El Gobierno ha anunciado que el déficit público, la diferencia entre los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas (Estado central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social), se situó al terminar 2014 en el -5,7% del PIB, dos décimas más negativo que el objetivo que se había planteado, pero cumpliendo con la meta pactada al final con las autoridades europeas, fijada en el -5,8%.
Por lo tanto, en el año 2014, el conjunto de las Administraciones Públicas gastó en torno a 60.000 millones más de lo que ingresó, cuando un año antes el desfase había sido de 66.400 millones. Así, el déficit público se habría reducido en 2014 en 6.400 millones de euros, gracias al aumento de los ingresos fiscales por el crecimiento económico, la reducción del subsidio de desempleo y la caída del coste de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública como consecuencia de la expansión monetaria decidida por el Banco Central Europeo.
En el siguiente gráfico tenemos la evolución del déficit presupuestario español en los últimos veinte años:
Un país puede incurrir en déficit público porque se halla en recesión y disminuye su capacidad de recaudar impuestos. Es lo que le ha ocurrido a España desde el año 2008. Cuando hay menos actividad económica en un país, la recaudación desciende por IRFP, IVA y también por el impuesto sobre los beneficios de las empresas.
Hay aumentos de gastos públicos que no son consecuencia de una decisión discrecional del Gobierno. Por ejemplo, la prestación por desempleo, que se activa de manera automática por la normativa vigente. Ese tipo de gastos se denominan “estabilizadores automáticos”, porque al inyectar dinero a las familias en épocas de recesión ayudan a estabilizar la economía.
Por lo tanto, hay un déficit público de tipo “cíclico”, cuando corresponde al originado por un descenso de la actividad económica, y otro de tipo “estructural”, si el déficit se debe a un desequilibrio permanente de financiación del gasto público, es decir, que se origina con independencia del nivel alcanzado por la actividad económica.
El concepto de déficit estructural resulta de difícil precisión técnica y está sujeto a diferentes interpretaciones. Los estudios económicos, a través del PIB potencial, deben fijar qué parte del déficit corresponde al empeoramiento de la situación económica (cíclico) y qué parte corresponde a una estructura fiscal inadecuada o deficitaria (estructural).
Como observamos en el gráfico, este año España debe reducir su déficit total (conjunto de cíclico y estructural) desde el 5,7% del año anterior al 4,2% del PIB, lo cual supone un ajuste en torno a 15.700 millones de euros.
No va a ser fácil conseguir ese objetivo, porque este año ha entrado en vigor la reforma fiscal que tiende a reducir los ingresos en el IRPF y en Sociedades.
Por ello, aunque las nuevas perspectivas de crecimiento económico vayan a mejorar los ingresos públicos, el Banco de España prevé un incumplimiento del objetivo indicado, y sitúa el probable déficit del 2015 en el 4,5%, por lo que cabe esperar medidas para ajustarlo. En consecuencia, la época de las estrecheces presupuestarias no parece que haya pasado.
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