ECONOMÍA DE LA OFERTA

Se denomina “Economía de la oferta" a  la política que defiende la adopción de medidas sobre la oferta agregada para impulsar el crecimiento económico, en oposición al planteamiento keynesiano de actuar sobre la demanda a través del presupuesto público.

En los años ochenta, tras varias décadas de predominio de la demanda keynesiana, según la cual el incremento de los salarios acaba aumentando la demanda e incentivando la producción, economistas destacados de la Administración Reagan plantearon un conjunto de medidas para reducir el gasto público y las tasas impositivas.

Los economistas de la oferta mantienen que se deben reducir los impuestos, sobre todo a las rentas elevadas, para incrementar el nivel de ahorro e impulsar la formación bruta de capital. Propugnan la reducción de los salarios como estrategia para incrementar el producto del país y disminuir el desempleo.

Admiten que la consecuencia lógica de su planteamiento es una distribución menos equitativa de la renta, pero argumentan que es meramente temporal, ya que las medidas citadas aumentarán la producción total de país y, al final, todos resultarán beneficiados.

El argumento responde a la idea de la “filtración”, según la cual cuanto más ganan los ricos, más crece el producto a repartir y algo acaba derramándose sobre los demás.

Algunas medidas de la economía de la oferta, como la supresión de burocracias innecesarias, la estabilidad del sistema legal y el impulso al progreso tecnológico son aceptadas por todos. También es cierto que las medidas de gestión de la demanda son útiles solamente para lograr resultados a corto plazo. Las medidas de oferta son las que pueden aumentar la producción en el largo plazo.

Sin embargo, la idea de que la reducción de los tipos impositivos aumenta tanto el PIB que la recaudación fiscal se incrementa, no responde a las evidencias observas por los estudiosos de la  economía norteamericana. Una reducción de tipos impositivos sin bajadas del gasto público acaba incrementando el déficit fiscal.

Se ha estimado en esta crisis que para recuperar el crecimiento hay que mejorar los beneficios de las empresas, con una devaluación interna que ha traído el trasvase de rentas del trabajo a los poseedores del capital. Y  se anuncia la reducción de los tipos impositivos para el 2015.

El siguiente gráfico, recogido del informe del Consejo Económico y Social de España, nos muestra la evolución del peso de la remuneración de los asalariados en el PIB 1985-2011

La participación del trabajo en la renta del país, que había alcanzado el 57% en el año 1992, ha ido descendiendo, con mayor celeridad desde el comienzo de la crisis actual, hasta situarse en torno al 52%

La política de filtración no ha aliviado la precarización del trabajo y la falta de seguridad vital ante la incertidumbre que supone la dificultad de asegurar los ingresos que necesitan los hogares.

Como señala Paul Krugman en un reciente artículo sobre la realidad social norteamericana, “Estados Unidos es un país mucho más rico ahora que en 1964, pero, a lo sumo, sólo un poco de esa mayor riqueza ha chorreado hasta los trabajadores que están en la mitad inferior de la escala de la distribución de la renta”