REGLAS DE POLÍTICA FISCAL

Los economistas han tratado de elaborar algunas medidas del déficit público para tratar de saber cuál sería el déficit equivalente en un país, con la política vigente de ingresos y gastos, si la producción se encontrara en su nivel normal. Esas medidas tienen nombres como “déficit estructural” y “déficit a mitad de ciclo”. 

Ese déficit ajustado al ciclo económico constituye la referencia para valorar el rumbo de la política fiscal. Aunque el déficit observado en un momento dado sea elevado, si el ajustado con el ciclo está en torno a cero, la política fiscal es coherente y no hay temor al aumento de la deuda con el paso del tiempo. 

Por lo tanto, para conocer el déficit estructural en un país con un determinado déficit fiscal observado, que está soportando una fase recesiva, se tiene que eliminar el componente cíclico, es decir, el déficit que se deriva de la caída de los ingresos públicos relacionados con la producción y el mantenimiento de los gastos que no dependen del nivel de actividad económica. 

Según la ley orgánica aprobada en abril de 2012, a partir de enero de 2020, las Administraciones Públicas españolas deben presentar equilibrio o superavit, sin que puedan incurrir en déficit estructural. En caso de reformas estructurales, con efectos presupuestarios a largo plazo, podrá alcanzarse un déficit estructural del 0,4% del PIB o el establecido en la normativa europea cuando éste fuese inferior.

Además del déficit estructural, los países de la Eurozona imponen otras reglas fiscales que restringen la actuación de sus miembros, a fin de corregir los incentivos para intentar traspasar los costes de una expansión fiscal al resto de los países. 

La regla fiscal sobre la deuda de las Administraciones Públicas se computa según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que excluye las ayudas a las entidades financieras y otros conceptos. Se evalúa en términos de la relación Deuda pública / PIB. 

En el siguiente gráfico tenemos el porcentaje de la deuda pública, según el PDE, de España (rojo) y de la Eurozona (azul), en porcentaje sobre el PIB respectivo

Esta regla fiscal ha mantenido como nivel máximo deseable un 60% del PIB, superado ampliamente, como observamos en el gráfico, tanto por España (98%) como por el conjunto de la Eurozona (93%). La regla obedece al temor de que un elevado endeudamiento puede precipitar la insolvencia de un país miembro, como ha ocurrido con Grecia. 

En cuanto al déficit anual, la Eurozona fijó en sus comienzos la regla fiscal de no sobrepasar el déficit presupuestario del 3% del PIB, aunque ha tenido que flexibilizar la medida en los últimos años. En estos momentos, España duplica ese nivel de déficit (en torno al 6% del PIB).

AUSTERIDAD Y DOBLE RECESIÓN

La crisis económica de 2007 afloró con nitidez en España cuando se cortó el flujo financiero exterior  y explotó la burbuja inmobiliaria. Al igual que otros países en circunstancias parecidas, el país tuvo que enfrentarse a los desequilibrios acumulados desde el comienzo del año 2000. Había que afrontar el elevado déficit fiscal, la deuda púbica en crecimiento, la acumulación de deuda externa y, sobre todo, el rápido incremento del paro, con el correspondiente aumento de los desembolsos por el  seguro de desempleo,  que vino a agravar el desequilibrio fiscal ocasionado por la caída de la recaudación impositiva.

En el siguiente gráfico, que muestra la evolución del PIB español en el período de la crisis, se observan dos recesiones, que tuvieron sus caídas más acentuadas en los años 2009, con el -3,6%, y  2012, con un -2,1%

La primera recesión vino impulsada por la crisis financiera global que se inició en EE.UU con las hipotecas “subprimes” (alto riesgo) y el derrumbe del sector de la construcción en España. El impacto fue importante en nuestro país por la amplia exposición financiera al exterior.

En esa época comenzó a enfatizarse el concepto de “devaluación interna”, como la necesidad de reducir los salarios para ganar competitividad. La moneda única, con una inflación en España superior a le media europea, había generado la pérdida de competitividad por precios. Ello provocó un déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos y la acumulación de deuda externa (pasivos financieros netos con el exterior), sobre todo privada.

La segunda recesión se asocia al planteamiento de ir reduciendo el déficit público desde el -9,7% de PIB en 2010 hasta la cifra autorizada en Europa (3%) en varios años, a fin de disminuir la prima de riesgo del país. Se produce un recorte gradual del gasto público y aumentan los impuestos, con lo que  cae la actividad económica y sube el desempleo, hasta alcanzar en el 2013 un 27% de la población activa.

La política de austeridad fiscal fracasa porque, en ausencia de  una expansión del crédito y sin el crecimiento de los mercados exteriores, se profundiza en la recesión, provocando shocks recesivos, que paradójicamente incrementan el déficit público hasta alcanzar en el año 2012 el 10,6% del PIB

No se cumplió la previsión de los promotores de la austeridad de que serviría para recuperar la confianza de los inversores, porque no se activó la inversión privada en España. Al contrario, fue contrayéndose, nada menos que  un -9,1%  en 2012.

Tampoco resultó acertada la perspectiva de que para reducir la prima de riesgo era necesario bajar el déficit. Fue el anuncio del Banco Central Europeo (BCE), en julio de 2012, de que haría todo lo necesario para sostener el euro, adquiriendo los bonos soberanos que hicieran falta, lo que hizo descender la prima de riesgo de los países europeos periféricos.

Dos economistas del Fondo Monetario Internacional aportaron una nueva explicación al fracaso de la política de austeridad fiscal. Los programas que se estaban aplicando en Europa suponían que el multiplicador fiscal estaba en torno a 0,5, es decir, que el 1% de reducción del gasto público, por ejemplo, provocaba una caída del 0,5% del PIB. El análisis económico demostró que, en los países europeos del sur, el multiplicador era más elevado, en torno al 1,5, lo que explicaba el importante efecto recesivo que producían los recortes presupuestarios en España.

LA IRREVOCABILIDAD DEL EURO

Las negociaciones actuales del Eurogrupo con Grecia apuntan  a que, si el país heleno no cumple las condiciones que se pacten,  puede quedar fuera del euro (“Grexit”).

También acaba de posicionarse en contra de la irrevocabilidad del euro el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, que en el informe “Lecciones de la crisis griega para una eurozona estable” apoya una reglamentación de quiebras estatales y la posibilidad de que “Estados no cooperativos” abandonen el euro.

Con la irrevocabilidad del euro, la Eurozona dejaría de ser de hecho un ámbito con moneda única para convertirse en una zona de tipos de cambio fijos.

En tal tipo de sistema siempre hay un riesgo de devaluación, en tanto que en una auténtica zona de moneda única queda excluida esa posibilidad, porque las paridades se fijan de una manera definitiva.

El “grado de apertura al exterior” de una economía se mide sumando las exportaciones e importaciones y comparando el resultado con  el PIB. Mientras que en EE.UU ese coeficiente es del orden del 28%, en España llega al 60%, en Alemania al 85% y, en una economía europea de menor dimensión como Bélgica, más del 170%

La realidad es que las variaciones del tipo de cambio, que la creación de la zona euro vino a superar, pueden afectar sensiblemente a la renta de países tan abiertos al exterior como los europeos. Se recuerdan todavía las repercusiones negativas que tuvieron las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio en Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales del pasado siglo.

El tipo de cambio es una variable macroeconómica. Una devaluación reduce el precio relativo de los bienes interiores, por lo que aumentan las exportaciones y se reduce las importaciones. Se da el efecto contario en una revaluación.

Algunas veces, como ocurrió en las décadas de 1920 y 1930, las fluctuaciones de los tipos de cambio se utilizan como instrumento macroeconómico para salir de una recesión. Pero hay que tener en cuenta que el aumento de competitividad del país que devalúa reduce la de sus socios comerciales, con lo que da lugar a las represalias de los afectados, que pueden reaccionar devaluando también. Al final, el proceso de las devaluaciones competitivas aumenta la inflación en todo los países.

Aunque las economías europeas sean mucho más abiertas que los grandes países como EE.UU. y Japón, lo cierto es que los europeos comercian principalmente entre ellos mismos. Sin tener en cuenta el comercio intraeuropeo, es decir, los flujos comerciales bilaterales entre los países europeos, el grado de apertura de la Unión Europea con el resto del mundo es similar al de EE.UU. y Japón. Son, por tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio dentro de Europa las que preocupaban cuando se decidió implantar la moneda única.

En el caso de Grecia, el programa que han tenido que aceptar los helenos  no parece que vaya a solucionar los problemas de fondo del país, porque contiene elementos recesivos y puede ahondar en las desigualdades existentes como consecuencia de un lustro de austeridad y de ataques al estado del bienestar. Tampoco es un  acuerdo que  aproxime a la Europa de los ciudadanos, de la solidaridad y de la democracia. Responde más bien a los intereses de los poderosos acreedores.

La sociedad griga se ha manifestado claramente en contra de abandonar el euro. Como señalan algunos economistas, Grecia necesita ahora un plan de inversiones para mejorar la estructura productiva e impulsar la demanda, un profundo programa de reformas que mejoren su competitividad y una reestructuración de la deuda pública, como insistentemente han pedido los negociadores griegos, a los que se ha unido el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que el tercer rescate que se está negociando no sea otro "flotador lleno de plomo"