El debate actual sobre la adopción de una renta mínima a escala europea se inscribe en el contexto de una crisis social que perdura, a pesar del repunte económico. Conviene no confundir el concepto de renta mínima con el de renta básica universal abonada a todos los miembros de una colectividad sin tener en cuenta sus recursos o su situación laboral.
La llamada “renta mínima decente” son los ingresos necesarios para llevar una vida digna, por encima del umbral de pobreza, denominación que proviene del concepto de “trabajo decente” divulgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Según Eurostat, en la Unión Europea se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social cerca de 113 millones de personas, que representan un 22,5% de la población. Significa que, según la llamada tasa AROPE, este colectivo cuenta con ingresos muy limitados pese a las transferencias sociales o una privación material grave o viviendo en hogares con muy baja intensidad de trabajo (sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo)
En España, según la Encuesta de Condiciones de Vida, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE era el 26,1% de la población residente en 2017. En el siguiente cuadro podemos observar su evolución:
Los sistemas de renta mínima representan un porcentaje reducido del gasto social de un país, pero arrojan un retorno económico considerable, mientras que su ausencia tiene repercusiones muy negativas para las personas y conlleva costes elevados a largo plazo.
El dinero gastado revierte inmediatamente en la economía, con frecuencia en los sectores que más acusan la crisis. La interacción entre las rentas mínimas y el salario mínimo contribuye a impulsar salarios decentes y a evitar el aumento del número de trabajadores pobres.
En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una institución que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, tras supervisar una Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT y CCOO en 2016, con 700.000 firmas, ha elaborado un informe a petición del Gobierno, en el que propone un sistema de renta mínima.
El documento plantea una prestación, destinada tanto a desempleados como a trabajadores en activo, de hasta 430 euros mensuales (80% del indicador público de efectos múltiples IPREM), con un complemento de 100 euros por cada hija/o, para hogares cuya renta anual sea inferior al 20% de la mediana.
La AIReF calcula que esta ayuda tendría un coste fiscal de 5.500 millones de euros que, eliminando solapamientos entre prestaciones, bajaría a 3.500 millones, y beneficiaria a 1,8 millones de hogares, reduciendo la pobreza severa entre el 50% y el 60%.
La tasa de pobreza severa en España, con ingresos para 2017 de 355 euros mensuales para un individuo y 746 para un hogar con dos adultos y dos niños, es del 6,9%, el doble que la media europea (3,5%) y la segunda más alta de Europa, únicamente superada por Rumanía
A nivel europeo, un dictamen del Consejo Económico y Social Europeo, emitido a comienzos de este año, señalaba la necesidad de establecer un marco vinculante para una renta mínima decente que permita generalizar, apoyar y mejorar los sistemas de renta mínima de los Estados miembros
Supondría una primera respuesta importante al grave y persistente problema de la pobreza en Europa y enviaría una señal directa a los ciudadanos, mostrando que la Unión cuenta con ellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario