En el debate sobre las pensiones hay una corriente de opinión que plantea como alternativa al modelo vigente en España el denominado “sistema de cuentas nocionales”, también de reparto, que Suecia, Italia y otros países implantaron en la década de los 90
En el sistema nocional, cada trabajador va acumulando sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral en una especie de cuenta ficticia que, con el añadido del rendimiento del capital que se ha acumulado, constituye el denominado “capital nocional”.
En el momento de la jubilación, a la cantidad acumulada se le aplica un factor de conversión, que transforma ese montante en una renta vitalicia. El factor tiene en cuenta la media de los años que va a vivir el jubilado, según la estimación de la esperanza de vida en ese momento, y el porcentaje en el que se revalorizará su pensión.
El sistema nocional es de contribuciones definidas, en tanto que el modelo español para calcular la pensión lo es de prestaciones definidas. La pensión se establece actualmente como el resultado de combinar los años cotizados y las contribuciones a la Seguridad Social durante los últimos 25 años.
Las cuentas nocionales son teóricas o ficticias, mero artificio contable, puesto que las cotizaciones no son realmente invertidas, sino que siguen dedicándose a pagar las pensiones de los jubilados del momento, pero tienen la ventaja de que sirven para que el trabajador conozca continuamente la pensión que va a cobrar cuando se jubile. La contribución a la Seguridad Social se percibe así más como salario diferido que como impuesto
Una objeción al sistema nocional suele ser que podría introducir una notable reducción en la tasa de sustitución (pensión media/salario medio), aunque lo cierto es que la propia sostenibilidad financiera va a imponer restricciones en cualquier sistema público contributivo de pensiones, dado que la tasa media de sustitución que se puede establecer, sin recurrir a otras fuentes de ingresos, viene determinada por el producto del tipo efectivo de las cotizaciones sociales y el cociente entre la población ocupada y la jubilada.
Como se estima que el valor de ese cociente (población ocupada / población jubilada) se puede reducir a la mitad en las próximas dos décadas, la única manera de evitar una caída de la tasa de sustitución de las pensiones contributivas sería aumentar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales.
Pero un incremento notable de las cotizacione puede llegar a reducir el nivel de empleo y, por tanto, la recaudación de la Seguridad Social. Además, elevar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales supondría de hecho una transferencia de renta desde las generaciones que están trabajando a la población jubilada
Hasta ahora la preocupación del sistema público contributivo de pensiones, con prestación definida, ha sido sustituir la remuneración que se deja de percibir después de la jubilación, garantizando una determinada tasa de sustitución del salario final. Para ello, a la hora de determinar la pensión, se ha dado mayor peso a las cotizaciones realizadas hacia el final de la vida laboral.
En cambio, el sistema de contribución definida tiene por objetivo proporcionar un seguro contra la longevidad, es decir, un flujo de renta durante la jubilación. Por ello, se utilizan criterios actuariales para el cálculo de rentas vitalicias a cubrir por el sistema de pensiones y convierten el capital acumulado por cotizaciones durante la vida laboral, incluida la rentabilidad que se ha establecido, en anualidades.
El modelo nocional tiene el inconveniente de que, al cobrar cada jubilado en función de lo aportado, penaliza a los que no han tenido una vida laboral muy activa, con lo que se tendrá que recurrir al sistema de pensiones mínimas a cargo del presupuesto público. La ventaja que se apunta es que el sistema nocional permitiría otorgar derechos de pensión a colectivos fuera del ámbito laboral en estos momentos, como los cuidadores de hijos o de personas dependientes.
Con este sistema se introduce una ficción capitalizada y no parece que puede generar redistribución alguna. Se esfuerza en fijar el porcentaje de gasto público dedicado a pensiones y deja que la cuestión social sea atendida por la pensión mínima, con la incógnita de si su cuantía será suficiente para responder a la demanda social en aumento, expresada en las calles con el lema “vivir con dignidad”.
En el sistema nocional, cada trabajador va acumulando sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral en una especie de cuenta ficticia que, con el añadido del rendimiento del capital que se ha acumulado, constituye el denominado “capital nocional”.
En el momento de la jubilación, a la cantidad acumulada se le aplica un factor de conversión, que transforma ese montante en una renta vitalicia. El factor tiene en cuenta la media de los años que va a vivir el jubilado, según la estimación de la esperanza de vida en ese momento, y el porcentaje en el que se revalorizará su pensión.
El sistema nocional es de contribuciones definidas, en tanto que el modelo español para calcular la pensión lo es de prestaciones definidas. La pensión se establece actualmente como el resultado de combinar los años cotizados y las contribuciones a la Seguridad Social durante los últimos 25 años.
Las cuentas nocionales son teóricas o ficticias, mero artificio contable, puesto que las cotizaciones no son realmente invertidas, sino que siguen dedicándose a pagar las pensiones de los jubilados del momento, pero tienen la ventaja de que sirven para que el trabajador conozca continuamente la pensión que va a cobrar cuando se jubile. La contribución a la Seguridad Social se percibe así más como salario diferido que como impuesto
Una objeción al sistema nocional suele ser que podría introducir una notable reducción en la tasa de sustitución (pensión media/salario medio), aunque lo cierto es que la propia sostenibilidad financiera va a imponer restricciones en cualquier sistema público contributivo de pensiones, dado que la tasa media de sustitución que se puede establecer, sin recurrir a otras fuentes de ingresos, viene determinada por el producto del tipo efectivo de las cotizaciones sociales y el cociente entre la población ocupada y la jubilada.
Como se estima que el valor de ese cociente (población ocupada / población jubilada) se puede reducir a la mitad en las próximas dos décadas, la única manera de evitar una caída de la tasa de sustitución de las pensiones contributivas sería aumentar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales.
Pero un incremento notable de las cotizacione puede llegar a reducir el nivel de empleo y, por tanto, la recaudación de la Seguridad Social. Además, elevar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales supondría de hecho una transferencia de renta desde las generaciones que están trabajando a la población jubilada
Hasta ahora la preocupación del sistema público contributivo de pensiones, con prestación definida, ha sido sustituir la remuneración que se deja de percibir después de la jubilación, garantizando una determinada tasa de sustitución del salario final. Para ello, a la hora de determinar la pensión, se ha dado mayor peso a las cotizaciones realizadas hacia el final de la vida laboral.
En cambio, el sistema de contribución definida tiene por objetivo proporcionar un seguro contra la longevidad, es decir, un flujo de renta durante la jubilación. Por ello, se utilizan criterios actuariales para el cálculo de rentas vitalicias a cubrir por el sistema de pensiones y convierten el capital acumulado por cotizaciones durante la vida laboral, incluida la rentabilidad que se ha establecido, en anualidades.
El modelo nocional tiene el inconveniente de que, al cobrar cada jubilado en función de lo aportado, penaliza a los que no han tenido una vida laboral muy activa, con lo que se tendrá que recurrir al sistema de pensiones mínimas a cargo del presupuesto público. La ventaja que se apunta es que el sistema nocional permitiría otorgar derechos de pensión a colectivos fuera del ámbito laboral en estos momentos, como los cuidadores de hijos o de personas dependientes.
Con este sistema se introduce una ficción capitalizada y no parece que puede generar redistribución alguna. Se esfuerza en fijar el porcentaje de gasto público dedicado a pensiones y deja que la cuestión social sea atendida por la pensión mínima, con la incógnita de si su cuantía será suficiente para responder a la demanda social en aumento, expresada en las calles con el lema “vivir con dignidad”.
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