CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

Los Estados tienen dos formas básicas alternativas de financiar sus gastos: recaudar impuestos o endeudarse. En términos de justicia y de eficiencia resulta preferible recurrir a los impuestos.

Sin embargo, en la última década, los Gobiernos de los países desarrollados están inmersos en un profundo proceso de endeudamiento, que alcanza en promedio a un 90% del PIB, el más elevado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.

En el gráfico, recogido de “El Captor”, aparecen las más importantes potencias económicas mundiales, ordenadas de izquierda a derecha, de mayor a menor volumen de PIB. Destacan los altos niveles de endeudamiento sobre el PIB de Japón (245,4%), Italia (130,6%), EE.UU (108,1%) y Bélgica (100,3%). Como contraste, China tiene un endeudamiento público del 21,3% y Rusia del 10,4%.

En el caso español, como continúa sumando déficits públicos anuales (5,7% en 2014), sigue creciendo la deuda pública, que en este año sobrepasará el 100% del PIB. Las normativas europeas obligan a reducir el volumen de deuda pública de cada país al 60% en el año 2020.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de la deuda pública española en los últimos cuatro años, en millones de euros:

El  endeudamiento de 743.000 millones en el año 2011 se incrementó hasta superar el billón de euros (1.034.000 millones) en 2014 (97% del PIB), con un aumento del 7% en el último año.

Esta situación generalizada de endeudamiento es consecuencia de la distribución de la riqueza. Como dice T. Piketty en su reciente libro “El capital en el siglo XXI”, “el mundo rico es rico; son los gobiernos los que  son pobres”.

Resulta paradójico que a Europa,  el continente con patrimonios privados más grandes del mundo, le esté costando superar su crisis de endeudamiento. 

LA RIQUEZA PATRIMONIAL

Aunque la desigualdad se mide habitualmente a través de la renta o ingreso de las personas,    el patrimonio acumulado por cada individuo puede ser su manifestación más apropiada, porque refleja mejor el auténtico poder económico.

Casi todo el mundo dispone de renta, sea en forma de salario, interés, dividendo o subsidio, pero muchos no poseen patrimonio,  y en algunos prevalecen las deudas.

En el siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos de un informe de Credit Suisse, “ Global Wealth Report”, recogemos la distribución del patrimonio español entre la población en el año 2014:

Como podemos observar, el 1% más rico de la población española posee el 27% de la riqueza total y el siguiente 9% en nivel de patrimonio acumula un 28,6%, por lo que el 10% del conjunto más acaudalado tiene más de la mitad de la riqueza del país (55,6%).

La zona intermedia, que abarca el 50% de la población, acumula un 39% de la riqueza patrimonial y, por último,  el 40% restante no posee más que un 5,4%. Dentro del mismo, el 10% más bajo tiene un patrimonio negativo, es decir, más deudas que valores de activo.

Utilizando el indicador “Palma” (10/40), si dividimos la participación en la riqueza del 10% más elevado entre la correspondiente al 40% con menos patrimonio, el cociente nos da 10,3. Quiere decir que la riqueza que posee el grupo superior es 10 veces la que tiene el 40% del nivel más bajo.

Este mismo tipo de cálculo, utilizando las rentas o ingresos anuales para España nos daba 1,38 (ver entrada del 23 de marzo). Como podemos comprobar,  la distribución de la riqueza patrimonial entre la población es mucho más desigual que la correspondiente a los ingresos anuales.

En la cúpula de riqueza del 1%  se mueven quienes controlan el poder económico en España, a través de participaciones en empresas estratégicas y representantes en otros muchos Consejos de Administración.

Las puertas giratorias, la financiación de medios de comunicación importantes, los laboratorios de pensamiento y otros grupos de presión son mecanismos que permiten a los holgadamente ricos ejercer un poder político creciente, al tiempo que van incrementando sus abultados patrimonios. 

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

El Gobierno ha anunciado que el déficit público, la diferencia entre los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas (Estado central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social), se situó al terminar 2014 en el -5,7% del PIB, dos décimas más negativo que el objetivo que se había planteado, pero cumpliendo con la meta pactada al final con las autoridades europeas, fijada en el -5,8%.

Por lo tanto, en el año 2014, el conjunto de las Administraciones Públicas gastó en torno a 60.000 millones más de lo que ingresó, cuando un año antes el desfase había sido de 66.400 millones. Así, el déficit público se habría reducido en 2014 en 6.400 millones de euros, gracias al aumento de los ingresos fiscales por el crecimiento económico, la reducción del subsidio de desempleo y la caída del coste de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública como consecuencia de la expansión monetaria decidida por el Banco Central Europeo. 

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del déficit presupuestario español en los últimos veinte años:

Un país puede incurrir en déficit público porque se halla en recesión y disminuye su capacidad de recaudar impuestos. Es lo que le ha ocurrido a España desde el año 2008. Cuando hay menos actividad económica en un país, la recaudación desciende por IRFP, IVA y también por el impuesto sobre los beneficios de las empresas. 

Hay aumentos de gastos públicos que no son consecuencia de una decisión discrecional del Gobierno. Por ejemplo, la prestación por desempleo, que se activa de manera automática por la normativa vigente. Ese tipo de gastos se denominan “estabilizadores automáticos”, porque al inyectar dinero a las familias en épocas de recesión ayudan a estabilizar la economía. 

Por lo tanto, hay un déficit público de tipo “cíclico”, cuando corresponde al originado por un descenso de la actividad económica, y otro de tipo “estructural”, si el déficit se debe a un desequilibrio permanente de financiación del gasto público, es decir, que se origina con independencia del nivel alcanzado por la actividad económica. 

El concepto de déficit estructural resulta de difícil precisión técnica y está sujeto a diferentes interpretaciones. Los estudios económicos, a través del PIB potencial, deben fijar qué parte del déficit corresponde al empeoramiento de la situación económica (cíclico) y qué parte corresponde a una estructura fiscal inadecuada o deficitaria (estructural). 

Como observamos en el gráfico, este año España debe reducir su déficit total (conjunto de cíclico y estructural) desde el 5,7% del año anterior al 4,2% del PIB, lo cual supone un ajuste en torno a 15.700 millones de euros. 

No va a ser fácil conseguir ese objetivo, porque este año ha entrado en vigor la reforma fiscal que tiende a reducir los ingresos en el IRPF y en Sociedades. 

Por ello, aunque las nuevas perspectivas de crecimiento económico vayan a mejorar los ingresos públicos, el Banco de España prevé un incumplimiento del objetivo indicado, y sitúa el probable déficit del 2015 en el 4,5%, por lo que cabe esperar medidas para ajustarlo. En consecuencia, la época de las estrecheces presupuestarias no parece que haya pasado.

LOS SECTORES ECONÓMICOS

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras desagregadas del PIB del año 2014, que acabó con un crecimiento anual del 1,4%. El PIB representa la producción interna del país a precios de mercado a lo largo del año.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del último quinquenio.

Tras alcanzar el valor de 1,11 billones de euros en 2008, el PIB anual fue descendiendo hasta 2013 y ha repuntado en el pasado año a 1,05 billones, con una caída acumulada, en euros corrientes, del 5,2% en seis años. Según el Banco de España, en el 2015 se está prolongando la trayectoria expansiva del año pasado. La tasa intertrimestral de enero-marzo ha crecido un 0,8%.

En el siguiente cuadro tenemos el PIB desglosado, los valores de la oferta de los diferentes sectores de actividad en el año 2008, al comienzo de la crisis, y en el año 2014, en millones de euros

Los cambios que más destacan en los valores sectoriales son la caída importante de la construcción en cerca de 60.000 millones de euros, perdiendo la mitad de su participación en el PIB; el leve descenso del sector industrial, con casi 15.000 millones menos, y la reducción en más de 17.000 millones en las actividades financieras y de seguros.

Los descensos señalados se han contrarrestado parcialmente con avances provocados por el turismo, mejorando las actividades de comercio, transporte y hostelería, por 7.500 millones; el creciente volumen de las actividades inmobiliarias, por 25.000 millones, en su mayoría rentas imputadas a los propietarios de viviendas, y el incremento de los gastos de las Administraciones Públicas, en 5.700 millones

Como podemos apreciar, la comparación de la oferta productiva al comienzo de la crisis, y la lograda en el 2014 no permite apreciar que se haya avanzado mucho en el cambio del modelo productivo español hacia el fortalecimiento de la industria y los servicios de actividades profesionales,  un objetivo muy aireado en los últimos años.