En el análisis económico se le reconoce al mercado en
competencia como el mejor sistema de asignación de recursos, aun admitiendo
sus defectos y limitaciones. La economía de mercado funciona cuando los individuos y las
empresas cuentan con suficiente información y tienen incentivos para tomar
decisiones. Los precios, los beneficios y los derechos de propiedad son los que
proporcionan información e incentivos para actuar.
El precio elevado de un producto, por ejemplo, indica a los compradores la escasez y la conveniencia de reducir su consumo, al tiempo que muestra a las empresas la valoración del bien por parte de los consumidores. Al responder las empresas produciéndolo de forma eficiente, aumentan sus beneficios. Por lo tanto, los precios aportan a los productores y a los consumidores la información que precisan para tomar decisiones racionales.
El precio elevado de un producto, por ejemplo, indica a los compradores la escasez y la conveniencia de reducir su consumo, al tiempo que muestra a las empresas la valoración del bien por parte de los consumidores. Al responder las empresas produciéndolo de forma eficiente, aumentan sus beneficios. Por lo tanto, los precios aportan a los productores y a los consumidores la información que precisan para tomar decisiones racionales.
Para que los mercados funcionen razonablemente bien es
necesario que exista cierta regulación, de tal manera que todos tengan acceso a
los mismos en igualdad de condiciones y los precios reflejen la voluntad del
colectivo interesado y no las preferencias
de unos pocos. Significa que tienen que haber numerosos compradores y
vendedores, ausencia de barreras de entrada, información adecuada y bienes homogéneos. La ausencia de una o
varias de esas condiciones da lugar a la “competencia imperfecta”.
La búsqueda del beneficio tiende a funcionar cuando a las empresas se
les reconoce la posibilidad de quedarse con una parte del excedente que
generan. Igualmente, las familias han de poder retener también una parte de sus
ingresos. La propiedad privada que consiguen tanto las familias como las
empresas tiene el derecho de ser utilizada por los titulares del modo que crean
conveniente, incluido el derecho a
venderla, siempre en el marco
establecido por las normas en vigor. Los beneficios que se consiguen si se
toman las decisiones correctas, o las
pérdidas, si son equivocadas, dan incentivos para gestionar eficazmente las
propiedades
Pero los incentivos que necesita para funcionar la economía
de mercado tienen un coste: la desigualdad. Cuando el incentivo se relaciona
con el rendimiento, como éste varía con las
capacidades de los individuos y otras circunstancias, inevitablemente van a
aflorar desigualdades entre las personas. Una sociedad con más incentivos
probablemente logre mayor crecimiento económico, pero también será menos
equitativa. El sistema impositivo tendrá que recaudar impuestos de los
que más renta obtengan para dedicarlos a programas que tiendan a reducir la desigualdad.
En el siguiente gráfico tenemos el porcentaje de fiscalidad
sobre el PIB de España, en comparación
con nuestros socios europeos, que evidencia la necesidad de una reforma que,
además de asegurar eficiencia y equidad,
aumente la capacidad recaudatoria:
La propuesta de reforma fiscal que se ha presentado
recientemente ha sido elaborada por una comisión de expertos, presidida por
Manuel Lagares. El documento apuesta por reducir los impuestos directos (IRPF y
Sociedades), subir los indirectos (IVA e impuestos especiales) y rebajar el
gravamen al ahorro.
Según los expertos que han redactado la propuesta al Gobierno,
son medidas que impulsarán la economía en su conjunto y generarán empleo. Sin
embargo, los efectos sobre los colectivos van a ser muy diferentes.
Las rentas bajas perderán poder adquisitivo porque no van a
beneficiarse de la rebaja del IRPF y sufrirán los efectos de la reclasificación
del IVA (incremento del 10% al 21% en muchos productos)
Las rentas medias se beneficiarán de la rebaja de tipos en el
IRPF, pero les afectará negativamente la imputación como renta en el IRPF de la
vivienda habitual en propiedad. En cuanto a las rentas altas, saldrán ganando
por la mayor rebaja en el IRPF y también por la menor fiscalidad del ahorro
(tipo único del 20%)
La reforma que la comisión de expertos propone al Gobierno no
parece que se oriente hacia la corrección de las desigualdades. Como las rentas
bajas tienen que dedicar la mayor parte de sus ingresos al consumo, las que se
verán beneficiadas por la nueva fiscalidad serán las rentas altas, aquellas que
tienen mayor capacidad de ahorro.
