El sistema de protección social es un conjunto de acciones de las instituciones públicas para asegurar a la población ante situaciones de la pérdida de ingresos a causa de problemas de salud, la pérdida del empleo y la vejez, así como la asistencia a los desfavorecidos, que conlleva la tarea de reducir la pobreza y mejorar la distribución de la renta.
Centrándonos en datos de la Comunidad Autónoma Vasca, el importe total de los recursos dedicados a la protección social en el año 2013 fue de 16.663,4 millones de euros, que representó el 25,22% de PIB. El gasto ha tenido una clara tendencia creciente en los últimos años, pasando de 6.402 euros por habitante en 2008 a 7.658 euros en 2013, un aumento cercano al 20%.
En el siguiente gráfico tenemos la distribución del gasto social:
Vemos que la asistencia a la Vejez acaparó más del 40% del gasto en prestaciones. incluyendo las pensiones y las prestaciones asistenciales de alojamiento y atención domiciliaria. En segundo lugar se situó la atención sanitaria, con cerca del 26% del gasto total, seguida por la prestación de desempleo y la formación para el empleo, que supusieron el 11%.
El gráfico siguiente representa el gasto comparado en protección social por habitante en paridad de poder de compra:
Observamos las trayectorias ascendentes de los gastos de protección social en los tres ámbitos: C.A. Vasca, España y Unión Europea. Desde 2008, la comunidad vasca supera a la media de la Unión Europea. El gasto promedio de España fue inferior al de la C.A. Vasca en un 24% en el 2012.
El gasto público social es una herramienta para la corrección de las desigualdades. Su capacidad redistributiva en España, especialmente las pensiones, se estima que es cuatro veces mayor que la conseguida a través de los impuestos y las cotizaciones sociales.
Las políticas redistributivas españolas no han sido capaces de contrarrestar el crecimiento de la desigualdad de la renta entre la población en edad de trabajar. La desigualdad es debida a la dispersión de las rentas primarias que se generan en un mercado laboral anclado en la precariedad e incapaz de reducir significativamente la inactividad y el alto nivel de desempleo.
No resulta extraño, por tanto, que el informe de la Comisión Europea sobre la “Inversión social en Europa” señale que la situación del Estado del Bienestar en España se haya deteriorado desde el año 2010. El documento afirma que es “claramente ineficaz porque no reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes”.
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