En su análisis sobre la situación actual del sistema de pensiones, un experto hacendista viene a concluir que las dos reformas realizadas en los años recientes son “poco más que una rebaja generalizada de las pensiones, que afectan a todos sus elementos”.
Se estima que las reformas del 2011 supondrán para los nuevos jubilados una reducción en la pensión en torno al 20% y los cambios del 2013 provocarán en el largo plazo otra caída de la pensión media nominal en torno al 15%, con lo que el recorte del gasto en pensiones puede llegar a superar en el año 2030 un 3% del PIB.
Se han establecido más años para calcular el importe a cobrar y han aumentado en dos los necesarios para tener derecho a la pensión completa, al tiempo que se percibe durante dos años menos por el retraso en la edad de jubilación.
El sistema actual funciona como una modelo actuarial, en el que los ingresos determinan los gastos, al estilo de una empresa privada, que iguala gastos e ingresos. Una alternativa sería utilizar el modelo de tipo social, en el que los gastos determinan los ingresos requeridos, con el objetivo de garantizar un nivel de bienestar a los pensionistas. Los nuevos ingresos podrían venir del aumento de cotización y de los impuestos.
Como vemos en el siguiente gráfico, que muestra la evolución preocupante de las cuentas de la Seguridad Social en los últimos 20 años, la reciente mejoría de la economía española en términos de PIB no ha conseguido aliviar la situación de la Seguridad Social.
Los nuevos pensionistas tendrán que conformarse con una tasa de sustitución inferior, con lo que la pérdida en el tránsito de la vida laboral a la jubilación será mayor y, más tarde, se les aplicará una revalorización muy austera.
El sistema de Seguridad Social de reparto español, como la mayoría de los modelos europeos, tiene límites tanto en la cotización como en la prestación. La proporción de la pensión que se genera cotizando al sistema público es decreciente respecto al nivel de la renta de los cotizantes. El planteamiento de los tipos de cotización y de ahorro efectivo que se logran en cada tramo de renta responde a un objetivo de solidaridad dentro del sistema público
En cualquier caso, no resulta aceptable que las reformas para afrontar los déficits de la Seguridad Social, consecuencia básicamente del envejecimiento de la sociedad, se materialicen únicamente en una reducción de las pensiones. Alguna responsabilidad debe tener un Estado que ha obligado a participar en el sistema a todos los trabajadores.
Gracias por el sencillo resumen. Quizá las estimaciones de los impactos de los cambios legislativos de 2011 y 2013 parecen, en mi opinión, excesivas. Tendría interés conocer en qué se fundamentan. Quiero decir que el hecho cualitativo de incrementar de 15 a 25 años el período de cálculo obviamente tendrá un efecto cuantitativo concreto; y así todos los cambios. Conoce alguna publicación que los cuantifique? Saludos
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