 millones de deuda al mes.

La intervención decidida de los bancos centrales para evitar la deflación fue una de las respuestas a la crisis mundial y, en el caso de España, no cabe duda de que la política monetario del BCE ha sido uno de los vientos de cola que ha contribuido al nuevo crecimiento económico del país.

PRESUPUESTOS GENERALES

Los ingresos y gastos del Estado vienen recogidos en el documento denominado “Presupuestos Generales del Estado”, que es confeccionado por el Gobierno cada año y enviado al Parlamento (Congreso y Senado, en el caso español). Tras debatir las modificaciones propuestas por la oposición parlamentaria, finalmente es aprobado.

Los Presupuestos marcan la Política Económica para el período anual, aunque suelen sufrir modificaciones a lo largo del período a través de decretos leyes, de tal modo que las partidas realmente ejecutadas resultan muy diferentes de las que inicialmente habían sido aprobadas por el Parlamento.

Las administraciones que abarca el presupuesto del Estado (subsector público) son el Estado en sentido estricto, la Seguridad Social, los Organismos Autónomos (Instituto Nacional de Estadística, Parques Nacionales, Servicio de Empleo, Jefatura de Tráfico, etc.), y agencias estatales (Meteorología, Cooperaciones Internacional para el Desarrollo, Medicamentos y Productos Sanitarios, Boletín Oficial del Estado, etc.)

Para contemplar el sector público español en su conjunto habría que añadir a los Presupuestos Generales del Estado los correspondientes a las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.).

En los capítulos presupuestarios de gastos destacan los correspondientes al personal, las compras de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento diario, las transferencias corrientes (sin contrapartidas) y las inversiones. Los gastos se desglosan también por áreas de actividad: educación, salud, justicia, defensa, etc.

Los ingresos se dividen en impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades), indirectos (Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales), las tasas y los ingresos del patrimonio nacional, los correspondientes a la venta de bienes del Estado, las transferencias recibidas y los ingresos de la Seguridad Social, así como los que correspondan a los demás organismos autónomo y agencias estatales.

Los presupuestos generales no financieros del subsector Estado presentados por el gobierno español para el año 2017 ascienden a 343.102 millones de euros y prevén un crecimiento del PIB para el año del 2,5%, con el paro al final de diciembre en el 16,6%. Una vez consolidados el presupuesto del Estado y los organismos autónomos (Seguridad Social), el montante final es de 318.443 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior.

El déficit público tiene que descender del 4,3% de 2016 al 3,1%, lo que supone un ajuste de 14.250 millones de euros, que el gobierno confía en lograr a base de congelar los gastos públicos y aumentar la recaudación fiscal en el 7,9%, un objetivo difícil de conseguir

Una de las partidas con importante recorte es la inversión en infraestructuras (ferrocarril, carreteras, puertos y otras hidráulicas), que desciende en un 20%. En cambio, Justicia aumenta un 7,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 2,3%, y Educación, el 1,7%.

Como consecuencia de los déficits públicos acumulados, el endeudamiento conjunto de las Administraciones Públicas, según al gobierno, será del 99% del PIB al final de 2017. Aunque la política monetaria del BCE ha permitido reducir notablemente el tipo de interés de los préstamos, la carga por intereses ascenderá al 9,4% de todo el gasto del Estado.

En el siguiente gráfico tenemos la síntesis de las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado español para 2017, en millones de euros, presentados por el Gobierno con retraso. En las cabezas de las columnas se indican las variaciones respecto de 2016



Observamos la importancia del gasto en pensiones, que acapara el 43,7% de los presupuestos. El organismo que las gestiona, la Seguridad Social, va a recibir como apoyo del Estado un préstamo de 10.192 millones. Los intereses de la deuda (32.171 millones) se han reducido por la caída de los tipos de interés y también desciende el gasto de desempleo (18.318 millones), debido a la reducción del paro y a la pérdida del derecho al subsidio por el transcurso del tiempo.

Los Presupuestos generales, que representan en torno al 40% de la actividad económica en España, son importantes porque los gastos e ingresos públicos que incorporan tienen efectos multiplicadores en las rentas.

Las Administraciones Públicas, cuando gastan o recaudan, dirigen la economía respondiendo a una determinada voluntad de actuar de un modo u otro, generando efectos diversos que beneficiarán o perjudicarán a colectivos específicos. No es lo mismo, por ejemplo, establecer un impuesto directo, que grava en función de la renta o la riqueza, que uno indirecto como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a pagar con el mismo porcentaje sobre las compras cualquiera que sea la renta o la riqueza de las personas.

Se prevé un aumento del gasto social del 1,39% respecto de 2016, pero con una inflación del 1,5% durante el año perderá poder adquisitivo, y el crecimiento previsto del PIB nominal del 4% implica que caerá el peso de este tipo de gasto en el PIB.

Esperemos al resultado del debate parlamentario sobre los Presupuestos. Ahora que el avance del PIB es una realidad, la política fiscal podría utilizarse para cohesionar la sociedad española y mejorar la situación de los colectivos mas golpeados por la crisis.

EL NUEVO CRECIMIENTO

Con los crecimientos que lleva acumulados a partir del año 2014, el Producto Interior Bruto (PIB) español superará este año el nivel de 2008, máximo volumen alcanzado (1,11 billones de euros).

Sin embargo, la población española no ha recuperado los estándares de vida previos a la crisis. Con una tasa de desempleo del 18,6%, lejos del 13,7% de 2008, un paro juvenil del 40% y una temporalidad en los contratos de trabajo del 26%, no es posible pensar que se ha superado la crisis. La recuperación no puede ser completa mientras no se hayan repuesto los 3,5 millones de empleos perdidos entre 2008 y 2013, y aún no se ha llegado a la mitad

Como vemos en el gráfico, el PIB por habitante tampoco se ha recuperado del todo, puesto que alcanza una media de 24.000 euros anuales, cuando en 2008 se llegó a los 25.000. Puede considerarse que ha habido casi una década perdida, porque la recuperación no es sólo volver a los niveles de ingresos, sino alcanzar los que se hubiesen logrado manteniendo el crecimiento de la economía.

El aspecto positivo es que la composición del crecimiento ha sido más sana que el impulsado por el auge económico que desembocó en la burbuja inmobiliaria (2000-2007). El crecimiento no se ha apoyado esta vez sobre el endeudamiento privado. Al contrario, los hogares y las empresas han ido reduciendo de forma significativa su deuda.

Si antes España tenía un déficit de ahorro y, por tanto, debía endeudarse frente al exterior para financiar sus inversiones, ahora se genera una capacidad de financiación (2% del PIB en 2016) , lo cual ha permitido avanzar en el desendeudamiento de los agentes privados.

Ha aumentado la inversión en bienes de equipo y ha subido también la participación de la industria en el Valor Añadido Bruto durante la recuperación. La reducción de los costes laborales unitarios ha hecho posible ir mejorando la capacidad competitiva perdida en los años anteriores, lo cual ha permitido el impulso de las exportaciones, una cierta mejora en la industria y la creación de empleo.

La caída del precio del petróleo y la más activa y menos ortodoxa política monetaria han contribuido a revitalizar la demanda agregada de la economía. El Banco Central Europeo ha ayudado a que los tipos de interés de los créditos a las empresas y familias se hayan situado en los niveles de los países centrales de la Eurozona, mejorando también las condiciones de la oferta de crédito.

Pero la economía española tiene pendiente la corrección de deficiencias estructurales tales como el incremento en el nivel formativo de la población activa. El doble porcentaje respecto de Europa de jóvenes que no han llegado a completar la enseñanza secundaria (38%) hace que su empleabilidad sea reducida y, además, presionen a la baja los salarios.

Además de la baja productividad, que influye en la calidad del empleo, la economía española tiene el enorme reto de afrontar la cuarta revolución industrial, una tarea difícil cuando predominan las empresas pequeñas, con escasa capacidad para abordar las inversiones y los procesos formativos que requieren los cambios tecnológicos.

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (FAO), en el informe de 2017, en uno de sus múltiples enfoques, hace énfasis en que, para hacer frente a la creciente demanda de alimentos, se requiere la mejora de la productividad agrícola de forma sostenible, con avances sustanciales en la conservación y el uso de los recursos disponibles.

La población mundial, actualmente de 7.200 millones de personas, alcanzará previsiblemente la cifra de 9.000 millones en el entorno del año 2050.


El gráfico muestra la evolución previsible, según Naciones Unidas, de la población mundial, en miles de millones de personas. Se puede observar que, frente a la práctica estabilidad de los países desarrollados (espacio azul), la población de los países en desarrollo (espacio rojo) habrá aumentado en más de un 25% en el año 2050.

Dada la continua expansión, las tierras agrícolas y los recursos hídricos se están agotando, por lo que el incremento de la producción tiene que lograrse mediante la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales, cuidando además de que se reduzca la huella ambiental y climática de la agricultura para garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

El medio rural concentra la mayor parte de los 700 millones de personas pobres y hambrientas del mundo, que apenas logran mantenerse de la agricultura, la pesca o la silvicultura. La mejora de su situación precisa de apoyo financiero para una educación de calidad, la diversificación hacia actividades no agrícolas, el impulso a la creación de empleo y acceso a la protección social.

El informe reconoce que el cambio climático y la competencia por los recursos naturales seguirán contribuyendo a la degradación del medio ambiente, con consecuencias negativas para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las personas

No cabe duda de que los problemas de hambre, inseguridad alimentaria y subnutrición persistirán, junto con el aumento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a la dieta.

Pero en la mayoría de países de bajos ingresos se está produciendo cierta transformación, que tendrá consecuencias para los sistemas de producción agrícola, el empleo, la nutrición y las migraciones.

Es evidente que se precisa invertir más en la agricultura y en los sistemas agroalimentarios, así como en la investigación y el desarrollo, para potenciar la productividad agrícola e impulsar la innovación sostenible, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria. Los sistemas alimentarios, que se van concentrando en menos manos, cada vez tienen una participación más elevada de capital y una mayor integración vertical. La FAO recuerda que en la senda del desarrollo sostenible todos son interdependientes.

Mantener la situación actual ya no es una opción y, por tanto, todas las sociedades deberán introducir cambios fundamentales en su forma de producción y consumo. Hacen falta nuevos enfoques en los sistemas agrícolas y en la gestión de los recursos naturales para superar los desafíos que existen y garantizar un futuro seguro y saludable para todos.