DÉFICIT PUBLICO CERO

Cuando se quiere gastar más de lo que se ingresa, la diferencia tiene que pedirse prestado. Por tanto, obligar a los Estados a conseguir un déficit cero es equivalente a prohibirles emitir deuda, lo cual significa recortar la acción gubernamental.

Claro que, cuando se pueden ganar votos con promesas de incrementos de gastos sin plantear una elevación de impuestos, los Estados tienden a generar déficits excesivos.

 

Es por ello que en los últimos meses han sido frecuentes los debates sobre la limitación  del déficit público. Resulta habitual la referencia de los políticos al déficit estructural que recoge el artículo 135 de la Constitución española, en el que se establece un déficit del 0,4% del PIB, en sintonía con los límites europeos fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La norma de rango constitucional aprobada en septiembre de 2011, sin someterla a debate público,  supuso dar prioridad absoluta en los presupuestos del Estado al pago de los intereses y a la devolución de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad de gasto.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de la deuda española, consecuencia de los déficits acumulados, que alcanza ya el equivalente al 99% del Producto Interior Bruto de país.

El déficit público puede ser cíclico, consecuencia del descenso de la actividad económica,  o  estructural, que no se corresponde con una coyuntura recesiva, sino que obedece al desequilibrio de las cuentas públicas. Este segundo tipo de déficit es el preocupante, debido a que se convierte en una amenaza para la sostenibilidad de los presupuestos de las Administraciones Públicas.

El cálculo del déficit estructural se realiza a través de la estimación del PIB potencial, el resultante de utilizar todos los recursos materiales y humanos disponibles, sin que genere inflación. Cuando la economía se encuentra en recesión, la diferencia entre el PIB real y el potencial suele ser negativa y pasa a ser positiva en la situación de auge.

Una vez separado el componente cíclico, que se observa en la sensibilidad de los ingresos y gastos al cambio de coyuntura, se estima el déficit estructural, que resulta de eliminar tanto la influencia cíclica como cualquier gasto extraordinario de naturaleza temporal. Es este tipo de déficit el que permite determinar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Dado que el déficit estructural hay que obtenerlo de una estimación, que varía según el método utilizado, su uso en las políticas económicas puede tener un carácter orientativo, pero no resulta razonable utilizarlo para crear normativas con fuerza de ley, tal como sucedió con el cambio constitucional citado 

Los analistas económicos aconsejan en general mantener los tipos impositivos más o menos constantes y dejar que haya déficits durante las recesiones y superávits en las expansiones, de manera que el presupuesto público se equilibre, es decir, que resulte en torno a cero como promedio, aunque no lo sea cada año.