VULNERABILIDAD ECONÓMICA

España lleva tres décadas integrada en una organización supranacional, la Unión Europea, con incidencia en la economía y en la sociedad del país, pero resulta escasa la información que existe sobre el entramado europeo.

La Unión Europea proviene de la Comunidad Económica Europea, surgida del denominado Mercado Común, que nació en 1957 bajo el impulso de 6 grandes países de Europa occidental con necesidad de hacer frente a la competencia de americanos y japoneses. En la década de los ochenta se dejó sentir también la competencia de los países del sureste asiático y más tarde la de las economías emergentes.

En la era de la competencia global se hizo evidente el declive europeo. Al comienzo de este siglo, la participación de Europa Occidental en la economía mundial era en torno a la quinta parte, frente a algo más que la cuarta medio siglo antes.

En el interior de la Unión Europea se pueden distinguir dos tipos de economías. Por una parte los países centrales, encabezados por Alemania y Holanda, con gran potencia productiva y orientados hacia la exportación, que disfrutan de balanzas de pagos con excedentes financieros. El reverso de la moneda son los países periféricos del sur y del este, España entre ellos, cuya característica más destacada es el alto nivel de endeudamiento.

Como podemos observar en el gráfico, el endeudamiento público español ha superado el 100% del PIB. Ahora que el tipo de interés parece que tiende a subir, no debemos olvidar que un incremento del 1% en la tasa anual supondría subir el coste de los intereses anuales en más de 10.000 millones de euros.

Fue tras la implantación del euro cuando los bancos de los países centrales, en busca de mayores rendimientos para sus excedentes financieros, prestaron abundante dinero a los periféricos, entre ellos España, generando unas deudas que difícilmente pueden pagarse.

Con la llegada de la crisis, los profetas del neoliberalismo, preocupados ante las quitas de deuda que pueden ser necesarias, hacen como que olvidan su fobia al Estado y exigen el rescate de los países en dificultades financieras, cuyos principales acreedores son los grandes bancos europeos. Fuerzan a intervenir a los Estados y a las instituciones internacionales, con fondos públicos, mostrando así la estrecha relación entre los grandes capitales y los Estados.

Las ayudas financieras han venido acompañadas de duros programas de austeridad, que debilitan el Estado de bienestar y disminuyen el nivel de vida de los ciudadanos, lo cual frena la producción de los países y detiene el crecimiento, incluso llegando a provocar un descenso del PIB en algunas economías. En un episodio de ceguera económica, la exigencias de los países centrales de cobrar sus créditos a toda costa llega a ocasionar la pérdida de nivel productivo en los países periféricos, que imposibilita precisamente realizar los pagos.

En el Parlamento Europeo se están cuestionando la capacidad de afrontar otra crisis como la reciente, dada la vulnerabilidad de la Eurozona y la dificultad de usar la política fiscal. El BCE ha tenido intervenciones decisivas para sostener el euro con su frase “haré todo lo necesario” y el programa de compra de activos.

El PIB de España crece a una tasa del 3,2%, pero no se puede olvidar que es debido en parte a los vientos de cola: bajo coste del petróleo, tasa de interés mínima y un euro muy depreciado. Puede que la economía española tenga que sufrir más que otras cuando cambien las circunstancias, sobre todo cuando el BCE empiece a retirar el estímulo monetario

Un plan presentado en Bruselas recientemente apunta a un régimen europeo de prestaciones por desempleo que, para evitar las transferencias en una sola dirección, exigiría a los participantes armonizar la fiscalidad y el mercado laboral, incluido el salario mínimo. Sería financiado por el MEDE (Meanismo de Estabilidad Europeo), que se convertiría en una especie de Fondo Monetario Europeo. Pero de momento parece que cuenta con la oposición contunde de Alemania a cualquier tipo de mutualización.

NUEVO SALARIO MÍNIMO

El Gobierno español ha fijado para el año 2017 el Salario Minimo Interprofesional (SMI) en 707,60 euros al mes, en 14 pagas. Se trata de la retribución mínima que debe percibir el trabajador por la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, con contratos fijos o temporales.

La subida, que representa el 8% interanual, ha sido considerada por algunos grupos políticos como insuficiente. Su planteamiento era que alcanzase en 2017 los 800 euros y llegase al 60% del salario medio al finalizar la legislatura (950 euros en 2020), tal como establece la Carta Social Europea, suscrita por España.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del SMI en la última década, en euros mensuales, en 14 pagas:

Los sindicatos recuerdan que más de cinco millones y medio de trabajadores cobran en España el SMI, una retribución con la que las familias difícilmente pueden cubrir los gastos mensuales. La recuperación económica debería permitir a sus receptores ser compensados de los nulos o mínimos incrementos que han tenido en los últimos años, sobre todo a partir de 2012

El nuevo salario mínimo viene a representar el 50% de la mediana salarial, la que divide a los asalariados en dos grupos numéricamente iguales. La mayoría de los países europeos disponen de un salario mínimo más elevado en porcentaje de la mediana salarial. Por ejemplo, el porcentaje del 63,2% en Portugal, 59% en Francia, 52,8% en Reino Unido y 51,7% en Holanda. Tan solo Alemania tiene un salario mínimo similar al español en porcentaje de la mediana.

El aumento del SMI afectará sobre todo a los jóvenes, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y las mujeres. Por el efecto demostración que tiene, no hay duda que la subida será aprovechada por los sindicatos en sus negociaciones con las empresas para mejorar sus retribuciones.

La subida del salario mínimo influye también en algunas prestaciones sociales y exige dotar los presupuestos públicos para revalorizar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) u otros tipos de ayuda social que van indexadas al SMI (cambian a su ritmo).

Existe el riesgo de que un aumento del SMI por encima de los niveles de equilibrio en algunos submercados de trabajo malogre las oportunidades de empleo de algunos trabajadores de baja cualificación. Pero aunque algunos estudios realizados durante la Gran Recesión encuentran correlación entre subidas de salario mínimo y descenso de empleo, las evidencias indican que no hay causalidad entre ellos, es decir, que la pérdida de puestos de trabajo no viene ocasionada por el nuevo salario, sino que es provocada por la caída de demanda que conlleva la recesión. El nuevo salario mínimo puede compensar pérdidas de capacidad adquisitiva sin afectar necesariamente de forma negativa al nivel de empleo

El mercado laboral no es como el de cualquier producto, porque los trabajadores son personas y las relaciones con los empresarios son más complejas que una simple relación de demanda y oferta. Las empresas saben que la mejora salarial tiende a favorece el incremento de la aportación del trabajador y disminuye la necesidad de realizar sustituciones, con lo que puede reducir los costes y compensar los posibles efectos sobre el nivel de empleo.

A propósito de un planteamiento de Obama sobre el salario mínimo, el economista Paul Krugman escribió en 2013: “Es un tema que se sigue investigando, pero una constante en todas las explicaciones es que los trabajadores no son sacos de trigo y ni siquiera apartamentos de Manhattan; son seres humanos, y las relaciones humanas que intervienen en la contratación y en los despidos son inevitablemente más complejas que los mercados de meras materias primas”

“Y una consecuencia de esta complejidad humana parece ser que los aumentos moderados de los sueldos para los peor pagados no necesariamente reducen el número de puestos de trabajo. Lo que esto quiere decir, a su vez, es que el principal efecto de un aumento de los salarios mínimos es un aumento de las rentas de estadounidenses que trabajan mucho, pero cobran poco, lo cual es, naturalmente, lo que estamos tratando de conseguir”

Sea bienvenido el aumento del Salario Mínimo Interprofesional tanto para dignificar el trabajo y lograr mejores niveles de redistribución de la renta como también para incentivar el consumo y la demanda interna, favoreciendo así al proceso de recuperación económica.

ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Se entiende por Política Económica el conjunto de acciones sobre variables económicas que emprenden las Administraciones Públicas y otras instituciones de un país, incluyendo las orientaciones y las exigencias de los grandes organismos internacionales, particularmente en un caso como España, un país integrado en la Unión Europea.

Hay un tipo de políticas, denominadas intervencionistas, basadas en el análisis keynesiano, que defiende la conveniencia de la intervención pública en la vida económica, porque se considera que los mercados no son capaces de asegurar ni un crecimiento económico sostenido ni el pleno empleo en una sociedad. Fue una reacción al desastre económico que trajo la Gran Depresión de 1929. 

Pero a partir de la década de los 80, el planteamiento ha sido criticado por los seguidores del pensamiento neoliberal, defendiendo que son los agentes económicos privados los que deben decidir la orientación de la economía, aduciendo la excesiva burocratización y la tendencia inflacionaria de la actuación pública.

En la imagen se señalan los grandes objetivos y los principales tipos de política económica que suelen utilizar los Estados para intervenir en las economías de los países.

Pensemos en el impulso industrializador en España, que llegó más tarde que en otros países de su entorno. A falta de ahorro privado, la industrialización se debió fundamentalmente a la intervención del Estado y a la llegada de capital extranjero. Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y se paralizó con la Guerra Civil.

Posteriormente, tras dos décadas de autarquía, en los años 60 comenzó una época de crecimiento económico, con planes de desarrollo impulsados por autoridades públicas, al tiempo que se daba una emigración cuantiosa del campo a las ciudades, impulsada por la mecanización agrícola. Al faltar oportunidades de empleo en el país, varios millones de personas acabaron en el extranjero.

Las políticas económicas promovidas en la última década por la Unión Europea no parece que hayan sido muy acertadas para los países de la periferia, muy endeudados, como España, por tratarse en muchos casos de medidas de corte neoliberal que, en lugar de ayudar a reducir el peso de las deudas y transformar las estructuras económicas para aumentar la competitividad, han venido a incrementar la desigualdad y la pobreza.

La orientación de la política económica ha consistido en tratar de fomentar a toda costa el comercio exterior, pero el éxito del sector exportador tiene un limitado efecto en el conjunto de la economía, porque no representa más allá del 25% de toda la actividad económica. La vía alternativa para fortalecer la recuperación es aumentar la demanda interna para estimular la economía a través de medidas tales como el aumento de los salarios y de las inversiones públicas.

El presidente del Banco Central Europeo acaba de pedir un cambio de enfoque, recomendando que la política monetaria expansiva ceda el testigo a la política fiscal y especialmente a reformas estructurales, a fin de facilitar las inversiones.

Pero la Comisión Europea exige que los presupuestos anuales cuenten con su aprobación antes de presentarlos a los Parlamentos del país. Y a partir del 2020 no se podrá plantear prácticamente ningún déficit en los presupuestos, con lo cual se anula la capacidad de los gobiernos estatales para diseñar una política económica con cierta autonomía.

El Eurogrupo acaba de rechazar, a instancias de Alemania y Holanda, el plan de estímulo fiscal del comisario Moscovici, frustrando las expectativas de que cambie una política económica de austeridad que está obstaculizando el crecimiento económico y la creación de empleo.

Se comprende así que esté reduciéndose el número de ciudadanos que confíen en la Unión Europea y muchos se pregunten si no sería preferible seguir el camino que han emprendido los británicos con su Brexit, o bien, como alternativa, exigir a las instituciones europeas el avance decidido hacia una Europa más solidaria y con estructuras verdaderamente democráticas.

EL COSTE ENERGÉTICO

El descubrimiento de los combustibles fósiles, con gran cantidad de energía, supuso la posibilidad de acceder a mayores niveles de bienestar. El carbón, el petróleo y el gas natural, que por su características químicas se emplean como combustibles, han ido formándose a través de procesos bioquímicos durante millones de años y constituyen un recurso natural no renovable.

El empleo de este tipo de combustibles a partir de la Revolución Industrial produjo un cambio muy importante en las tecnologías de producción y permitió un acelerado crecimiento económico, pero también dio lugar a un impacto negativo sobre el medio ambiente, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación del aire, el suelo y el agua.

Uno los consumos más importantes en la actualidad viene de no priorizar la producción y el comercio de proximidad. El proceso globalizador impulsa una tecnología logística que provoca consumos energéticos importantes, quizás por el bajo precio de los combustibles fósiles, que no han internalizado los costes de las infraestructuras ni lo costes medioambientales, a cargo de lo presupuestos generales del Estado.

Los procesos de automatización industrial y robótica están eliminando personal en las fábricas, pero incrementan el uso de energía. Al mismo tiempo, un planteamiento racional tiende a favorecer el cambio hacia la energías renovables, utilizando el viento, el agua, la radiación solar y otras fuentes.

Los procesos tecnológicos transforman la energía primaria (petróleo, carbón, sol, viento…) en electricidad, una energía secundaria que permite que llegue la luz a los hogares y se pongan en movimiento las máquinas de la empresas, entre otras aplicaciones.

No existe una fuente primaria energética que por sí sola pueda ser transformada en electricidad para abastecer toda la demanda. Se utilizan centrales térmicas (fuel, gas natural y carbón), que tienen el mayor coste de producción variable, así como energías renovable (solar, viento, fuerza hidráulica de los rios…) con el menor coste. En una posición intermedia se encuentran las centrales nucleares, con costes variables inferiores a los térmicos y superiores a las renovables.

Pero los costes variables no son los únicos que los inversores tienen que recuperar. Hay que tener en cuenta también los costes fijos (amortización de las inversiones en las centrales), que son distintos en cada tipo de central. Entre ambos conforman los costes totales.

Por tanto, no todos los costes de los Kwh son iguales, pero con el paradigma de la electricidad a un solo precio, éste resulta del encuentro de la demanda y la oferta total, aunque no se cubren los costes medios de las renovables y térmicas, que reciben como complemento unos ingresos regulados

Como observamos en los datos de Eurostat, España ha pasado de ser uno de los países europeos con la electricidad más barata a situarse, en el segundo semestre de 2015, en la quinta más elevada de Europa, lo cual dificulta la posición competitiva de las empresas, en particular las intensivas en energía.

El coste de la energía continúa subiendo por la evolución del mercado mayorista, en el que se negocian diariamente los precios de la electricidad que se produce en el país. Al mes de octubre, debido a la menor actividad de las centrales renovables, el aumento interanual era del 11%. En la factura no supone tal importe de incremento porque hay otros conceptos, tales como impuestos y subvenciones. El coste energético puro representa en torno al 30 o 40% del total a pagar.

En una comparación internacional, en el siguiente gráfico tenemos el precio del Kwh en euros (antes de impuestos) para las familias en los principales países europeos:


Como podemos observar en el gráfico, los precios  para los hogares en España también son más elevados que los de otros países europeos. El coste del Kwh supera a la media de la Eurozona en más del 30%, pero la diferencia en el total de la factura acaba siendo menor porque otros países cargan más por impuestos.