Los medios de comunicación resaltan en titulares que el Banco de Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, tras determinarse su inviabilidad debido seguramente a la entrada tardía en el negocio de la construcción y al alto porcentaje de créditos fallidos. Ello supone el final del culebrón en torno al banco que llegó a ser considerado en un tiempo como el más rentable de Europa, ahora en quiebra. La resolución implica que los 305.000 accionistas (incluido el 75% de la plantilla) y los titulares de convertibles y deuda subordinada, por valor de 2.000 millones, pierden todo su dinero (bail-in o rescate interno).
La situación del Popular era crítica. Desde el Banco Central Europeo (BCE) se concluyó que estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez en los últimos días, a raíz de una fuga de depósitos continuada y una falta de claridad en sus planes de futuro. Se le realizaron pruebas de estrés y arrojaba pérdidas de hasta 8.200 millones en el peor escenario. Al final, la cuantiosa fuga de depósitos y la negativa del supervisor a facilitar los fondos que se necesitaban para abrir las oficinas han ocasionado que en una noche una entidad con cerca de 12.000 empleados y 1.739 oficinas haya pasado a manos de un competidor.
Tras la intervención de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha gestionado su venta al Santander, bajo la autorización del Mecanismo Único de Resolución, la agencia europea dependiente del BCE, que al comienzo de 2016 se convirtió en la máxima autoridad para la drástica reestructuración de entidades financieras en dificultades.
En el siguiente gráfico tenemos los porcentajes de créditos dudosos de las entidades financieras sobre el total de préstamos, a diciembre de 2016, en varios países europeos
La situación del Popular era crítica. Desde el Banco Central Europeo (BCE) se concluyó que estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez en los últimos días, a raíz de una fuga de depósitos continuada y una falta de claridad en sus planes de futuro. Se le realizaron pruebas de estrés y arrojaba pérdidas de hasta 8.200 millones en el peor escenario. Al final, la cuantiosa fuga de depósitos y la negativa del supervisor a facilitar los fondos que se necesitaban para abrir las oficinas han ocasionado que en una noche una entidad con cerca de 12.000 empleados y 1.739 oficinas haya pasado a manos de un competidor.
Tras la intervención de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha gestionado su venta al Santander, bajo la autorización del Mecanismo Único de Resolución, la agencia europea dependiente del BCE, que al comienzo de 2016 se convirtió en la máxima autoridad para la drástica reestructuración de entidades financieras en dificultades.
En el siguiente gráfico tenemos los porcentajes de créditos dudosos de las entidades financieras sobre el total de préstamos, a diciembre de 2016, en varios países europeos
En el Banco Popular, el volumen de créditos irrecuperables, consecuencia de la crisis inmobiliaria, parece que era mayor del esperado, lo que provocó la desconfianza de los accionistas y de los depositantes de fondos.
Esta quiebra bancaria, cuando ha pasado una década desde que se desencadenó la crisis de las hipotecas basura, da la impresión de que sigue sin aplicarse la regulación exigente que se anunció para evitar descalabros.
A nivel mundial, ya en 1974, los bancos centrales de once países industrializados formaron el Comité de Basilea, con la misión de conseguir una mejor coordinación en la vigilancia sobre el sistema bancario internacional. El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en la ciudad suiza citada y ejerce de banco central de los bancos centrales nacionales.
Tras la crisis de 2007, se produjo un gran debate en torno a la reforma de los sistemas financieros. El Comité de Basilea propuso un conjunto de normas sobre el capital y unas garantías más estrictas para los bancos internacionales pero, una vez más, se ha evidenciado que resulta difícil diseñar medidas normativas que no puedan ser burladas por los innovadores financieros.
Las nuevas medidas obligan a los bancos a financiarse con más capital y han avanzado en el control de los productos financieros de alto riesgo, pero no se ha llegado a concluir la regulación por las diferencias de criterio entre EE.UU y Europa en la financiación inmobiliaria.
La Camara de Representantes norteamericana adoptó el pasado jueves una iniciativa legislativa de los republicanos que contempla recortes en el paquete reglamentario aprobado tras la crisis financiera. Entre otros cambios, se propone eliminar las pruebas de resistencia a las que la Reserva Federal somete cada año a los grandes bancos para determinar si tienen los colchones de liquidez necesarios para soportar situaciones de estrés.
Contempla también cerrar la oficina de protección al consumidor, que se creó para prevenir los abusos financieros de las hipotecas tóxicas, el tipo de producto que hizo quebrar a grandes entidades como Lehman Brothers.
Aunque estas políticas republicanas puede que no cuenten con el apoyo suficiente para que salgan adelante en la redacción actual, no cabe duda que suponen un refrendo político para la promesa de desregulación del presidente Donald Trump.
El riesgo para los depositantes viene de que los bancos utilizan también fondos de sus clientes para conceder préstamos y comprar otros activos. Cuando algunos clientes no pueden devolver sus préstamos o los activos pierden valor, como es el caso del Banco Popular, las entidades son incapaces de cumplir con sus obligaciones, incluyendo la devolución de los depósitos.
Algunos analistas apuntan que vendría bien una reformulación de los test de estrés que se realizan a las entidades financieras o la utilización de otro método que genere más confianza para conocer a fondo la situación de cada entidad.
A nivel mundial, ya en 1974, los bancos centrales de once países industrializados formaron el Comité de Basilea, con la misión de conseguir una mejor coordinación en la vigilancia sobre el sistema bancario internacional. El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en la ciudad suiza citada y ejerce de banco central de los bancos centrales nacionales.
Tras la crisis de 2007, se produjo un gran debate en torno a la reforma de los sistemas financieros. El Comité de Basilea propuso un conjunto de normas sobre el capital y unas garantías más estrictas para los bancos internacionales pero, una vez más, se ha evidenciado que resulta difícil diseñar medidas normativas que no puedan ser burladas por los innovadores financieros.
Las nuevas medidas obligan a los bancos a financiarse con más capital y han avanzado en el control de los productos financieros de alto riesgo, pero no se ha llegado a concluir la regulación por las diferencias de criterio entre EE.UU y Europa en la financiación inmobiliaria.
La Camara de Representantes norteamericana adoptó el pasado jueves una iniciativa legislativa de los republicanos que contempla recortes en el paquete reglamentario aprobado tras la crisis financiera. Entre otros cambios, se propone eliminar las pruebas de resistencia a las que la Reserva Federal somete cada año a los grandes bancos para determinar si tienen los colchones de liquidez necesarios para soportar situaciones de estrés.
Contempla también cerrar la oficina de protección al consumidor, que se creó para prevenir los abusos financieros de las hipotecas tóxicas, el tipo de producto que hizo quebrar a grandes entidades como Lehman Brothers.
Aunque estas políticas republicanas puede que no cuenten con el apoyo suficiente para que salgan adelante en la redacción actual, no cabe duda que suponen un refrendo político para la promesa de desregulación del presidente Donald Trump.
El riesgo para los depositantes viene de que los bancos utilizan también fondos de sus clientes para conceder préstamos y comprar otros activos. Cuando algunos clientes no pueden devolver sus préstamos o los activos pierden valor, como es el caso del Banco Popular, las entidades son incapaces de cumplir con sus obligaciones, incluyendo la devolución de los depósitos.
Algunos analistas apuntan que vendría bien una reformulación de los test de estrés que se realizan a las entidades financieras o la utilización de otro método que genere más confianza para conocer a fondo la situación de cada entidad.
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