RELEVANCIA DE LA INVERSIÓN

La demanda agregada de una economía es el conjunto de los bienes y servicios demandados en un período de tiempo y equivale al Producto Interior Bruto (PIB), siendo sus componentes el Consumo, la Inversión, el Gasto Público y las Exportaciones netas (Exportaciones menos Importaciones).

En las inversiones se pueden distinguir dos categorías: la inversión fija, que incluye tanto la realizada en plantas y equipos productivos como la ejecutada en la construcción de viviendas nuevas, y la inversión en existencias en productos terminados, en proceso y en materiales.

Además de los ingresos adicionales que se prevén conseguir y los costes en que se incurrirá, incluidos los intereses del posible endeudamiento y los impuestos, elementos que determinan en conjunto la rentabilidad, un factor clave en las decisiones de inversión es la expectativa de futuro sobre la evolución de la economía, dado que los frutos del desembolso inicial van a ir llegando a lo largo de muchos años.

Para tratar de conocer la evolución de las expectativas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada trimestre el Indice de Confianza Empresarial Armonizado. La diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables se denomina Balance de Expectativas. Este trimestre es de -3,1 puntos, frente al -1,7 del trimestre anterior, con lo que se puede decir que han empeorado las expectativas de los empresarios y la inversión empresarial será débil.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de la inversión fija o formación bruta de capital fijo en España, en porcentaje del PIB, en los últimos 10 años


Podemos observar la caída de la inversión en los años de la reciente crisis, que ha incidido en la menor acumulación de capital físico y, por consiguiente, en las posibilidades de crecimiento económico.

La inversión es relevante porque produce un efecto multiplicador sobre la renta a largo plazo. Cuando una empresa adquiere, por ejemplo, una máquina aporta ingresos al vendedor, que dedicará una parte al consumo y otra al ahorro. La parte dedicada al consumo supondrá un ingreso para los vendedores de los productos y servicios, que también dedicarán una parte a gasto de consumo y ahorrarán el resto, y así sucesivamente.

La dedicación al aumento del consumo al crecer la renta o ingresos es la “propensión marginal al consumo”. Si suponemos que es siempre del 80%, una inversión de 1.000 euros producirá la siguiente secuencia de incrementos de renta a lo largo de las sucesivas transacciones: 1000+800+640...El conjunto de todas las rentas generadas constituye una progresión geométrica descendente, cuya suma es de 5.000 (1.000/0,20). El denominador 0,20 es la “propensión marginal al ahorro”, la diferencia entre la renta y la propensión marginal al consumo.

El efecto beneficioso de un inversión es bien conocido. Las comarcas y los pueblos tratan de atraer inversiones a su territorio para beneficiarse de nuevos rentas y empleos.

La inversión produce también otro efecto. Las empresas invierten cuando ven incrementarse sus ventas y necesitan más bienes capital, es decir, más equipos productivos. Al efecto que producen las ventas sobre las inversiones se llama “acelerador”. No se invertirá si las ventas permanecen estancadas o se desinvertirá si tienden a descender.

Cualquier circunstancia que provoque la caída de las ventas dará lugar a un respuesta del acelerador reduciendo la inversión que, a su vez, producirá un efecto multiplicador negativo, disminuyendo la renta y provocando una caída final mucho mayor, puesto que se encadenan los dos efectos

Los gobiernos tratan de ayudar a las empresas a abrir nuevos mercados, conceden deducciones fiscales, subvencionan algunas investigaciones y mantienen la demanda por medio de lo gastos públicos, porque son conscientes de que conseguir un volumen suficiente de inversión y orientarla a una mejor satisfacción de las necesidades sociales constituye uno de los grandes retos de la economía.

AJUSTES EN EL DÉFICIT PÚBLICO

La Comisión Europea es menos optimista que el Gobierno español con la evolución del PIB y cree que existe riesgo de incumplimiento en la reducción acordada del déficit presupuestario. Supondría el sexto incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy en seis años.

Al final del 2016, España tuvo un déficit público del 4,6% del PIB y una deuda pública cercana al 100%, cuando el déficit de la Eurozona no sobrepasaba el 2% y su deuda pública se quedó en torno al 90% del PIB.

Fue el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, el que estableció el límite de deuda de los países europeos en el 60% del PIB y, considerando que la causa de la deuda es el gasto excesivo, impuso un límite para los déficits públicos del 3% del PIB. 

La regla del 3%, que carece de fundamento teórico, se asumió en la Unión Europea, según cuenta Trichet, expresidente del Banco Central Europeo, porque se aplicaba en Francia para limitar las peticiones de mayor gasto de los ministerios, y era una norma simple y comprensible para todos, con la que se trataba de limitar la deuda de los países, a base de llevar a la gente mensajes engañosos.

Pero las deudas no se reducen únicamente limitando los gastos, sino con políticas que aumenten la actividad económica, el PIB. La deuda puede ser necesaria para incrementar los proyectos de inversión y no tiene sentido aplicar el mismo criterio a países que se encuentran en diferentes condiciones y están en coyunturas económicas distintas.

Esta vez España no podrá argumentar el mayor crecimiento para intentar regatear el ajuste que le exige la Unión Europea. Tras ser el primer país amonestado por violar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, junto con Portugal, parece que España tiene que cumplir con 10.000 millones (un 1% del PIB) en ajustes adicionales repartidos a partes iguales entre 2017 y 2018.

­En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del déficit público español desde el año 2000, en porcentaje sobre el PIB

A lo largo de los años, España ha tomado medidas de consolidación fiscal y ha logrado disminuir a prácticamente la mitad su déficit total, pasando de un 11,0% del PIB en 2009 hasta un 4,6% en 2016. Esta reducción se consiguió con un significativo ajuste, llevado a cabo a través de medidas aplicadas tanto a los ingresos como a los gastos.

En particular, entre 2010 y 2013 se rebajó el déficit estructural (ajeno a la coyuntura) en 5 puntos porcentuales mediante un incremento acumulado de un 13,2% en los ingresos y una disminución de un 12% en los gastos.

El déficit de este año se iría al 3,3% del PIB, frente al objetivo del 3,1%. Por ese motivo, la Comisión "invita" al Gobierno "a estar listo para tomar medidas adicionales" es decir, a aprobar más recortes de gastos o más subidas de impuestos para cuadrar las cuentas. Piensan en Bruselas que España incumplirá en 2018, por séptimo año consecutivo y el déficit se irá al 2,8% del PIB el año próximo, lejos del 2,2% exigido.

PIB Y BIENESTAR

El Producto Interior Bruto (PIB), uno de los conceptos económicos más utilizados hoy día, es el conjunto de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país con independencia de la nacionalidad de los sujetos, en un período de tiempo, generalmente el año, y viene expresado en unidades monetarias. El PIB se usa frecuentemente como una medida del bienestar material de una sociedad, considerándose su crecimiento como un indicador positivo de las políticas económicas aplicadas.

El análisis económico neoclásico asocia el mayor nivel de ingresos al aumento de bienestar, porque al incrementar el consumo se satisfacen en mayor medida las necesidades. Sin embargo, es necesario analizar si el crecimiento del producto total en un país da lugar a una mejora real en su bienestar, porque aspectos, entre otros, como la contaminación del entorno y la desigualdad en la distribución de la renta no han sido asumidos por este indicador macroeconómico.

El PIB o valor monetario total de la actividad económica se puede calcular por tres métodos. El primero, sumando el valor añadido de los sectores económicos (primario, industrial y servicios). Un segundo método, por medio de la suma del gasto de las familias, las inversiones de las empresas, el consumo público y las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) . Y el tercero, a través de los pagos realizados a cuantos han contribuido a la producción y comercialización de los bienes y servicios generados (retribuciones al trabajo, a los propietarios del capital e impuestos sobre la producción menos las subvenciones a las empresas).

El creador del PIB en los EE.UU, Simon Kuznets, ya reconocía la debilidad del PIB como indicador del progreso y el bienestar social. En busca de las percepciones de los ciudadanos, a través del Eurobarómetro, la Comisión Europea sigue la opinión pública en los países miembros, con el objeto de disponer de información relevante sobre el bienestar de las personas en los diferentes países.


En el gráfico se representa la evolución en los indicadores del crecimiento y del grado de satisfacción personal en los últimos 30 años. Podemos observar una evolución bastante pareja entre ambos índices en ciertas épocas, pero también una significativa caída de la percepción de bienestar en la segunda parte de la reciente crisis, cuando el PIB estaba ya creciendo.

Una de las limitaciones del PIB es que sólo registra las actividades que tienen expresión monetaria y no recoge otras que son necesarias para garantizar el sustento de las personas. Deja fuera al trabajo no remunerado realizado en los hogares, que se estima que puede ser el equivalente al 50% de la actividad monetaria, y tampoco computa la utilización de recursos naturales cuando no se realizan a través del mercado.

Otras limitaciones son que no tiene en cuenta la distribución de los recursos y del producto generado, con lo que no refleja el efecto real de la actividad económica sobre el bienestar de los ciudadanos, y tampoco es capaz de reflejar la calidad de las actividades computadas.

Un indicador más completo es el Indice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que abarca el nivel de renta, la educación, la esperanza de vida y la incidencia de la desigualdad, aportando una visión más completa de la situación real de un país

Aunque en una prestigiosa revista británica se opina que “el PIB no es un indicador fiable de la producción, aparte de ser una pobre medición de la prosperidad”, hoy día es la herramienta principal que está utilizándose para evaluar el bienestar de los países, aunque es cierto que se impulsa la búsqueda de instrumentos de medición complementarios.

INCIDENCIA DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Las tendencias demográficas de las últimas décadas muestran a las sociedades desarrolladas como muy envejecidas. La proporción de población mayor de 65 años ha sobrepasado el 15%, mientras que se sitúa en torno al 5% en los países en vías de desarrollo.

Hasta el siglo XVIII, la esperanza de vida al nacer no superaba los 30 años. Aún a comienzos del siglo XX, en España no se alcanzaban más que los 35 años. Y ahora se está convirtiendo en uno de los países más envejecidos, con una esperanza de vida en torno a 80 años en los hombres y 85 en las mujeres.

En el siguiente gráfico tenemos la pirámide poblacional de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)


Observamos en la figura que, si se mantiene la tendencia demográfica actual, la pérdida de población en las próximas décadas se concentraría en el tramo de edad de 30 a 49 años, incrementándose en la mitad superior de la pirámide, a partir de los 70 años. En cambio, en la población menor de 10 años habría para el año 2031 un descenso del 25% respecto al colectivo actual a causa del menor numero de nacimientos por la reducción de las mujeres en edad fértil.

La explicación fundamental del cambio demográfico es la revolución reproductiva debida a la mejora de la supervivencia. Es la reducción de la mortalidad, especialmente en las edades infantiles, la que han propiciado el gran cambio en la eficiencia con que nos reproducimos los seres humanos.

La natalidad tiene un efecto inmediato en la pirámide de edades. Si es elevada, ensancha automáticamente la base, rejuveneciendo la población. Si es reducida, produce el efecto contrario y, de hecho, esa es la explicación fundamental de la rapidez del envejecimiento demográfico de la población mundial y, sobre todo, la de los países desarrollados.

En el caso de España, la tasa de fecundidad ha caído hasta 1,33 hijos por mujer en edad fértil, cuando la tasa de reemplazo es de 2,1 para mantener el tamaño de la población constante en ausencia de movimientos migratorios. Se constata también una elevación en la edad de acceso a la maternidad, que en los últimos 20 años ha pasado de 28,1 a 31,9 años.

Además, las generaciones de los “babyboomers” irán llegando pronto, con lo que va a aumentar el peso de la población de mayor edad en las próximas décadas. Pese a que el proceso inmigratorio de comienzos de este siglo supuso un rejuvenecimiento de la población, las proyecciones apuntan a que va a avanzar el envejecimiento de forma acelerada.

Una consecuencia previsible del envejecimiento demográfico puede ser el incremento de la tasa de dependencia, que en un sentido amplio se calcula como la relación entre el colectivo de personas dependientes (menores de edad, mayores de 65 años y adultos considerados inactivos) y los que trabajan.

Con una población total en España de 46,5 millones, los ocupados ascienden a 18,5 millones (EPA, trim.3, 2016) y, por tanto, el colectivo de dependientes se sitúa en 28 millones. La tasa de dependencia a finales de 2016 era de 1,5 (28 / 18,5) es decir, que un trabajador se sostiene a sí mismo y, además, a un dependiente y medio.

Aunque algunos auguran para las próximas décadas unas cargas difíciles de soportar por el notable aumento del colectivo de personas mayores de 65 años, si desciende la población total, como prevén las proyecciones del INE, la mejora previsible en la tasa de empleo puede reducir el número de personas adultas no ocupadas, y con el colectivo de menores de edad en descenso, cabe que disminuya la proporción de dependientes.

Esto viene a significar que el problema futuro no va a ser necesariamente una carencia de recursos en la sociedad, sino que evidencia la necesidad de modificar la redistribución de la renta generada en el país entre los diversos colectivos, justo en la dirección contraria a la que se ha producido en la década última, período en el que las políticas de devaluación salarial han provocado una transferencia de rentas salariales hacia las rentas empresariales y de capital.

CREACIÓN DE DINERO

El Banco Central Europeo (BCE) ha extendido su programa de compra de activos financieros durante nueve meses más de los previstos. En lugar de acabar en marzo de 2017, las adquisiciones continuarán hasta diciembre, pero por un volumen mensual de 60.000 millones, frente a los 80.000 millones que ha venido comprando.

En opinión de algunos analistas, esta ampliación trata de evitar que aparezcan problemas de liquidez en los calendarios electorales del año próximo, sobre todo en el período de las elecciones alemanas, que va de agosto a octubre.



En el gráfico del Eurosistema (autoridad monetaria) podemos observar la enorme cantidad de dinero que había creado el BCE (marcado en rojo) hasta octubre pasado con el programa de compra de activos.

En la creación de dinero en la Eurozona interviene, por un lado, el Banco Central Europeo (BCE), que determina la cantidad que debe poner en circulación en base a la información sobre la necesidad de dinero que le proporcionan ciertos agregados de la economía y, por otra parte, los bancos privados que, a través de sus préstamos, expanden la cantidad de liquidez en el sistema monetario.

El dinero que proporciona el BCE se donomina “base monetaria” y está formada por el efectivo en forma de billetes y monedas de curso legal, más los activos de caja (liquidez) de los bancos.

La generación de efectivo o creación de base monetaria viene respaldada por el aumento de los activos del BCE en forma de oro y divisas, créditos a los bancos comerciales, compra de activos financieros (públicos y privados) y créditos al sector público

A partir de la base monetaria, los bancos comerciales crean dinero, llamesmosle “virtual”, cuando cumplen su función de prestar a los clientes, anotando en su activo el importe del préstamo y abriendo una cuenta de deposito a la vista (dinero) en su pasivo, que puede ser utilizado libremente por los prestatarios.

Las operaciones de política monetaria más importantes del BCE están consistiendo en la compra de acciones, bonos y otros activos financieros (públicos y privados) a las empresas financieras, fondos de inversión y algunas grandes corporaciones, con meras anotaciones de ordenador, es decir, con dinero creado de la nada. Tienen por objetivo que los bancos comerciales faciliten la financiación de las inversiones privadas.

Las compras de activos han conseguido reducir el coste de financiación de las familias, empresas y administraciones públicas, pero no se ha logrado estimular de modo significativo el crédito. Lo que sí ha servido es para aportar liquidez a los bancos que están en mala situación económica.