A comienzos de los años noventa del siglo pasado, en la obra “Metamorfosis del trabajo”, de André Gorz, se señalaba que “cuando la economía requiere cada vez menos trabajo para un volumen de producción creciente y distribuye cada vez menos salarios, el poder adquisitivo de los ciudadanos y su derecho a unos ingresos no pueden depender ya de la cantidad de trabajo que lleven a cabo”.
En consecuencia, el trabajo realizado y la renta distribuida deben tender a ser independientes uno de la otra, porque en caso contrario, en términos económicos, no habrá suficiente demanda para absorber la producción y se caerá en la recesión.
En el siguiente gráfico, tomado de la asociación económica ATTAC, se muestra la evolución de las horas trabajadas y el PIB de España en los últimos 20 años:
Mientras el PIB aumentó un 46,2%, las horas trabajadas solamente crecieron algo más que la mitad (26,7%), lo cual evidencia un notable incremento de la productividad aparente del trabajo, sobre todo a partir del 2007, debido en gran parte a la masiva pérdida de empleo.
Por tanto, es evidente que el proceso de automatización está acelerando la capacidad productiva con ahorro de personal directo, abriendo una brecha cada vez más grande entre el crecimiento de la producción y el trabajo necesario, lo cual plantea algunos retos sociales.
Uno de ellos es la financiación de las pensiones. La reducción de las horas necesarias da lugar a una importante caída de la remuneración total del trabajo, que reduce las cotizaciones a la Seguridad Social, poniendo en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones.
En los recientes años de recesión económica, las rentas del trabajo han disminuido su participación en el PIB en 4 puntos porcentuales, al tiempo que los excedentes de explotación, que incluyen las rentas del capital, han ido aumentado.
Pero España ha aumentado el nivel de riqueza y supera en estos momentos, como vemos en el gráfico, al PIB de 2005, con lo que otros tipos de renta han ido creciendo y están beneficiando a una minoría de ciudadanos.
Por lo tanto, habrá que redistribuir las rentas generadas, cubriendo con impuestos la insuficiencia de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, a fin de atender los compromisos de las pensiones y las prestaciones para desempleados.
El incremento de la implicación directa de la Administración Pública en el sostenimiento de la Seguridad Social es una medida que vendrá a corregir la anomalía que supone que España sea uno de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que agrupa a 34 países, donde la contribución procedente de los impuestos es más baja.
En consecuencia, el trabajo realizado y la renta distribuida deben tender a ser independientes uno de la otra, porque en caso contrario, en términos económicos, no habrá suficiente demanda para absorber la producción y se caerá en la recesión.
En el siguiente gráfico, tomado de la asociación económica ATTAC, se muestra la evolución de las horas trabajadas y el PIB de España en los últimos 20 años:
Mientras el PIB aumentó un 46,2%, las horas trabajadas solamente crecieron algo más que la mitad (26,7%), lo cual evidencia un notable incremento de la productividad aparente del trabajo, sobre todo a partir del 2007, debido en gran parte a la masiva pérdida de empleo.
Por tanto, es evidente que el proceso de automatización está acelerando la capacidad productiva con ahorro de personal directo, abriendo una brecha cada vez más grande entre el crecimiento de la producción y el trabajo necesario, lo cual plantea algunos retos sociales.
Uno de ellos es la financiación de las pensiones. La reducción de las horas necesarias da lugar a una importante caída de la remuneración total del trabajo, que reduce las cotizaciones a la Seguridad Social, poniendo en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones.
En los recientes años de recesión económica, las rentas del trabajo han disminuido su participación en el PIB en 4 puntos porcentuales, al tiempo que los excedentes de explotación, que incluyen las rentas del capital, han ido aumentado.
Pero España ha aumentado el nivel de riqueza y supera en estos momentos, como vemos en el gráfico, al PIB de 2005, con lo que otros tipos de renta han ido creciendo y están beneficiando a una minoría de ciudadanos.
Por lo tanto, habrá que redistribuir las rentas generadas, cubriendo con impuestos la insuficiencia de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, a fin de atender los compromisos de las pensiones y las prestaciones para desempleados.
El incremento de la implicación directa de la Administración Pública en el sostenimiento de la Seguridad Social es una medida que vendrá a corregir la anomalía que supone que España sea uno de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que agrupa a 34 países, donde la contribución procedente de los impuestos es más baja.