martes, 31 de mayo de 2016

LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Las variables que con mayor frecuencia se utilizan para analizar la estructura productiva de un país son la participación de los distintos sectores en la generación del Producto Interior Bruto (PIB)  y el porcentaje de población ocupada en  cada uno.

El siguiente cuadro nos da una perspectiva de la evolución sectorial de la economía española en porcentajes sobre el PIB:


Vemos, por una parte, la caída continuada de la participación en el PIB de la Agricultura y de la Industria y, por otra,  el notable incremento del sector Servicios. La Construcción tiene un comportamiento derivado de la burbuja inmobiliaria, que elevó su participación en los años previos a la crisis y determinó su hundimiento al desinflarse.

En cuanto a la ocupación, la siguiente tabla muestra la distribución del empleo en España en lo que llevamos de siglo en porcentajes sobre el PIB:


La interrelación entre las dos variables (producción y empleo) nos muestra la baja productividad de la agricultura y de los servicios en comparación con el sector industrial.

El sector primario ha sido básico en España, pero hoy día su aportación al PIB no supera el 2,5% y da empleo al 4,3% de la población ocupada. El subsector agrario está muy diversificado; en la ganadería destacan las producciones de  porcino, leche y  ganado vacuno, y en la pesca es la insuficiencia de oferta la que limita la producción, debido a la dificultad de acceso a los caladeros ajenos y al agotamiento de los recursos propios y ajenos.

La industria española, sector que en la década de 1980 representaba en torno al 25% del PIB, tiene una clara especialización, en cuanto a la aportación al PIB, en las ramas de alimentación y bebidas, productos metálicos y fabricación de material de transporte. Son también importantes las ramas del papel y de la química.

En términos de empleo, las ramas más intensivas en mano de obra son la madera, el corcho y el textil, pero tienen escasa relevancia en la aportación al PIB.

En cuanto al sector servicios, su incremento en la composición del PIB, la llamada “terciarización” es un fenómeno habitual en el proceso de desarrollo de los países. En el caso de España, una parte importante de la inversión en otros países se realiza en sectores terciarios, tales como banca, ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras, telefonía, seguros y hoteles, en los cuales el país cuenta con empresas capaces de competir en los mercados internacionales. 

martes, 24 de mayo de 2016

EL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL

El sistema de protección social es un conjunto de acciones de las instituciones públicas para asegurar a la población ante situaciones de la pérdida de ingresos a causa de problemas de salud, la pérdida del empleo y la vejez, así como la asistencia a los desfavorecidos, que conlleva la tarea de reducir la pobreza y mejorar la distribución de la renta. 

Centrándonos en datos de la Comunidad Autónoma Vasca, el importe total de los recursos dedicados a la protección social en el año 2013 fue de 16.663,4 millones de euros, que representó el 25,22% de PIB. El gasto ha tenido una clara tendencia creciente en los últimos años, pasando de 6.402 euros por habitante en 2008 a 7.658 euros en 2013, un aumento cercano al 20%.

En el siguiente gráfico tenemos la distribución del gasto social:


Vemos que la asistencia a la Vejez acaparó más del 40% del gasto en prestaciones. incluyendo las pensiones y las prestaciones asistenciales de alojamiento y atención domiciliaria. En segundo lugar se situó la atención sanitaria, con cerca del 26% del gasto total, seguida por la prestación de desempleo y la formación para el empleo, que supusieron el 11%.

El gráfico siguiente representa el gasto comparado en protección social por habitante en paridad de poder de compra:


Observamos las trayectorias ascendentes de los gastos de protección social en los tres ámbitos: C.A. Vasca, España y Unión Europea. Desde 2008, la comunidad vasca supera a la media de la Unión Europea. El gasto promedio de España fue inferior al de la C.A. Vasca en un 24% en el 2012. 

El gasto público social es una herramienta para la corrección de las desigualdades. Su capacidad redistributiva en España, especialmente las pensiones, se estima que es cuatro veces mayor que la conseguida a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. 

Las políticas redistributivas españolas no han sido capaces de contrarrestar el crecimiento de la desigualdad de la renta entre la población en edad de trabajar. La desigualdad es debida a la dispersión de las rentas primarias que se generan en un mercado laboral anclado en la precariedad e incapaz de reducir significativamente la inactividad y el alto nivel de desempleo. 

No resulta extraño, por tanto, que el informe de la Comisión Europea sobre la “Inversión social en Europa” señale que la situación del Estado del Bienestar en España se haya deteriorado desde el año 2010. El documento afirma que es “claramente ineficaz porque no reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes”. 




martes, 17 de mayo de 2016

LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS MONEDAS

Cuando los mercados son competitivos se admite que los productos iguales vendidos en diferentes países, sin considerar los costes de transporte ni los aranceles, deben tender al mismo precio al ser expresados en una misma moneda. Por ejemplo, si el tipo de cambio es de 1,10 dólares  por euro, un bien que cuesta 220 dólares en EE.UU. tiende a costar 200 euros en España.

Es la denominada ley del precio único, que permite formular la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), la cual  afirma que el tipo de cambio de las monedas depende de la relación entre los niveles de precios de los países

Cuando los bienes y servicios son temporalmente más caros en un país que en otros se dice que su moneda está sobrevalorada, y esa situación da lugar a la disminución de su demanda y también la de los productos del país. Los tipos de cambio y los precios son reconducidos al nivel del PPA. Es así como las fuerzas económicas ayudan, con el paso del tiempo, a igualar el poder adquisitivo de las divisas.

Hay una PPA absoluta, basada en niveles de precios y tipos de cambio, y una PPA relativa, ajustada mejor a la realidad,  que opera con variaciones porcentuales de los niveles de precios y de los tipos de cambio. Estos porcentajes mantienen también constante el poder adquisitivo de la moneda de un país respecto a otras divisas en el muy largo plazo.

Por ejemplo, si los precios en EE.UU. suben un 3% en un año y en Europa crecen un 1%, la PPA relativa establece que el dólar se depreciará un 2% para compensar la diferencia de inflación y dejar invariable el poder adquisitivo interno y externo de las dos divisas.

La revista The Economist utiliza desde 1986 el índice confeccionado con los precios de una hamburguesa “Big Mac” de McDonald, expresado en dólares estadounidenses, en diferentes países para aproximarse a la evaluación de la posición de las monedas. En enero de este año, el precio de la hamburguesa era de 4,93 dólares en EE.UU. y, al tipo de cambio del mercado, en China se situaba en 2,68 dólares, lo cual significa que el yuan chino estaba infravalorado en un 45,6%, consecuencia de la decisión de las autoridades chinas de mantener depreciada la moneda para favorecer a los exportadores de su país.  


Vemos en el gráfico que el euro estuvo sobrevalorado respecto del dólar entre los años 2005 y 2014, alcanzando un máximo del 50% en el 2008, pero desde el comienzo de la crisis fue infravalorándose y, a comienzos de 2016, se situaba en el entorno de 1€=1,07$, cuando en términos de PPA, el tipo de cambio debería ser de 1€=1,33$, es decir, que estaba infravalorado en torno al 19%.

El índice “Big Mac” no pretende ser una medida exacta de la desviación de los tipos de cambio en las diferentes monedas, pero ayuda a comprender la teoría de la PPA, la formación del verdadero valor de intercambio de las divisas.

La teoría de la  PPA de los tipos de cambio se enfrenta a diversos problemas en la realidad del comercio internacional, que pueden dar lugar al incumplimiento de sus principios, es decir, que en muchas ocasiones no se llega al nivel de equilibrio de los mercados, incluso en el muy largo plazo. 


Existen costes de transporte y barreras comerciales que entorpecen los intercambios, incluso los anulan en algunos productos. Además, las prácticas oligopolísticas en los mercados de bienes introducen notables divergencias en productos similares de diversos países. Y, por último, hay diferentes mediciones de la inflación en función de las cestas de productos que se utilicen en los cálculos de los índices de precios de consumo de los países.